La insistencia en la guerra del régimen político en Colombia hace que pese a haberse firmado el Acuerdo de Paz quizás más importante del hemisferio occidental, se mantenga intacto el “orden contrainsurgente” y las políticas militaristas para el tratamiento de la grave crisis de derechos humanos que vivimos. Lejos de ser una salida, esta terquedad gubernamental solo profundiza y prolonga el padecimiento de millones de colombianas y colombianos habitantes de territorios para los que la rúbrica de La Habana no ha significado mejoría alguna en su cotidianidad, sino cada vez más intensificación de la violencia. Solo en 2021 van 16 masacres y 31 líderes sociales asesinados.

Antes de hablar de los dantescos hechos ocurridos en Calamar, Guaviare, expliquemos su contexto. Con Nobel o sin Nobel, el Acuerdo de Paz de La Habana no ha logrado el fin del conflicto. Padecemos una nueva etapa de la confrontación armada que nos obliga nuevamente a levantar la bandera de la paz completa. El actual gobierno autoritario del Centro Democrático está agravando la situación de un incumplimiento estatal, iniciado por el gobierno Santos. Ingentes esfuerzos de muchas y muchos por décadas para alcanzar la solución política han quedado en el desarme de un grupo guerrillero, pero la persistencia del conflicto y de sus causas estructurales. La violencia seguirá siendo pan de cada día en amplias zonas del país, mientras se mantengan las causas que la originan, que justamente buscaban paliarse en el incumplido Acuerdo Final.

A quienes pretender a negar por enésima vez el carácter social y político del conflicto y reducir la actual conflictividad al problema del narcotráfico –elemento que ciertamente no solo atraviesa al conflicto social armado, sino a toda la estructura social colombiana hace medio siglo- habría que explicarle que la continuación y expansión de los cultivos de uso ilícito para beneficio de los grandes carteles y la gran banca, están soportadas no en la malignidad congénita del campesinado, sino esencialmente en la inexistencia de la reforma rural integral, firmada nuevamente en La Habana, y burlada una vez más como en 1936 o en 1961.

Habría que decir que desde hace más de 60 años las FFMM colombianas fueron imbuidas en la Doctrina de Seguridad Nacional, la teoría del enemigo interno y la contrainsurgencia, aplicando un equivocado tratamiento de guerra a cualquier manifestación delincuencial o de conflictividad social. El agravante es que en más de 60 años la represiva política contrainsurgente ha sido incapaz de resolver la guerra, precisamente porque parte de su incomprensión y de ignorar las causalidades sociales subyacentes. El escenario político del postacuerdo debería llevarnos a repensar que independientemente de la valoración sobre los actuales actores armados, el tratamiento a la prolongación del conflicto ha de ser la salida política: acuerdos humanitarios, diálogos de paz y soluciones sociales y económicas a las comunidades victimizadas.

Lastimosamente nada de esto lo entiende el ministro Diego Molano. Una irresponsabilidad más de Duque poner en la cadena de mando de las FFMM a un hombre de esa ligereza. No es casualidad que quien disolviera con dilaciones y arrogancia las exigencias del Paro de Noviembre de 2019, ahora bombardee niños en una nueva modalidad de falsos positivos. El hilo conductor es la doctrina de seguridad nacional. ¿Será que lo amamantaron con contrainsurgencia en el Hospital Militar?

No es la primera vez que son bombardeados menores bajo el gobierno de Duque, en flagrante violación del DIH. No es tampoco la primera vez que el gobierno y la cúpula militar camuflan los hechos hasta que aparecen las denuncias ciudadanas. No es la primera vez que se saca pecho por positivos militares que son crímenes de guerra. El nivel de desconfianza ante la información oficial es tal, que es válido preguntarse si las acciones militares realmente correspondían contra grupos armados. Lo cierto, es que lo que pomposamente se presentó el 2 de marzo como proeza militar en la vereda Buenos Aires, municipio de Calamar, Guaviare, cerca del río Ajujú, terminó siendo una nueva masacre en la que son asesinados 14 menores de edad y las familias de la zona denuncian la desaparición de más de 20 personas.

Con el desarme de las antiguas Farc-EP el conflicto colombiano tiende a pronunciar su irregularidad y el riesgo de afectación a población que no participa de las hostilidades. Si el gobierno no toma la decisión política de reconocer la existencia de conflicto y consecuentemente aplicar el DIH y demás normas propias del derecho de guerra, las y los colombianos estaremos condenados a más y más victimización. Independientemente del tinte político de los grupos armados o del nivel de participación de las economías criminales en éstos, es innegable que el control territorial de buena parte del país no está en manos del Estado nacional, y que aplicar las normas propias de los conflictos no otorga estatus político a ninguna organización, pero si permite mitigar las duras afectaciones de la confrontación a la población civil y a aquellos que como los niños y niñas deben estar fuera de las hostilidades.

No se trata de un error de una unidad militar dislocada en la periferia, sino de una acción de un cuerpo élite con adiestramiento y equipamiento norteamericano en un área priorizada por Duque y su consejero Guarín.

Detrás de la irregular acción de la fuerza pública contra los menores está la Fuerza de Tarea Conjunta Omega.  Las Fuerzas de Tarea Conjuntas denunciadas por el investigador Renán Vega Cantor como una prolongación del Comando Sur de EE. UU., fueron creadas todas tras el Plan Colombia, para permitir la articulación de inteligencia y despliegue bajo un único mando de las 3 armas de las FFMM (Armada-Ejército-FAC) y de las unidades de la Policía Nacional bajo el concepto de teatro de operaciones sobre una zona amplia no acotada por la división político-administrativa existente. El área de esta unidad militar incluye Guaviare, Meta y Caquetá, donde se han presentado otras masacres y coincide con la llamada “Zona Futuro” Chiribiquete y Parques Naturales, región priorizada para la llamada “política de consolidación” del gobierno Duque, donde opera entre otras la brigada norteamericana SFAB y la FOL de EEUU ubicada en la Base Militar El Barrancón, San José del Guaviare. No se trata de un error de una unidad militar dislocada en la periferia, sino de una acción de un cuerpo élite con adiestramiento y equipamiento norteamericano en un área priorizada por Duque y su consejero Guarín para el desarrollo de esta etapa de la guerra.

Pero la disección de la masacre tiende a hacerse más alarmante cuando se devela que hubo participación de la Fiscalía General de la Nación en el operativo. ¿Qué hacen los funcionarios de Barbosa bombardeando niños? ¿No tienen como avanzar en las investigaciones sobre corrupción y asesinatos a líderes sociales, pero priorizan de forma santanderista intentar legalizar las masacres de la Fuerza Pública? Toda la cadena de mando de las FFMM y de la Fiscalía que tengan relación con estos homicidios deben responder ante el país. Esta es la máquina de guerra que hay que parar: la del militarismo insensato, la de la doctrina de seguridad nacional y del orden contrainsurgente.

Mientras tanto el ministro Molano, es mejor que vuelva al colegio militar del que se precia ser egresado, a ver si aprende sobre DIH y derecho de guerra. En memoria de 14 niños que no deberían haber estado ni en la guerra ni en la tumba, el ministro Molano debe renunciar.