El juez Edson Fachin, del Supremo Tribunal Federal de Brasil, ha declarado nulos los actos que dieron lugar a la persecución judicial, el encarcelamiento y la suspensión de sus derechos civiles y políticos contra Ignacio Lula Da Silva. Esto podría poner fin a la agonía de la justicia brasileña y a la agonía personal de Lula, víctima de un complot político-judicial decidido en Washington y organizado en Brasilia. Incluso con otros procesos en curso, Lula ha vuelto a ser sujeto de derecho, candidato y elegible, habiendo desaparecido las inhibiciones de derechos políticos que las sentencias habían producido.

Ignacio Lula Da Silva, conocido por todos como "Lula", antiguo obrero siderúrgico y sindicalista, fundador del Partido de los Trabajadores (PT) y presidente de Brasil durante dos mandatos consecutivos, fue de hecho declarado culpable de corrupción sobre la única base de una teoría política disfrazada de investigación judicial. ¿Acusaciones probadas? No, se basa en artículos de prensa sin citar siquiera las fuentes. En trescientas páginas de acusación no había ni una sola prueba. La conspiración urdida por las élites brasileñas y el juez Moro se desencadenó para evitar su reelección en el Planalto, dado que las encuestas le daban como seguro ganador. Las élites blancas sintieron la amenaza de un tercer mandato de Lula, dado que su administración en ocho años sacó a 36 millones de personas de la pobreza, creó 11 millones de empleos, dio acceso a cientos de miles de jóvenes pobres a la educación superior y a la universidad y restauró el estatus de Brasil como potencia internacional.

El Supremo Tribunal Federal ha reconocido ahora que toda la investigación, dirigida por el fiscal Moro, fiel servidor del Departamento de Estado de Estados Unidos y brazo judicial de las élites militares brasileñas, estuvo viciada por una sustancial falta de competencia en la formulación de los cargos, así como en las condenas relativas. Por lo tanto, un defecto de forma que no excluye la posibilidad de recurrir a un nuevo tribunal, que sería "competente", el derecho a iniciar un nuevo procedimiento. Incluso la prensa brasileña prevé una más que probable intervención del fiscal general de Brasil, Augusto Aras, muy cercano al presidente Bolsonaro, que ya prepara un recurso a la sentencia del juez Fachin. Pero 580 días de prisión siendo inocente es, sean o no competentes los magistrados, una deuda que la justicia brasileña tiene con Lula y con todo Brasil.

"Lava Jato", así se llamó el montaje judicial que tuvo en Lula a la excelente víctima. Se vendió a la opinión pública como una operación anticorrupción, pero, en realidad, fue una gigantesca obra de manipulación destinada a subvertir el marco político brasileño. Fue, fundamentalmente, la aplicación, a escala brasileña, de las operaciones de Lawfare con las que Estados Unidos maneja la ofensiva contra los líderes y partidos de la izquierda latinoamericana, con el objetivo de subvertir el marco político progresista y sustituirlo por uno aceptable para Washington y los poderes fuertes locales. En Brasil procedieron en tres frentes: derribar el gobierno de Dilma Roussef, golpear profundamente al PT y, finalmente, sacar a Lula de la escena política por un largo tiempo.

No es casualidad que el titular de la controvertida investigación "Lava Jato" fuera el juez Sergio Moro. De hecho, forma parte de un grupo de fiscales y jueces formados por Estados Unidos con el fin de luchar contra la "corrupción" en América Latina. Asisten a los cursos denominados "The Bridges", que son impartidos directamente por el Departamento de Estado de Estados Unidos y es con el apoyo de este país que luego se instalan en las distintas Fiscalías de los respectivos países del subcontinente. El juez Moro ya era especialmente conocido por sus pasiones políticas de ultraderecha, por ser un feroz opositor a Lula y por su relación con miembros de la derecha brasileña, marcada por su participación en fiestas en los domicilios de personas a las que debería haber llegado su investigación, pero que, casualmente, siempre se quedaban fuera. En confirmación de su "condición de tercero" fue nombrado ministro en el gobierno de Bolsonaro, del que dimitió por "diferencias personales".

Al asunto de Lula le han acompañado los de Cristina Kirchner, Correa, Evo Morales y Lugo. Golpes de Estado exitosos o incluso intentados (Honduras, Venezuela, Nicaragua, Bolivia); golpes parlamentarios (Brasil, Paraguay, Perú), investigaciones sin valor jurídico (Argentina, Brasil, Ecuador); subversión desde el interior de los respectivos países mediante el uso de ONGs imaginarias encargadas de formar grupos subversivos que operan desde el interior y son apoyados desde el exterior (Venezuela, Nicaragua, Cuba).

Estos han sido los ingredientes de la nueva reconquista de América Latina, aplicación a escala continental de lo ya visto en Europa del Este y en los países árabes con las llamadas "primaveras". Se ha realizado una versión 5.0 del clásico golpe de Estado, actualizada tecnológicamente (la web como protagonista absoluta), políticamente (alianzas con diferentes sectores políticos y el poder judicial) y operativamente (formación de bandas paramilitares que dirigen grupos de manifestantes con el objetivo de elevar el nivel de tensión y provocar accidentes y víctimas con las que pedir apoyo y sanciones internacionales). Todo sacado del manual de Gene Sharp sobre el "golpe de estado suave", o "cómo derribar un régimen". Todo con dinero estadounidense, proporcionado a través de USAID, Freedom House, IRI, IDI y otras aparentes ONG.

En los países del Cono Sur, el núcleo de la desestabilización se centró en la eliminación de los líderes de la izquierda de la competencia política y electoral. El lawfare, es decir, la utilización de los mecanismos legales en clave política, ha sido el modus operandi. Investigaciones burdamente falsas, dirigidas por magistrados de confianza de Estados Unidos y de las élites financieras y militares de los distintos países, han representado la cara pública de la conspiración internacional estadounidense.

La decisión del Tribunal, de hecho, aunque en teoría deja espacio para posibles nuevas iniciativas judiciales contra el ex Presidente, parece ser una decisión que estaría llena de inevitables reverberaciones en el terreno político. Al negar completamente los procesos y las sentencias, la decisión del TSF coloca, de hecho, aunque indirectamente, una fuerte hipoteca sobre eventuales nuevas aventuras contra el líder de la izquierda brasileña y latinoamericana.

El futuro judicial de Lula se jugará en el terreno del enfrentamiento político brasileño. En este sentido, el cambio de rumbo del Poder Judicial puede encontrar diferentes explicaciones, entre ellas, la de una desconexión entre el aparato jurídico-militar del País Carioca y Bolsonaro, con el primero que a estas alturas considera al segundo un títere y no un Presidente, un problema y no una solución. La demencial gestión de la emergencia Covid-19, su declarada pasión por Trump, que le ha llevado a mostrar una clara hostilidad hacia la nueva administración Biden, la ruptura con China (que importa un tercio del sector agro-alimentario brasileño) y la feroz crisis económica, hacen del actual presidente y su camarilla un remanente del pasado, desde luego no una apuesta de futuro.

Para Lula parece que hoy se puede escribir el fin de la persecución judicial basada en nada desde el punto de vista probatorio. Vuelve al campo y con él el recuerdo de una administración que, por primera vez, cambió el destino de un país que se había convertido en símbolo de la desigualdad. Los brasileños, que obtuvieron los índices de aprobación más altos de la historia del país, siguen queriendo que el presidente-trabajador dirija Brasil. Según los últimos sondeos, Lula obtendría el 50% de los votos frente al 38 de Bolsonaro. La votación de 2022 será una oportunidad para volver a escribir una historia diferente.

La Fiscalía de Brasil apeló el fallo a favor de Lula

Apenas cuatro días después del fallo del Supremo Tribunal Federal a favor de Lula Da Silva y en medio de las críticas del presidente Jair Bolsonaro, la fiscalía general de Brasil apeló la sentencia que el lunes pasado anuló las condenas contra el exmandatario.

Edson Fachin, juez de la Corte, había acatado un habeas corpus presentado por la defensa del exmandatario sobre la falta de imparcialidad de los fiscales y jueces del Lava Jato. Esta decisión generó un cimbronazo político dado que abre el camino al líder del Partido de los Trabajadores para desafiar al ultraderechista Bolsonaro en las urnas. 

Ahora, la subprocuradora general rechazó ese fallo y además pidió que se conserven todas las pruebas aceptadas por el exjuez de Curitiba, estado de Paraná, Sérgio Moro. "La fiscalía general entiende que la competencia del juzgado 13 de Curitiba debe ser mantenida", dice el comunicado, que alerta sobre la "seguridad jurídica".

La fiscalía general, a cargo de Augusto Aras, colocado en el cargo en 2019 por el actual mandatario brasileño, quiere que el fallo de Fachin sea puesto a consideración de los 11 jueces de la Corte y en caso de rechazo que todo el material de la causa sea enviado a San Pablo. 

El martes pasado, la sala II del tribunal supremo trató la parcialidad de Moro y postergó una decisión cuando el resultado estaba 2 a 2, porque el quinto juez, Kassio Nunes Marques, colocado en la alta corte por el presidente Jair Bolsonaro, pidió tiempo extra para expedirse.

Sumado a eso, militantes bolsonaristas y seguidores de Moro escracharon esta semana a Fachin frente a su casa en la ciudad de Curitiba. 

Fabrizio Casari, director de Alternotizie, Italia

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