Acostumbrados como aún estamos a que las discordancias entre los poderes Ejecutivo y Judicial se gestionaran e incluso resolvieran a espaldas de la sociedad –del pueblo de México, como suele enunciarse ahora–, y por lo general a favor del primero, en uso y también abuso de las cínicamente llamadas facultades metaconstitucionales del presidente de la república en turno, resulta completamente normal que el desacuerdo expresado el viernes pasado en la mañanera de Andrés Manuel López Obrador respecto de la actuación del juez Juan Pablo Gómez Fierro que concedió una suspensión provisional e impidió que la Ley de la Industria Eléctrica entrara en vigor apenas 24 horas después de que fuera promulgada.

Tanta eficacia judicial del señor Gómez Fierro llama poderosamente la atención en un país con gigantescos rezagos en la materia, sobre todo porque el amparo no sólo fue otorgado a las dos firmas eléctricas privadas que lo solicitaron sino que la medida cautelar se extendió a todas las empresas de electricidad privadas, mexicanas y extranjeras, incluida la poderosa Iberdrola, trasnacional favorita del gobierno de Felipe Calderón, posteriormente consejero de ella, y además del sucesor Enrique Peña Nieto.

El núcleo de la argumentación de Juan Pablo Gómez Fierro consiste en que las modificaciones contenidas en la Ley de la Industria Eléctrica, vulneran principios de libre competencia introducidos en la Constitución –durante el periodo del capitalismo salvaje, popularmente conocido como neoliberalismo, añade el redactor–, y que afectan el derecho a un medio ambiente saludable.

No sólo los fabricantes privados de electricidad, mexicanos y extranjeros, se travisten en ambientalistas, ahora también lo hace el juez segundo de distrito en materia administrativa, Gómez Fierro, especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones. ¡Qué casualidad! Señor juez: ¿Energías limpias y negocios sucios?

Así que el trabajo de investigación, estudio y deliberación de 500 diputados de ocho partidos políticos y de 128 senadores de cuatro institutos, resultaron nada como Poder Legislativo frente a lo que Arturo Saldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, denomina en los siguientes términos y conceptos:

“…es presupuesto de la democracia y del Estado de derecho que juezas y jueces puedan actuar en un marco de autonomía e independencia. Corresponde al Consejo de la Judicatura Federal velar por que puedan hacerlo en libertad y, del mismo modo, es facultad de dicho órgano vigilar que las personas juzgadoras se conduzcan con apego a la ley, con honestidad, honorabilidad y total imparcialidad.”

Excelente, ministro Saldívar Lelo de Larrea: ¿En dónde queda “la autonomía e independencia” del Poder Legislativo? Y que, además, fue electo por decenas de millones de ciudadanos. Estamos, pues, frente a un problema mayúsculo de arquitectura institucional.

El hecho es que nos encontramos ante un muy saludable litigio jurídico –con su faceta política y mediática porque involucra a un proyecto de nación votado mayoritariamente en 2018 y refrendado hasta ahora como mayoritario de acuerdo a todas las encuestas–, y ante el que seguramente López Obrador y Saldívar Lelo de Larrea privilegiarán los cauces legales previstos. En consecuencia, los que se desgarran las vestiduras con la defensa propagandística de Estado de derecho poco aportan a un debate que el país necesita.

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