Cuando Nuevas Ideas (NI) obtuvo la súper mayoría legislativa en las elecciones del pasado 28 de febrero, dijimos que ésta podría -en sentido positivo- servir para aprobar las leyes necesarias para resolver los problemas del país o -en negativo- para consolidar el estilo de gobierno autoritario del presidente Nayib Bukele.

Y lo sucedido el sábado, durante la sesión inaugural de la nueva legislatura, confirma el pronóstico desfavorable: el partido gobernante ha decidido utilizar su correlación parlamentaria para tomar el control del resto del aparato estatal, socavar la institucionalidad y desmontar el sistema democrático del país.

En vez de aprobar la Ley General de Agua, reformas tributarias progresivas u otras medidas urgentes, los diputados oficialistas acordaron destituir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y al Fiscal General, en forma ilegal, arbitraria y al mejor estilo de los madrugones que solían realizar sus antecesores a quienes tanto criticaron.

El hecho, como han denunciado diversas organizaciones nacionales y actores de la comunidad internacional, constituye un verdadero golpe de la Asamblea Legislativa contra el Órgano Judicial, avalado por el Ejecutivo. Es un ataque mortal a la democracia porque suprime la independencia de poderes.

Las razones de la condenable actuación de la mayoría oficialista podrían ser el deseo de Nayib Bukele de tener el poder total y el revanchismo porque los funcionarios destituidos no se sometieron a sus designios: los magistrados de la Sala declararon inconstitucionales los estados de excepción durante la pandemia y, recientemente, habían admitido una demanda contra el nombramiento del director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza Chicas; mientras que el fiscal Raúl Melara estaba investigando -junto con la CICIES- casos de corrupción del gobierno y también supuestas negociaciones de la administración Bukele con las pandillas que fue revelada meses atrás por el periódico digital El Faro.

Es probable que en la próxima sesión los diputados de Bukele “culminen la tarea” destituyendo a los magistrados de la Corte de Cuentas, al Procurador de Derechos Humanos y a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Si el golpe contra el Poder Judicial perpetrado el sábado por la mayoría oficialista no es revertido, habrá que dar por muerta la democracia en el país, democracia que era imperfecta e insuficiente en muchos aspectos pero que fue el resultado de las luchas históricas del pueblo salvadoreño que libró una guerra de doce años para desmontar un dictadura militar de cinco décadas.

Previo a la plenaria del sábado, el presidente de NI, Xavier Zablah, declaró que su bancada legislativa iba a aprobar leyes que beneficiarían al país. Mintió. El 1o de mayo, la nueva gestión parlamentaria tuvo el peor comienzo.