El pasado 28 de abril las y los colombianos salieron a las calles ante las dinámicas autoritarias del gobierno de Iván Duque, las cuales son acompañadas por una alta tasa de austeridad en el gasto social mientras se derrochan recursos en contratos dirigidos a mantener la violencia física, estructural y simbólica. Estas dinámicas no son nuevas en el país recordemos la historia de las luchas por el acceso a la tierra y los derechos del pueblo colombiano que posiciona a Colombia como uno de los países con el mayor índice de genocidios y desaparición en el continente.

Las cifras evidencian como el Estado colombiano, que se presenta así mismo como la democracia más antigua del continente, exhibe los mayores índices de desaparición forzada  y de genocidio como práctica socioeconómica de dominación y subyugación, incluso mayores en comparación con algunos países del cono sur que vivieron largos contextos de dictaduras militares: “En términos absolutos, la cifra en Colombia, durante gobiernos democráticos, supera bastante los números que este delito dejó en las dictaduras de Chile, Argentina y Uruguay juntas.” (María, 2021)

La guerra en contra de nuestro pueblo es permanente y podemos rastrearlo desde la génesis de nuestra República en donde evidenciamos procesos excluyentes y de resolución de conflictos por medio de la violencia física como fuente de manutención de los privilegios de clase de un grupo de familias y clanes que subordinan el Estado a sus caprichos e intereses subterráneos.

La movilización se retoma luego del receso generado por la Pandemia del COVID-19 que llegó al país en el mes de marzo de 2020 y que atenuó las movilizaciones que se presentaban desde el 21 de noviembre del año 2019 en las cuales se exigía: i) la implementación plena de los Acuerdos de Paz; ii) educación gratuita, de calidad, universal y humanista en todos sus niveles; iii) reformas que garanticen la plena satisfacción de los derechos del pueblo colombiano; y, iv) democracia ante un gobierno profundamente violento, ilegitimo e ilegal,  entre otras reivindicaciones que evidencian que la pandemia no es la razón de la crisis, sino que es su excusa fortuita.

La gota que terminó de llenar el vaso de la paciencia del pueblo colombiano, quien ha sufrido incontables vejámenes en su historia, es el derroche de cinismo por parte del gobierno de Iván Duque y su partido el Centro Democrático dirigido vía twitter por el expresidente, exsenador y expresidiario Álvaro Uribe Vélez; y, quienes han capturado instituciones estatales como el Congreso, la Contraloría, Procuraduría, Defensoría del Pueblo, Banco de la República y Fiscalía, entre otras, para garantizar su impunidad y velar por la plena satisfacción de sus intereses privados y de clase.

El pueblo colombiano ha observado como sus mesas se convierten en festín del polvo y el olvido ante la reducción de las raciones de alimentos, donde el 68% del pueblo ha pasado de tres comidas diarias a dos, y otro 10% de los hogares han pasado de tres a tan solo un alimento diario debido a las políticas gubernamentales que han privilegiado la transferencia de recursos públicos hacia entidades financieras, y no a la implementación de la Renta Básica Universal exigida por la gran mayoría de la población.

El desempleo en el país escala a índices del 14,2% según el Departamento Administrativo Nacional de Planeación, el cual se concentra en su gran mayoría en las mujeres y en los jóvenes, índice que sirve de síntoma, pero que no evidencia la realidad de un empleo que ronda el 60% de la informalidad con ingresos mensuales que rondan una octava parte de los recursos necesarios para suplir la canasta básica familiar.

Según la más reciente estimación sobre la pobreza en el país, Colombia suma 21 millones de personas en situación de pobreza y extrema pobreza, teniendo en cuenta que en el ultimo año ha crecido 3,6 millones de personas en situación de pobreza y 3,1 millones de personas en extrema pobreza evidenciando la fatídica gestión del gobierno ante necesidades tan básicas como la alimentación y el bienestar mínimo de su población.

El anterior indicador se complementa con el aumento del coeficiente GINI de desigualdad, cuyo incremento en el último año evidencia palpablemente como existe una política diferencial entre la protección de la población y la protección de la rentabilidad de los sectores económicos en el poder, teniendo en cuenta que las utilidades del sistema financiero alcanzaron, en 2020, 55,5 billones de pesos, como lo manifiesta el superintendente financiero de Colombia Jorge Castaño. (Analitik, 2021)

Ante este contexto totalmente desolador, el gobierno de Iván Duque a principios del mes de abril de 2021 y por medio de su Ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla presentó una Reforma Tributaria titulada como Ley de Reforma Fiscal “Solidaria Sostenible” la cual pretendía entre otros:

1. Aplicar tasas impositivas del 19% a la mayoría de los productos de la canasta familiar.
2. Ampliar el Margen Grabable del impuesto a la renta a personas que devengaran desde 2,5 millones de pesos.
3. Aplicar impuestos del 19% a los servicios públicos domiciliarios.
4. Crear facultades extraordinarias al presidente de la Republica por seis meses para enajenar, restructurar o fundir entidades y empresas del Estado.
5. Imponer una sobretasa a la gasolina.
6. Implementar un riguroso proceso de austeridad en el gasto social.
7. Congelar por cinco años los salarios de las y los funcionarios públicos.

Esta reforma tributaria vendida bajo eufemismos rimbombantes esta ligada al proceso de crisis fiscal del Estado implementado por los últimos gobiernos y sus modelos de desarrollo financiarizado y extractivista, crisis que se puede rastrear desde mediados del año 2014 y que en este momento arroja un déficit fiscal de aproximadamente 87 billones de pesos. Este déficit de las finanzas públicas se ha derivado en parte por el pago del servicio de la deuda pública que absorbe para el año en curso 69 billones de pesos del Presupuesto General de la Nación, y la transferencia de recursos al sistema financiero por 60 billones de pesos como manutención de sus utilidades.

Esta propuesta postulada por el gobierno y consensuada de antemano con los grandes centros económicos y sus tanques de pensamientos, generó una avalancha de movilizaciones alrededor del país, retomando reivindicaciones históricas como las de los pueblos indígenas, afros, campesinas, trabajadores y estudiantes, entre otras que unieron su fuerza en torno al rechazo de la reforma tributaria y avanzaron en la toma de posiciones hacia un proceso constituyente que derrumbe no solo la reforma tributaria, sino la avalancha de reformas neoliberales y dispositivos de poder que mantienen las relaciones genocidas en el país.

Esta movilización abigarrada, colorida, insurrecta avanza por las grandes avenidas, las calles y callejones, caseríos y pequeñas trochas transformando a su paso el horizonte y ambiente de los territorios, destrozando los bustos y figuras del pasado como fuente de hastío, rabia y dignidad con el propósito fijo en la reconstrucción moral y ética de un país que exige paz con justicia social.

Ante este proceso el gobierno de Iván Duque implementó la receta de militarización, asesinato, terror y criminalización de la protesta que ha dejado más de 21 personas asesinadas por las fuerzas estatales y paraestatales, y más de 400 heridos alrededor del país. Esta receta de terror inculcada por generación a nuestro pueblo solo avivo las llamas de solidaridad que se encuentran presentes más que nunca y evidencian un horizonte de esperanza para este pueblo aguerrido y justo.

Conclusión

Aunque el gobierno recula y retira la reforma tributaria y al ministro Alberto Carrasquilla ante el poder popular emanado en la calles y encarnado por una sociedad sin miedo, la lucha continua en voz del actor histórico que se ha visto vencedor ante la puja por la reforma tributaria, pero que ya no se conforma con un cambio mínimo o gatopardista, sino por la toma de las riendas del destino de nuestra sociedad y la transformación democrática de un país gobernado por el odio.

- John Freddy Gómez Celi, docente universitario, coordinador de la Plataforma por la Auditoría Ciudadana de la Deuda en Colombia e integrante de la Sociedad de Economía Política y Pensamiento Crítico de América Latina SEPLA.

- Camila Andrea Galindo, abogada y magister en Derecho Administrativo de la Universidad Nacional de Colombia. Coordinadora del Grupo de Estudio Economía Digna. Integrante de SEPLA y de la Plataforma por la Auditoria Ciudadana de la Deuda en Colombia - PACDC. Investigadora en temas de Derechos Humanos, de financiarización, globalización y Deuda.

Bibliografía

María, R. (3 de Mayo de 2021). Colombia, en democracia, acumula más desaparecidos que las dictaduras del Cono Sur. Obtenido de CNN: https://cnnespanol.cnn.com/2016/11/22/colombia-acumula-mas-desaparecidos...

Analitik, V. (26 de Febrero de 2021). Sistema financiero de Colombia ganó 41 % menos en 2020; retuvo 68 % de utilidad. Obtenido de Valora Analitik: https://www.valoraanalitik.com/2021/02/26/sistema-financiero-de-colombia....