Los últimos días el país asistió a varias de jornadas de protesta en contra de la propuesta de reforma tributaria del gobierno de Iván Duque. En medio de la peor crisis de la historia económica de Colombia, el 28 de abril el gobierno nacional radicó ante el Congreso el polémico proyecto de ley de reforma con el cual se busca cubrir el déficit fiscal que dejó la pandemia y que ronda el 8.3%.^[1]

A pesar de que se destinó un 4% del PBI para atender la pandemia, la situación en la que se encontraba el país con altos índices de informalidad laboral y pobreza, hicieron que las ayudas a los sectores más golpeados resultaran insuficientes. No sólo hubo una fuerte contracción económica, sino también un aumento sensible de la pobreza y la desocupación.^[2]  A este marco se suma la crisis humanitaria por cuenta del conflicto armado, el cual se ha recrudecido tras el incumplimiento en la implementación de los Acuerdos de Paz por parte del gobierno. Desde que Duque asumió la presidencia, hubo un aumento de asesinatos a líderes sociales, masacres por cuenta de grupos armados y desplazamientos internos.

En este contexto, el gobierno intentó implementar una reforma tributaria regresiva, que pretendía gravar con un 19% de IVA la canasta básica, los servicios públicos, los servicios funerarios y ampliaba la base tributaria para el impuesto de renta. Las organizaciones sociales, estudiantiles y sindicales realizaron una convocatoria para manifestarse en contra de la iniciativa realizando numerosas jornadas de protesta en distintas ciudades del país. Algunas de estas manifestaciones terminaron con una fuerte represión por parte del gobierno. Según la ONG Temblores, se han registrado centenares de casos de violencia policial, además de víctimas fatales, personas heridas con arma de fuego, detenciones arbitrarias y casos de violencia sexual.

Ante la continuidad de las protestas, el gobierno de Duque anunció en la noche del 1 de mayo la militarización de las ciudades, amparándose en la figura de asistencia militar para el mantenimiento del orden público. Este tipo de respuestas no deberían ser una sorpresa en un país cuyo Estado no ha logrado consolidar el monopolio de la fuerza. La violencia ha sido el mecanismo permanente para mantener el orden siempre frágil. Pero si las medidas autoritarias en Colombia no resultan novedosas, el contexto en el que se implementan sí lo es, y es sobre este punto sobre el que se debe alertar.

La pandemia inevitablemente ha devenido en un corte abrupto de la normalidad y con ella de gran parte de los derechos ciudadanos como el de movilidad y de reunión. Ahora bien, ¿qué pasa cuando en un contexto de suprema excepción, se militarizan las calles en un país con una historia de conflicto armado y con una dirigencia guerrerista?

La política colombiana se ha caracterizado históricamente por mantener las formas institucionales, mientras que ha sostenido un orden político, social y económico con violencia estatal y paraestatal, especialmente en las áreas rurales. Sin embargo, hace algunos años el país ha asistido a una creciente movilización de los sectores urbanos, que habían vivido alejados del conflicto armado. Algunos de estos sectores han comenzado a movilizarse en respaldo a los Acuerdos de Paz, en contra del abuso policial y las políticas como el fracking. Estas protestas han permitido una articulación de sectores urbanos y rurales, lo que ha significado una completa novedad, pues históricamente el país ha vivido en una fragmentación geográfica y social que hoy parece comenzar a borrarse.

En este contexto donde confluyen pandemia, aumento de la movilización social y autoritarismo, se puede llegar a quebrar la tradición institucional colombiana. En varios países se ha planteado la necesidad de postergar las elecciones, y Colombia no ha sido ajena a este debate. Por otra parte, las restricciones por la pandemia, como el toque de queda y el confinamiento, se han combinado con el uso del mecanismo histórico para tramitar el conflicto social: la violencia estatal. Al día de hoy, esta creciente alianza ciudad-campo, contra las políticas que están por implementarse en el país, es un elemento novedoso que constituye un desafío aún mayor para el gobierno.

¿Cuál es la alerta? La represión de las manifestaciones sociales en las ciudades se ha recrudecido en los últimos años. A pesar de las múltiples denuncias sobre abuso policial e irregularidades en el manejo de las protestas, el gobierno no ha encontrado otra forma para tratar el descontento más allá de la violencia. Pero en esa fórmula conocida hay un elemento que ha cambiado. El conflicto se está desplazando geográficamente a las ciudades y el sujeto social que se reprime no es el campesinado como sí los jóvenes, artistas y clases medias. Estas transformaciones suelen ser leídas por las clases dominantes colombianas como una amenaza al orden, y es allí donde está la alerta.

En este contexto, el gobierno podría decidir mantener de forma permanente a los militares en las ciudades y, bajo el pretexto de la pandemia, suspender los derechos políticos como el de la libertad de expresión y el derecho a la protesta. Tomar esta decisión es más que factible, teniendo en cuenta que Duque tiene mayorías en el congreso, tiene bajo su mando los entes de control y la pandemia ha aceitado la lógica del decreto como forma de gobernabilidad. Con esta concentración de poder y con las ciudades militarizadas, el gobierno puede llegar a implementar sin ningún tipo de oposición toda su agenda política e incluso postergar las elecciones del 2022. Las alertas se encienden en contextos excepcionales y este parece ser uno de ellos.

- Vannessa Morales Castro es Magister en Estudios Sociales Latinoamericanos, becaria doctoral del CONICET y miembro del OBLAT.