En medio de la estremecedora y criminal represión contra el pueblo colombiano, el gobierno del presidente Iván Duque Márquez, aunque se vio obligado a retirar la propuesta legislativa de la reforma tributaria, lo hizo cuando ya la tierra colombiana se había teñido de sangre de 9 jóvenes, que pacíficamente protestaban en Cali, Bogotá y Neiva. Hoy el numero de muertos es de 31, con cientos de heridos, desaparecidos y 900 detenidos.

Los sucesos de la ciudad de Cali enardecieron al país y a más de 600 municipios de los 32 departamentos de la nación, y provocaron que la población saliera a pedir justicia. Frente a las multitudinarias manifestaciones que pedían retirar la reforma tributaria, la exigencia actual es la renuncia del Presidente. La respuesta del mandatario ha sido la de sacar a las Fuerzas Militares y la Policía a reprimir al pueblo.

Ni corto ni perezoso, el ex presidente Álvaro Uribe Vélez sugirió que las fuerzas del orden dispararan sin miramiento y eso lo que está sucediendo. Siguiendo las indicaciones de su mentor, el presidente Duque ordenó al Comandante en Jefe del Ejército, General Eduardo Zapateiro, sacar los tanques de guerra y los soldados a la calle y disparar a los manifestantes. Este se trasladó de inmediato y se instaló en la 3ra brigada con sede en Cali, y desde esta gran unidad militar comenzó a dirigir las operaciones represivas.

El general Zapateiro es el mismo que cuando las madres de las víctimas de falsos positivos de Soacha exigieron a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que no solo juzgara a los soldados, sino a los jefes y altos mandos militares y a los jefes del alto gobierno, respondió de forma insultante. Por ese entonces el General twitteó: “Somos soldados del ejército y no nos dejaremos vencer por más víboras y perversas que quieran atacarnos, señalarnos y debilitarnos. Oficiales, suboficiales y soldados no nos rendiremos, no desfalleceremos, siempre fuertes con la cabeza en alto. Dios está con nosotros”. No creo que Dios este al lado de semejantes criminales y mucho menos cuando el general ordena disparar a matar.

La brutal represión de los policías y militares ha sido muy bien documentada y dada a conocer. Como el 28 de abril, cuando un policía asesinó al joven Marcelo Agredo Inchima, un chico de 17 años que formaba parte de la protesta. Mientras que la noche del 2 de mayo la policía disparó contra Nicolas Guerrero, un artista de 22 años, quien grababa el enfrentamiento entre manifestantes y las autoridades en el norte de la ciudad de Cali.

Mientras que el joven Kevin Antoni Agudelo fue asesinado por el disparo de un fusil de guerra, cuando se disponía a colocar unas velas en el lugar donde habían asesinado a otros jóvenes. Así lo informó al diario El País de Cali el padre de Kevin, don Luis Agudelo. El señor Agudelo declaró que denunciará ante la Fiscalía General a la Policía por el asesinato de su hijo. Mientras, el cuestionado alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, informó que la noche del 3 de mayo murieron cinco personas y otras 33 resultaron heridas.

De acuerdo a los medios de prensa locales y a las redes sociales de Cali, hasta hoy 5 de mayo se ha constatado la muerte por la represión militar de 23 jóvenes. Esa misma noche de la brutal represión en Cali, varias decenas de policías agredieron y dispararon sus armas contra un grupo de defensores de Derechos Humanos, quienes estaban acompañados por oficiales de la ONU que verificaban lo que estaba sucediendo en aquella ciudad.

Así lo declaró al diario El País la señora Ana María Burgos, del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, quien señaló que cuando llegaban a la sede del Comité se produjeron los primeros disparos: “Nos rodean, nos pegan, y nos tiran al suelo… sentí miedo, temí por mi visa”. Y cuenta además: “nos iban a matar”. “Hubo disparos, al aire, al piso y a la humanidad de nosotros, pero nos resguardamos”.

La represión de los militares y la policía ha sido sin compasión, y se ha extendido a 600 municipios y a todas las grandes ciudades colombianas. Su capital, Bogotá, ha sido víctima de una fuerte represión, pero también Medellín, Tolima, Bucaramanga, Barranquilla, Manizales, Neiva, Meta, Pereira, Quindío, entre otras, lo que ha sido denunciado a los organismos internacionales de Derechos Humanos de la ONU. Pero lo que se ha preguntado la opinión pública colombiana e internacional ante los horrorosos crímenes de las Fuerzas Militares y de la Policía es: “¿Y dónde está el señor Luis Almagro?”

Luis Almagro, Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), no aparece y mucho menos denuncia lo que sucede en Colombia. Él es cómplice de las masacres en Colombia, y también del plan de Estados Unidos y Colombia para intervenir en Venezuela. Nunca se pronunció con las masacres cometidas por el gobierno de Piñera contra el pueblo chileno, pero fue muy activo en su conspiración para el derrocamiento de Evo Morales y el apoyo a la golpista y criminal de guerra Jeanine Áñez y los integrantes del gobierno de facto en ese país.

Para vergüenza de muchos de los países que integran hoy la OEA, el Secretario General de esta organización regional cuya carta orgánica establece en su primer artículo que su función es respetar la política interna de los Estados miembros, se ha dedicado a trabajar y respaldar acciones subversivas contra Venezuela, Nicaragua y Cuba, cuyos gobiernos no son del agrado del gobierno de los Estado Unidos. Siguiendo las ordenes de Washington, se les acusa de violar los derechos humanos y las libertades civiles.

No se ha demostrado, ni manifestado por sus pueblos, que en los tres países que el señor Almagro trata de victimizar -Venezuela, Nicaragua y Cuba- se violen los derechos humanos y civiles. Donde esos derechos humanos y civiles son violados es en los países que el señor Luis Almagro defiende, apoya, en relación a los crímenes que cometen los gobiernos de Colombia, Chile, Brasil y Ecuador.

Para afrontar lo sucedido y lo que está sucediendo actualmente en Colombia, no basta con un pronunciamiento de la Misión de apoyo al proceso de paz de ña Organización de Estados Americanos, misión que poco o nada ha podido hacer en el tema de la paz, cuando el gobierno lo ha incumplido todo y cuando más de 270 ex combatientes de las FARC-EP firmantes del Acuerdo de Paz han sido asesinados.

Cuando cerca de 400 presos políticos de las FARC-EP que habían sido amnistiados, el 31 de diciembre del 2016, con la aprobación del congreso y la corte constitucional siguen presos. Cuando Simón Trinidad fue secuestrado en Ecuador y entregado ilegalmente a Colombia, que igualmente lo extraditó a Estados Unidos, y sigue preso cumpliendo una sanción de 60 años de prisión por un delito que no cometió. ¿De cual democracia y legalidad habla Almagro?

¿Cuando y en qué momento el Secretario General de la OEA Luis Almagro se ha pronunciado a favor de ese proceso de paz y condenado al gobierno de Iván Duque por los asesinatos de líderes y lideresas sociales y ex combatientes? Un Secretario General que celebró un show mediático en Cúcuta, en unión con Iván Duque y el farsante Juan Guaidó, promoviendo en ese acto una intervención militar “humanitaria” contra el gobierno de Nicolas Maduro, legítimamente elegido por los venezolanos.

Saludamos el llamado de la Misión a buscar una solución dialogada al conflicto, pero será muy difícil hacerlo, con un gobierno que no ha demostrado tener ninguna intención de cumplir con lo que pactó en los Acuerdos de La Habana, totalmente burlados por el presidente Duque, su gobierno y el partido oficialista Centro Democrático. Tal vez la solución sea un adelanto de las elecciones presidenciales que no vaya más allá de un par de meses. Esa sería una solución.

Tony López R. es periodista, politólogo y analista internacional.