Las estructuras y redes corruptas siguen haciendo de las suyas en Guatemala. Estas estructuras y redes, como es de conocimiento público, están articuladas por empresarios, políticos y criminales de exclusiva dedicación. Son redes que dirigen, operan y se benefician del control político y de los presupuestos de organismos, instituciones estatales y de buena parte de los partidos políticos que, en alianza, sostienen y avanzan en la captura, cooptación y configuración mafiosa del Estado.

En los últimos días hemos sido testigos de un conjunto de hechos que siguen revelando los rostros y nombres que dirigen o forman parte de estas redes de alto nivel y que integran este bloque de poder dominante y hegemónico.

En uno de los casos resultan involucrados Roberto Alejos Cámbara (convicto) y el diputado Felipe Alejos Lorenzana (con varias peticiones de antejuicio). Ambos han sido sancionados por Estados Unidos y el Reino Unido, por su involucramiento en casos de corrupción, control y captura del Estado. Dichos personajes son empresarios y cabezas visibles de una de las más importantes estructuras que hoy hace parte de este juego y control político de los organismos del Estado, por lo cual vienen siendo investigados y procesados como parte del caso denominado Comisiones Paralelas 2020. Como peones menores en dicha estructura, han sido ligados a proceso judicial el rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Murphy Paiz, y del ex rector, Estuardo Gálvez; así mismo, ha sido detenido Dennis Billy Herrera Arita y está prófugo el juez Mynor Moto, electo recientemente por al Colegio de Abogados y Notarios como su designado ante la Corte de Constitucionalidad.

Otro caso involucra a la empresa Agencia J.I. Cohen, investigada y señalada por el Ministerio Público por la defraudación al Estado por Q33 millones, entre los años 2014 y 2016. Esta empresa, además de ser proveedora de medicamentes e insumos al Estado, hace parte de un consorcio con el cual tiene relación Gustavo Alejos en uno de varios casos por los cuales se le acusa.

Un tercer caso consiste en la adjudicación de un contrato por Q39 millones para la construcción de una línea de trasmisión eléctrica en el departamento de Retalhuleu, a una empresa vinculada con el Ministro de Energía y Minas, Alberto Pimentel, y cuya concesión parece presentar anomalías. En el mismo momento también sale a luz pública el señalamiento de la Contraloría General de Cuentas que involucra al ministerio a cargo de Pimentel, por no haber realizado acciones para el cobro de regalías, otras obligaciones contractuales y multas a tres empresas petroleras en 2020: Petro Energy, Latin American Resourses y la Petrolera del Itsmo. En total, estas empresas han dejado de pagar el Estado $66.1 millones, lo que ha provocado inclusive falta de disponibilidad financiera en el ámbito público.

Un cuarto caso involucra al empresario Jaime Aparicio Mejía y la Constructora Benelli y Jireh quien entregó en coimas arriba de Q8 millones, con el fin de obtener el pago de deudas de arrastre y la concesión de nuevos proyectos. Esa razón hace que se encuentre privado de libertad y esté siendo juzgado. Lo relevante del caso, además, es que dicho acto de corrupción involucra al empresario y político Alejandro Sinibaldi, quien fue Ministro de Energía y Minas y parte de la estructura criminal que gobernó al país con el Partido Patriota entre 2012 y 2015. En su calidad de ministro operó en función de sus intereses personales y empresariales, así como para facilitar anómalamente intereses empresariales.

En último caso que se recupera, unas treinta empresas de transporte y construcción están siendo investigadas por la Secretaría de Administración Tributaria. Estas empresas registran compras sin la respectiva existencia de facturas y reporte de impuestos, para lo cual implementaron mecanismos anómalos como la declaración de domicilios falsos, inscripción como pequeños contribuyentes, entre otros.

Mientras esto sucede y es conocido, en el Congreso fueron aprobadas reformas normativas que permiten ampliar los márgenes de discrecionalidad para compras y gastos públicos, evadiendo controles en materia de transparencia. Esto aumenta las posibilidades para la reproducción del clientelismo y la corrupción que involucra a funcionarios en varias escalas de la administración pública, empresas, alcaldes municipales y diputados al Congreso de la República. Con dicha modificación se amplía una ruta discrecional para la “inversión” pública, apetecida por quienes controlan corruptamente la institucionalidad estatal y el sistema de partidos políticos para fines de enriquecimiento y acumulación de capital.

Todo esto ocurre en el marco de un gobierno nacional tolerante con este tipo de hechos y funcionarios, señalado de estar involucrado en varios casos relacionados con la gestión pública que presentan signos de corrupción y opacidad, por ejemplo, en programas de atención a los afectados por la pandemia y en la poco clara adquisición de la vacuna Sputnik V.

Lo que se observa, entonces, es la existencia de un régimen político articulado y controlado en su cúspide por un conjunto de grupos corporativos, empresarios, políticos y funcionarios públicos que hoy mantienen cooptadas y capturadas las principales y fundamentales instituciones y organismos del Estado. En este marco es relevante la importancia del sector empresarial, que logra un control mayor debido a la sobrerrepresentación de la cual goza en instituciones públicas y por consiguiente su incidencia determinante en política públicas nodales, sumado a la forma que financian el sistema de partidos políticos, todo lo cual les garantiza constituirse en poder más allá de la formalidad de las normas y procedimientos “democráticos”.

Estos casos, en los cuales se continúa evidenciando las lógicas, estrategias y relaciones empresariales y mafiosas, sigue demostrándose la falsedad de los discursos que intentan posicionar una supuesta idoneidad empresarial para la gestión pública y para lograr el “desarrollo nacional”. Así mismo, la falsa idea de la libre competencia, siendo que además de los mecanismos que hacen inexistente la misma, demuestran parte de los mecanismos con los que opera el capitalismo. El mercado no es algo metafísico, carente de empresas y empresarios con poder y en disputa. El mercado es articulado y determinado por quienes ejercen el poder, legal e ilegal, para imponerse en el ámbito de la política y la economía.

Los casos antes citados –apenas unos ejemplos de los cuales se conoce públicamente– demuestran, así mismo, que el predominio y la continuación del predominio de los discursos, lógicas, prácticas e intereses empresariales –además, íntimamente relacionados con la ilegalidad y la corrupción–, las problemáticas e intereses del pueblo guatemalteco seguirán siendo relegados. En esencia, porque además de su aparato de dominación y hegemonía, han convertido al Estado en su botín.