Esta elección intermedia del 6 de junio 2021 no es como otras elecciones de sexenios anteriores. Primero porque no es tradicional, en tanto no se trata del mismo régimen político que se retroalimenta o reproduce a sí mismo, al no tratarse de un sistema político unipartidista como lo fue el PRI por décadas.

Segundo, que la oposición real representada por los partidos políticos tradicionales de derecha, agrupada en torno a una sola fuerza electoral, lo utilizan como único medio para tratar de minar al partido en el poder, a Morena, como baluarte del actual presidente Andrés Manuel López Obrador.

Todavía más, en tanto que las acciones opositoras al actual gobierno, que solo disputan privilegios y cotos de poder —tal y como lo tenían controlado en el anterior régimen político corrupto—, no les da el resultado esperado. Esta es una característica del gobierno de Obrador, en tanto las políticas contra la corrupción le han dado frutos.

Sobre esto último, en el sentido que el presidente en funciones ha entregado resultados a la sociedad, con el apoyo de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR), tanto de los desvíos de recursos públicos con fines privados —el caso de algunos gobernadores y exfuncionarios públicos—, como de los conocidos moches, huachicol y endeudamiento exorbitado del país.

Claro que las pesquisas de operadores, políticos y exservidores públicos, tampoco ha sido suficiente —al parecer de muchos—, pero porque el sistema político y de gobierno de los últimos sexenios neoliberales se corroyó hasta la médula. No había dependencia de gobierno o distribución de recursos públicos que no se considerara un reparto y estuviese infiltrada o tuviese como destinatario cuentas privadas, en bancos locales o paraísos fiscales.

Porque las políticas públicas de los gobiernos que van desde Carlos Salinas hasta Enrique Peña, todas tendían a privatizar las actividades otrora en manos del Estado, con recursos y todo para entregarlas a empresarios o políticos sin más garantía de resultados que la colusión misma.

La pirámide se construyó desde la cabeza hacia abajo. Desde la “institución” presidencial hasta los operadores de abajo, hablando de servidores públicos que la hacían de operadores, enlaces o mensajeros.

Cambios desde la 4T

Es decir, que los grandes montos, fraudes cometidos contra la sociedad, se emprendían a nombre del Estado y gestaban dentro de las propias dependencias de gobierno, desde oficinas como las de Pemex, la Comisión Federal, Caminos y Puentes, hasta las de “beneficencia pública” social como Sedesol, Progresa y un largo etcétera.

Qué decir del entreguismo casi total a empresas extranjeras (estadounidenses, canadienses o españolas), ni hablar de los endeudamientos exorbitados con el Fondo Monetario Internacional —a instancias de Washington—, o de los recursos naturales del país puestos para su extracción irracional, como en la minería el oro y la plata, el litio o el petróleo mismo.

Bien. Algunas cosas de estas están cambiando con la 4T. Con políticas centradas en el desarrollo nacional, con el combate a la corrupción enjuiciando algunos de los principales actores o figuras públicas, y tratando de beneficiar a las clases olvidadas o sectores depauperados por la propia dinámica liberal.

Porque la famosa política del goteo desde la producción de riqueza hasta los pobres nunca llegó, porque es una falacia del neoliberalismo que ya está casi olvidada en los principales países desarrollados, porque no funciona en tanto solo profundiza las desigualdades concentrando la riqueza en unas cuantas manos contra el resto de la población indefensa.

En México, como en otros países —léase Chile desde la instalación de la dictadura militar de Pinochet atizada por el Departamento de Estado, su secretario de Estado Henry Kissinger y la CIA—, el entreguismo a los intereses privados fue parte de una política injerencista e intervencionista por parte del imperio estadounidense en la región de América Latina.

Y los gobernantes, los de México en la primera posición de la fila, estuvieron prestos a servir a las exigencias del capitalismo de EE.UU. —al servicio de los oligopolios—, tal el caso de los acuerdos comerciales mediante los cuales economías como la mexicana se engancharon —el caso del TLCAN luego T-MEC— y sometieron a tales intereses foráneos.

Del tal grado ha sido el entreguismo de la elite mexicana de Salinas a Peña a Washington —sin olvidar el servilismo también de los gobiernos del PAN sobre todo a España—, que destrabar el dependentismo o injerencismo y romper los candados no es tan fácil.

Sería tanto como renegociar los tratados comerciales bajo reglas de equidad, y eso no es posible por ahora. Se requerirán otras condiciones, como las generadas por un EE.UU. hundido en su propia inmundicia y descomposición, causada por su propia dinámica interna y a punto de estallar.

Entretanto, los intentos del actual presidente, López Obrador, de comenzar por limpiar la casa comenzando con el ejemplo en materia de precepciones, ha dejado al descubierto a instituciones como la propia Suprema Corte y organismos “autónomos” como el INE al descubierto.

Pandilla de ladrones

De ahí el descontento desde el sistema de justicia que se resiste siempre a cambiar, porque ninguna reforma parece dar resultados en tanto tal “justicia” sigue siendo o parcial o para el que mejor paga. Con sus excepciones ahora, donde se está procesando a ex ladrones sin escapatoria. Algunos abogados como Juan Collado u operadores políticos como Emilio Lozoya, Rosario Robles, y exgobernadores como los Duarte, Cabeza de Vaca en el banquillo y otros de poca monta.

Las elecciones, hasta la creación del IFE en 1990, eran organizadas en todo el país por esa Secretaría de Gobernación del viejo régimen político, para tenerlo todo bajo control, desde los puestos de “elección popular” hasta el nombramiento de los “servidores públicos”, los más serviles al propio sistema presidencialista al ser nombrados por “dedazo” del gobernante en turno.

El viejo sistema político se reproducía a sí mismo, desde las elecciones “democráticas” bajo el control del PRI, pasando por el reparto de cotos de poder a manos de las propias dependencias partidistas, hasta el desarrollo de los planes de gobierno “sexenal” con directrices avaladas por la Casa Blanca, cuyo injerencismo ha tenido que ver con “legitimar” presidentes.

Cuando se han presentado elecciones cuestionadas porque no respetan la voluntad ciudadana y se declina en favor de un actor ilegítimo —como Salinas en 1988 o Calderón en 2006—, la legitimidad la buscan afuera, principalmente en Washington, con el irremediable entreguismo a sus intereses locales que a la postre resultan regionales, en tanto el control de la política estadounidense con México rebota siempre en el trato a la región latinoamericana.

Un daño, de tal calado, se ha aplicado por Washington a Centroamérica por ejemplo en materia de control migratorio —incluso ahora, con el actual gobierno de AMLO—, como al resto de países siempre siguiendo directrices de control intervencionista e imposición de presidentes.

En otras palabras, la ilegitimidad de los presidentes de México le ha restado poder a su política exterior y para la defensa de los intereses regionales, como las voces truncas en los propios organismos locales o las Naciones Unidas. A ese grado llega la violación del respeto a la voluntad popular del pueblo mexicano. No se ve, pero es claro desde la geopolítica de la Casa Blanca en América Latina.

Por eso son importantes las elecciones en México, además de ser “las más grandes de la historia”. Por eso es importante esta elección intermedia, del 6 de junio 2021. Porque puede marcar un antes y un después a los proyectos de la 4T.

Porque pronto podría quedar en disputa, o la consolidación de los planes anticorrupción y “nacionales” de López Obrador si conserva la mayoría legislativa en el Congreso de la Unión, o el regreso de la oposición, esa derecha que controló por más de 70 años el poder y fue encabezada por el PRIAN, esa dupla coludida con las principales políticas privatizadoras.

Sobre el tamaño de la elección

De ahí la importancia del actual proceso electoral, más allá del total de votantes (96 millones de ciudadanos) y de puestos de elección popular en juego (como los 500 diputados federales). Es por lo mismo que la oposición agrupada en torno a “Va por México”: PRI-PAN-PRD, hace tamaño revoltijo, porque como partidos no tienen más propuestas que el pasado que los delata, corruptos, impunes y entreguistas a los intereses extranjeros, gringos y españoles.

Con una desventaja de por medio para dicha oposición a Morena por dicha coalición “Va por México”: sin propuestas concretas para “salvar al país” de la debacle en que ellos mismos lo hundieron, los votantes tradicionales del viejo sistema político ya no están o son mayoría. Ahora los jóvenes están abiertos a la generalidad mediática, principalmente de las redes sociales.

Es decir, que el rango mayor de votantes hoy no apoya a dichos partidos y difícilmente obtendrán mayoría para hacerse del control de los diputados. Politizados o no los ciudadanos, ni el PRI ni el PAN (el PRD ni cuenta), mantienen simpatías. Por eso la unión de “fuerzas”, de ahí que vayan todos unidos contra Morena.

Por lo demás, este partido no tiene más estructura partidista ni otras propuestas que las del propio Presidente. Morena es solo una figura política en torno a la cual se enlistaron candidatos, y podrán obtener mayoría no con propuestas propias de sus candidatos, de plataforma o documentos básicos. Siquiera por la propaganda partidista, como Regeneración que no existe.

Si Morena mantiene el control del Congreso, eso le será útil al presidente Obrador para profundizar las reformas —o las obras de infraestructura, pocas porque un sexenio no alcanza para recomponer todo el tiradero prianista o el neoliberal—, porque lo contrario sería contener dichas “reformas”, entre la que destaca el combate a la corrupción y la política social.

Por cierto que también, dígase lo que se diga, las conferencias “mañaneras” del presidente mexicano le han ganado presencia cotidiana con el pueblo mexicano, pero también en el extranjero. La información diaria —con fines de semana recorriendo el país—, si bien expone a un hombre que no lo “sabe todo” porque sería imposible, si muestra un “estilo personal de gobernar” sui generis.

Es solo por eso que la oposición no encuentra asidero para criticar su gestión, como tampoco elementos o argumentos serios para convencer siquiera a sus “simpatizantes” a votar por ellos. Ni los medios de comunicación, esos que han servido siempre a los intereses del régimen priista y panista, que han enfilado sus baterías contra Obrador, han podido “despertar” o direccionar su crítica, porque tampoco es constructiva, sino que denigra nada más.

La prensa extranjera injerencista

Es lo que explica, de igual manera, que la oposición derechista no tenga más opciones que acudir afuera para buscar apoyos. Y lo obtiene, como Claudio González Guajardo y su organización Únete, AC., que en seis años reporta ingresos por 667 millones de pesos, un 78 por ciento en donativos. Unión de “empresarios” con fuertes vínculos con el PRI y el PAN. Todos contra Morena y el presidente Obrador.

También, que medios como el The Economist critiquen al mandatario mexicano de “falso mesías” por su “activismo político electoral” desde las “mañaneras” (recuérdese que este medio británico apoyó el golpe de Huerta contra Madero). O la crítica del diario francés Le Monde por la “hiperpresidencia” de Obrador, porque “electriza” la campaña electoral y “desacredita” a la autoridad electoral.

En otras palabras, son medios que defienden solo el interés imperial de sus países, se entrometen en asuntos que no les compete, porque se trata primero de un “presidente legítimo” que no le debe la presidencia a ningún ente externo —el caso de AMLO es distinto a otros presidentes mexicanos como lo referimos supra—, y luego, porque la decisión de elegir a representantes populares es solo cuestión de los ciudadanos de cada país.

El caso es que Le Monde le sigue el juego a The Economist, y ambos a la prensa estadounidense como lo han señalado medios como el The New York Times, que se oponen a la gestión de Obrador en México. Artífices todos del injerencismo en los asuntos internos de terceros, y en este caso porque la derecha lo ha estado cocinando a su favor.

Pero poco les resulta. Porque es el ciudadano de a pie el que tiene la última palabra. Y este 6 de junio quedará plasmado en las urnas. Pese a lo que la derecha pripanista quiera: recuperar el poder cuando un pasado la delata. No les importaría organizar el golpismo contra la presidencia de López Obrador: el llamado “golpe suave”, como lo saben financiar la CIA o la Usaid en la región latinoamericana.

Sin embargo, esta elección es clave —por cierto, tan violenta como la de 1988, asesinando candidatos—, quizá porque en el fondo se estaría cocinando un régimen político bajo nuevas reglas. ¿Será? O se trata solo del sueño de un “mesías”, de un “hiperpresidente” o del deseo de un pueblo cansado de tanta mafia que creció al amparo y enquistada en el poder “institucional”.

Este es el antes, tras el 6 vendrá el después. Se verá.