Acaba de difundirse el informe de la OCDE sobre las perspectivas de la economía mundial[2], en donde señala que existe una mejora respecto del informe previo de diciembre pasado, pero que está siendo desigual y dependiente “de la eficacia de los programas de vacunación y las políticas de salud pública”, al tiempo que informa sobre el diferente ritmo de recuperación del PBI per cápita. Explicita la rápida recuperación para China durante el mismo 2020 y la de Korea, Rusia, EEUU, Japón y Alemania para el 2021. Más lenta será la recuperación para un gran número de economías nacionales. Para el 2022 ubica a Australia, Canadá, Italia, Reino Unido, Brasil y Francia. Para el 2023 el registro señala a España y México. Para el 2024 destaca la recuperación de Arabia Saudita y Sudáfrica. En la última consideración y para 2026 aparece la Argentina.

Dice la OCDE que la recuperación de la economía mundial será del 6% para el presente año, contra la caída del 3,5% del 2020. Alude a una rápida recuperación en general, pero no así en lo relativo a lo social, sea el empleo o la pobreza. Es evidente el carácter regresivo del impacto pandémico y recesivo respecto de la distribución del ingreso y de la riqueza. Dice el informe: “La economía mundial se mantiene por debajo de su trayectoria de crecimiento prepandémica y en demasiados países de la OCDE los niveles de vida para fines de 2022 no volverán al nivel esperado antes de la pandemia.” Está clara la identificación del 2020 con la pandemia y el 2021 con las vacunas, a las que se apuesta para un retorno a las tendencias prevalecientes hacia fines del 2019, por eso el horizonte es el de una recuperación “no ordinaria”, muy asociada a la capacidad de intervenir de cada Estado Nación.

No sorprende entonces que los países “emergentes” presenten un escenario de recuperación tardío, incluso más allá de cinco años, tal el caso de la Argentina. La región latinoamericana y caribeña aparece como uno de los territorios de más lenta recuperación. El condicionante de las vacunas no resulta ajeno a estas consideraciones. Al respecto señala la OCDE que recién se aplicaron 2 mil millones de dosis, lo que supone mucho menos población con las dosis necesarias para la inmunidad, que aparece alejada en el tiempo, por la realidad de concentración de éstas en pocos países ricos.

Destaca que “Es muy preocupante que no lleguen suficientes vacunas a las economías emergentes y de bajos ingresos”, porque estos países no tienen condiciones para sostener las políticas compensatorias desplegadas durante la emergencia del 2020 y dificultará la evolución más global de la economía y las finanzas. La demora en la vacunación afecta a la economía mundial, por nuevas oleadas de contagios, mutaciones del virus mediante y aleja soluciones en materia de reactivación de la economía y muy especialmente del empleo, más retrasado en la recuperación que los niveles de medición del PBI.

La solución es universal y no alcanza con la segmentación en la aplicación de vacunas. A propósito, el FMI propuso en estos días, para el 2021, un plan global de vacunación para el 40% de la población mundial a un costo de 50.000 millones de dólares. En la reciente reunión del G20 se aprobó la orientación de donar sobrantes de vacunas, en contra de la iniciativa por suspender las licencias. Queda claro que el lobby farmacéutico y la decisión de los países ricos se impuso ante la demanda creciente contra las licencias de las vacunas.

El informe de la OCDE previene por brotes inflacionarios derivados de la activación económica, asincrónica con la generación de empleo, lo que aun demora la lucha por aumentos de salarios. En el trasfondo de los analistas del “informe” está asociada la demanda de mejora salarial con la suba de los precios. La realidad impondría más observar la disputa de la renta por los propietarios de medios de producción ante la caída de la rentabilidad y la productividad del capitalismo contemporáneo. La relativa “rápida recuperación” en algunos países puede generar una ilusión de normalización que lleve al alza de los precios y de los intereses, con sus consecuencias en una economía de elevada deuda y una dinámica ascendente de un fenómeno inflacionario que aparecía controlado. En ese marco, contrario a la lógica ideológica predominante, el documento insiste en mantener las políticas fiscales de contención socioeconómica y al particular seguimiento de la coyuntura, ya que la suba de algunos precios internacionales, caso de las materias primas, puede disparar efectos alcistas no queridos en los precios.

Sobre la mención a la Argentina, no debiera llamar la atención, ya que aparece con un serio problema de deuda en proceso de negociación con el FMI y el Club de París. A la luz de los autores del informe, los niveles de exposición y vulnerabilidad del país son muy elevados por su limitada capacidad de incorporar inversiones suficientes para un proceso de producción y reproducción, que satisfaga la demanda de los acreedores y la derivada de la lógica de producción y circulación local.

En rigor, los problemas estructurales del país superan el horizonte de un turno de gobierno e incluso de las contradicciones entre el oficialismo y la oposición respecto a la gestión del orden capitalista. Los problemas estructurales son temas que arrastran por décadas, y sobre los que no existe un diagnóstico compartido, mucho menos propuestas superadoras de un consenso mayoritario y que apunte contra el parasitismo de la gran propiedad de la tierra asociada a la dominación monopólica y transnacional de los principales rubros de la economía local.  

Quizá en esta consideración radica la especificidad de la Argentina, incluido el fenómeno inflacionario, hasta ahora ausente en la consideración de la evolución económica mundial y en la mayoría de los países.

Julio C. Gambina es Doctor en Ciencias Sociales, UBA. Profesor Titular de Economía Política, UNR. Integra la junta Directiva de la Sociedad Latinoamericana y Caribeña de Economía Política y Pensamiento Crítico, SEPLA.