Cada mes, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en inglés) publica un Índice de precios de los alimentos. El índice publicado el 3 de junio muestra que los precios han aumentado un 40%, el mayor aumento desde 2011. El impacto de esta subida golpeará muy duramente a los países en desarrollo, la mayoría de los cuales son grandes importadores de alimentos básicos.

Los precios aumentan por una serie de razones, y este aumento en particular responde principalmente al colapso de grandes sectores de la economía mundial durante la pandemia. Las advertencias de una inflación generalizada debido a la demanda reprimida relacionada con el confinamiento, los cuellos de botella en el transporte marítimo y el aumento del precio del petróleo se ciernen sobre los Estados más ricos —que debido al poder de los ricos tenedores de bonos tienen pocas herramientas para gestionar la inflación— y sobre los Estados más pobres, que se precipitan en una crisis de deuda catastrófica.

Las subidas de los precios de los alimentos llegan en un momento en que las tasas de desempleo se han disparado en muchas partes del mundo. El 2 de junio, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) publicó su informe anual Perspectivas Sociales y del Empleo en el Mundo: Tendencias 2021, que demuestra, como se esperaba, que el colapso económico relacionado con la pandemia ha significado la pérdida de cientos de millones de trabajos y de horas laborales. La OIT muestra que este colapso —acelerado por el COVID-19— ha traído un “empeoramiento de los desafíos estructurales y desigualdades de larga data en el mundo del trabajo, socavando el reciente progreso en la reducción de la pobreza, la igualdad de género y el trabajo digno”.

Los efectos del colapso son “muy desiguales”, exacerbando aún más lo que hemos llamado “los tres apartheids de nuestra época (dinero, medicinas y alimentos)”. El estancamiento de los programas de vacunación en países como India —que produce el 60% de las vacunas del mundo— y los grandes problemas de endeudamiento que enfrentan países como Argentina —que no logra que los ricos tenedores de bonos le den un periodo de gracia para el pago del servicio de la deuda— impiden la recuperación y profundizan los fenómenos del hambre y la desesperación.

Al equipo editor de New Frame (Johannesburgo, Sudáfrica) le impresionó el hecho de que el desempleo juvenil en su país haya alcanzado el 74,5% (el desempleo general está en un 42,3%, una cifra impactante por sí sola). Más y más personas deben luchar por sobrevivir. Vale la pena detenernos en las palabras de la editorial de New Frame: 

Millones de personas enfrentan vidas bloqueadas, pasando el tiempo en una inmovilidad marcada por círculos cada vez más estrechos de vergüenza, fracaso, miedo y desesperación. Algunas personas empiezan a dormir gran parte del día. Algunas se vuelcan a las transacciones de ciertas formas de religión, ofreciendo sumisión con la esperanza de una recompensa. Hay quienes sucumben a la tentación de calmar su dolor con heroína barata. Otrxs toman lo que pueden de quien puedan, cómo puedan. Algunxs, a menudo con el apoyo de su familia, amistades y comunidad, logran encontrar un camino para aferrarse a suficiente esperanza para seguir adelante.

El peso de lo que todo esto significa para estas personas y sus familias, el desperdicio enorme de sus capacidades y posibilidades, no son considerados como una crisis por nuestro Estado, las personas que lo gobiernan o la mayor parte de nuestra elitista esfera pública.

Las vidas se convierten en residuos, las voces en ruido y no en discurso, las protestas en asuntos de tráfico o en delitos. A la gente le dicen que su sufrimiento es producto de su fracaso personal, y que sus intentos de lidiar con su situación son consecuencia de su decadencia moral. Pueden ser asesinadxs por el Estado durante una protesta o un desalojo sin ninguna consecuencia.

Nada de esto será extraño para quienes nos leen en Latinoamérica o Asia del Sur, en Papúa Nueva Guinea o en Guinea Ecuatorial.

El informe de la OIT señala que “las más afectadas de las regiones en la primera mitad de 2021 han sido América Latina y el Caribe, Europa y Asia central”. Esta es una de esas frases —“las regiones más afectadas”— que significa poco. Todas las regiones del mundo son la más afectada, cada una llena de sufrimiento.

Sin embargo, América Latina y el Caribe ha sido la más afectada por el COVID-19, con un 8,9% de la población mundial y un 27,8% de las muertes producto de la pandemia (aunque estas cifras no son precisas, dado el colapso de la medición en India). El aumento de los contagios de COVID-19 sigue su curso por Latinoamérica y el Caribe, y las muertes sobrepasaron el millón a fines de mayo de 2021. Producto de las vulnerabilidades estructurales de la región y de los confinamiento erráticos, las tasas de desempleo están muy altas y el servicio de la deuda externa en proporción con la exportación de bienes y servicios es debilitante (sobre 59%).

Un problema clave en los países latinoamericanos es el aumento de la pobreza en la clase trabajadora, que incluye tanto a las personas empleadas como a las desempleadas. Quienes están empleadxs —que en su mayoría trabajan menos horas que antes y en condiciones más precarias— tienen tantas posibilidades de enfrentar el hambre y la indignidad como quienes han caído en las filas de personas en situación casi permanente de desempleo. Las políticas de generación de empleo “deben estar en el centro de la recuperación económica”, dijo el director para América Latina y el Caribe de la OIT, Vinícius Pinheiro, aunque el control de las finanzas internacionales hace difícil a los gobiernos adoptar este tipo de políticas.

Es precisamente por eso que el Instituto Tricontinental de Investigación Social —en diálogo con una red de institutos de investigación afines— ha comenzado el borrador de un Plan para el mundo postpandemia, dirigido por la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA -TCP). El borrador consiste en un plan de cinco puntos que esperamos que sirvan para incentivar la discusión y el debate:

1. Aumentar el nivel de los bienes y servicios sociales como la salud pública, la educación pública y el ocio público, para disminuir la presión sobre los salarios.

2. Fortalecer los sindicatos y la cultura sindical para que las personas dejen de verse como individuos aislados en desesperación intentando encontrar trabajo o mejorar sus condiciones laborales por sí solos.

3. Crear centros de empleo con financiamiento público, para asistir a las personas desempleadas en su búsqueda de trabajo. Estos centros deben tener una base en una red de sindicatos de desempleadxs.

4. Proporcionar sistemas de seguridad social robustos y con un financiamiento público, sin pruebas de recursos ni requerimientos de trabajo.

5. Comenzar un proceso para reducir la semana laboral, asegurando un salario digno para todas las personas.
    

Agradecemos sus comentarios sobre estos puntos, que serán parte de un plan integrado que incluye una propuesta para levantar financiamiento para implementarlo. Si tienen alguna sugerencia, no duden en escribir a plan@thetricontinental.org. 

El Instituto Tricontinental de Investigación Social es una red descentralizada de centros de investigación y proyectos con sede en los continentes de África, Asia y Latinoamérica. Uno de estos centros está en Buenos Aires, donde el Instituto Tricontinental ha estado estudiando de cerca la crisis de América Latina y el Caribe, pero también analizando con atención los posibles modos de salir de la crisis. Un informe, por ejemplo, observa en detalle la situación de lxs trabajadorxs más precarizadxs de Argentina, lxs trabajadorxs excluidxs cuyo trabajo mantiene unida a la sociedad. En este informe, el equipo de investigación destaca que el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) no solo lidera el sector con luchas contra sus terribles condiciones laborales, sino que también han sido parte de la elaboración de un plan para la reconstrucción económica de Argentina. Otro informe del Colectivo de trabajo de Argentina examina el aumento de la desigualdad entre las naciones más ricas y las más pobres, así como al interior de las naciones más pobres. Este equipo está construyendo un diagnóstico robusto de la reproducción social de la pobreza, con un énfasis especial en la división sexual del trabajo, para contribuir a los debates públicos sobre los caminos no solo para salir de la crisis de la pandemia, sino para salir de la crisis del capitalismo.

En 2019, el equipo de Buenos Aires creó el Observatorio de la Coyuntura en América Latina y el Caribe (OBSAL) para elaborar análisis de las estrategias y políticas que configuran la región. Los informes del OBSAL se publican cada dos meses. En el informe nº 12 (mayo de 2021), por ejemplo, abordan desde las masivas protestas y la represión en Colombia hasta las elecciones de nuevxs constituyentes en Chile. No hay mejor lugar para hacerse una idea de la densidad de los eventos que revelan —tras su análisis— las tendencias estructurales que se despliegan en el continente.

Durante su presentación del 2 de junio en el Comité de Alto Nivel sobre la Cooperación Sur-Sur de la ONU, Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), dijo que el continente necesita erradicar la pobreza, avanzar hacia la igualdad, y revitalizar los procesos de integración regional. Esta evaluación es correcta, aunque moderada por la intrusión de Estados Unidos y los ricos tenedores de bonos, los primeros tratando de enfrentar a los países de América Latina entre sí y los últimos impidiendo una sana renegociación de la deuda regional. Nuestro equipo de investigación está reuniendo evidencia no solo de los problemas, sino también para articular los elementos para dar solución a las crisis estructurales. Nuestros países necesitan un plan de largo plazo para salir del régimen neoliberal. Ayúdennos a desarrollar esa agenda.

Boletin 23 (2021)