La pérdida de importancia de la política fiscal como instrumento de recuperación y estimulador del desarrollo económico ha sido una tendencia en la mayoría de los rincones del mundo; pero queda más acentuado en los países periféricos porque tienen carencias únicas en la toma de decisiones. Una de las más importantes es que no pueden realizar política económica independiente, sin tomar en cuenta factores de países del centro y desarrollados, que tienen más libertad con respecto a decisiones autonómicas.

Esto resulta preocupante, porque en los países latinoamericanos como México, con condiciones estructurales propias de estados nacionales de la periferia, como la vulnerabilidad a las crisis de deuda, procesos de hiperinflación característicos de la región y choques del exterior de manera aumentada, se encuentran además con el límite de la austeridad y el mito de la búsqueda del balance presupuestario como fin hacia la estabilidad. De esta forma, los países que han seguido explícitamente las recomendaciones y postulados hegemónicos de la escuela ortodoxa económica como acciones solucionadoras, quedan aún más expuestos a la dependencia de acciones de los países centrales y sus mercados internacionales, llevando políticamente a un déficit general de decisiones en el que solamente se queda la falta de acciones complementarias en todas las órbitas de la política económica para aligerar sus consecuencias.

Además de ello y dejando de lado su funcionalidad previsora o como “remedio” contra las crisis en estos países, el abandonar el papel de la política fiscal en materia desarrollista y crecimiento supone riesgos altísimos para alcanzar el potencial económico y de bienestar ideal, creando una tendencia al rezago y estancamiento en estos temas. Este argumento se explica mejor al realizar una comparativa histórica del uso de la política fiscal en otros países con los datos actuales del caso mexicano antes y después del dejar estas acciones gubernamentales para darle prioridad a la política monetaria.

Tampoco olvidemos que, con esta tendencia, no sólo existen consecuencias económicas resultantes de este abandono, sino riesgos sociales preocupantes en países como México, ya que la política fiscal orientada en materia de desigualdad históricamente ha tenido un efecto redistributivo del ingreso con la población más afectada. Retomando autores que han tocado estos tópicos, como Octavio Vargas, han demostrado lo que sucede cuando hay sistemas fiscales basados en políticas insuficientes, resultando en un alcance casi nulo, dificultando la disposición de gasto público a ejercer y limitando el rol del Estado a cubrir necesidades básicas desde la lógica “austera”, insuficiente e ineficaz para la población y claramente para los intereses económicos en común. En suma, se deja de lado la estabilidad de una mayoría poblacional por una relativa estabilidad macroeconómica y el beneficio de la población de mayores ingresos (Vargas, 2010).

También hay diferentes aproximaciones con respecto de hasta dónde la política fiscal se necesita en países en vías de desarrollo, por lo que otros autores de la región han estudiado estos alcances y han hablado sobre los límites que todavía se presentan en la actualidad. José Vargas-Hernández (2015), destaca la imposibilidad de no relacionar la política fiscal directamente al alcance y eficiencia del sistema tributario, es decir, cuánto y qué tan bien se recaudan y se utilizan los impuestos, así como su posterior implementación en forma de gasto público para influir en el desarrollo y crecimiento de la economía, en vez de separar erróneamente estos elementos y únicamente utilizarla para suavizar la volatilidad de los ciclos económicos (Vargas-Hernández, 2015).

Esta visión se queda muy justa para las necesidades específicas mexicanas y se desaprovecha el potencial total de esta herramienta de política económica, aunque este autor también destaca que, después de la crisis del 2008, se retomó como tendencia mundial el papel de la política fiscal como eje indispensable de la política económica y su importancia en la discusión como herramientas para presentar soluciones a sus problemas específicos, en América Latina el consenso se encontraba dividido al respecto. Por su parte, Alejandro Cuestas Caza en su estudio aplicado para Ecuador, describe a la política fiscal como un elemento indispensable en países latinoamericanos sudamericanos, ya que fomenta la cohesión social mediante la capacidad para recabar ingresos financieros que destina a financiar el gasto público y lo redistribuye en un marco de justicia social (Cuestas, 2013).

Debido a la falta clara de esta cohesión real en la realidad latinoamericana y en momentos de crisis económicas anteriores, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) proponía la importancia de la política fiscal para el estado de bienestar como medida preventiva y de ciertamente políticas solucionadoras, cuya configuración es un proceso fundamentalmente político; por lo tanto, hay ciertos matices que no dependen específicamente de la órbita económica y se ve reflejado mejor por los objetivos políticos de los organismos hacedores de política económica para solucionar estas problemáticas (OCDE, 2008). Por ejemplo, desde la postura oficial, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, menciona que “trabaja activamente en la definición e implementación de políticas fiscales enfocadas en alcanzar el equilibrio entre los programas de gastos e ingresos gubernamentales” (SHCP, 2021). El gobierno mexicano se enorgullece de los resultados positivos, también desde la SCHP, que, resultado de esta política fiscal y de hacer eficiente los sistemas recaudatorios, se ha logrado ampliar la base de contribuyentes en el país, aumentando consistentemente la recaudación fiscal y reduciendo su dependencia a los ingresos petroleros durante los últimos años (SHCP, 2021). Esto expone a la lógica del gobierno mexicano actual, que sigue guiado por los postulados ortodoxos e incluso en sus acciones y en sus pronunciamientos, por ejemplo, cuando el mismo Presidente promueve -como lo ha hecho muchas veces- a la austeridad como un pilar primordial de su gobierno (Presidencia de la República, 2018).

Por esto, habría que cuestionar si esta lógica es realmente importante para el país en momentos de la crisis dejada por la pandemia y si se solucionarían apropiadamente sus consecuencias, ya que esta mentalidad convierte a la inversión de la iniciativa privada y el alcance de la política monetaria en las solucionadoras exclusivas, y ambas, por sí solas, resultan insuficientes e incluso evitan la mejora de indicadores de crecimiento y desarrollo a largo plazo. Este fenómeno es comparable a cuando se tapa con yeso las grietas generadas por un temblor en una construcción, ya cuando venga el siguiente siniestro, estos parches estéticos no serán de gran ayuda lo que podría incluso llevar al colapso, esto debido a que el capitalismo tiende a ser cíclico y es un consenso general entre los economistas que estas mismas tienen menos distancia temporal entre ellas.

Básicamente, el dejar de lado el carácter preventivo y desarrollista de la política fiscal es un riesgo altísimo para países como México, porque se ignora realmente que el tener instrumentos de este tipo representa oportunidades para la sociedad, en el sentido de que, con mayores inyecciones de gasto público a sectores afectados, como en la pandemia fue el de la salud, o directamente brindando apoyos significativos a la sociedad, además de que brindan una mejor calidad de vida a ésta en períodos difíciles, podría compararse a países que sí tuvieron el uso más ambicioso de la política fiscal, suavizando los efectos de la pandemia y evitando el colapso de los servicios públicos, así como las consecuencias del desempleo.

Por otra parte, esta línea de abandonar la política fiscal y dejar la lógica monetaria actual que tiene el país, representa el tener menos acciones puntuales y realistas en contra de la desigualdad. Esto, si bien coincide con las categorías del estado de bienestar “a la mexicana” en concordancia con la categorización realizada por Carlos Barba de los regímenes de bienestar mexicano (Barba, 2013), sigue siendo un problema que se puede controlar bajo el cambio de órbita, en el que con reformas a realizar para lograr un carácter redistributivo en el sistema tributario mexicano similar a lo desvelado por Octavio Vargas y su diagnóstico de éste (Vargas, 2010).

La austeridad pone en riesgo la calidad de la salud, transporte y educación de los mexicanos en plena pandemia y los tiempos de la diversificación tecnológica del trabajo, junto con otras garantías, en el sentido de que se limita aún más los ineficientes servicios públicos mexicanos por los diversos recortes promovidos por la administración actual. En esta misma órbita, algunas recomendaciones y diagnósticos de que herramientas utilizar en situaciones de crisis o períodos de lento crecimiento económico provistos por la OCDE (e inclusive algunos documentos del Gobierno mexicano) sugieren los niveles de recaudación fiscal todavía presentan niveles más bajos que el deseable para una economía como la mexicana en tiempos de crisis, por lo tanto existe y una falta significativa de recursos y sumado al combate significativo de la administración actual a mantener unas fianzas públicas en equilibrio presupuestario, sería ilógico dejar de lado estos elementos indispensables para una política fiscal más adecuada y sin limitaciones, en vela de este supuesto “ahorro” en las cuentas públicas y su manejo sin tomar en cuenta la funcionalidad de las finanzas públicas, es decir para que sirve la gestión de los recursos públicos más que para la provisión de servicios públicos de calidad, su mantenimiento y demás proyectos que promuevan el bienestar de la población y el desarrollo económico (OCDE, 2008).

Este último punto podría ser un ingrediente letal para provocar un colapso social de gran escala si tuviéramos un escenario como una pandemia más severa que el actual con este sistema de seguridad social que claramente no cubre a toda la población en cuestiones de salud o daños en sistemas de transporte más graves que los presentados hasta ahora, como un daño irreparable y una tragedia mayor a los sucesos recientes dentro sistema de metro de la Ciudad de México por la falta de mantenimiento, resultado de la lógica “austera”, escenarios que serían un punto de quiebre para el hartazgo social por el sistema político y económico, mientras que la clase gobernante siga perpetuando económicamente iniciativas de este tipo en el que se ignora a la política fiscal como base de la política social y desarrollista y en cambio girar hacia una lógica de mercado, similar a lo ocurrido en años recientes en Colombia o Chile.

Para último, es necesario exponer que, si no existe un cambio hacia una política fiscal más ambiciosa, se va a tener que soportar por los habitantes del país los estragos de la periferia, se pierde la herramienta política más importante y que se ha comprobado empíricamente en otros países, por diversos autores, para la mejora de las condiciones que fomentan el crecimiento y el desarrollo. Por lo tanto, es claro que típicamente el sector público, mediante una recaudación y posteriormente mejores niveles de gasto, pueden lograr bases más sólidas para salir mejor parados en procesos como la actualidad.

- Flores Abarca Yolotzin Jalil Estudiante de licenciatura en Economía por la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (FE-UNAM). E-mail: yasuoayanami@gmail.com

Bibliografía:

Barba, C.et al. (2018) Políticas sociales en América Latina en los inicios del siglo XXI: innovaciones, inercias y retrocesos. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina: CLACSO, Tijuana, Baja California, México. El Colegio de la Frontera Norte.

Cuestas J., (2013). La política fiscal implementada en Ecuador y su relación con los modelos alternativos de desarrollo (2007-2012). Tesis de Maestría. Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, EGAP Gobierno y Política Pública, Campus: Ciudad de México

OCDE (2008). Política fiscal y desarrollo en América Latina: en busca del vínculo: Resumen ejecutivo. Perspectivas económicas de América Latina 2009. http://dx.doi.org/ 10.1787/4710360380.

Secretaria de Hacienda y Crédito Público (2021) Portal de Banobras y oportunidades inversión. México. 26 de marzo de 2021.

Presidencia de la República (2021) Extracto de los comunicados de prensa. México. Consultado de 26 de marzo de 2021.

Vargas-Hernández, J. (2015). Propuesta para el análisis de la política fiscal. Revista De Derecho, (18), 119 - 138. https://doi.org/10.5377/derecho.v0i18.1995

Vargas Téllez, C.(2010) ¿Es redistributivo el sistema fiscal en México? La experiencia de 1984-2002. Estudios sociales vol.18, n.35, pp.53-99. ISSN 0188-4557.