Se suele decir que la grieta es entre populistas y republicanos, tolerantes e intolerantes, entre delincuentes y "ciudadanos de bien", entre izquierda y derecha, pero la verdadera grieta es entre oligarquía versus pueblo. La segunda semana de junio dejó claro de manera meridiana que los que pregonan que la lucha de clases no existe, son justamente quienes se encuentran en la vereda de enfrente de los trabajadores.

Los poderes concentrados en este país fueron renombrados por el propio Presidente derechista Luis Lacalle Pou como los “malla oro”, los que en una vuelta ciclista van ganando la carrera, liderando la tabla de manera individual. Según Lacalle Pou son los que van a empujar la economía. El tema es hacia dónde.

Además de las frecuentes cortinas de humo de este gobierno: dirigentes desbocados en redes sociales, declaraciones retrógradas y auditorías a la administración anterior. Más los dimes y diretes con la oposición, como interpelaciones donde el oficialismo hace oídos sordos y dirigentes que piensan en las elecciones de 2024 y en untar votos. 

Detrás de todo esto, sucede lo importante.

El paro general del 17 de junio, convocada por la unitaria central de trabajadores PIT-CNT, desmitificó (una vez más) la muletilla de que los que generan riqueza en esta sociedad son los patrones. La central sindical elaboró un documento con reclamos, medidas y propuestas para amortiguar las consecuencias de la crisis de la pandemia y del gobierno de la derechista Coalición Multicolor. 

El panorama para los trabajadores es de una inflación que le va ganando a los salarios, la canasta familiar aumentando día a día, suba de combustibles y aumento de tarifas. Para los “malla oro”, rebaja del combustible para las cosechas que les significó un ahorro de 600 millones de dólares, 4.000 millones de dólares en depósitos en el exterior, aumento de más del 30% en las exportaciones de sectores como el lácteo, maderero, soja, carne, ganado en pie y celulosa. 

El secretario general de la central sindical, Marcelo Abdala, sostuvo que la medida está absolutamente justificada tras el rechazo del gobierno a generar un “diálogo nacional en defensa de la vida”.

“Aquí ha caído otro mito, los que dicen que los paros generales son exitosos porque para el transporte han tenido un enorme desmentido. A instancias nuestras, el transporte facilitó la circulación para que la gente llegue al vacunatorio y el paro fue recontra contundente", enfatizó el dirigente en la puerta de Torre Ejecutiva, sede de la Presidencia.

Abdala denunció que hay más de 100.000 nuevas personas en situación de pobreza y 80.000 desempleados, y mencionó que los números quedaron en evidencia tras el lanzamiento del programa de “jornales solidarios”, en el que se presentaron 230.000 personas por un trabajo. “Eso te habla de la situación del país”, sentenció.

El documento que entregó el PIT-CNT –que convocó a un paro general el 17 de junio- al gobierno contiene cinco capítulos, casi todos dedicados a medidas de reactivación económica y protección, y estimulación del empleo, salvo el primero, que plantea ideas para fortalecer la inserción internacional.

Para generar más puestos de trabajo, la central propone un incremento en la inversión pública y el gasto estatal a través de “compras públicas” que apuntalen la producción nacional. También pide “relanzar el sector de los cuidados”, modificar la Ley de Empleo Juvenil para facilitar el ingreso de los jóvenes al mercado de trabajo y generar facilidades para el acceso a la tierra de los pequeños y medianos productores rurales.

Las 13 páginas también contienen el reclamo por un ingreso básico de emergencia, y el de una negociación colectiva que apunte a un mejoramiento del nivel salarial.

Allí está la grieta.

Por si faltaba algo más, el segundo hecho que da cuenta de la lucha de clases y uno de sus tantos frentes de disputa, son los Consejos de salarios, instrumento tripartito que negocian las pautas salariales y de condiciones laborales entre la patronal, los trabajadores y el gobierno en representación del Estado. Antes de repasar lo coyuntural vayamos un poco más en perspectiva a repasar la historia de los Consejos de salarios.

Éstos se inician en 1943 en el gobierno de Juan José de Amézaga, del Partido Colorado. En el período entre 1943-1968 los salarios aumentaron un 3%, a pesar de que el crecimiento del PBI fue de 5%. A partir de 1968 con el gobierno autoritario del colorado Jorge Pacheco Areco, los salarios y precios fueron congelados.

Durante la dictadura civil-militar (1973-1985) la clase trabajadora fue a la pérdida. Desde el período iniciado en 1971 (dos años antes de la dictadura,o con las políticas del entonces presidente Jorge Pacheco Areco) hasta 1984 redujo su poder de compra en un 60%. La expansión del endeudamiento externo bruto (tanto público como privado) pasó de 478 millones a 3.919 millones de dólares entre 1973 y 1985. El crecimiento dentro de dicho período fue de 4.49% y los salarios decayeron -2.89%.

En el primer gobierno posdictadura con el presidente colorado Julio María Sanguinetti, el crecimiento del PBI fue de 3.87% y los salarios crecieron un 4.23% pero hay que recordar que éstos no solo no acompasaban el crecimiento del país sino que iban en números negativos desde años anteriores.

Así y todo, los consejos de salarios se convocaban. Bastó que un gobierno del Partido Nacional y herrerista, su facción más conservador, asumiera el gobierno (con la presidencia de Luis Alberto Lacalle Herrera, padre del actual mandatario) para barrerlos de un plumazo. En la década del 90 hubo un crecimiento del PBI de un 3.34% y el de los salarios de 0.46%.

A partir de la asunción del centroizquierdista Frente Amplio al gobierno -y luego de la fatídica crisis del 2002-, se volvieron a convocar los Consejos de Salarios en 2005 incorporando al sector público y el rural. El salario real creció ininterrumpidamente por quince años e igualmente el PBI.

Un estudio realizado por consultores para el FMI, remarca que la negociación colectiva pasó de alrededor del 28% de trabajadores cubiertos en el año 2000 a 97% en el 2005, primer año de gobierno del Frente Amplio.

Llegamos a hoy

El cóctel pandemia y gobierno oligárquico es una mezcla fatal para la clase trabajadora y ya se registraron las primeras caídas de salario real y del PBI de los últimos tres lustros, e incluso superando las predicciones del Banco Central del Uruguay.

El oficialismo entendió que dejar de convocar a los consejos de salarios sería un error importante, ya que los mismos están arraigados en la cultura del trabajo de los uruguayos. Entonces optó por entrar en las rondas de negociación sin propuesta alguna, apoyando tácitamente a las patronales.

El año pasado el Ejecutivo sí planteó lineamientos para la negociación. Debido a la emergencia sanitaria, se acordó abrir un “período puente”. Hubo ajustes que determinaron pérdida de poder adquisitivo con pocas excepciones, y quedó planteado que ese daño comenzaría a reducirse en 2022 si la situación económica lo permitía. Hoy ya los analistas económicos plantean que no se va a poder recuperar esa pérdida.

Para el economista Juan Manuel Rodríguez, director del Instituto de Relaciones Laborales de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Católica del Uruguay, el gobierno se encuentra ante un dilema entre conformar a sus aliados empresarios y evitar un escenario de conflictividad con el movimiento sindical. Esto debido a que las partes se encuentran en posiciones antagónicas de cara a la negociación.

“Si el gobierno lograra dividir las posturas de los trabajadores entre sectores, el conflicto se reduciría. Si los lográs dividir, tenés un gran éxito. Hay 21 Consejos de Salarios, con lo cual, más allá de que el PIT-CNT tenga una postura única, va a haber negociaciones específicas”, remarcó Rodríguez.

Las patronales siguen apostando a un nuevo período puente, lo que implica pérdida salarial de los trabajadores, nuevamente. “El objetivo sindical es que, naturalmente, para que la economía mejore tiene que haber un empuje del poder adquisitivo” sostiene el PIT-CNT.

El mercado interno está deteriorado por varios factores: porque se perdieron en el entorno de 50.000 puestos de trabajo, dependiendo de los trimestres que se midan; porque bajaron los salarios 5% en públicos y probablemente llegue a 4% en privados; porque efectivamente hay un deterioro del poder adquisitivo de los hogares y porque hay 80.000 trabajadores en el seguro de paro, cobrando la mitad de lo que cobraban.

Si queremos mejorar el mercado interno, tiene que haber movimientos múltiples en torno a la generación de empleo y a la mejora del poder adquisitivo en los hogares uruguayos, y eso es el salario, apuntó Fernando Pereira, presidente del PIT-CNT.

* Nicolás Centurión es Licenciado en Psicología, Universidad de la República, Uruguay. Miembro de la Red Internacional de Cátedras, Instituciones y Personalidades sobre el estudio de la Deuda Pública (RICDP). Analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, estrategia.la)

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