Haití vive, desde hace tres años, un espiral ascendente y aparentemente incontrolable de inseguridad, asociado a la existencia de más de 77 grupos delincuenciales armados, según datos de la Comisión Nacional de Desarme, Desmantelamiento y Reinserción (CNRDDR). Aunque, como desarrollamos en otro artículo, la proliferación de sectores armados escapa a la sola existencia del crimen organizado y a las fuerzas represivas del Estado -muy lejanas de toda ambición de monopolizar el ejercicio de la violencia- nos concentraremos en el creciente poder de los gangs, tal como se los conoce en el país caribeño.

Pese a los loables objetivos estipulados por el propio nombre de la CNRDDR, reactivada en 2016 tras haber sido disuelta en el año 2011, otro dato viene a confirmar el rotundo fracaso del gobierno de facto de Jovenel Moïse y su partido el PHTK: la circulación, en esta pequeña nación, de más de 500 mil armas -apenas unas 45 mil legalizadas-. El número de armas ilegales se ha duplicado en apenas 5 años, considerando las cifras aportadas por la Policía Nacional en el año 2016. Haití, como es obvio, no es productor ni del armamento ni de la munición de guerra que ostentan algunos de estos grupos criminales altamente organizados. Su origen presumible, según diversos organismos de derechos humanos, sería nada menos que el principal exportador mundial, los Estados Unidos, cuya participación en el mercado mundial de armas ascendió del 32% al 37% en el quinquenio 2016-2020, suministrando armas a más de 96 países, según los informes del Instituto de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI, por sus siglas en inglés). Esta presunción cobró fuerza el 12 de noviembre del 2019, cuando el ex marine Yves Sebastien Duroseau, de 33 años, fue detenido en el Aeropuerto Internacional Toussaint L’Ouverture, tras descender del vuelo 949 de American Airlines portando tres maletas llenas de armas y municiones.

Estas bandas armadas no sólo han crecido en número y en armamento, sino también en financiamiento, poder territorial y capacidad operativa. Las más poderosas de todas ellas construyeron incluso una federación conocida como el G9 an fanmi e alye -el Grupo de los 9 en familia y alianza-, en relación a sus nueve principales cabecillas. El G9 tiene hasta su propio canal de Youtube, y el 7 de julio del 2020 movilizó a 50 de sus miembros, fuertemente armados, por las calles de Puerto Príncipe, exigiendo una suerte de “reconocimiento legal”. Aquella singular caravana del terror fue realizada en el mismo tipo de vehículos blindados utilizados por las unidades especiales de la Policía Nacional.

En un infrecuente gesto de firmeza de parte del poder político, el entonces Ministro de Justicia Lucmane Délile clamó por la persecución y arresto de los criminales que desfilaban impertérritos, a plena luz del día, por las calles de la ciudad capital. En conferencia de prensa, Délile declaró: “Sentimos que era extremadamente grave que bandidos armados tomaran las calles de la capital para aterrorizar a ciudadanos pacíficos. Haití no es una república bananera donde los delincuentes pueden hacer lo que quieran. Ordeno a la PNH [Policía Nacional de Haití] que localice a estos criminales, porque es repugnante e inaceptable lo que vi en la televisión. ¡No estuve allí, pero he vuelto! No aceptaré esta comedia de mal gusto”. Tras las declaraciones, el ahora ex Ministro fue inmediatamente apartado de su cargo por el presidente de facto Moïse.

El gran organizador del G9, su principal cabecilla y portavoz, es ni más ni menos que un policía exonerado de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UDMO), un cuerpo especializado de la Policía Nacional. Su nombre es Jimmy Cherizier, popularmente conocido como “Barbecue”. Su separación de la fuerza se produjo tras un operativo realizado el 13 de noviembre de 2017 en Grand Ravine, en el que 8 civiles y dos policías perdieron la vida, así como unas 30 personas resultaron heridas.

Hace años que organismos de derechos humanos como la RNDDH y la Fundación Je Klere, así como un amplio arco de oposición que va desde la extrema derecha del ex oficialista Youri Latortue hasta los movimientos sociales del campo y la ciudad, denuncian la connivencia entre Barbecue, Jovenel Moïse y el partido de gobierno. Así, por ejemplo, una entrega de alimentos a las poblaciones más humildes del distrito de Delmas sucedida a comienzos del 2020, fue coordinada por la policía nacional y el propio Barbecue, quién fue tratado con la deferencia que merecería un líder social, y no como un criminal reconocido sobre el que pesa una orden de captura.

Una investigación conjunta entre el medio local AyiboPost y la plataforma Connectas, se refiere al caso del médico Jerry Bitar, cuyo secuestro el día 27 de marzo generó enorme revuelo en las redes sociales, un paro de los trabajadores de la salud y hasta una movilización de importancia. Ante la magnitud nacional e internacional que comenzaba a tomar el caso, el primer ministro de facto Jospeh Joute aseguró que estaba trabajando para garantizar su seguridad, tras lo que Bitar fue liberado con total sincronía. En un tuit que luego borraría, Joute agradecía al propio presidente de facto por su involucramiento personal en el caso. En una suerte de confesión de parte, Moïse declaró en aquel mismo mes: “priorizamos el diálogo, incluso en nuestra lucha con bandidos y pandillas (...) Soy el presidente de todos los haitianos, los buenos y los malos”. Incluso antes del apogeo de Barbecue y el G9, el otro bandido más buscado del país hasta su asesinato, Anel Joseph, había frecuentado reiteradas veces a senadores del partido de gobierno, así como escapado dos veces de prisión con la presunta anuencia del poder político.

El G9 controla completamente las áreas de Martissant, Village de Dieu, Grand Ravin, Bas Delmas, Bel Air, Cité Soleil, Fort Dimanche y muchas otras, emplazadas principalmente en la zona central de Puerto Príncipe y en los accesos norte y sur de la zona metropolitana, lo que, en la singular geografía haitiana, le da una excepcional capacidad de aislar a la capital del resto del país. Estos territorios son centrales por varios motivos: por su abigarrada densidad poblacional -sólo el barrio de Cité Soleil concentra a casi 300 mil personas-; por su específico peso electoral a la hora de definir cualquier comicio; pero principalmente por tratarse de algunas de las zonas más radicalmente movilizadas desde los tiempos del gobierno del cura progresista Jean Bertrand Aristide. En los últimos grandes ciclos de protestas, de aquí han salido las multitudes que se han enfrentado activamente a la carestía de la vida, a la eliminación de los subsidios a los combustibles exigida por el FMI, y al mayor escándalo de corrupción de la historia del país, que produjo el desfalco de un monto equivalente a un cuarto del PBI haitiano.

Entrevistando en Bel Air a algunos de los sobrevivientes de las dos masacres sufridas en el barrio -cuya identidad reservamos por motivos obvios-, los pobladores nos refirieron cómo durante las grandes jornadas de movilización nacional, las bandas armadas bloqueaban los accesos del barrio, impidiendo la libre circulación de las personas y amenazando de muerte a quien pretendiera movilizarse hacia Champ de Mars, centro político del país y epicentro de las protestas.

Además de esta suerte de guetificación intermitente de las periferias, y de las reiteradas masacres -Bel Air, La Saline, Cité Soleil, Tokyo, Carrefour-Feuilles, la lista es larga-, el modus operandi incluye los enfrentamientos armados con bandas rivales y la utilización sistemática del secuestro como forma de financiamiento. El primero de junio, dos pandillas rivales comenzaron a disputarse el control del barrio de Martissant, en una serie de escaramuzas que continúan hasta la fecha. Al menos 10 muertos han sido reportados, y según Pierre Espérance, director de la RNDDH, unas 10 mil personas fueron desplazadas de sus hogares en las últimas semanas. Las hostilidades sólo cesaron el día 6 de junio, cuando el Primer Ministro del gobierno de facto visitó el lugar, lo que alimenta las sospechas de entendimiento y colusión de intereses entre las pandillas y el Estado.

Respecto a los secuestros, quizás sea este uno de los fenómenos que más conmocionan a la sociedad haitiana, más aún cuando niños y estudiantes de liceo resultan sus víctimas. Sus patrones parecieran ser completamente azarosos, teniendo por fin último aterrorizar y desmovilizar a la población en su conjunto, la que ha sido forzada a una dinámica de reclusión al caer la luz del sol. Se ha registrado el secuestro desde profesionales hasta campesinos, desde vendedoras callejeras hasta agentes de policía. Las sumas, exorbitantes, demandadas a las familias -la mayoría de origen humilde- pueden llegar hasta los 100 mil dólares norteamericanos. Ya los reportes de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH), señalaban el año pasado un incremento del 200 por ciento en la incidencia de este flagelo. Pero si consideramos que la BINUH se basa en fuentes policiales y que la inmensa mayoría de los casos son resueltos entre las familias y las bandas criminales, sin la mediación de la justicia o las fuerzas de seguridad, debemos estimar una incidencia aún más alta. La organización Défenseurs Plus, por su parte, ha calculado en unos 1270 los secuestros ocurridos tan sólo durante el año 2020. Pero las tácticas de financiamiento de estos grupos han dado un salto cualitativo, con el saqueo de tres almacenes ubicados en la Ruta Nacional n° 1, en las inmediaciones de los principales puertos y de la terminal de Varreux, en donde se recibe y deposita el stock de combustible del país.

En un giro tan inverosímil como inesperado, el líder del G9 apareció en público el 23 de junio, en un video que rápidamente se viralizó en las redes sociales. Acompañado de un pelotón de jóvenes encapuchados y armados -varios de ellos con indumentaria de la propia policía-, Barbecue anunció el comienzo de una “revolución armada”, consumando un giro discursivo contra el Estado, el gobierno y la oposición política. Utilizando la simbología nacional y evocando a los héroes de la revolución de independencia, invitó a la población a armarse y a incorporarse a su organización.

En un contexto en que el establishment nacional e internacional busca una salida a la agónica crisis de hegemonía de las clases dominantes desatada desde las movilizaciones de julio del 2018, la performance de Barbecue no sólo permite blindar al poder político de los cada vez más claros indicios de connivencia y alianza con el crimen organizado, sino que dota de argumentos a quienes pregonan o bien la instalación de una dictadura de tipo neoduvalierista que “pacifique” el país a la fuerza, o bien la instalación de una nueva misión internacional de ocupación. Haití, con el concurso de las grandes potencias, parece despeñarse por el barranco de los proyectos paramilitares que ya han asolado antes a otras naciones de Centroamérica y el Caribe, promoviendo el caos organizado, la inseguridad estratégica y la desestructuración de todo el tejido social y comunitario, abriendo la puerta a una política de shock que logre desmovilizar a sus indómitas clases populares.

Lautaro Rivara es sociólogo, periodista y analista internacional.

@LautaroRivara

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