Los expresidentes Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), Ernesto Zedillo (1994-2000), Vicente Fox (2000-2006), Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018) son acusados de diversos delitos, desde los financieros hasta los de lesa humanidad.

El oficialista partido Morena exhortó a sus simpatizantes a promover el voto por medio de redes sociales y casa por casa, mientras la dirigencia acusó al Instituto Nacional Electoral (INE) de bloquear el ejercicio al evitar su promoción bajo el pretexto de falta de recursos, impidiendo realizar la promoción mediática requerida, ante la campaña de desprestigio a la Consulta realizada por los sectores ultraconservadores ligados justamente a los expresidentes que se busca jugar.

El 19 de mayo se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la reforma a la Ley Federal de Consulta Popular que permitirá efectuar dicha Consulta Ciudadana, sin embargo, muchas instancias e instituciones públicas y de gobierno han manifestado su rechazo, desinterés e incluso su negativa para dotar de recursos a la Consulta

Para que la consulta sea vinculante se requieren 38 millones de votos, que darían pie al inicio de un juicio contra los exmandatarios, por su responsabilidad histórica en el desastre en que dejaron al país.

López Obrador hizo una interpretación de la pregunta que se llevará a consulta el próximo 1 de agosto. Aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó plantear la pregunta de la siguiente manera: “¿Estás de acuerdo o no en que se llevan a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?"

Sobre la pregunta, el presidente dijo: “Se puede interpretar como quieres que se investigue y, de conformidad con la ley, se juzgue a los expresidentes Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto? ¿Sí o no?”.

El mandatario invitó a los mexicanos a participar en la consulta e informó que él no votará. “Yo no voy a participar en la consulta, ni voy a votar porque se enjuicie a los presidentes, pero tampoco quiero pasar a la historia como tapadera, como alcahuete, que todos den a conocer su punto de vista libremente”, agregó

De lo que se trata es enjuiciar a los responsables del saqueo a la riqueza del país, la explotación, la corrupción, el genocidio, el narcotráfico, el paramilitarismo, la privatización y la desarticulación de los derechos sociales-laborales como el de la salud, la represión, los fraudes electorales, la violencia sistémica de todo tipo, su complicidad criminal, la entrega de las riquezas del país a las trasnacionales.

El presidente López Obrador señaló que es necesario enjuiciar a Carlos Salinas “porque entregó todos los bienes de la nación y del pueblo de México a sus allegados. Así de sencillo”. Fue el último presidente al que se le asignó una partida presupuestal, cuyo gasto no estaba sujeto a comprobación. Se le llamó 'partida secreta' y fue eliminada por el Senado el pasado 12 de marzo.

Añadió que se debe enjuiciar a Ernesto Zedillo “porque con el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) convirtió las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública y llevamos 30, 40 años pagando esa deuda”. El Fobaproa fue creado en 1990, con el objetivo de tener un “colchón” de dinero en caso de enfrentar una crisis económica.

En 1994, durante el gobierno de Zedillo se registró una de las crisis financieras más graves en la historia del país. Fue entonces que el gobierno federal usó este fondo para comprar deudas a los bancos y garantizar los ahorros de miles de personas. El “rescate” costó un billón de pesos, y hasta el momento se ha pagado otro billón de intereses, añadiò.

López Obrador explicó que se debe enjuiciar a Vicente Fox “porque engañó al pueblo, porque con el esfuerzo de muchos llegó a la Presidencia y se convirtió en un traidor a la democracia. Él ha confesado que cargó los dados en la elección del 2006 para imponer a Felipe Calderón”, acusó.

En 2006, AMLO fue candidato presidencial del PRD, Felipe Calderón del PAN y Francisco Labastida del PRI. Ese año, el candidato panista ganó por un estrecho margen. El exjefe de gobierno de la Ciudad de México rechazó los resultados, pues –acusó– hubo fraude en la elección. En 2018, Roberto Madrazo sugirió que sí existió el supuestos fraude electoral.

AMLO señaló que se debe enjuiciar a Calderón “porque desató la guerra, declaró la guerra a la delincuencia sin atender las causas; y se llevaron a cabo masacres, había instrucciones de rematar a heridos, y ahí están los datos, los niveles de letalidad en enfrentamientos", y porque en dos años de su gobierno, cuando se emprendió la llamada “Guerra contra el narcotráfico”, hubo más enfrentamientos y muertos que heridos o detenidos.

Además, acusó al expresidente panista de imponer a Genaro García Luna como secretario de Seguridad Pública durante su administración (desde diciembre de 2020, este exfuncionario se encuentra en una cárcel en Estados Unidos por perjurio y conspiración para realizar operaciones de narcotráfico).

Y finalmente indicó que a Peña Nieto se le debe enjuiciar “por los actos evidentes de corrupción. Ahí está como testigo protegido el que estaba de director de la estatal petrolera Pemex declarando que, por órdenes superiores, para aprobar las llamadas reformas estructurales, sobre todo la reforma energética, se entregaba dinero a legisladores de los partidos que ahora son de oposición”.

En febrero de 2020, Emilio Lozoya, exdirector de Pemex en el sexenio de Peña Nieto, fue detenido en España y luego extraditado a México por el caso Odebrecht. Lozoya presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República en la que señaló a Peña Nieto y a su secretario de Hacienda, Luis Videgaray, por gestionar sobornos millonarios desde la campaña electoral de 2012.

Nadie puede creer que, enjuiciados los expresidentes, los crímenes cometidos desaparezcan como por arte de magia, y mucho que el país de un salto al mundo de la justicia. No ha cambiado mucho el país: estos crímenes se siguen cometiendo y seguirán si no se ataca a fondo el mal que los promueve, el capitalismo.

Se trata de un paso, el, juicio y castigo a cinco expresidentes, impuesto por la voluntad popular, así como el pueblo chileno usó las urnas para determinar la necesidad de una Constituyente y la redacción de una nueva Constitución que ponga fin a los resabios legales de la dictadura de Augusto Pinochet.