Un documento inadmisible

Las primeras declaraciones judiciales de la ex autoproclamada Jeanine Áñez, la detención del ex ministro del gobierno Arturo Murillo por parte del FBI en EE.UU. -acusado de soborno- y el sistemático hallazgo de variados casos de corrupción y malversación de fondos perpetrados por funcionarios del gobierno golpista, colocaron a la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) en una embarazosa situación, habida cuenta de su activo papel en el proceso de legitimación del golpe de estado del año 2019. Es altamente probable que esos motivos hayan llevado a la CEB a hacer público un documento denominado “Memoria de los hechos del proceso de pacificación en Bolivia, octubre 2019-enero 2020”.

Lo primero que llama la atención es lo tardío de la declaración, que sale a la luz más de año y medio después de los sucesos, y luego de variadas y escandalosas filtraciones de datos, fechas, nombres y lugares donde se habían celebrado las reuniones convocadas por los obispos en el marco del golpe, soslayando la Asamblea Plurinacional (Parlamento) y los mecanismos para la sucesión presidencial que prevé la Constitución Política del Estado.

Otro aspecto sorprendente es que la CEB indica que de aquellas reuniones no quedan registros verificables, y que el documento se confeccionó en base a “remembranzas”, mecanismo extraño, sobre todo si se toma en cuenta que el obispo Eugenio Scarpellini, que fue uno de los principales protagonistas de aquellos conciliábulos, falleció hace un año atrás.

A continuación algunas consideraciones sobre el contenido del documento:

1. A pesar de autopresentarse como facilitadores del diálogo que gozan de la confianza y credibilidad de los actores en conflicto, es evidente que la CEB convoca a sus reuniones a conspicuos actores del golpe de estado, tanto individuos (Luis F.Camacho, Carlos Mesa, Jorge Quiroga, por ejemplo) como instituciones que no se componen mediante voto democrático (Comités Cívicos departamentales, Comité Nacional de Defensa de la Democracia, Fundación Jubileo).
 

2. Para describir la situación del último trimestre de 2019 recurre a generalizaciones. Así, habla de “incertidumbre y miedo” sin especificar de quien o hacia quienes. También de “la gente en las calles” y “la población”. Estas ambigüedades y otras como la referencia sin matices a “el pueblo boliviano” no son ingenuas, sino que refuerzan la épica de una supuesta sublevación masiva contra Evo Morales, relato también instalado sistemáticamente (y hasta hoy) por poderosos medios de comunicación.
 

3. El documento suscribe la hipótesis de la existencia de indicios de fraude electoral, apoyándose exclusivamente en el informe de la OEA, e ignorando las investigaciones de otras varias instancias internacionales. No es casual que uno de los activos participantes de aquellas reuniones de la CEB haya sido el ex presidente Carlos Mesa, que se había ocupado de promover la idea del fraude aún antes de conocerse los resultados de las elecciones, atizando acciones violentas, amenazas contra funcionarios de gobierno, y quemas de tribunales electorales departamentales.
 

4. Como indicamos antes, se evita analizar la volátil situación previa al golpe, en la cual ocurrieron numerosísimos casos de amedrentamiento y agresiones a militantes, simpatizantes o integrantes del gobierno del MAS-IPSP. Las renuncias de esos funcionarios son presentadas en el documento como fenómenos espontáneos y sorpresivos, que generaron caos y vacío de poder, ante lo cual un grupo de preocupados patriotas e instituciones debieron hacerse cargo de los destinos del país, aunque en una nítida operación extraparlamentaria.
 

5. El documento se enreda cuando trata de explicar y dar visos de legalidad a la selección y posterior asunción de la señora Áñez. Como paradoja, y quizá sin advertirlo, da a entender con suficiente claridad que la misma no juró ante la Asamblea Plurinacional. De ahí que esas revelaciones lleven hoy a numerosas personas a preguntarse no sólo donde y ante quienes tomó posesión Añez, sino incluso si llegó a hacerlo real y formalmente.
 

6. El aspecto más siniestro del documento de la CEB es el de la invisibilización de las víctimas de la represión. La masacre ocurrida en la localidad de Sacaba es presentada bajo el eufemismo de “enfrentamientos”, y la de Senkata calificada como “violencia desatada”. Abonan la hipótesis de choque entre fuerzas equivalentes, cuando en realidad se trató de ataques con armas de guerra contra población civil y desarmada. La CEB refuerza de esa forma los argumentos utilizados por el gobierno de facto, en el sentido de que aquellos que manifestaban en contra del golpe de estado se mataron entre ellos.
 

Iglesia católica
 

La jerarquía y el clero de la Iglesia católica en Bolivia, con honrosas pero escasas excepciones, es también hoy el resultado de más de tres décadas de ejecución del proyecto restauracionista y conservador de Karol Wojtyla (Juan Pablo II) y Joseph Ratzinger (Benedicto XVI). La consecuencia es una institución anodina y altamente burocratizada, que se aferra al “catolicismo cultural” aún prevaleciente en la sociedad. Es conveniente recordar que hace poco más de una década se opuso a la aprobación de la actual Constitución Política del Estado, fracasando en el intento. Era consciente de que con la nueva carta magna y su definición del Estado como independiente de la religión ya no podría mantener sus seculares posiciones de privilegio.
 

Reanimó su apuesta durante el año 2019, en el cual sucumbió a sus propias alucinaciones: suponer que había llegado la hora final del MAS-IPSP, y que incluso podría revertirse el denominado Proceso de Cambio, recuperando la estructura piramidal y excluyente del país. A semejanza de otros sectores sociales, cayó en la trampa de suponer que sus deseos eran los de las mayorías.
 

En ese entonces se arriesgó a operar en dos ámbitos. El primero, de tipo rústico, se desarrolló en torno a las protestas antigubernamentales y su amplia utilización de alegorías religiosas, hasta llegar al clímax del 10 de noviembre de 2019 con el primer emplazamiento de un ejemplar de la Biblia en el antiguo palacio de gobierno por parte de connotados golpistas, y una segunda exhibición pública del mismo símbolo en manos de Áñez, ya como mandataria autoproclamada. En todo ese proceso se expandió una vez más el argumento que presentaba a Evo Morales y el MAS-IPSP como anomalías e instrumentos del demonio, una realidad que se debía exorcizar para sanar a la sociedad boliviana y volverla a su diseño tradicional.
 

El segundo ámbito de operación fue más ingenioso y solapado. Ocurrió con la potente garantía de un golpe de estado en pleno avance, motines policiales, desacato de las Fuerzas Armadas, un gobierno evidentemente aturdido y paralizado, y el concurso de los propios golpistas y unos pocos embajadores extranjeros. Funcionó en base al mecanismo de una supuesta facilitación del diálogo, que en la práctica fue el instrumento para viabilizar y garantizar la entronización de un gobierno de tipo señorial y revanchista.