Las tibias señales de recuperación laboral de fines del año pasado en el continente chocan contra los impactos de las nuevas olas. Las proyecciones son inciertas y el futuro dependerá de cómo siga afectando la pandemia. Sin embargo, ya hay que programar la postpandemia.

La región deberá implementar políticas que estimulen la generación de empleos, particularmente entre los sectores más vulnerables: la juventud y las mujeres. Este es uno de los argumentos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) quienes publicaron en junio su Coyuntura Laboral en América Latina y el Caribe (https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/46955/1/S2100277_es... ), donde analizan los efectos críticos del COVID-19 en el continente.

Según las dos organizaciones onusianas, la crisis económica del año pasado, la más significativa del último siglo, se expresó en una caída del Producto Interno Bruto de -7.1%, y en una tasa de desempleo media continental superior al 10%. La que tuvo una particular incidencia en los sectores hotelero (19.2%), de la construcción (11.7%), del comercio (10.8%) y del transporte (9.2%). Los cuatro, en conjunto, concentran cerca del 40% del empleo regional total. A la industria la afectó en un       8.6%, en tanto en la agricultura un 2.4%.

Los cálculos de los organismos internacionales señalan que, debido a la crisis sanitaria, el año pasado, se perdieron en el continente más de 26 millones de puestos de trabajo. La Organización Internacional del Trabajo reveló que la tasa de ocupación promedio de la región se redujo del 57.4% al 51.7% entre 2019 y 2020. Otro estudio señala que una de cada seis personas de entre 18 y 29 años ha perdido su empleo en la región desde que se desató la pandemia.

De cara al futuro cercano, la CEPAL y la OIT sugieren la implementación de estrategias que permitan sentar las bases para un retorno, con mejores condiciones laborales, para todos los trabajadores. Entre ellas: apuntalar la recuperación del empleo en las categorías y sectores altamente afectados; mejorar aspectos institucionales referidos a la salud y seguridad en el trabajo; la formalización de la situación de los trabajadores; la promoción de la inclusión laboral de las mujeres, así como la regulación adecuada de nuevas modalidades de trabajo.

En su diagnóstico del mundo del trabajo dado a conocer el tercer lunes de junio, las dos organizaciones sostienen que los impactos más negativos se observaron en el segundo trimestre del año pasado, cuando se implementaron las medidas de confinamiento para intentar contener el pico pandémico. Lo que implicó la caída de la actividad económica, del empleo y de las horas trabajadas.

Especial incidencia negativa se registró en el sector informal y en los países en los cuales dicho sector es predominante. Un número significativo de trabajadoras y trabajadores no pudo continuar con sus labores, lo que les impidió generar ingresos para sus hogares y actuar de forma contra cíclica, a diferencia de lo sucedido con el sector informal en crisis anteriores. El cierre temporal de los servicios de cuidado y de las escuelas repercutió, además, en una sobrecarga del trabajo en los hogares. Fueron entonces las mujeres las que soportaron el peso principal de esta tendencia dado el rol decisivo que juegan en los quehaceres hogareños y en la gestión de la vida familiar.

Drama en la tragedia: la niñez trabajadora

Un efecto significativo colateral de la crisis pandémica regional fue el retroceso en los esfuerzos que América Latina y el Caribe venían realizando con la perspectiva de reducir o eliminar el trabajo infantil hasta el 2025. Entre 2016 y 2020 cerca de 2.300.000 infantes habían podido dejar de trabajar.

A partir del COVID-19, el prolongado cierre de escuelas y el aumento de la pobreza entre las familias más vulnerables arrastraron a más niñas y niños de la región a buscar formas de subsistencia. Según un nuevo estudio de la OIT y UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la infancia) que fue divulgado en la segunda semana de junio, más de 8 millones de niñas y niños de entre 5 y 17 años se ven obligada-os, actualmente, a trabajar en el continente. Se trata mayoritariamente de adolescentes varones, aunque un 33% corresponde a niñas. (https://data.unicef.org/resources/child-labour-2020-global-estimates-tre... ).

El número de niños y niñas en hogares con pocos ingresos aumentó como consecuencia de la pérdida del empleo o la reducción salarial de muchas familias, que deben ahora recurrir al trabajo infantil como aporte complementario a la sobrevivencia.

El trabajo infantil está presente tanto en las zonas rurales como en las urbanas, y casi la mitad (el 48.7%) se practica en el sector agrícola. Más del 50% de la niñez trabajadora realiza tareas peligrosas, es decir, con riesgos o consecuencias negativas para su salud, educación o bienestar.

Ante esta compleja realidad continental, la Organización Internacional del Trabajo y UNICEF recomiendan que se aumente el gasto en servicios públicos como la protección social; el acceso universal a una educación gratuita y de buena calidad y que se reabran las escuelas, pero de forma segura. También proponen el trabajo decente para la-os jóvenes en edad legal de trabajar; que se vuelva a prestar atención al trabajo infantil en la agricultura; que se promulguen leyes que protejan mejor a la niñez que promuevan sistemas integrales de protección de la infancia allí donde no existan.

Opciones de futuro

Coyuntura Laboral en América Latina y el Caribe analiza el impacto negativo de la pandemia –mayor que en todas las crisis anteriores– en los mercados laborales de América Latina y el Caribe. Y enumera sus expresiones más constantes: la destrucción y precarización del empleo; el aumento de la desocupación; la abrupta disminución de la participación laboral y los efectos en el empleo y en la participación de las mujeres, entre otros. Y sugiere anticipar los desafíos de corto y mediano plazo para una transición paulatina hacia la postpandemia.

Ésta dependerá tanto de la efectividad y la masificación de las medidas de control de la crisis sanitaria — en particular la vacunación–, como de la robustez de la recuperación de la actividad económica en un contexto de gran fragilidad.

Dada la profundidad del impacto de la crisis en 2020 y de las segundas y terceras olas que confrontan varios países, es muy probable que desde 2021 la región conviva con tasas de desocupación más altas respecto a los años precedentes.

Es posible, enfatizan la OIT y la CEPAL, que los empleos formales que se generen en el futuro, no recuperen en el corto plazo los niveles previos a la crisis sanitaria. Debido a los problemas que están experimentando muchas empresas, particularmente las micro, pequeñas y medianas, para sostener y recuperar su actividad.

En consecuencia, ciertos mecanismos como los seguros de desempleo, junto con las políticas de capacitación e intermediación laboral, son y serán muy importantes tanto para sostener los ingresos de los desocupados como para facilitar su retorno al mercado laboral.

Como opciones de salida de la crisis recomiendan la promoción de la inversión pública y privada con alta intensidad de mano de obra, especialmente en los sectores más afectados en cada país, “de manera que la reactivación del tejido productivo en esos sectores acelere la demanda del empleo a nivel sectorial”.

El sector informal, por otra parte, deberá estar también en el centro de la preocupación oficial. Será importante sostener políticas de ingreso para los trabajadores informales y sus familias durante las siguientes olas de la pandemia y en la postpandemia, enfatiza el estudio. Subraya también la atención particular, en esta etapa, a las opciones del trabajo femenino, particularmente afectado durante la crisis. “Para facilitar la reincorporación de las mujeres al mercado laboral — además de promover la recuperación del empleo–, se deberán priorizar las medidas que fortalezcan las políticas e instituciones de los sistemas de cuidado, tanto en términos de educación como de salud.

Coyuntura Laboral en América Latina y el Caribe subraya una realidad “novedosa” que explotó con fuerza en los últimos meses: los trabajadores intermediados por plataformas digitales. Constituyeron una fuente de empleo muy importante debido a la necesidad de reducir los contactos personales y de mantener el reparto de bienes esenciales. Sin embargo, la realidad muestra que existe una alta precarización de esta modalidad de trabajo caracterizada por la inestabilidad, largas jornadas, ausencia de protección socio-laboral y la falta de opciones de diálogo y representación. De ahí, la necesidad de bregar por condiciones realmente decentes en esta nueva modalidad laboral, insisten la OIT y la CEPAL.

Aunque no lo señalen explícitamente estos organismos, el futuro laboral-social en el continente – y a nivel mundial— va a generalizar el debate sobre quién pagará realmente los costos de la crisis. Una pugna esencial de sociedad, que, si bien ya se visualiza, sigue parcialmente velada por las restricciones pandémicas que limitan la movilización social. Todo anticipa que la recuperación del empleo y la vigencia de condiciones laborales decentes no solo dependerán de la buena voluntad de los gobiernos sino también de la presión social en las calles.