Este miércoles 7 de julio la Misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que visitó al país, entre el 8 y el 11 de junio, y que estuvo encabezada por su presidenta la chilena Antonia Urrejola, presentó su informe final. Como era de esperarse el informe que es muy equilibrado da cuenta de los hechos de brutalidad policial y de uso desproporcionado y desmedido de la fuerza.

Documenta el informe el abuso en la retención de personas ligadas e incluso no ligadas a las manifestaciones, que ha ocasionado la muerte de 84 civiles,  desborde en la aplicación de la figura de asistencia militar a las autoridades civiles, un número muy alto de heridos tanto de los manifestantes como de la policía, el uso abusivo de armas no letales que han sido utilizados indiscriminadamente en contra de los manifestantes haciendo daño e incluso ocasionando la muerte de algunos de ellos, la violencia sexual contra mujeres y personas lgtbiq+ , así como la ausencia de diálogo para solucionar justas reclamaciones sociales que el informe señala como causas estructurales ligadas con la desigualdad, la pobreza, un régimen tributario injusto, el ataque a periodistas y el monitoreo abusivo a las redes de internet así como la interrupción y persecución a medios alternativos sin orden judicial como la amenaza a líderes políticos de la oposición desde la Procuraduría General de la Nación.

Así mismo el informe da cuenta del debilitamiento del sistema de pesos y contrapesos como producto de la toma de los organismos de control por parte del ejecutivo que debilita la labor que legal y constitucionalmente, estos organismos, deberían haber cumplido en la protección de los manifestantes y aún de terceros no implicados en las manifestaciones. Da cuenta el informe de forma detallada de las violaciones a los derechos humanos y en un ejercicio de ecuanimidad, equilibrio y transparencia, presenta las cifras de los organismos oficiales pero también da crédito a la labor juiciosa de organismos de derechos humanos que han hecho un seguimiento y documentación rigurosa de esas violaciones de los derechos humanos exhortando a los organismos estatales a construir con rigor las cifras en un diálogo no existente entre los organismos públicos y las organizaciones de la sociedad civil que llevan adelante esta tarea.

Concluye que el Estado y sus instituciones deberían hacer una armonización de las cifras contando con la información proveniente de la sociedad civil. Justo en contra de los esfuerzos del gobierno para unificar la información a las cifras de la fiscalía general de la Nación que no son imparciales y han resultado incompletas y sesgadas como ha sido denunciado y ampliamente documentado por las organizaciones de la sociedad civil.

El informe además documenta que la represión golpea con mayor fuerza a sectores como las mujeres, las personas Lgtbiq+, a los negros e indígenas y se ensañó en la ciudad de Cali que es la ciudad colombiana con más población afrodescendiente, así como en contra de los pueblos indígenas que son un importante sector de la población en el departamento del Cauca.

La disputa por la narrativa y por la estigmatización de la protesta

No escapa al informe dar cuenta de la disputa que existe en Colombia sobre la legitimidad de la amplia protesta que además es recogida en el informe que da cuenta que, en el marco del Paro Nacional, entre el 28 de abril y el 4 de junio, se realizaron 12.478 protestas en 862 municipios de los 32 departamentos, que incluyeron: 6.328 concentraciones, 2.300 marchas, 3.190 bloqueos, 632 movilizaciones y 28 asambleas. El 89% de las protestas, esto es 11.060, se desarrollaron sin registrar hechos de violencia y contaron con el acompañamiento de las personerías municipales, gestores de convivencia, funcionarios de la de defensoría del pueblo y agentes policiales.  

En el informe se recoge la narrativa oficial que es expuesta a lo largo de las 48 páginas sin que por supuesto la Misión le de completo crédito, por el contrario, a mi juicio el informe desvirtúa los argumentos que en Colombia conocemos ampliamente. El primero de ellos es que la fuerza pública ha actuado conforme a protocolos que garantizan los derechos humanos de los manifestantes y que ha hecho un uso proporcional de la fuerza para controlar los brotes de violencia. Los hechos que presenta y las conclusiones del informe no dejan mayor duda de lo contrario el uso desproporcionado de la fuerza, por eso en las conclusiones, se señala que se debe legislar mediante la aprobación de una ley estatutaria que se enmarque en la sentencia de la sala Civil de la Corte Suprema de Justicia (Sentencia STC 7641/2020) y en los estándares del sistema interamericano de derechos humanos que brinda garantías amplias a la protesta al tiempo que llama a reformar el decreto 575/2021, de asistencia militar a las autoridades civiles, por no garantizar estos lineamientos.

Tampoco avala el argumento que el Estado y los funcionarios públicos han respetado el derecho fundamental a la protesta, por el contrario, el informe condena la estigmatización de las protestas y de los manifestantes. Comenzando por el propio presidente de la República y su ministro de la Defensa que han calificado a las movilizaciones con epítetos como vandalismo o por la justificación de la represión por infiltración de grupos armados ilegales y por supuesta financiación de las protestas por el narcotráfico, de lo cual por supuesto no han mostrado ninguna evidencia. El informe de la Misión llama a suspender la estigmatización de la misma.

El informe además da cuenta del abuso de la figura, a todas luces inconstitucional, del llamado eufemísticamente “traslado de protección” mediante la cual la policía ha detenido en el marco de las protestas a 7.020 personas. Esta atribución a la policía esta consignada en el Código Nacional de Policía en su artículo 155. Esta figura se ha prestado a la arbitrariedad pues dice el informe no cuenta con ningún control y esto es agravado porque los detenidos frecuentemente son retenidos en lugares que no están autorizados para mantener privadas de la libertad a las personas como por ejemplo Coliseos Deportivos o estaciones de transporte masivo, lo que se presentó en Cali y en Bogotá y se encuentra documentado. Estas retenciones a todas luces ilegales sirven además para el hecho de la desaparición de personas que como lo documenta el informe fueron en dos casos fatales al aparecer posteriormente sus cadáveres.

Así mismo el informe denuncia el hecho que civiles armados hayan atacado a los manifestantes en ciudades como Cali o Yumbo en el Valle del Cauca o autos de alta gama sin identificación desde los cuales se ha disparado a los manifestantes. Con posterioridad a la Visita de la Misión la Unidad de Investigación de la Jurisdicción Especial de Paz, JEP, documento que esas bandas paramilitares actuaron contra los manifestantes en 27 ciudades del país. Todo ello con la complicidad de las autoridades de la Policía. Pero lo más grave a pesar de que se ha identificado a algunos de estos paramilitares como el caso de Andrés Escobar en Cali, estos individuos siguen en libertad y nada hace la fiscalía para detenerlos e imputarles los delitos cometidos.

Finalmente, el informe destaca 236 ataques contra periodistas que cubrían las protestas. Dichos ataques incluyen agresiones físicas, amenazas relacionadas con su labor en la cobertura de las protestas, robos y eliminación de material documental, hostigamientos, obstrucciones al trabajo periodístico, detenciones ilegales, ataques a medios de comunicación entre otras. De esas agresiones el 54,1% son atribuidas a la fuerza pública, el 31,6% a particulares, el 4% a funcionarios públicos y el 10,8% restante es desconocido.

También destaca el informe la violación a la Misión Médica. La utilización de ambulancias para trasladar material para enfrentar a los manifestantes, por ejemplo. El informe también condena la obstaculización de los bloqueos al tránsito de las ambulancias y deplora la muerte de dos bebes como consecuencia de esa conducta que fue propiciada por manifestantes.

En un ejercicio de equilibrio y de dar cuenta de lo que realmente ha sucedido en Colombia también en informe registra la violencia y la destrucción de bienes públicos, la violación de una mujer policía en la ciudad de Cali y el intento de incineración de una CAI en la ciudad de Bogotá en la cual se encontraban 10 agentes de policía. Condena el incendio del palacio de Justicia en Tulua en el Valle del Cauca y de una sede de la fiscalía en Popayán. Pero es muy claro el informe como lo prescriben tanto el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario que no es equiparable la responsabilidad del Estado a la responsabilidad de los civiles por la violación de los derechos humanos. No avala la teoría del gobierno que los bloqueos son actos criminales. Señala de manera clara que no todos los bloqueos entran en esta categoría de hechos criminales y señala que en todo caso lo primero que debe hacer la autoridad pública es el diálogo con los manifestantes. Justo lo que no ha hecho el gobierno de Uribe-Duque.

Rechazo del gobierno Uribe-Duque al informe y a sus recomendaciones

Pero la prueba más fehaciente de la veracidad del informe es el rechazo que han manifestando los más altos funcionarios del gobierno Uribe-Duque tanto al contenido como a sus recomendaciones.

El informe concluye con 41 recomendaciones, de las cuales quisiera destacar ocho que me parecen muy importantes. La primera, que la Policía y el Escuadrón Móvil Antidisturbios, deben salir del Ministerio de Defensa que es lo que ha propiciado la militarización de la misma. La segunda, que la justicia penal militar no debe ocuparse de la investigación y el juzgamiento de miembros de la Fuerza Pública por exceso de la fuerza o conductas que atentan contra civiles manifestantes, tercera, que debe modificarse el decreto 575 de asistencia militar a las autoridades civiles, cuarta, que debe ponerse en libertad a los manifestantes injustamente detenidos por ejercer su derecho a la protesta, quinta, que debe ofrecerse protección reforzada a sujetos de especial protección constitucional como a las mujeres, indígenas y afrodescendientes como a personas Lgtbiq+, sexta, que se debe investigar de manera imparcial a manifestantes detenidos a los que se les debe garantizar el debido proceso, séptima, que se debe conformar una Comisión que investigue la desaparición forzada de manifestantes y octava, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos decide la instalación de un Mecanismo Especial de Seguimiento en Materia de Derechos Humanos para Colombia que contribuya a la consolidación de la Paz en los diversos sectores de la sociedad.

Duque tan pronto recibió el informe lo rechazó. “Nadie puede recomendarle a un país ser tolerante con actos de criminalidad”. Dijo además que “la racionalidad de mantenerla – a la Policía Nacional en el Ministerio de Defensa- está más que clara. Pretender que sea una separación a partir de impresiones preliminares la que guíe los derroteros de la institución es algo que no tiene asidero”, dijo en la conmemoración del 70 Aniversario del Comando de las Fuerzas Militares.

Entretanto la Cancillería señaló que no avalaba la instauración de un mecanismo de seguimiento de las conclusiones del informe de la CIDH. Como se ve es el negacionismo total de las principales conclusiones del informe. Corresponde a la sociedad civil colombiana y a la comunidad internacional seguir con la presión para que las conclusiones de la Misión de la CIDH se lleven a la práctica lo cual sería muy beneficioso para la paz y la democracia en Colombia.

Bogotá julio 8 de 2021

- Pedro Santana Rodríguez es Director de la Revista Sur