Las variadas formas y procesos populares de lucha por paz, verdad y justicia forman parte del patrimonio rebelde de México. Su potencia radica en la transformación del sufrimiento en coraje organizado, en el cuestionamiento profundo del orden injusto y en el constante esfuerzo por no traicionar el pasado. En esa pelea incesante se muestran atisbos de un mundo nuevo. Por ende, aprender de ellas resulta clave si de pensar la refundación del país se trata.

En los últimos 60 años, a contracorriente de las dinámicas de destrucción de las bases productivas nacionales y entrega de las riquezas a grandes trasnacionales, de cambios al andamiaje jurídico que velaba por la soberanía, de fraudes políticos e imposiciones de diversa índole a través de una constante y sistemática guerra genocida contra el pueblo de México, organizaciones y movimientos populares –como parte de ese conjunto de pueblo agraviado, más allá de la reducción estatal a su trato como víctimas colaterales de actos individuales– han impulsado diversos procesos de búsqueda de verdad, justicia y en contra de la impunidad y el olvido. En todos ellos se ha puesto en el centro la responsabilidad principal del Estado mexicano y la necesidad de transformaciones profundas que logren que la justicia prevalezca por encima de las leyes y de los pactos de quienes detentan el poder.

Uno de los procesos más relevantes del tiempo presente es el Capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP). Desde 2008 se fue pensando en cómo hacer que ese importante tribunal ético atendiera el horror que vivía el país. En 2012 se conformó oficialmente y desde esa fecha hasta noviembre de 2015 decenas de miles de personas y miles de organizaciones trabajaron organizando preaudiencias, talleres y movilizaciones. Su trabajo fue entregado como evidencia a casi 100 jueces nacionales e internacionales.

El Capítulo México se convirtió en el primer proceso en que el prestigioso TPP, fundado por Bertrand Russell y Jean Paul Sartre, puso en el centro el enjuiciamiento a un Estado en específico para demostrar cómo el andamiaje jurídico mexicano fue modificado para fomentar el libre comercio en detrimento del pueblo, con la subordinación imperial a Estados Unidos, la Unión Europea y las trasnacionales, sosteniendo un pacto de impunidad en los diversos niveles y órdenes de gobierno, en especial en sus fuerzas armadas.

El proceso mexicano del TPP estuvo marcado, en su inicio, por el surgimiento del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y, en su culminación, por la lucha por la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Eventualmente, la explosión social logró amalgamarse con el trabajo sólido de organizaciones populares e intelectuales que impulsaban el tribunal, a pesar del mutismo con que grandes medios y políticos trataron de ignorar la crítica radical que se abría y que pervive en las diversas formas en que las organizaciones han incorporado esa experiencia.

El concepto de justicia que guía al TPP, en el que también participaron el obispo Sergio Méndez Arceo y el general Lázaro Cárdenas en décadas previas, es darle voz a los silenciados. Hace de su debilidad su fuerza: al carecer del poder vinculante para castigar a los responsables, recibe su legitimidad de su capacidad de garantizar la representatividad efectiva de quienes se encuentran huérfanos de derechos y víctimas sin esperanza de reconocimiento y reparación; al igual que por la utilización del derecho existente para insistir en que los derechos de los agraviados –pueblos y personas– no pueden ser sojuzgados por los derechos que regulan el mercado mundial y la propiedad privada.

La sentencia fue entregada a representaciones oficiales de Estado y a organismos internacionales. La respuesta –hasta ahora– ha sido nula. Más allá de esto, el TPP se inscribe en la larga lucha por la justicia y se conecta con dos de los procesos más importantes que aún siguen sin solución, los acuerdos de San Andrés y el proceso judicial del Comité 68 Prolibertades Democráticas. De este último, sigue latente la sentencia por genocidio contra el ex presidente Luis Echeverría Álvarez.

La lucha por la justicia no puede ser reducida a la pelea política entre partidarios o enemigos de un gobierno que no ha mostrado la voluntad política de avanzar en una transformación profunda que tenga como base el fin de la impunidad y el acceso a la verdad y justicia para todo el pueblo de México. En estos momentos en que el país sigue sumido en el horror, recuperar la sentencia del tribunal y sus recomendaciones –la principal es la refundación del Estado– siguen siendo tareas pendientes que sólo podrán llevarlas a sus últimas consecuencias las y los agraviados, los oprimidos de siempre.

Fuente: https://www.jornada.com.mx/2021/08/04/opinion/016a1pol