Un verdadero revuelo se ha presentado en Colombia a raíz de la decisión de la fiscalía general de la Nación de imputar cargos al general Mario Montoya. La decisión la anunció el fiscal general Francisco Barbosa justo en el momento en que esa misma fiscalía avanza en la argumentación que pide precluir la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por la compra de testigos en el senado, caso en que Uribe pasó en la Corte Suprema de Justicia de denunciante a investigado en el proceso contra el senador de la oposición Iván Cepeda Castro. Allí el fiscal delegado, Gabriel Jaimes Durán, hace piruetas y toda clase de artilugios para tratar de desvirtuar la sólida investigación que realizó sobre este caso la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que llevó a la detención de Uribe en agosto del año 2020.

Como se recordará, Uribe renunció a su condición de senador de la República y solicito que su caso pasara a la fiscalía general de la Nación dirigida por Barbosa, un amigo del presidente Duque y cercano a las huestes del Centro Democrático. Justo en el momento en que avanzaba la audiencia en el caso de Uribe y en que la fiscalía de Barbosa representada por Jaimes pedía el cierre de la investigación por ausencia de pruebas concluyentes -según el fiscal delegado- Barbosa soltó la noticia de imputación de cargos a Montoya, que se desempeñó como comandante general del ejercito entre los años 2006 y 2008 cuando Uribe era presidente de la República.

Montoya se sometió a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el año 2018. La JEP viene avanzando en las investigaciones sobre ejecuciones extrajudiciales, eufemísticamente llamadas en Colombia como “falsos positivos”. Durante el mes de julio de este año la JEP imputó cargos a altos oficiales del ejército por el asesinato de civiles indefensos en las regiones del Catatumbo en el Norte de Santander y en Valledupar en el departamento del Cesar. Cuando la JEP comienza a mostrar resultados, sale ahora la fiscalía de Barbosa duramente cuestionada por precisamente no presentar resultados en esta y en otras investigaciones que están bajo su mando como, por ejemplo, la infiltración de dineros de la mafia en la campaña de Duque en la región de la Costa Caribe, conocida en Colombia como la “ñeñepolítica”. En dicha investigación hay pruebas abundantes de entrada de dinero del testaferro del narcotráfico José Guillermo Hernández, a la campaña de Duque en el mes de junio del año 2018 en la segunda vuelta, para la masiva compra de votos. La, en vez de avanzar en la investigación de estos hechos, consiguió la detención de los agentes de policía que recaudaron las pruebas en este proceso de corrupción de la campaña de Duque. Justo por estos mismos días los dos agentes policiales detenidos fueron puestos en libertad por orden de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, otro duro revés de Barbosa y de sus turbias actuaciones judiciales.

Volviendo al caso de Montoya, Barbosa anunció que la fiscalía le imputará cargos al general Montoya como “determinador por homicidio agravado en concurso homogéneo” de 104 personas, entre ellos cinco menores de edad, en el marco de las ejecuciones extrajudiciales cometidas por militares en la época en que Montoya era el comandante general del Ejército. La decisión de Barbosa supuso la modificación de una resolución anterior de la misma fiscalía, del año 2018, que ordenaba cesar las investigaciones contra miembros del ejército cuando estos se sometieran a la JEP. La nueva directiva aprobada por Barbosa establece que la fiscalía podrá seguir adelantando investigaciones y llegar hasta la imputación de cargos cuando la JEP no haya concluido sus investigaciones y no haya formulado cargos, justo lo que pasa en la investigación de Montoya donde la JEP aún no ha llegado a esta fase del proceso. Como se sabe, tanto en la fiscalía en audiencias anteriores como en la JEP, Montoya se ha negado a reconocer responsabilidad en los casos en que se señala que bajo su mando se incrementaron las ejecuciones extrajudiciales por la presión que ejercía para mostrar resultados en su lucha contra las guerrillas.

¿Cómo se explican entonces las actuaciones de Barbosa? ¿Por qué lo hace ahora? La periodista Cecilia Orozco en su columna del diario El Espectador trae información que nos ayuda a entender las posibles motivaciones. Orozco transcribe mensajes de Barbosa dirigidos a sus subalternos en que, por ejemplo, el día 27 de julio, pide que le envíen casos en que la fiscalía bajo su mando haya ordenado investigaciones, imputación de cargos o condenas contra miembros del Centro Democrático y cercanos a Uribe, que se hayan hecho durante su administración. Esta información la pide para divulgarla en el momento en que su fiscal estrella, Gabriel Jaimes, está pidiendo el cierre de la investigación contra Uribe, con el propósito de contrarrestar las criticas no solo de la oposición sino de algunos medios de comunicación que muestran una fiscalía sesgada, abiertamente politizada a favor del uribismo. Lo mismo, señala Orozco, sucedió cuando Michell Bachelet, Alta Comisionada para los Derechos Humanos, se pronunció el 28 de mayo en contra de la brutal represión hacia los manifestantes del Paro Nacional. En aquella ocasión Barbosa pidió información sobre investigaciones de funcionarios de la ONU que estuvieran siendo investigados por hechos de corrupción en Colombia. En este caso, para responder al duro pronunciamiento de Bachelet.

Ahora bien, esta jugadita le puede resultar mal por varias razones. Como lo anota el presidente de la JEP, Eduardo Cifuentes, no habría contradicción o colisión de competencias entre la JEP y la Fiscalía porque aún la JEP no ha imputado cargos a Montoya, razón por la cual la fiscalía puede seguir avanzando en las investigaciones incluso hasta la imputación de cargos. Pero solo puede llegar hasta allí, pues no puede proferir ordenes o actuaciones como solicitar ante un juez de garantías su detención o solicitar llamamiento a juicio, porque allí sí interferiría con las competencias de la JEP. Al contrario, dice Cifuentes que ello ayudará a que la JEP tenga mayor acervo probatorio en este caso.

No obstante, esa imputación de cargos pone contra las cuerdas a Montoya. Hasta el momento, y como ya señalamos, Montoya se ha negado a colaborar con la JEP. Lo que ha sucedido es que en las versiones rendidas por militares sometidos a la JEP estos han señalado las responsabilidades de Montoya en las ejecuciones extrajudiciales, las cuales han sido negadas por el general en retiro. Con esta imputación de cargos la JEP tendrá como dice Cifuentes más material probatorio y Montoya tendrá que tomar una determinación, o decide colaborar con la justicia o tiene dos alternativas: que la propia JEP lo expulse de su jurisdicción con lo que iría de nuevo a la fiscalía, o que se someta a un juicio adversarial donde tendría que demostrar su inocencia y desvirtuar todo el material probatorio que haya logrado reunir la JEP para buscar su condena.

Si Montoya decide colaborar con la Justicia tendrá que develar la trama de la organización criminal que funcionó dentro de las Fuerzas Armadas para que se llegara a la macabra cifra de 6.402 ejecuciones extrajudiciales que la JEP ha documentado hasta el momento. Esa es la situación a la que se enfrenta Montoya. Los meses que vienen despejarán la duda de cual de los caminos que tiene enfrente será el que decida caminar. El general está en su propio laberinto.

Entre tanto es muy difícil que Barbosa logre su cometido, que no es otro que proyectar una imagen de una fiscalía autónoma y equilibrada, ajena a la politización de una institución que se muestra como un fracaso para la mayoría de los colombianos como lo reflejan las más recientes encuestas. Y es que es muy difícil, casi imposible, que se pueda sacudir esta imagen cuando sus diarias actuaciones lo muestran como un fiscal al servicio del uribismo y del gobierno de Duque. Sus actuaciones en el proceso de Uribe, en el proceso de la ñeñepolítica ya mencionado, o más recientemente los cientos de detenciones contra jóvenes integrantes de la primera línea de las protestas ligadas al Paro Nacional -a muchos de los cuáles se les fabrican pruebas para detenerlos- todo esto lo muestra como un mandadero de Duque-Uribe. Con estas jugaditas será muy difícil que logre proyectar una imagen distinta de lo que es y de lo que hace. Lo que se pone a la orden del día es una profunda reforma de esta institución que debería pertenecer a la rama judicial del poder público. Es necesario cambiar el mecanismo de elección del fiscal general que debería ser un nombramiento por concurso público y nombrado por la rama judicial sin interferencias del ejecutivo. Eso es lo que reclama el país.