La foto en la quinta de Olivos, con el presidente de la nación sonriente en medio de una fiesta de cumpleaños tiene un efecto explosivo en el debate cotidiano. Revela una notable desaprensión en el cumplimiento de reglas de juego que el propio gobierno había fijado.

Como se ha dicho a través del amplio arco de condenas que desató el hecho, Alberto Fernández quedó expuesto mientras violaba normas rigurosas para el conjunto de la población, establecidas por razones más que atendibles. Quedó en evidencia que el encierro que debía cumplir la ciudadanía en su conjunto no regía en el interior de la residencia presidencial. El trato prioritario de las precauciones impuestas por la pandemia no era respetado por el círculo íntimo de la figura política más importante del país. La igualdad ante la ley, ausente sin aviso.

Un detalle a señalar es que los comensales del festejo integran un grupo de asesores y asistentes de la “primera dama”. Sin caer en la tentación de echar sobre ella responsabilidades que corresponden al presidente, cabe cuestionarse una vez más la razonabilidad de ese rol, con reminiscencias monárquicas y patriarcales, que se adjudica a la esposa del “primer magistrado”. ¿Por qué debe contar con una corte de colaboradores pagada con fondos públicos? ¿Qué interés general, qué política pública, se benefician porque Fabiola Yañez esté mejor asesorada en cuestiones de “imagen” o comunicación?

En el transcurso del acelerado tiempo en que el escándalo alcanzó su cenit, desde el gobierno casi no se dejó error por cometer. Negaciones y disimulos varios terminaron derribados por la evidencia flagrante del retrato colectivo. El propio A.F alardeó de no ocultar nada, para desmentirse a sí mismo apenas horas después. Tuvieron que reconocerlo y a partir de allí les cabe el reproche ético de la extrema dificultad a la hora de admitir errores y pedir disculpas por los mismos.

Sin duda el episodio de Olivos se ha vuelto un insumo valioso a la hora de sacar los grandes temas nacionales del debate en torno a las inminentes elecciones. Se discutirá más de la violación de la cuarentena y menos sobre acciones de gobierno para promover una recuperación de los salarios después de años de pérdida o un combate exitoso contra la precarización y el desempleo. También la negociación de la deuda con el FMI, las políticas para la preservación del medio ambiente y la adopción de mejores políticas en materia sanitaria y educacional quedarán relegadas.

El creciente hartazgo hacia la dirigencia política que todxs los observadores y analistas señalan, tendrá una razón más para seguir su escalada. La respuesta de los políticos, tanto oficialistas como opositores, será  esforzarse por dilucidar qué grado de influencia tendrá esta situación sobre los resultados electorales.  Las conjeturas están abiertas, a las que se le suma la pregunta acerca de sobre quiénes caerán los beneficios si el influjo electoral del episodio se concreta.

Quizás un dato gravitante en este aspecto será cómo incida en el afianzamiento de un sentimiento “antipolítica”, que es probable se canalice hacia opciones electores de extrema derecha.  Hay indicios de que las listas de candidatos encabezadas por Javier Milei en CABA y José Luis Espert en la provincia de Buenos Aires alcanzarán mejores cifras que en comicios anteriores.

La oposición de derecha ya se ha lanzado al aprovechamiento de la coyuntura, al entablar acciones judiciales por violación de las políticas de control de epidemias. Esta vez esa conducta está tipificada en el Código Penal. Habrá que seguir las instancias del juicio.

Otra línea de ataque es la promoción de un juicio político contra el presidente, iniciativa de imposible cumplimiento. La oposición está muy lejos de las mayorías necesarias para que esa instancia de juicio pueda activarse. Pero servirá para montar una escenografía de indignaciones contrapuestas e inconducentes.

Se manifiesta por añadidura el tono revanchista de algunxs de los que fueron “anticuarentena” y ahora ridiculizan al que quedó como primer incumplidor. Convendría no confundir los tantos, la falta de respeto presidencial no afecta lo acertado en líneas generales de las variadas medidas de aislamiento. Lo cuestionable, una vez más, es la no sujeción a las reglas y no el dictado de las normas en sí mismo.

El conjunto de esta situación genera también una interpelación para quienes están a la izquierda de la “grieta”. Varones y mujeres de las diversas ramas del establishment muestran de mil formas su despreocupación en la práctica por el destino de lxs ciudadanxs “de a pie”. El suceso presidencial constituye un claro ejemplo. El descontento crece en amplios sectores de la población. No sólo perciben la falta de soluciones para sus problemas, sino la poca voluntad para encontrarlas y llevarlas adelante. Y asiste a comportamientos que desmienten la preocupación por los intereses  y necesidades de las mayorías.

La izquierda navega con la corriente en contra. Nuestro sistema político, de cuya “consolidación” muchxs expertos se congratulan, garantiza por ahora que la gran mayoría de la población responda a los dictados de los administradores de lo existente. Lo que ocurre tanto en el campo electoral como en la generalidad de las instituciones de la “sociedad civil”, a comenzar por los sindicatos burocráticos y otros movimientos sociales.

No deberían conformarse las izquierdas con las imprescindibles denuncias. Urge la salida al debate público con propuestas concretas. Que deberían incluir, además del énfasis en los problemas fundamentales que ya señalamos, la crítica circunstanciada al conjunto de privilegios e inmunidades indebidas que ostentan las minorías con poder.

Ésas que exceden largamente a lxs que detentan el poder político formal, pero sin duda lxs incluyen. El aprovechamiento de prebendas injustas, en implícita burla hacia los que carecen de espacios de poder, constituye una forma bien concreta de avasallar la soberanía popular. Y de aplastar los derechos de las mayorías populares en nombre de las cuales se discursea.

La foto de Olivos configura una negación del carácter democrático que solemos atribuir a nuestras instituciones. La relación podrá parecer indirecta, pero es real. De las enormes manchas de la democracia existente se debería hablar con más frecuencia en los espacios que procuran construir una alternativa política popular.