El 28 de febrero de 2021, miles de personas marcharon en Haití desde el viaducto de la intersección de la Avenida Martin Luther King, Jr. con la Avenida de Delmas -también conocido, en creole, como Kafou Rezistans¹-. Lo hicieron hacia los suburbios de Pétion-Ville, en donde viven las élites del país, incluidas aquellas de la llamada “comunidad internacional”. Los manifestantes llevaban carteles que reflejaban la convergencia de una pluralidad de demandas en los distintos idiomas de las Américas: Aba enperialys, viv kominis; Stop de Bloodshed in Haiti; Jovenel Moïse is a dictator; Repekte konstitisyon 1987; Haitian Lives Matter; Viv yon tranzisyon popilè².

Diferentes sectores de la sociedad haitiana se unieron para instar al presidente de facto Jovenel Moïse a dimitir, dando lugar a un gobierno de transición que genere lo que muchos militantes radicales llaman chavire chodyè, es decir una ruptura total con el sistema de desigualdad, explotación, corrupción e impunidad. En Haití, estos tres últimos años de rebelión expresan una continuidad del rechazo popular a la elección de Jovenel Moïse, y en general de su partido el PHTK, desde el año 2011 en el poder por imposición del Core Group³. Este levantamiento es la respuesta del pueblo haitiano a casi dos décadas de abandono estatal, ocupación militar, despojo de tierras y gangsterizacion de los barrios populares.

El presente texto intentará contextualizar estas protestas, exponiendo el accionar del imperialismo norteamericano en este país caribeño, estableciendo conexiones entre las luchas en Haití y en otras partes de las Américas -y el mundo-. Como tal, el artículo invita a despojar al país de su presunta excepcionalidad, para reinsertarlo dentro de una comprensión más amplia del capitalismo racial y el imperialismo, dando lugar así a nuevas formas de solidaridad.

En 1969, el président à vie⁴ François Duvalier declaró que Haití se convertiría en el “Taiwán del Caribe". Para ello firmó una ley que habilitó el establecimiento de los primeros parques industriales en territorio nacional. Dicha ley se vería reforzada por el decreto de 1974 de su hijo Jean-Claude Duvalier, que estimulaba la producción de ropa para empresas estadounidenses. Un decreto posterior fundó en 1979 la Sociedad Nacional de Parques Industriales (SONAPI) a pocos kilómetros del aeropuerto de Puerto Príncipe. Preparando el terreno para esta transformación de tipo neoliberal, los dos Duvalier, padre e hijo, construyeron proyectos de vivienda en el área metropolitana como forma de atraer a los habitantes de las zonas rurales. Al mismo tiempo otorgaron cientos de miles de hectáreas de tierra de los departamentos del interior, para que las familias ricas establecieran grandes plantaciones de café, vetiver y banano para su exportación en el Norte Global.

A principios de la década de 1980, Jean-Claude mandó a exterminar a los cerdos criollos, cuya reproducción constituía la base de la economía del campesinado. Con este y otros mecanismos los Duvalier facilitaron la creación de una nueva oligarquía dotada de conexiones estadounidenses. También procuraron mercantilizar la cultura haitiana para venderla a los turistas norteamericanos y europeos. Además, subvencionaron investigaciones realizadas por organismos internacionales como las Naciones Unidas, para identificar en la región norte oro, cobre y otros minerales con miras a su explotación. Durante este período, de 29 años de duración, el régimen de facto mantuvo salarios mínimos mientras la clase política y sus amigos más cercanos saqueaban la arcas del Estado. También recibieron las generosas donaciones de los Estados Unidos en su lucha “anticomunista”, así como los préstamos de las instituciones financieras internacionales encargadas de gestionar el “desarrollo del mundo subdesarrollado”.

Con el fin de disciplinar a la población, los Duvalier financiaron y organizaron a los llamados Tonton Macoutes, grupos paramilitares que vestían uniforme, operaban fuera de la ley y funcionaban como complemento de las fuerzas armadas oficiales. Aquellos violaron, masacraron y desmembraron de manera pública a personas, familias y comunidades enteras. Los macoutes eran reclutados, por lo general, entre campesinos, desempleados y pobres urbanos, frustrados por su marginación histórica y por la imposibilidad de replicar los modelos hegemónicos de masculinidad. Los Duvalier se apropiaron e instrumentalizaron esta violencia en favor del sistema. La dictadura descansaba, además de en el uso de la fuerza bruta por parte de estos grupos paramilitares, en la manipulación de la ley y el apoyo de la “comunidad internacional”, con quien coincidía en el sostenimiento del capitalismo racial, que reducía a la “colonia” haitiana al extractivismo y la exportación a través de las nuevas plantaciones, los parques industriales, la minería y el turismo.

Mientras los Duvalier buscaban el control total sobre los cuerpos, las vidas, los medios de vida y el trabajo dentro de las fronteras del país, la comunidad haitiana en el propio territorio nacional y en la diáspora, luchaban por la participación colectiva y la autodeterminación de Haití. No faltaron quienes intentaran derrocar a la dictadura, sea dentro del Ejército o desde el exilio en América del Norte y del Sur. Hubo quienes utilizaron la fachada de la Iglesia Católica y los programas de alfabetización para viajar por el país, compartiendo información y trazando diversas estrategias. Dentro de las fronteras, algunas estaciones de radio llamadas “piratas”, así como los programas radiales universitarios, fueron utilizados para exponer en el extranjero la realidad interna de la dictadura. Algunos marcharon por las calles de las principales ciudades, particularmente en la capital Puerto Príncipe, para expresar su resistencia y su deseo de transformación social.

Todos estos esfuerzos culminaron en lo que los militantes llaman la “Revolución de 1986", cuando Jean-Claude Duvalier y sus socios fueron expulsados ​​del país con el concurso de sus antiguos aliados norteamericanos. Duvalier (h) y su familia escaparon a Francia para disfrutar de las riquezas seguras en sus cuentas bancarias en Suiza, mientras que muchos de sus partidarios de más alto rango se fugaron hacia. Pero la mayor parte de los tonton macoutes se enfrentó a lo que se conoce como dechoukaj⁵. Tras la caída, una junta militar fue impuesta para gestionar la transición hacia la democracia, reducida en su concepción a la redacción de un nuevo texto constitucional y a la celebración de elecciones.

Durante este período, el cura salesiano Jean-Bertrand Aristide emergió como el líder mesiánico de las grandes mayorías populares, ganando las elecciones de 1990 por abrumadora mayoría. Pero la victoria popular de Aristide duró poco, dado que en apenas 7 meses fue depuesto por jefes militares y policiales formados en la Escuela de las Américas de los Estados Unidos. Aristide pasaría los siguientes 3 años en aquel mismo país, defendiendo sus derechos políticos y promoviendo el desmantelameinto de los paramilitares que perseguían por ese a sus simpatizantes y partidarios. Si bien supo sostener una posición antiimperialista, Aristide regresaría a Haití con una misión de las Naciones Unidas dirigida por los Estados Unidos, y con la intermediación de una serie de organizaciones internacionales no gubernamentales. En su retorno al poder, nombraría a varios ex-duvalieristas en su gabinete, incluida Leslie Delatour, economista formada de la Escuela de Chicago quien había redactado lo que el mismo Aristide supo llamar el “Plan de la muerte”, que llevó a la privatización de muchas instituciones estatales, la liberalización del mercado que indujo el colapso de la producción nacional de arroz, y dio un asiento permanente en el aparato estatal haitiano a instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El giro democrático de la década de 1990 no fue suficiente para producir una visión decolonial del desarrollo, que no redujera a la tierra y a los trabajadores de Haití a bienes pasibles de ser explotados. En 2002, el Parlamento haitiano, controlado entonces por el partido Fanmi Lavalas del presidente Aristide, aprobó una Ley de Zonas Francas que otorgaba, en sus artículo 21 y 23, 15 años de exención impositiva a las empresas manufactureras y 10 a los inversores. En sintonía con aquella, la Ley de Inversiones del 2002, en su capítulo segundo, vino a considerar de la misma manera a las entidades nacionales y extranjeras, otorgándoles las mismas ventajas y prerrogativas. Al año siguiente, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el BM y el Fondo de Desarrollo Económico de George Soros, invirtieron junto al Grupo M, una empresa dominicana fabricante de ropa, en la construcción de la Compañía de Desarrollo Industrial S.A. (CODEVI, por sus siglas en francés) en Ouanaminthe, ciudad fronteriza entre Haití y la República Dominicana. Durante este mismo período, Aristide presionó para lograr un aumento gradual del salario mínimo, denunciando a la burguesía industrial por sus más de 30 años de brutal explotación de la mano de obra haitiana.

En vísperas del bicentenario de la Revolución Haitiana de 1804, Aristide exigió a Francia que reembolsara la deuda que le impuso a Haití a cambio del reconocimiento de su independencia, deuda que el país no saldaría hasta 1947, ya no con Francia sino con los bancos estadounidenses que la compraron durante la ocupación del país caribeño entre 1915 y 1934. En enero de 2004, el industrial de nacionalidad estadounidense y miembro de la oligarquía local André Apaid, quien dirigía entonces el “Grupo de las 184” (una coalición de organizaciones y personalidades de las clases dominantes), usurpó la dirección de una movilización estudiantil que solicitaba la reforma del sistema universitario público, y denunciaba entonces la respuesta violenta de la policía contra las manifestaciones que exigían la dimisión del presidente democráticamente electo. En ese contexto, ex militares y policías exiliados en la República Dominicana tomaron el control de Gonaïves, la ciudad cuna de la independencia, amenazando con invadir desde allí Puerto Príncipe. Todas estas maniobras culminaron con un segundo golpe de estado contra Aristide.

El “Grupo de los 184” también había sido politizado por una intervención de las Naciones Unidas (ONU) organizada para aplastar a los partidarios armados de Aristide. Brasil y Chile atendieron al llamado proporcionando más de 5.000 soldados que allanaron barrios periféricos de Puerto Príncipe y violaron a mujeres, niñas y niños. Organizaciones no gubernamentales internacionales también acompañaron la misión, dando empleo a algunos miembros de la pequeña burguesía y distanciándolos aún más de los desocupados y los trabajadores pobres. Además, el Core Group, que incluye a representantes de la ONU, la Organización de Estados Americanos (OEA), Brasil, Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea (UE), Francia, España y Alemania, se estableció en la embajada norteamericana en Haití para monitorear el país.

Un ciudadano estadounidense de ascendencia haitiana, Gérard Latortue, fue nombrado Primer Ministro para gobernar y organizar nuevas elecciones, consideradas como la máxima expresión de la democracia occidental. Mientras tanto, la Asociación de Industriales de Haití (ADIH, por sus siglas en francés) presionó y finalmente aseguró la aprobación de las leyes conocidas como “HOPE I” y “HOPE II”⁶, en los años 2006 y 2008, para permitir una reducción arancelaria especial para las prendas de vestir confeccionadas con telas estadounidenses procedentes de las maquilas de Haití.

En suma, esta ocupación militar, multilateral e inconstitucional, abriría las puertas a una recolonización en clave multicultural de la primera “república negra” del mundo.

René Préval, ex Primer Ministro de Aristide durante su primera presidencia, ganó las elecciones de 2006. Casi de inmediato firmó el acuerdo de ingreso a la plataforma Petrocaribe con el mandatario venezolano Hugo Chávez, cuya visita a Haití fue aclamada por el pueblo. Préval también instó a un aumento del salario mínimo en 2009. Ese mismo año, el Parlamento haitiano, influido por su propio partido, votó para enmendar la Constitución de 1987, haciendo obligatoria la inclusión política de las mujeres a través de un cupo mínimo del 30%; relajó los requisitos de obtención de ciudadanía para los ciudadanos con pasaportes extranjeros; eliminó los artículos que prohibían la participación política de los partidarios de la familia Duvalier en la estructura del Estado; y suspendió la protección de ciertas tierras agrícolas, sólo por nombrar algunos de los principales cambios introducidos. El gobierno de Préval expresó las mismas contradicciones entre progresismo y neoliberalismo que el resto de la región latinoamericana y caribeña. Finalmente, el terremoto de 2010 presentó una oportunidad para que la llamada “comunidad internacional” reconciliara esas contradicciones y asegurara el nuevo ciclo de rapiña en torno a Haití. Para ello se estableció la Comisión Interina de Reconstrucción de Haití (CIRH, por sus siglas en francés) para supervisar la política estatal. También se manipularon las elecciones para instalar el Parti Haitien Tèt Kale (PHTK), que disfrutó del apoyo de buena parte de la comunidad haitiana residente en Estados Unidos y, ciertamente, de un gran contingente de pequeños y grandes burgueses residentes en Haití.

El PHTK articuló claramente un modelo de desarrollo orientado a la exportación a través de los cuatros pilares de la minería, el turismo, la agroindustria y los parques industriales. Por lo tanto, se produjo un nuevo ciclo de lucha entre el pueblo de Haití, su Estado colonial y las potencias imperialistas. El primer presidente del PHTK, Michel Martelly, canalizó fondos de la reconstrucción post-terremoto para apoyar la creación en 2012 del Parque Industrial Caracol (PIC). En ese mismo año, su gobierno también desalojó violentamente a campesinos del valle de Seguin para dar lugar a un parque turístico. Los supervivientes de la masacre resultante erigieron una tumba colectiva en memoria de las víctimas.

Por fortuna, la ley de minería patrocinada por el Banco Mundial en 2013, fue enterrada por la oposición al PHTK en el Parlamento. Además, el campesinado, con el apoyo de organizaciones progresistas, logró frustrar los planes para privatizar la Isla de la Vaca, que tenía el objetivo de convertirla en un resort exclusivo. En 2014, el gobierno de Martelly inauguró la primera zona franca agrícola en Trou-du-Nord, bajo la supervisión del futuro presidente del PHTK, Jovenel Moïse. En 2015 inició sus operaciones una nueva zona franca en Puerto Lafito, uno de los tres puertos en el Caribe capaces de recibir los barcos de gran porte que cruzan el Canal de Panamá hacia el Asia. Durante su presidencia, Martelly retrasó sistemáticamente las elecciones parlamentarias para poder gobernar por decreto. En ese tiempo él, su familia -muchos con altos cargos de gobierno- y sus socios, dilapidaron más de dos tercios de los fondos de Petrocaribe.

Las elecciones de 2015 estuvieron marcadas por el fraude y otras irregularidades, cuyos resultados beneficiaron al candidato del PHTK. La sociedad civil organizada y la oposición política bloquearon el país, obligando a Martelly y al Core Group a ceder ante un gobierno interino y la organización de nuevas elecciones. A pesar de los devastadores efectos del huracán Matthew en la infraestructura electoral, se celebraron nuevos comicios en el año 2016, esta vez con más del 40 por ciento de los votos directamente emitidos por "zombis" y por personas inexistentes, lo que resultó en el ascenso de Jovenel Moïse a la presidencia en 2017. Inmediatamente, la oposición inició una primera investigación sobre el uso de los fondos de Petrocaribe. En enero de 2018 Moïse se retiró de la plataforma. El decreto de aumento a los precios del combustible, tal como lo había dictado el Fondo Monetario Internacional (FMI), empujó a todo el país a organizar el primer peyi lòk, una huelga general que bloquearía todas las rutas comerciales durante tres días. En agosto de 2018, el movimiento juvenil de los Petrochallengers irrumpió bajo el hashtag KotKòbPetwoKaribeA? -¿dónde está el dinero de Petrocaribe?-. Durante los meses siguientes miles de personas protestaron al menos una vez al mes en la principales ciudades del país. En noviembre de 2018, bajo la atenta mirada de las fuerzas policiales de Haití, bandas armadas ejecutaron a 71 personas y violaron colectivamente a 11 mujeres, niñas y niños en el barrio La Saline de Puerto Príncipe, conocido por su capacidad e movilización y su militancia histórica.

Los movimientos sociales continuaron aumentando la presión hasta que la Corte Superior de Cuentas hizo público un informe preliminar, en enero de 2019, sobre el destino de los fondos de Petrocaribe. Allí se expondría a Moïse y a muchos otros partidarios del PHTK, partícipes en un millonario esquema de malversación de fondos. Ese mismo mes, Moïse votó en la OEA en contra del reconocimiento de Nicolás Maduro como presidente legítimo de Venezuela, lo que daría más impulso a la guerra de los Estados Unidos contra la República bolivariana. En febrero de 2019, militantes organizados exigieron la renuncia de Moïse y su sometimiento a los tribunales de justicia. Con el apoyo del Core Group, que continuó aplaudiendo el presunto profesionalismo de los agentes de la Policía Nacional de Haití que habían asesinado y herido a decenas de manifestantes, Moïse permaneció en el poder, decidiendo entonces removilizar a las Fuerzas Armadas del país, disueltas en 1995 por el ex presidente Aristide.

La oposición política y los movimientos sociales orquestaron varios bloqueos del país durante ese año. Más sectores de la población se sumaron entonces a la lucha, entre ellos periodistas, abogados y trabajadores de la salud. Sin embargo, para enero de 2020, Moïse comenzó a gobernar por decreto, habida cuenta de la no realización de las elecciones parlamentarias, lo que llevó al vencimiento del mandato del conjunto de los diputados y de dos tercios de los senadores del país. En mayo de 2020, 13 líderes de diferentes pandillas formaron una federación conocida como el G9 para coordinar sus ataques en el área metropolitana de Puerto Príncipe. Al fin de ese mismo año, Moïse decretó la creación de laAgencia Nacional de Inteligencia (ANI), que tendría por objetivo recopilar información sobre militantes y criminalizar las acciones de protesta. Mientras tanto, las pandillas hacían públicas sus actividades en las redes sociales sin ningún tipo de obstáculo, entre las que cabe contar numerosos secuestros, masacres y violaciones. El Core Group atribuyó entonces una presunta disminución de los asesinatos cotidianos a la organización y los acuerdos entre estas pandillas.

En enero de 2021, Moïse anunció un referéndum para aprobar una nueva constitución en la primavera, así como la organización de elecciones para el otoño. Redactada por las Naciones Unidas, la nueva carta magna que se pretende imponer al país, limita el poder del legislativo al tiempo que aumenta las prerrogativas del ejecutivo, permite períodos presidenciales consecutivos y otorga a los haitianos y haitianas en la diáspora el derecho a votar y ocupar cargos públicos. Además, el 7 de febrero Moïse se convirtió en presidente de facto de Haití, habiendo excedido los 5 años estipulados por la Constitución desde el día de las elecciones que lo llevaron al poder. Al día siguiente, emitió un decreto que desplazaba a jueces de la Corte Suprema y a policías de alto rango, funcionarios que, según él, habían organizado un golpe de estado en su contra. Este mismo decreto transformó más de 25.000 hectáreas de tierras agrícolas protegidas de Savane Diane, en la región central del país, en una zona franca gestionada por Apaid, el mismo promotor del “Grupo de los 184”, para establecer allí una plantación de un cultivo no comestible, la stevia, para la producción de edulcorantes para Coca-Cola. A finales de mes, las iglesias protestantes convocaron a una movilización, a la que acudió en masa el conjunto de la sociedad haitiana.

Luego de una ola de protestas de tres años contra el gobierno de Moïse y PHTK, símbolos de la explotación, corrupción e impunidad, los verdaderos amigos y amigas internacionales de Haití organizaron acciones en todo el hemisferio para hacerse eco de las demandas del pueblo, para proteger la Constitución de 1987 enmendada en 2011, para condenar el régimen dictatorial de Moïse y la gangsterización del territorio, para contrarrestar los proyectos de desarrollo de PHTK y para denunciar la complicidad de la comunidad internacional en la consolidación de la dictadura. Allí pudo verse, en un hecho casi sin parangón, la acción combinada de la sociedad haitiana y de sus aliados en países tan diversos como Canadá, Estados Unidos, Puerto Rico, República Dominicana, Brasil, Trinidad y Tobago, Argentina, Brasil, Uruguay y Francia, lo que redundó en el aplazamiento del pretendido referéndum.

Mamyrah Dougé-Prosper es la coordinadora internacional de la Red Panafricana de Solidaridad Community Movement Builders con sede en los Estados Unidos. Se desempeña también como coordinadora de la coalición internacional Leve Kanpe Avèk Ayiti, que trabaja para apoyar y amplificar las luchas del pueblo haitiano. Es integrante y fundadora de Black Radical, un colectivo multilingüe de medios panafricanos. También es profesora asistente de Estudios Globales e Internacionales en la Universidad de California, Irvine. Su docencia y sus investigaciones se centran en los movimientos sociales de Haití.