La situación del Caribe en el contexto del cambio climático ilustra con claridad la asimetría estructural constitutiva del sistema-mundo capitalista. Por ejemplo, el área del Caribe insular emite alrededor del 1% del total global de emisiones de gases de efecto invernadero que se encuentran en la atmósfera, pero sus habitantes y ecosistemas son ya una de las principales víctimas del cambio climático.

La poca efectividad de las políticas implementadas hasta el momento para hacer frente a esta situación se debe a: 1) altos niveles de fragmentación regional interna como consecuencia de los reacomodos geopolíticos poscoloniales; 2) la urgencia por dar respuesta a otros problemas inmediatos como el peso de la deuda pública; y 3) la alta dependencia de capitales foráneos (Bishop and Payne, 2012).

Superar este escenario crítico supone, a su vez, coordinar acciones en tres grandes ejes. En primer lugar, políticas públicas pensadas ya no solo desde las divisiones político-administrativas existentes, sino fundamentalmente desde regiones climáticas dado el carácter transfronterizo de la crisis ambiental. En segundo lugar, la articulación de movimientos y organizaciones de base comunitaria dentro de la región con los movimientos globales de justicia ambiental y viceversa. Finalmente, la creación de redes y plataformas que posicionen la situación del Caribe en los foros internacionales para lograr una respuesta efectiva de la comunidad internacional (Laguardia Martínez y Gómez Palacios, 2020).

Aunado a estos tres ejes, en este breve escrito me atrevería a sugerir un cuarto eje o, tal vez, un punto transversal a los tres anteriores. Me refiero el diseño y puesta en marcha de repositorios digitales en acceso abierto que posibiliten una compilación del conocimiento ecológico-político existente sobre el área. Esto ayudaría a dilucidar el desconocimiento que en otras regiones existe sobre los problemas del Caribe y sobre la propia heterogeneidad e historia de la región.

En América Latina y el Caribe (ALC), según datos del Atlas de Justicia Ambiental (EJAtlas), se han registrado 937 conflictos socioambientales hasta septiembre de 2020, lo que representa un 29% del total mundial de 3.244 casos (Olmedo Neri y Gómez Liendo, 2020). No obstante, esta totalización no permite apreciar la especificidad caribeña. Cuando hacemos un énfasis en dicha área, encontramos que del total de casos para ALC, los territorios caribeños que conforman los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (SIDS, por sus siglas en inglés) representan un 3% (26 casos) del total de conflictos a nivel regional.

Como acertadamente han argumentado Scheidel et al. (2020), no debemos asumir la información presente en el EJAtlas como estadísticamente representativa de la globalidad del problema. De hecho, existen algunos países con un abordaje limitado. Por tanto, si unos países o áreas aparecen con más casos que otros, no es porque necesariamente tengan “más” conflictos y sus contrapartes sean “más” sustentables, sino por la poca o mucha disponibilidad de datos e información clave para su efectivo registro en el mapa.

Esta observación va en sintonía con el planteamiento de Bishop y Payne (2012) sobre la necesidad de una agenda de investigación enfocada en cambio climático que coloque al ambiente en el corazón de los trabajos que sirven de insumo para el diseño de la política pública, la gobernanza y los planes de desarrollo en el Caribe. También con lo que señalan Laguardia Martínez y Gómez Palacios (2020) sobre la urgencia de “ambientalizar” los currículos universitarios. Ambas sugerencias deben, conforme a la tradición de la ecología política latinoamericana, asumir los conflictos socioambientales como una categoría central de análisis. Después de todo, si las economías de los territorios SIDS en el área del Caribe dependen de la actividad turística, entonces habrá que empezar por explorar las tensiones alrededor de este sector económico sin descuidar otros casos, por supuesto.

Establecer relaciones de colaboración con los coordinadores del EJAtlas puede ser un buen punto de partida para consolidar un nodo de información ecológico-política sobre el área, pero es vital que las propias universidades y centros de investigación del Caribe aúnen esfuerzos parar crear plataformas de investigación colaborativa propias, en las cuales puedan monitorear conflictos en sus territorios, analizar las causas e identificar actores y agendas involucradas. Igualmente, crear repositorios que faciliten la socialización de todos los datos levantados y de todo el conocimiento generado. En ese particular, tanto el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), como la Sociedad Latinoamericana y Caribeña de Historia Ambiental (SOLCHA), constituyen otros dos grandes aliados para posicionar la necesidad ineludible de atender los problemas socioambientales del Caribe y del conjunto de los SIDS en los foros internacionales.

A riesgo de sonar superlativo, los futuros de la política para la sustentabilidad, así como las políticas para los futuros sustentables, van a depender en gran medida de si se asume o no un compromiso ético-político explícito de toda la comunidad internacional para atender la emergencia eco-social de zonas altamente vulnerables como el Caribe.

Referencias utilizadas

Bishop, M.L. y Payne, A. (2012). “Climate Change and the Future of Caribbean Development”. The Journal of Development Studies, 48:10, 1536-1553. DOI: http://dx.doi.org/10.1080/00220388.2012.693166.

Laguardia Martínez, J. y Gómez Palacios, A. (2020). “Cambio Climático y sus impactos en el Gran Caribe. Hacia un diálogo interdisciplinario”. En: Laguardia Martínez, J. (coordinadora), Cambio Climático y sus impactos en el Gran Caribe (pp. 9-18). Buenos Aires: CLACSO.

Olmedo Neri, R.A. y Gómez Liendo, M.J. (2020). “Conflictividad socioambiental en América Latina y el Caribe: un análisis del panorama regional desde la ecología política”. Iberoamérica social: revista-red de estudios sociales, 8(XV), 30-54.

Scheidel, A. et al (2020). “Environmental conflicts and defenders: A global overview”. Global Environmental Change, Volume 63, https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2020.102104.

Marx José Gómez Liendo es sociólogo (Universidad Central de Venezuela), con maestría en estudios sociales de la ciencia (Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, IVIC). Miembro del Laboratorio de Ecología Política del Centro de Estudios de la Ciencia del IVIC, del equipo editorial de la revista Iberoamérica Social y del Comité de Investigación de la Asociación Iberoamericana de Sociología (AIS). Correo: mjgomezliendo@gmail.com.