Ya falta menos de un año para las próximas elecciones en Brasil. Ellas van a decidir cuál será el próximo presidente y vicepresidente, además de renovar el Congreso Nacional. También se realizará la votación para escoger gobernadores y vicegobernadores, Asambleas Legislativas y Cámara Legislativa del Distrito Federal.

La cruzada golpista de Bolsonaro, que tuvo su ápice el pasado 7 de septiembre -día de la Independencia de Brasil- no surtió el efecto deseado de movilizar a sus huestes y provocar la intervención militar con el objetivo de neutralizar a la oposición, cerrar el Congreso y declarar en receso al Supremo Tribunal Federal y al conjunto del Poder Judicial. Sin embargo, después de la bravata golpista, Brasil ha debido enfrentarse con su tenebrosa realidad y sus graves problemas: 600 mil personas fallecidas por el Covid-19, recesión económica, desempleo disparado, carestía e inflación, crisis hídrica y energética, incendios devastadores y destrucción de los ecosistemas, violencia urbana, depresión, suicidios y ausencia de perspectivas de vida para la mayoría de la población.

En este escenario, el presidente Bolsonaro sigue registrando un descenso sostenido de sus índices de popularidad. Aún más, existe un distanciamiento cada vez más pronunciado e irreversible entre muchos de sus ex colaboradores y cómplices en este proyecto ultraderechista. En la actualidad, mantiene diálogo político con un reducido grupo de seguidores y aduladores de palacio, pero casi ningún gobernador declara un apoyo irrestricto a su gestión. Por su parte, los presidentes de la Cámara y del Senado, Arthur Lira y Rodrigo Pacheco respectivamente -que fueron electos gracias al apoyo del Ejecutivo- se muestran ya casi definitivamente reacios a manifestar alguna incondicionalidad al mandatario, a pesar de que los partidos del bloque que representan (el llamado centrão) vienen recibiendo enormes beneficios presupuestarios con las enmiendas parlamentarias que solicitan los congresistas pertenecientes a este conglomerado político.

Es más, el Jefe de la Contraloría General de la Unión, Wagner Rosário, señaló recientemente que no tiene dudas de que existen casos de corrupción en el pago de las referidas enmiendas por parte de muchos parlamentarios, lo cual hace aún más frágil la alianza entre estos políticos y el Palácio do Planalto. El presidente puede descargar las responsabilidades y culpas sobre los hombros de parlamentarios y empresarios que están siendo investigados, pero será difícil esconder el hecho de que el origen de los recursos para el pago de propina derivados de estas enmiendas proviene directamente del acuerdo entre el gobierno federal y los partidos integrantes del centrão.

De cara a las próximas elecciones, Bolsonaro continúa buscando un referente político para afiliarse, ya que desde hace casi dos años se encuentra sin partido, luego que decidiera desafiliarse del Partido Social Liberal (PSL) por desavenencias con sus principales líderes. Al momento de su salida del PSL anunció la formación de un nuevo referente que se llamaría “Alianza por Brasil”, pero hasta el momento el proyecto no se ha concretizado.

El panorama del gobernante es demasiado incierto, por lo mismo en este último periodo ha tratado de bajarle el perfil al creciente conflicto con los otros poderes del Estado que él mismo se ha encargado de crear. Se lo ha visto intentando retroceder hacia posiciones más moderadas, aunque su último discurso en Naciones Unidas lo retrató nuevamente como un obstinado negacionista, quebrando el código de honor de la entidad -que preveía un encuentro entre líderes vacunados- y que de paso lo consolidó como un paria internacional.

En su nada disimulada campaña para la reelección, el ex militar se encuentra recorriendo el país inaugurando obras a medio terminar, aunque lejos de aprovechar esta oportunidad de reafirmarse como una opción viable, el presidente en ejercicio solo se dirige a un público cautivo de acólitos sin importarse con la mayoría de la población de votantes. El presidente parece preocuparse con tener exclusivamente una aproximación a los círculos militares y policiales, suponiendo que son los únicos actores capaces y confiables para organizar la nación.

Es decir, luego de haber obtenido 57 millones de sufragios en 2018, Bolsonaro se aleja sostenidamente de sus electores del pasado. La tendencia es que con los enormes problemas que enfrenta el país y de los cuales no se vislumbra una solución a corto plazo, su popularidad siga descendiendo y su nivel de rechazo continúe aumentando aceleradamente.

Sumado a lo anterior, en los próximos días debe salir a la luz el informe de la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) sobre la situación de la pandemia, en la cual se podrá conocer la forma como el gobierno condujo la crisis sanitaria provocada por el Covid-19, especialmente la responsabilidad del ejecutivo que tuvo una postura negligente y genocida en la postergación de la compra de vacunas, en la defensa del tratamiento precoz con medicamentos de probada ineficacia (como la cloroquina o ivermectina) o en las redes de corrupción enquistadas dentro del Ministerio de Salud para la compra de insumos y vacunas inexistentes.

Si bien parece claro que la reelección del ex capitán se encuentra casi descartada, la cuestión ahora es saber si Bolsonaro tendrá la posibilidad y la capacidad de impugnar dichas elecciones en el caso de ser el perdedor, apelando una vez más a los militares para dejar los cuarteles e imponer el orden y la autoridad con la fuerza de las armas. En caso de salir derrotado en esta eventual intentona golpista, cabe preguntarse si él podrá ser llevado al banquillo de los acusados para enfrentar a la justicia por los innumerables crímenes que ha cometido durante su mandato.

- Fernando de la Cuadra es Doctor en Ciencias Sociales. Editor del Blog Socialismo y Democracia.