En Honduras rige la penalización absoluta del aborto desde el año 1982, reafirmada y blindada por el Parlamento en enero de 2021. Sin embargo, en junio, la Corte Suprema aceptó un recurso de inconstitucionalidad presentado por organizaciones feministas.

En este marco conversamos con Neesa Medina, socióloga e integrante de Somos Muchas, una plataforma por el derecho a decidir en Honduras. Conversamos sobre la situación legal y social del aborto, sobre el movimiento por las tres causales, y sobre lo que podría deparar el esperado triunfo de la candidata progresista Xiomara Castro en las elecciones presidenciales del domingo 28 de noviembre.

Leticia Garziglia: ¿Cómo empieza el trabajo de Somos Muchas?

Neesa Medina: Hace siete años en Honduras se decidió crear un nuevo Código Penal. Era entonces la oportunidad para revertir la penalización absoluta del aborto que existe desde 1982 en el país. Fue así que creamos esta plataforma entre muchas organizaciones, colectivas y personas independientes. Somos Muchas buscaba inicialmente hacer incidencia para lograr que en el nuevo Código Penal de Honduras, que se aprobó hace seis años, el aborto estuviera despenalizado al menos en tres causales.

L.G: ¿Antes de 1982 el aborto no estaba totalmente penalizado?

N.M: En 1982 gobernaba la Junta Militar: allí se crea un nuevo Código Penal, en el que se incorpora la penalización absoluta a petición de líderes de la Iglesia Católica. Antes de eso el aborto era un delito, sí, pero no estaba tipificada su penalización absoluta. Había un margen de acción en el que prestadoras y prestadores de salud podían atender una interrupción en caso de riesgo de la salud de la mujer, que era la causal más habitual. Pero es a partir de este nuevo Código Penal, en el marco de la dictadura militar, que el aborto se penaliza totalmente.

L.G: Pasaron entonces más de 20 años, hasta el momento en que ustedes crearon esta plataforma. ¿Qué pasó entonces?

N.M: Era el momento idóneo porque se iba a crear un nuevo Código, desde cero. Y bueno, si se comienza desde cero, entonces no hay penalización absoluta. Creamos entonces una estrategia para acercarnos a cada diputada, a cada diputado. Por separado, juntos, en el desayuno, en grupo, por tema, por departamento; cualquier forma en la que pudiéramos acercarnos. Teníamos investigaciones, historias, información. Muchos nos decían cosas como “personalmente estoy de acuerdo, pero es año de elecciones. No me conviene pelearme con la Iglesia, no me van a votar” o “ésta no es la línea del partido”. Y cuando se comenzaba a nombrar públicamente a la jerarquía de la Iglesia, aparecía una doble página de la prensa escrita en defensa “de la vida”, en un país que ha tenido la tasa de homicidios más alta del mundo. Los días previos a la discusión se hicieron confrontaciones afuera del Congreso de la República. Pero llegó el momento, se discutió, se presentó la propuesta y votaron a favor 8 diputados de distintos partidos políticos. Logramos romper línea partidaria con algunas abstenciones, lo que simbólicamente tiene su peso, pero no hubo los votos suficientes.

L.G: ¿Qué rescatan de todo ese proceso?

N.M: Nosotras rescatamos al menos cuatro cosas. En primer lugar, que a un año de crear la plataforma logramos mantener instalado el tema todo el año. Tenemos presencia en medios de comunicación tradicionales, alternativos y escritos, en televisión, en foros y a nivel nacional; logramos construir las vocerías necesarias para eso. En segundo lugar, que por primera vez el Congreso Nacional discutió la posibilidad de las tres causales, en un debate televisado. Tercero, que logramos votos de distintos partidos políticos. Por último, que pese a toda esa presión, a esa tensión, no existieron fracturas dentro del movimiento por el derecho a decidir.

A un año del proceso estábamos fuertes, con semejantes avances! Hablábamos entonces con las compañeras de República Dominicana, que en ese momento nos decían “van a tardar como 20 años”. Y yo les decía: “miren qué buen primer año, faltan 19 compañeras, pero miren qué buen primer año que tuvimos!”

L.G: Desde ese momento hasta diciembre de 2020 no hubo cambios a nivel legislativo, ¿verdad?

N.M: El Código tomó mucho tiempo en aprobarse, pero finalmente se aprobó con muchísimas críticas. Además, se le conoce como el Código Penal de la Impunidad, porque baja las penas a delitos de corrupción, malversación de fondos y narcotráfico, pero eleva las penas para la protesta social, la organización política y demás. Pero el escenario seguía igual. En el medio existieron elecciones donde se religió el presidente de la República de forma ilegal, en unas elecciones acusadas de mucho fraude. Se instauró una especie de muro, un cerrar filas de sectores conservadores con lógicas extractivistas; no sólo en relación a la tierra, al territorio, sino también fundamentalistas en temas de derechos sexuales y reproductivos. Aumentó la militarización, los recursos para seguridad, disminuyó el presupuesto para salud y educación y se agudizó la desigualdad y la pobreza en el país. Es en este contexto que no se permite o no se quiere abrir la posibilidad de debatir el tema del aborto y las tres causales.

L.G: ¿Cómo es la situación social del aborto en Honduras? ¿Tienen cifras?

N.M: Honduras es un país muy violento. No son solo los homicidios y feminicidios. Esa es una expresión catastrófica de la violencia. Pero la violencia es tan penetrante en la vida que te condiciona todo. Cómo te vestís, dónde salís, a qué hora, con quién, todo. En este contexto hay algunos elementos que nos permiten dimensionar lo grave que es la penalización absoluta del aborto. Uno es la violencia sexual: en Honduras se denuncia un hecho de violencia sexual cada tres horas, pero sabemos por estudios que solo una de cada seis personas realiza la denuncia. Es decir que cada 30 minutos hay una agresión sexual en el país. Desde 2009, con el golpe de Estado, asumió la dirección del Ministerio de Salud el doctor y actual diputado Maro Villafranca, con quien se prohibió el consumo, venta y promoción de la pastilla del día siguiente. La anticoncepción de emergencia está prohibida en Honduras, incluso para víctimas de violencia sexual. Ya se había votado la prohibición en el Congreso en el año 2008, pero en ese momento el presidente Manuel Zelaya vetó esa ley y entonces pasó a la Corte Suprema de Justicia, que se tomó su tiempo para definir. En medio de eso hacen el golpe, sacan a Zelaya y prohíben la pastilla. Ahora el ex ministro (hoy diputado) reconoce públicamente que lo que hizo fue un error. Pero hablamos, en los últimos 12 años, de 2.200 agresiones sexuales que pueden resultar en un embarazo producto de una violación cada año. Y si vas a hacer la denuncia, tienes un 95% de probabilidades de que tu denuncia quede en nada. Hau que decir que tampoco tenemos educación sexual integral.

Otro elemento es que Honduras es un país altamente armado. Hay alrededor de 9 millones de habitantes (4 millones son personas adultas) y un millón y medio de armas de fuego. Usualmente quienes tienen esas armas son hombres. Las probabilidades de que camines por la calle en este país y un hombre tenga un arma es casi que del 30%. Entonces, la forma en que una se conduce por la calle es desde la alerta, y cualquier expresión de violencia está mediada por la posibilidad de un arma de fuego. Eso perpetúa las agresiones. Por otro lado, Honduras es el segundo país de América Latina con mayor tasa de embarazos en adolescentes. Una de cada cuatro adolescentes ya es madre o está embarazada.

L.G: ¿Qué pasa cuando deciden interrumpirlo?

N.M: Se enfrentan a la desinformación, al miedo, o al ataque. Existen, por lo menos dentro de quienes tienen mayores privilegios de acceso, algunas redes de información segura, incluso sobre anticoncepción de emergencia. Está la app Aborto Seguro, una herramienta muy útil en estos contextos altamente restrictivos, al menos para quienes tienen acceso a internet, a un celular, o a un momento a solas para hacer una llamada. Pero el resto sufre abortos clandestinos, inseguros. El aborto es la cuarta causa de mortalidad materna en el país; se registran entre 50 y 80 mil abortos cada año. Y muchas de las mujeres son criminalizadas; hicimos una investigación porque no sabíamos de cuántas se trataba. Una estrategia que usan es la de cambiar el tipo penal por homicidio o infanticidio para aumentar la pena. El 40% de las mujeres encuestadas son denunciadas por el personal de salud. Cerca de la mitad ejercen trabajo doméstico, remunerado o no remunerado. La mayoría son jóvenes menores de 30 años y todas tienen escasos recursos económicos. Lo que hemos visto es que en los momentos en que se está discutiendo la posibilidad de despenalizar o cambiar la legislación sobre aborto se incrementa la exposición en los medios de las mujeres por abortar; se muestran imágenes de mujeres en estado de shock, todavía con su bata de hospital, con esposas puestas y en primera plana. Esa fue, por ejemplo, la primera plana del día que se discutió en el Congreso Nacional la despenalización del aborto por tres causales.

Lo que decís deja en claro que la lucha por el aborto legal no es una lucha liberal, burguesa, o de niñas blancas de clase media, como se dice muchas veces. Al contrario, son las pobres las que seguramente terminarán criminalizadas, en el mejor de los casos… ¿Tienen información sobre qué cantidad de mujeres penalizadas hay por abortar?

La investigación que hicimos mostraba 76 mujeres criminalizadas por abortar, no necesariamente a veces por ese tipo penal. Hay algunas que están dentro de la cárcel; hay otras que tienen medidas sustitutivas, que son la mayoría. Pero esas medidas sustitutivas pueden llegar a ser tan crueles como que una mujer tenga que ir cada semana para dejar constancia de que está en el país. Entonces eso se vuelve un antecedente penal e impide conseguir trabajo. Todo eso, incluso, por un aborto espontáneo; hay muchos casos así, de abortos espontáneos denunciados por el propio personal de salud. El  tema es la exposición que implican, la persecución, los ataques dentro de su comunidad. También hay casos en los que las mujeres han perdido la custodia de sus hijos. Entonces, este Estado sólo sirvió para eso en sus vidas. No estuvo presente para garantizar educación, ni salud, ni que no fuera víctima de violencia: sólo para criminalizarla.

L.G: ¿De qué manera abortan las mujeres en Honduras? ¿Es posible conseguir pastillas o acceder a la aspiración manual endouterina? (AMEU)

N.M: Te encontrás con escenas horribles: mujeres que se lanzan desde un segundo piso, mujeres que se introducen objetos, otras que reciben golpes. En Honduras hay misoprostol, pero es un medicamento restringido. Solo se puede conseguir con receta de un gastroenterólogo. Y eso es muy difícil. Lo que se hace desde estas redes son líneas de información. En Honduras hay una ley de escuchas telefónicas, por lo que entonces se corre un riesgo también. Está la “Línea Segura HN”, hay whatsapp, teléfonos y cuentas de Instagram en donde se da información. El aborto con medicamentos es la forma más frecuente en quienes tienen acceso a esa información y a los recursos necesarios, porque ya sabemos que la clandestinidad eleva los precios y esto se vuelve un mercado. También hay clínicas que realizan AMEU, pero son experiencias altamente estigmatizantes y muchos de los doctores que lo hacen incluso están en contra, pero lo hacen por dinero y hacen que el procedimiento sea innecesariamente doloroso y traumático.

L.G: ¿Cuánto cuesta realizarse un aborto en Honduras?

N.M: Según los testimonios que nos llegan de las clínicas (no sabemos si las intervenciones son realizadas por doctores), puede llegar a unos 2.000 dólares. Pero con medicamentos, dependiendo del precio, puede estar entre 100 y 200 dólares. En Honduras el 80% de la población es pobre. El 60% está en la miseria. Entonces, 200 dólares es un precio muy caro.

L.G: Contanos un poco de todo lo que pasó en 2021… Nos comentabas que en enero blindaron en el Congreso la prohibición del aborto para que no pueda ser discutida a futuro. Y que a partir de junio las organizaciones feministas presentaron un recurso a la Corte Suprema para poder poner en debate al menos la posibilidad de las tres causales. Parece que hace poco la Corte aceptó el recurso, que aceptó debatirlo. ¿Es efectivamente así?

N.M: Mientras estábamos celebrando la legalización en Argentina, el Partido Nacional se puso a redactar esta ley. El texto de la propuesta de reforma a la Constitución menciona la legalización en Argentina y las tres causales en Chile. Entonces es una reacción basada en el miedo. Es totalmente reactiva ante la ola verde. Pero se acercan las elecciones y posiblemente sean los últimos días de este partido de gobierno, que ha sido el único que ha estado en el poder desde el golpe de Estado. Además, veníamos de tener encuentros nacionales por el derecho a decidir, cada vez con más personas, primero 400, después duplicamos el número, realizamos talleres en todo el país, con personas desde los 12 a los 74 años. Entonces metieron esta reforma, que no solamente pretende impedir que se discuta la despenalización del aborto en futuras constituciones, sino que también pone un candado para la discusión del matrimonio igualitario. La arman en menos de 20 días, presentan la propuesta, la aprueban y la ratifican, ¡una reforma constitucional!

Ya desde Somos Muchas teníamos pensado este recurso de inconstitucionalidad. Lo íbamos a presentar el 25 de enero, que es el Día de las Mujeres Hondureñas. Pero se nos adelantaron y tuvimos que adecuarlo. Finalmente lo presentamos el 13 de abril. Y en junio la Corte admitió, sin ninguna observación, el recurso de inconstitucionalidad que podría llevarnos a despenalizar el aborto por tres causales.

L.G: ¿Qué significa, en términos prácticos, que la Corte haya admitido el recurso?

N.M: Significa que la Sala Constitucional considera que hay méritos y argumentos suficientes para discutir la despenalización por tres causales. Implica que la Corte Suprema de Justicia del país, contrario a lo que pasó en el Congreso, tomará tiempo, argumentos, análisis, energía, para considerar el tema. No hay un tiempo límite para que emitan su decisión. Se espera que sea en el rango de 1 a 2 años. Y lo que nos corresponde es facilitar las opiniones, experiencias e investigaciones que respalden esa propuesta para que la Corte tome la decisión adecuada.,

L.G: ¿Cómo crees que un eventual gobierno de Xiomara Castro podría afectar las demandas del movimiento feminista de Honduras?

N.M: Creo que, de llegar Xiomara Castro a la presidencia, pero también de cambiar el balance de fuerzas de los otros poderes del Estado con el Partido Libertad y Refundación (LIBRE), sin duda cambiarían las prioridades del gobierno. Esperaríamos de ese gobierno un respeto a los derechos humanos en general y de las mujeres en particular. El plan de gobierno de Xiomara Castro y de LIBRE refleja muchas de las apuestas de los movimientos sociales de Honduras. Se hizo un trabajo muy valioso en construir esta agenda consensuada, y la aspiración es que ese esfuerzo que se hizo por consultar a los sectores populares, a las bases, a los movimientos sociales, a la sociedad civil, que eso sea la guía que pueda seguir un gobierno. Para el movimiento feminista tener a un partido y a una mujer presidenta de ese partido que se considera socialista y feminista daría el estándar de lo que esperamos del gobierno. Interpelaríamos desde ese lugar a que se cumplan las apuestas del plan de gobierno y de ese proyecto. Porque el movimiento feminista fue uno de los sectores que integró la resistencia hondureña después del golpe de Estado y este partido surgió también como uno de los brazos de la resistencia popular después el golpe. Hay varias compañeras feministas que están aspirando a cargos de elección popular en este partido. Creo que la diferencia en cómo puede gobernar Xiomara parte del hecho de que no son aspiraciones individuales, sino que atrás de ella, de LIBRE y de las alianzas que se han hecho para estas elecciones, hay una lucha popular que vincula y da sentido a lo que esperamos sea un resultado favorable en las próxima elecciones.

L.G: ¿Con qué te gustaría cerrar la entrevista?

N.M: Quisiera cerrar con una frase que decía una compañera cuando ocurrió esta reforma de la Constitución, este candado que nos hicieron poner. Ella decía: “No se puede detener la historia y no se puede prohibir el futuro. El aborto legal en Honduras también será ley”.