La deforestación es una preocupación histórica clave en las políticas medioambientales de Brasil. Entre las desigualdades estructurales en torno a la sostenibilidad de la selva amazónica, las fuerzas económicas siempre han presionado para obtener más áreas destinadas a las industrias minera, maderera y agrícola. No sólo los recursos naturales se enfrentan a las amenazas de los poderes económicos; los pueblos y las culturas se ven igualmente afectados, ya que las comunidades indígenas y quilombolas –históricamente colonizadas y tradicionalmente vinculadas a la preservación del medio ambiente– se resisten a la creciente deforestación.

Como estrategia para preservar los derechos de las comunidades tradicionales y monitorear la sostenibilidad del medio ambiente, se ha creado marcos legales y se ha implementado tecnologías en los últimos 20 años. Se actualizaron los protocolos de transparencia y datos abiertos, teniendo en cuenta las normas internacionales, y el trabajo de las entidades sociales públicas y privadas pasó a ser fundamental para alcanzar los objetivos ambientales.

Más recientemente, con el ascenso de un presidente autoritario, de extrema derecha y opositor a los derechos humanos, la sostenibilidad de la Amazonía y la agenda de derechos de los pueblos indígenas han sido profundamente desmanteladas. En un gobierno alejado de las prácticas democráticas, los casos de manipulación de datos públicos, la censura de los resultados de las investigaciones y la negligencia en relación con las plataformas gubernamentales en línea para la transparencia son una realidad en el Brasil actual.
 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Brasil han retrocedido décadas. Por ello, el futuro de la información abierta, el medio ambiente y la cultura indígena se encuentran en riesgo.

Antecedentes

En Brasil, las políticas de transparencia, datos abiertos y acceso a la información, incluidas sus expresiones en la política medioambiental, han experimentado un desarrollo considerable en los últimos 20 años. Esto incluyó la creación del Portal de Transparencia del gobierno federal, en 2004; la llamada Ley de Transparencia en 2009; la Ley de Acceso a la Información en 2011; la fundación de la Asociación de Gobierno Abierto –una asociación entre la sociedad civil y los gobiernos, de la que Brasil es miembro fundador– en 2016; y la regulación de la Política de Datos Abiertos en Brasil, en 2016.

Las políticas de protección del medio ambiente y la demarcación de las tierras indígenas también han dado lugar a un aparato institucional especializado en la garantía de los derechos de los pueblos indígenas y en la inspección y publicación de datos ambientales. Diversas instituciones y plataformas forman una red de observación y producción de conocimiento, como el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE), encargado de monitorear la deforestación en Brasil a través de satélites; el Sistema Nacional de Información Forestal (SNIF), plataforma de recogida, procesamiento, almacenamiento y difusión de datos sobre los bosques; la Fundación Nacional del Indio (Funai); y el Observatorio del Clima.

Se descuelgan datos, voces, bosques y tierras

No obstante lo señalado, la falta de respeto de la actual administración por los derechos humanos repercute directamente en el desmantelamiento de los datos abiertos, la preservación del medio ambiente y las políticas sobre derechos indígenas. Jair Bolsonaro ya se ha referido a los pueblos indígenas brasileños como "apestosos", "animales del zoológico"¹ y "una masa manipulada"² y ha dicho que dará armas a los agricultores para "limpiar" estas tierras³. Además, el entonces ministro de Agricultura, Ricardo Salles, planteó que el gobierno debería aprovechar la atención mediática centrada en la pandemia del coronavirus y saltarse la legislación medioambiental. Entre otras numerosas medidas antiambientales, el gobierno de Bolsonaro eliminó la Secretaría del Cambio Climático y dos Comités del Fondo Amazónico, en los que participaban entidades de la sociedad civil como partes interesadas en la supervisión.

La censura a los trabajos de investigación y a la publicación de datos climáticos abiertos se ha hecho costumbre en el gobierno de Bolsonaro y está directamente relacionada con su agenda pro-agronegocio. En agosto de 2019, el director del INPE, Ricardo Galvão, fue despedido después de que el organismo publicara datos, recogidos vía satélite, que demostraban una deforestación récord en la Amazonía. En julio de 2020, la divulgación de nuevos datos sobre los altos índices de devastación de los bosques provocó la dimisión de Lúbia Vinhas, investigadora y coordinadora del Observatorio de la Tierra, un departamento del INPE. Asimismo, al final del primer año del gobierno de Bolsonaro, el 43% de las bases de datos estaban desactualizadas, además de varios portales de transparencia, como los sitios web del SNIF y de la Funai.

Datos de la quema de bosques y la devastación ambiental

Brasil es uno de los principales países en términos de biodiversidad y recursos naturales: El 58% de la superficie total del país está cubierta por bosques y biomas naturales. Es el segundo país con mayor superficie forestal en hectáreas, según la última Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales (de la FAO). Uno de los recursos ambientales más valiosos del país es la selva amazónica, el mayor bosque tropical del mundo, que se extiende por ocho países diferentes y tiene el 64% de su superficie total situada en Brasil: lo que se denomina la Amazonía Legal Brasileña (BLA) ⁴ está formada por regiones de nueve estados brasileños.

En 2019, los incendios de la Amazonía brasileña se convirtieron en objeto de una importante atención mundial, gracias a una intensa actividad en las redes sociales digitales, que sensibilizó sobre el aumento de los incendios. Después de que una enorme nube de humo cubriera el cielo de São Paulo, salió a la luz pública que la Amazonía estaba "ardiendo". El INPE afirmó que los incendios en la Amazonía habían aumentado un 84% en comparación con el mismo período de 2018.

Como se mencionó anteriormente, el ex director del INPE, Ricardo Galvão, estuvo en medio de una polémica en 2019 debido a la divulgación de datos relacionados con un aumento en la tasa de devastación ambiental. Justo después de la divulgación de los datos, Bolsonaro y el entonces ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, dijeron que los impugnarían públicamente, acusando a Galvão de incoherencia y de posibles "daños" a la "imagen internacional de Brasil". El INPE fue fundado en 1971 y Galvão se desempeñaba en el instituto desde 2016; también fue reconocido por Nature⁵ como una de las "diez personas destacadas en la ciencia en 2019", como defensor de la ciencia.

Utilizando satélites, el INPE mapea sistemáticamente la Amazonía Legal y es responsable de generar informes anuales de deforestación para la región desde 1988. Como parte del Programa de Monitoreo de la Amazonía y Otros Biomas (PAMZ+), diferentes iniciativas, como el Programa de Monitoreo de la Selva Amazónica Brasileña por Satélite (PRODES) y el Sistema de Detección de Deforestación en Tiempo Real (DETER), fueron creadas por el instituto y representan una gran base de datos que actualmente está amenazada.

Con el objetivo de democratizar el acceso a los datos y organizar las bases de datos públicas, el INPE también desarrolló TerraBrasilis⁶, un portal/plataforma web con datos geográficos generados por los programas mencionados. Una de las coordinadoras de la plataforma, Lúbia Vinhas, fue destituida de su cargo y transferida a una "nueva función estratégica", según el ministro de Ciencia y Tecnología, Marco Pontes. Sin embargo, la destitución de Vinhas se produjo días después de que el INPE anunciara el aumento de las tasas de deforestación, que mostraron un incremento del 25% con respecto a 2019.

Existen otros sistemas de información como el Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIMA) que recoge y organiza los datos de los recursos naturales brasileños. El sistema es uno de los instrumentos de la Política Nacional de Medio Ambiente, y está concebido como una "plataforma conceptual basada en la integración y el intercambio de información entre varios sistemas existentes", creada y mantenida por el Servicio Forestal Brasileño (SFB). El SFB es responsable de mantener el Sistema Nacional de Información Forestal (SNIF) que gestiona los datos sobre los bosques con el fin de apoyar políticas y proyectos basados en la evidencia, para su conservación⁷. En 2019, el SFB fue transferido del Ministerio de Ambiente al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento en un claro intento de desmantelar el ecosistema de protección ambiental y debilitar el Ministerio de Ambiente.

Incluso el ministro brasileño de Ambiente, Ricardo Salles, se vio envuelto en varios escándalos relacionados con el debilitamiento de la normativa nacional sobre protección medioambiental. A principios de 2020, pidió al gobierno que impulsara la desregulación de las políticas ambientales mientras la gente estaba distraída por la pandemia de coronavirus. Esto fue captado en un video que la Corte Suprema ordenó divulgar debido a una investigación que involucra a Bolsonaro. A raíz de esto, el Instituto Talanoa y el periódico Folha de São Paulo⁸ mapearon un aumento significativo en el número de actos aprobados por el ejecutivo en materia ambiental durante la pandemia.

Otras dos entidades aún vinculadas al Ministerio de Medio Ambiente son el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (IBAMA) y el Instituto Chico Mendes para la Conservación de la Biodiversidad (ICMBio). Un reciente informe sobre el tráfico de fauna silvestre que cita a ambos institutos ha demostrado que la falta de datos es un problema importante en la lucha contra el tráfico de animales en Brasil. "En lo que respecta al comercio ilegal de fauna silvestre en Brasil", afirman los autores del informe, "no se dispone de cifras sistematizadas actualizadas, ni oficiales ni académicas, debido a los conjuntos de datos fragmentados, incompletos y a menudo incoherentes que poseen los distintos organismos gubernamentales." ⁹ El IBAMA y el ICMBio son institutos clave en la producción y organización de datos sobre la preservación de la biodiversidad brasileña, pero están sufriendo numerosos cambios en su estructura interna y en sus órganos de gestión desde que Bolsonaro asumiera la presidencia del país.

Pueblos indígenas en Brasil

Creada en 1967, la Fundación Nacional del Indio (Funai) se encarga de identificar, demarcar y registrar las tierras ocupadas por los pueblos indígenas, promover políticas dirigidas a su desarrollo sostenible y reducir los impactos ambientales creados por agentes externos.

En 2006, según los datos facilitados por la Funai, Brasil tenía una población de aproximadamente 345.000 "nativos". Sin embargo, en el censo de 2010, 817.963 personas se declararon indígenas. Este repentino aumento se explica por el cambio de los criterios de identificación y no por factores demográficos. Aun así, Brasil no dispone de una estimación precisa de la población indígena en su territorio. ¹⁰

La Funai solía invertir en soluciones de código abierto para el seguimiento de las tierras indígenas. Hoy en día, los mapas están desfasados y las pestañas del sitio web de la Funai relacionadas con la "participación social" y los "datos abiertos" están desactivadas. ¹¹ En el portal de datos abiertos del gobierno federal, ¹² una sección llamada "CACI – Mapeo de los ataques contra los pueblos indígenas", fue la primera vez que se sistematizaron y georreferenciaron los delitos contra los pueblos indígenas. ¹³ En lugar de actualizarse anualmente, el último informe sobre "Violencia contra los pueblos indígenas en Brasil" data de 2015 y los últimos datos cargados en la plataforma se refieren al asesinato de un niño indígena en 2017.

En el extenso Plan Maestro de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 2020-2022 de la Funai, se incluyen principios como "publicidad y transparencia". En el apartado de "directrices", el plan menciona la adopción de normas de accesibilidad a la información y procedimientos menos burocráticos para proporcionar a la sociedad un conjunto de información y herramientas destinadas a la promoción del desarrollo sostenible y la preservación cultural de los pueblos indígenas. El plan también fomenta la adopción de software libre. En el apartado de "objetivos estratégicos", se enumeran la aportación de soluciones TIC que añadan valor estratégico a la Funai, la viabilidad de los servicios públicos digitales para la sociedad y el fomento de la transparencia mediante el uso de las TIC. Sin embargo, tras un análisis FODA¹⁴, se identificaron varias amenazas externas en la estructura de las TIC de Funai. Los cambios en el plan de políticas públicas del gobierno federal, las restricciones presupuestarias, la inestabilidad política con el riesgo de discontinuidad en los planes estratégicos previamente establecidos, y la retirada o terminación de los contratistas involucrados en los servicios críticos fueron algunas de ellas. ¹⁵

Datos recientes de las ONGs muestran cómo los pueblos indígenas están sufriendo la pérdida de sus tierras con el crecimiento de los conflictos causados por el avance de la agroindustria en Brasil. En los últimos años, el avance más agresivo de una economía orientada a la exportación ha provocado un aumento del número de muertes en conflictos por la tierra en el país. Después de una reducción en los últimos 10 años, las muertes han aumentado durante el gobierno de Bolsonaro.

Durante la pandemia de COVID-19, para compensar la negligencia del gobierno federal, han surgido iniciativas de datos abiertos a nivel regional en todo el país. En junio de 2020, estudiantes de la Universidad Federal de Rio Grande do Norte (UFRN) lanzaron una plataforma para documentar las comunidades y pueblos indígenas, pero también para rastrear el impacto de la pandemia de COVID-19 en los pueblos indígenas. ¹⁶ Con el fin de hacer un seguimiento de los casos de COVID-19 en las aldeas indígenas y sus alrededores, la ONG Instituto Socioambiental (ISA) creó una plataforma interactiva en línea, en la que es posible seguir el progreso del virus a través de las reservas indígenas brasileñas. ¹⁷

Quilombolas y afrobrasileños

Los quilombos o comunidades quilombolas, en el pasado, eran lugares de refugio formados a partir de la unión de esclavos fugitivos o de la compra de tierras por parte de esclavos liberados. Los quilombos contemporáneos se refieren a las tierras de los descendientes de estos pueblos, que viven en comunidades caracterizadas por la agricultura de subsistencia y las prácticas culturales que tienen un fuerte vínculo con su ascendencia africana.

En Brasil viven más de 15 millones de quilombolas, que luchan por el derecho de propiedad de sus tierras consagrado en la Constitución Federal desde 1988. Los quilombolas pueden reclamar el reconocimiento oficial de la Fundación Cultural Palmares (FCP), una entidad pública brasileña vinculada al Ministerio de Cultura, creada en 1988. Su principal misión es la preservación de la cultura afrobrasileña.

Sin embargo, la última actualización en el portal de datos abiertos de la FCP relacionada con el número de quilombos (asentamientos quilombolas) certificados es de febrero de 2019 y todavía no hay ninguna herramienta de visualización creada para este fin. Los únicos documentos disponibles están relacionados con la información de los metadatos y una hoja de cálculo actualizada por última vez a principios de 2019, eso a pesar de que el Plan de Datos Abiertos 2017/2019 de la FCP establece la actualización mensual de los datos de certificación de quilombos.

En 2018, se publicó una versión modificada del Plan de Datos Abiertos de la FCP. El nuevo plan parece posponer, en varios casos hasta un año, algunos de los plazos acordados anteriormente. Aun así, parece que los plazos no se han cumplido. Algunos de los objetivos eran la "puesta en marcha de la publicación automática de información de datos abiertos" y un nuevo Plan de Datos Abiertos para 2020/2022. Sin embargo, ningún documento que contenga estos datos parece estar disponible en el portal.

En 2019, Sérgio Camargo fue nombrado el nuevo presidente del PCF por Bolsonaro. El designado era conocido por publicar comentarios racistas en las redes sociales, refiriéndose al movimiento por los derechos de los negros en Brasil como "escoria maligna" formada por "vagos" y menospreciando las religiones de base africana. Además, prometió despedir a quienes no compartieran su "objetivo" de despedir a los "izquierdistas", afirmando que es necesario "montar un nuevo equipo de extrema derecha".¹⁸

Entre las diversas comisiones ya extinguidas por Camargo está la de Datos Abiertos. También ha empezado a concentrar el poder de las decisiones que antes se tomaban de forma colectiva. Las organizaciones del movimiento negro consideran sus medidas "no sólo autoritarias, sino totalitarias y altamente peligrosas para lo que queda de democracia" en Brasil. ¹⁹

También señalaron que no hay interés en la participación efectiva de la sociedad civil organizada ni en la creación de espacios de debate. Actualmente, en el sitio web del PCF, la sección destinada a la divulgación de información sobre la realización de audiencias públicas, consultas públicas u otras formas de fomentar la participación popular no contiene ninguna información.

Conclusión

La construcción de una estrategia ambiental sostenible lleva décadas de cooperación, geopolítica, fomento de alianzas para la gobernanza de múltiples partes interesadas, la implementación de tecnologías para proporcionar datos abiertos continuos y, principalmente, una fuerte promoción de los derechos de los pueblos. Por otro lado, apenas se necesitó un par de años para desbaratar la política y las normativas medioambientales y vender tierras y bosques al servicio del capital. Es cierto –y lamentable– que este último es el modelo adoptado por el actual gobierno brasileño.

También ha quedado claro que el trabajo de investigación científica molesta a aquellos cuyos objetivos implican manipular u ocultar información pública. Estas políticas opacas y poco éticas son típicas de los regímenes autoritarios y enemigos históricos de la libertad de expresión. Este escenario sugiere que es más importante que nunca reafirmar la necesidad de financiación pública y privada para la investigación relacionada con el medio ambiente y promover el debate abierto y la libertad de expresión y opinión en el ámbito científico y académico.

Los pueblos indígenas y quilombolas tienen su ascendencia, sus tierras y su patrimonio cultural en el centro de sus vidas. En este caso, el uso de tecnologías y buenas prácticas de información abierta por parte de las entidades responsables de su preservación puede ser fundamental para una supervisión plural y democrática y, por tanto, para un futuro sostenible y de confianza. La esencia misma de la identidad brasileña está en juego si no se da prioridad a sus pueblos indígenas y a su medio ambiente por encima de los intereses comerciales. La lucha por sus causas es una forma de descolonización y de fortalecimiento del Sur global.

Pasos de acción

Los siguientes pasos de acción son necesarios para abordar la crisis de los datos abiertos y del medio ambiente en Brasil:

• Defender públicamente el mantenimiento de los portales de datos abiertos y las plataformas de transparencia como facilitadores del ejercicio de los derechos políticos de los grupos vulnerables y de la protección del medio ambiente.

• Fomentar campañas y eventos educativos con el propósito de popularizar las herramientas de software libre en todos los sectores de la sociedad, enfatizando la importancia de los datos abiertos para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible y para la democracia brasileña.

• Presionar al gobierno para obtener datos precisos que han sido retenidos en los últimos años, utilizando la Ley de Acceso a la Información y/u otros instrumentos legales disponibles en el sistema legal brasileño.

• Buscar la movilización a nivel regional e internacional para evitar que la actual administración desmantele las instituciones que protegen el medio ambiente y las comunidades vulnerables en Brasil. Exigir reparaciones a través de los instrumentos y recursos disponibles en los tribunales internacionales y a través de las organizaciones internacionales.