El Norte desarrollado no se cansa de repetir que la corrupción es el problema principal que frena el crecimiento del Sur. Sin embargo, son exponentes del gran capital financiero mundial con sede en Europa o Estados Unidos, los que, a menudo, deben sentarse en el banquillo de los acusados. Es entonces cuando esa construcción retórica cae como castillo de naipes ante la evidencia irrefutable: la corrupción y la impunidad son cimientos de un sistema hegemónico mundial y no de un continente determinado.

Un Tribunal de Apelación francés acaba de ratificar la condena contra el banco suizo UBS (Unión de Bancos Suizos), por haber incitado activamente a miles de inversores franceses a abrir cuentas en la Confederación Helvética para evadir el pago de impuestos en su país de origen. Según el veredicto del pasado 13 de diciembre, esta gigante corporación financiera con sede en Zúrich incitó sistemáticamente, entre 2004 y 2012, a clientes galos a esconder su dinero en Suiza.

El fallo obliga al banco helvético más grande del país y uno de los más poderosos del mundo -- con unas 300 sucursales en 50 países-- a pagar una multa de 1.800 millones de euros. La cifra más imponente para este tipo de condena, a pesar de que la misma representa menos de la mitad de los 4.500 millones que un tribunal francés en primera instancia le impuso inicialmente. Junto con la multa inicial, cinco de los seis dirigentes del banco que fueron acusados por los hechos recibieron penas de prisión en suspenso de seis a 18 meses, y multas de 50.000 a 300.000 euros.

Según la primera sentencia del Tribunal de Gran Instancia de París, en febrero de 2019 y en conformidad con el pedido de la Fiscalía Financiera nacional, la condena se elevaba a 3.700 millones de euros a pagar a la administración de impuestos, así como otros 800.000, pagaderos al Estado francés en concepto de daños civiles.

El banco apeló esa condena, con el argumento de que la misma estaba viciada de “motivaciones políticas”. Esta segunda semana de diciembre, el Tribunal de Apelación fundamentó su decisión de reducir la multa considerando como referencia la cantidad de los impuestos evadidos y no la cifra total de activos del UBS.

El banco suizo, que se ubica en el top 30 de los mayores bancos del mundo -- y a la cabeza de los denominados *bancos privados* que se dedican a la gestión de fortunas--, sufrió así una nueva cachetada legal, aunque la sacó barata en términos contables.

El proceso jurídico

El juicio comenzó en octubre de 2018 como resultado de una larga investigación de siete años, la cual dio legitimidad a los testimonios de ex empleados franceses de la gran banca suiza que denunciaron los hechos. Se la acusó formalmente de haber instalado un sistema de evasión fiscal masivo. En términos legales, se caratuló "captación bancaria ilegal" y "blanqueo agravado de los ingresos procedentes del fraude fiscal".  Según la Unidad Nacional francesa de delitos financieros, de esta manera se ocultaron al fisco francés por lo menos 9.760 millones de euros (casi 11.000 millones de dólares). Para esconder los movimientos de capitales ilícitos entre los dos países, el banco suizo habría implementado una doble contabilidad.

Diversas fuentes informativas recuerdan que el día que se inició el proceso, Bradley Birkenfeld, un ex banquero estadounidense ligado en un momento a la UBS, repartía gratuitamente afuera de la sala del tribunal, ejemplares de su libro "Lucifer's Banker". (El Banquero de Lucifer). Birkenfeld denunció un gigantesco fraude del banco suizo entre 2002 y 2007 con el objetivo de ayudar a unos 20.000 clientes a ocultar del fisco estadounidense miles de millones de dólares. Práctica ilegal que le significó al banco una multa de 780 millones de dólares. Por hechos semejantes, UBS había sido condenado en Alemania, en 2014, a pagar una multa de 300 millones de euros.

Años más tarde, según la Agencia Francesa de Prensa (AFP), las autoridades alemanas entregaron a sus pares francesas documentos que probaban que unos 38.000 clientes galos habían depositado fondos en este mismo banco. El monto de las operaciones habría representado unos 12.000 millones de euros (más de 13.000 millones de dólares).

Comentando sobre los argumentos de dicha acusación, la Radio Francia Internacional informó en octubre de 2018 que UBS habría ofrecido "servicios, procesos o dispositivos destinados a disimular, invertir o convertir deliberadamente fondos no declarados", vía "sociedades offshore, monopolios o fundaciones". El banco identificaba su potencial clientela en recepciones, cacerías, o acontecimientos deportivos de alta sociedad, como partidos de golf.

Los portavoces de la institución bancaria, desde un primer momento, negaron los cargos, y alegaron que la UBS siempre actuó en conformidad con la ley suiza. Y que no podía saber si sus clientes estaban en regla con el fisco de sus respectivos países.

Escándalo tras escándalo

Apenas una semana antes de la condena del tribunal de apelaciones francés, el 13 de diciembre, Unión de Bancos Suizos quedó involucrado en otro escándalo público. En este caso, destapado por la investigación Congo Hold-up en la que participaron diversos medios internacionales de prensa, así como Organizaciones No Gubernamentales, entre ellas la suiza Public Eye.

Según el cotidiano helvético Le Temps, UBS habría recibido sumas sospechosas de dinero utilizadas para comprar maquinaria agrícola para las tierras de Joseph Kabila, ex presidente de la República Democrática del Congo (RDC), quien detentó el poder entre 2001 y 2019. De acuerdo con esta fuente, Kabila habría malversado al menos 138 millones de dólares durante los últimos años de su gestión.

El banco suizo no verificó el origen de los fondos utilizados para comprar dicha maquinaria. El contrato sospechoso representaba unos 7 millones de dólares, suma que, supuestamente, se transfirió el 25 de septiembre de 2012 a una cuenta del banco UBS en Zúrich. El motivo de la transacción -- "compra de equipo agrícola"--parece inofensivo. Pero, según Public Eye, el origen de los fondos, --la RDC tiene una mala reputación entre los países más corruptos del mundo--, así como el beneficiario de la transacción, deberían haber alertado al banco.

Según la red investigativa Congo Hold-up, dicho monto se acreditó luego a una empresa domiciliada en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas, propiedad del empresario belga Philippe de Moerloose, un estrecho colaborador del ex presidente Joseph Kabila. Es de conocimiento público que las empresas belgas obtuvieron contratos por más de 742 millones de dólares durante la presidencia de Kabila. A fines de noviembre pasado, Public Eye ya había señalado a UBS por haber recibido, también de la RDC, unos 12 millones de dólares, a través de su filial de Ginebra, en beneficio del empresario belga.

Philippe de Moerloose niega estar en la lista de Personas Políticamente Expuestas (PEP), es decir, aquellos que debido a su posición política de prominencia e influencia son más susceptibles de participar en alguna forma de corrupción a gran escala.  Pero su estrecha relación con el clan Kabila debería haber alertado al UBS, especialmente porque el empresario belga no tiene actividades conocidas en Suiza. De acuerdo con la normativa contra el blanqueo de capitales, no está prohibido hacer negocios con las PEP, pero se requiere una precaución adicional en cuanto al origen de los fondos. Por otra parte, debe comunicarse a las autoridades los movimientos financieros sospechosos en los que estén implicadas estas personalidades. De ser necesario, los fondos podrían ser bloqueados.

En el caso congoleño, los aproximadamente 7 millones de dólares utilizados para comprar tractores procedían de Grands Elevages du Congo (GEL), una empresa que pasó a manos de la familia Kabila poco después de la supuesta transferencia a la cuenta de UBS. A la pregunta de Public Eye al respecto, Philippe de Moerloose respondió que GEL era un "cliente histórico de [su] grupo", pero dijo desconocer si la familia del ex presidente ahora controlaba o no dicha empresa.

El 24 de noviembre, tras las primeras revelaciones de Congo Hold-up, la justicia congoleña anunció la apertura de un proceso judicial.

En la mala, el Estado salvador

La condena reciente de los tribunales franceses contra Unión de Bancos Suizos constituye un nuevo golpe a la credibilidad de estos mastodontes de las finanzas internacionales. Paradójicamente, aun si UBS pagara la multa de 1.800 millones de euros, este monto representa menos del 20% del supuesto beneficio total que el primer banco suizo -- y primer banco mundial en cuanto a gestión de fortunas--, obtuvo gracias al monumental blanqueo masivo por el que fue condenado.

Un affaire escandaloso que no fue ni el primero, ni será, posiblemente, el último. En Suiza, donde los bancos son señores y amos, el capital financiero juega un rol esencial. Y la identificación nacional con sus entidades financieras parece estar en los propios genes helvéticos.

En octubre de 2008, en el peor momento de la anterior crisis financiera mundial, resultado del colapso de la burbuja inmobiliaria estadounidense (la crisis de las hipotecas subprime) UBS y Credit Suisse, segundo banco del país, protagonizaron su propia bancarrota. Víctimas de su estrategia de alto riesgo en el mercado estadounidense, ambas instituciones parecían destinadas a una muerte irreversible.

Sin embargo, y sin consulta parlamentaria previa, el 16 de octubre de ese mismo año, el Gobierno suizo y el Banco Nacional Suizo anunciaron un plan para salvar a UBS del naufragio: el Estado destinó 6.000 millones de francos -- unos 6.600 millones de dólares -- para restablecer los fondos del propio banco y el Banco Central aprobó 54.000 millones de dólares para que pudiera transferir los títulos ilíquidos (es decir caídos en desgracia) a un fondo especial a la espera de tiempos mejores para poder revenderlos.

Esos escándalos bancarios que protagonizan en el plano internacional y de los cuales parecieran salir siempre bien parados, no mellan, sin embargo, la férrea institucionalidad de UBS y sus pares helvéticos, como Credit Suisse.

Estas corporaciones arriesgan porque se sienten fuertes y protegidas, casi impunes. Son parte del gran engranaje del poder cotidiano suizo, europeo y mundial. Y saben que, cuando las papas queman, podrán contar con el Estado, el cual movilizará los fondos necesarios -- provenientes de los impuestos que contribuyen sus propios ciudadanos-- para poner cuantas cataplasmas hagan falta para calmar las molestias causadas por sus fraudulentas, ilegales o especulativas inversiones privadas.

- Sergio Ferrari, de Berna, Suiza