Un día de 1987, mis abuelos fueron a la capital para hacerse análisis médicos y, por razones económicas, me dejaron solo en su granja, donde yo solía pasar las vacaciones. El Tata me dejó su escopeta y me dijo que no la tocase si no tenía necesidad. Sin electricidad, las noches en la granja eran interesantes pero muy oscuras y, a veces, algunos cazadores cruzaban su propiedad sin permiso. 

“Déjalos pasar”, me dijo. “Si alguien se acerca a la casa para robar, agarrá la escopeta. Si no tenés más remedio que disparar, apuntale a los pies. Mi granja no vale la vida de nadie ni la carga de conciencia que te quedaría para el resto de la vida si matas a alguien”.

Ahora, cada vez que escuchamos los discursos reclamando más seguridad, cada vez que vemos las acciones de “defensa” de los imperios o leemos las nuevas leyes de los países civilizados, podemos pensar lo contrario: la propiedad privada es más sagrada que la vida ajena.

De las invasiones imperiales en nombre de la “defensa propia” he escrito algo. Ahora quisiera echar una mirada a ese pequeño país, Uruguay, relativamente pacífico y civilizado.

El nuevo gobierno conservador se reservó un paquete de reformas al Código penal para después de las elecciones presidenciales de 2019 (por lo cual llamarlo “Ley de Urgente Consideración” –LUC– fue otra ironía rioplatense) y logró aprobarlo unos meses después. Actualmente, 135 artículos de este paquetazo están bajo amenaza de ser derogados por un referéndum popular. Algo semejante al referéndum de 1992 que detuvo la ola neoliberal, cuando el padre del actual presidente era presidente.

El lenguaje técnico de los nuevos artículos de la LUC no difiere de sus versiones de 2008, pero en cada detalle exuda su ideología, propia de las clases altas en el poder: los problemas de “la gente bien” se resuelven con mano dura, con más represión, con la criminalización más temprana de adolescentes (pobres) y limitando el ejercicio de la democracia en la base de la sociedad. Más allá de la narrativa moderada de cada nuevo artículo, claramente podemos ver una criminalización de un lado de la sociedad para proteger los intereses y los privilegios del otro lado. En la mayoría de los casos son intereses y privilegios fantasmas, es decir, adoptados como promesa de ese ascenso social que nunca llega, excepto en la fantasía de los individuos aferrados a pequeños “éxitos”.

El objetivo de la LUC son, socialmente hablando, los pobres. Ahora, quienes promueven su derogación en el referéndum publican videos sobre la violencia policial como factor reivindicado por la nueva ley, sin darse cuenta que en todo el mundo las clases medias le temen más a los de abajo que a los de arriba. Según esta psicología, los pobres nos roban con los impuestos y nos roban la billetera en el autobús. Los ricos no. Los ricos saben robar sin que te sientas ni inseguro ni estafado. De hecho, les agradecemos por no estar peor, como los pobres. Es la tradicional moral del esclavo: cualquier mínimo privilegio se lo acreditamos a los que mandan; cualquier pérdida es culpa de los insaciables y perezosos esclavos que siempre quieren más.

Uno de esos factores de la nueva Ley es la legalización implícita del “arresto ciudadano”, lo cual se puede rastrear en los linchamientos y las leyes Jim Crow en Estados Unidos para controlar a los negros convertidos en ciudadanos luego de la Guerra Civil. En Uruguay, el racismo ideológico ha sido mínimo (nunca hubo un equivalente al KKK o al partido Nazi), pero nuestro orgullo antirracista debería ser revisado seriamente cuando se trata de racismo cultural y estructural. Esa actitud que nos lleva a sentir “orgullo legítimo” por ser rubios y europeos y, en el mejor de los casos, un “orgullo reivindicativo” por ser pocos indios y negros tan buenitos. Otra consecuencia del colonialismo internacional (imperialismo) y del clasismo nacional (patriotismo).

También la tendencia a la proto militarización de la policía en la LUC es otra importación inadvertida. Es la carta de los conservadores en Occidente para reprimir manifestaciones y rebeliones, producto de las políticas neoliberales y capitalistas bajo la vieja excusa de combatir la delincuencia y el desorden producidos por el mismo sistema ideológico que los crea. Chile, Colombia y EEUU tienen más experiencia.

El Artículo 45, por ejemplo, mencionando la “Oportunidad para el uso de la fuerza” la justifica “cuando el personal [policial?] advierta la inminencia de un daño [y] deba disolver reuniones o manifestaciones que perturben gravemente el orden público, o que no sean pacíficas”. El artículo 30 de 2008 establecía que “En toda circunstancia, el personal policial debe actuar de forma tal que, racionalmente, evite generar un daño mayor al que pretende impedir [y] está exento de responsabilidad cuando actúa en legítima defensa propia o de terceros”. Por lo cual la sutil y secreta reforma de la LUC consiste en establecer (Artículo 31 bis) la “Presunción de legitimidad de la actuación policial: Salvo prueba en contrario, se presume que la actuación del personal policial en ejercicio de sus funciones, es acorde a las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias vigentes”.

El nuevo artículo 43 establece, bajo el mismo espíritu del control y la represión como prerrogativas del derecho ajeno, que “toda persona tiene el deber de identificarse cuando la Policía lo requiera. […] Cuando una persona se niegue a identificarse […] podrá ser conducida a la correspondiente dependencia policial”. Otra vez, la discreción del caso recae en cada policía, quien podrá detener a cualquier ciudadano sin documentos, no basado en un delito cometido sino en una sospecha.

Para no hacerlo infinito, un último ejemplo referido a la educación y al miedo a la democracia directa. El Artículo 76 de 2008 establecía que “En todo centro educativo público de Educación Inicial, Primaria, Media Básica y Media Superior y Educación Técnico-Profesional, funcionará un Consejo de Participación integrado por: estudiantes o participantes, educadores o docentes, madres, padres o responsables y representantes de la comunidad. Los respectivos Consejos de Educación reglamentarán su forma de elección y funcionamiento”. Para corregir este descontrol de decisiones en las bases de la sociedad, la LUC corrige la última línea: “Las respectivas Direcciones Generales propondrán al Consejo Directivo Central la reglamentación de su forma de elección y funcionamiento”.

Ni la LUC ni las políticas de los gobiernos de derecha priorizan las causas de la violencia sobre la represión de sus consecuencias. Lo cual no sólo sería de justicia social sino también de interés general. Un botón de muestra que observo en Estados Unidos y es extensible a sociedades (económicamente) más pobres: El cerebro de un individuo no madura ni se estabiliza por lo menos hasta los 25 años. Quienes son ricos o clase media acomodada pueden y saben cómo tratar a sus hijos más problemáticos, muchas veces jóvenes violentos o deprimidos, con los mejores psicólogos y psiquiatras y con la mejor comprensión de un problema que no se resuelve a fuerza de palos. Los hijos de los pobres (negros, en Estados Unidos) terminan en la cárcel y allí hacen posgrados de delincuencia. 

Sólo esta observación debería ilustrar lo que quiere decir “injusticia social”. Pues no. Para nuestros hijos, profesionales. Para los hijos de los de abajo, policía y mano dura, lo que de paso confirma todos los estereotipos de la cadena cultural.

Los países y los estados más armados no son los estados más seguros; los mayores índices de criminalidad coinciden con mayores índices de desigualdad. Pero no nos engañemos: debido a la pandemia, la criminalidad ha descendido en muchos países. Lo mismo las protestas sociales, que reventarán cuando la pandemia y la autorrepresión pasen.

Al día de hoy, las encuestas informan que el referéndum contra la LUC perderá por amplio margen. Al día de hoy, hay esperanzas de que el pueblo uruguayo reaccione. Como siempre, en el último minuto.