El caso del fundador de WikiLeaks Julián Assange, acusado de espionaje y otras aberraciones judiciales para ocultar la peor ofensiva de centros de poder contra la libertad de expresión, vuelve a ocupar espacios estelares en el mundo.

Eso se debe a la proximidad de la injusticia que se trata de cometer contra él para extraditarlo a Estados Unidos por la arbitraria decisión de dos magistrados británicos, con muy altas probabilidades de un deterioro físico mortal.

A ello se une la revelación de las gestiones en su defensa del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ante su colega Donald Trump, redirigidas de hecho a su sucesor Joe Biden para que le condonen la pena y permitan su asilo en México.

En una carta a Trump en 2020 divulgada hace unos días por el propio mandatario ante el peligro de extradición y la actitud negativa contraria a Assange del primer ministro británico Boris Johnson -nacido en Upper East Side, Nueva York-, López Obrador apeló entonces a un humanismo del cual el destinatario nunca dio muestras.

Además, ofreció a México para recibirlo en calidad de asilado y ahora, en estos días iniciales de 2022, reiteró su oferta de amparo, esta vez a la administración Biden, pero tampoco recibió respuesta.

López Obrador fue claro al señalarle a Trump que, en su reclusión en Londres, la salud del reo empeoró severamente y está en riesgo real de morir en prisión, posibilidades que, lamentablemente, no variaron.

Assange enfrenta una posible condena de cárcel por muchos años en Estados Unidos. En mi opinión, aunque haya actuado de manera equivocada, es una persona movida por ideales y principios, y pienso que por ese hecho debiera ser merecedor de compasión, escribió.

Fue como golpear con el badajo una campana neumática pues la Casa Blanca hizo mutis por el foro con lo cual evidenció que su interés de castigar al joven australiano es irreversible, tanto para republicanos como demócratas, que incurren por igual en la misma mentira y en violación de sus propias normas jurídicas y leyes.

Lo que ocultan los cargos a Assange

A Assange lo tratan de inculpar de delitos muy graves, aunque indirectos, como espionaje o traición, de los cuales está muy lejos de ser responsable, y ocultan tras esa falacia el verdadero motivo que es seguir bloqueando, como han hecho hasta ahora, el derecho a la libre información de la ciudadanía.

Con esa posición de culpabilidad, además, dan un espaldarazo a criminales de guerra que actuaron en la aberrante guerra de Iraq para apoderarse de su petróleo y hacerse de un enclave geoestratégico en esa región del Oriente Medio.

Assange no espío ni traicionó a nadie, simplemente publicó en su sitio en redes 77 mil documentos militares reveladores de hechos brutales en ese país y, meses más tarde, 400 mil informes muy comprometedores que pusieron al desnudo la naturaleza asesina y de conquista de aquella guerra.

Gracias a ello, el mundo conoció los horrores de la invasión, incluso con imágenes desgarradoras de torturas y asesinatos deliberados a civiles por parte de los soldados estadounidenses, a través del sitio web que él mismo fundó en 2006: WikiLeaks.

Lo que develó WikiLeaks en Irak

Más allá de las atrocidades que WikiLeaks develó gracias al trabajo informativo de Assange y su equipo, lo que más dolió y pesa en contra del australiano, fue la evidencia de la rapiña que sirvió de eje a la invasión en favor de las grandes transnacionales del petróleo de Estados Unidos.

Entre estas últimas, la más descollante en la destrucción y el saqueo de Iraq fue la poderosa empresa Halliburton a la que estuvo muy ligado Dick Cheney, vicepresidente del gobierno de George W. Bush, y exconsejero delegado de esa transnacional, cargo que abandonó para poder ejercer al lado de la Oficina Oval de la Casa Blanca.

Fue acusado en aquella época de ser el artífice de lo ocurrido en ese país árabe y de entregar a esa empresa los principales contratos para la explotación del crudo robado y de otros jugosos convenios calculados en unos 20 mil millones de dólares, para que la Halliburton se encargara de la reconstrucción del país destruido por ellos mismos.

Cheney tuvo incluso la desvergüenza de recibir las millonarias indemnizaciones que esa transnacional le pagó por dejar su cargo ejecutivo, en pleno ejercicio de su empleo como vicepresidente de Estados Unidos.

Halliburton obtuvo la mayoría de los contratos en Irak sin licitaciones por la gestión de Cheney.

Revelar esas verdades está muy lejos de ser un acto de espionaje o de traición a la patria, y de los demás cargos que le han fabricado.

Todas las denuncias formuladas en aquella época contra el vicemandatario no prosperaron, y el mundo se enteró de muchas de esas arbitrariedades y saqueo impune de las riquezas de un país entero por la acción informativa e investigativa de ese sitio web y los miles de documentos confirmatorios que develó.

El gobierno de Bush pidió que la justicia condenara a Assange y comenzó una feroz cacería de brujas y una brutal campaña tergiversadora de los hechos y de la actividad informativa e investigadora de WikiLeaks para demonizarla, al igual que a su fundador.

La valiente actitud de WikiLeaks

En respuesta a aquellos ataques iniciales -que se han mantenido en el tiempo por cada uno de los presidentes que, desde entonces, han ocupado la Casa Blanca hasta llegar a Joe Biden- el sitio y su creador fortalecieron la plataforma de Internet para no solo exponer acciones cuestionables de diferentes gobiernos, sino también de poderosos grupos corporativos.

Con esa valiente actitud se lograban dos objetivos simultáneos: consolidar un medio público de denuncias de corrupción y otros delitos, y segundo, defender con una práctica legal y transparente, el derecho a la información.

Assange denunció con esa labor, tan molesta para las transnacionales, cómo lucraban con la riqueza ajena y se convertían en instrumentos de succión del capital circulante en el mundo para concentrarlo en pocas manos y ensanchar la brecha entre ricos y pobres.

A comienzos del año 2011, WikiLeaks develó, por ejemplo, cómo grandes corporaciones estaban vendiendo a diferentes gobiernos sistemas para vigilar y controlar la información de cada persona, sin importar quién fuera, a través de sus celulares, correos electrónicos y redes sociales, algo insoportable para los grandes intereses.

Esa actividad sí constituye un acto de espionaje a gran escala.

La trama para la detención de Assange

La cacería de brujas contra él y su sitio se intensificó, y así surgió la farsa de violaciones sexuales para encarcelarlo, que no funcionó, pero sirvieron de pretexto para que en noviembre de 2010 Interpol emitiera aquella tristemente famosa orden judicial para el arresto del activista, seguida de la historia hartamente conocida.

Assange siempre tuvo la certeza de que el interés de Londres para extraditarlo era parte de una conspiración más amplia de la Casa Blanca y los grandes empresarios para enviarlo a Estados Unidos acusado de violar la Ley de espionaje, una aberración legal que podía conducirlo incluso a la silla eléctrica.

En junio de 2012, dos meses después de que el Reino Unido dictaminara que debería ser extraditado a Suecia, Assange se refugió en la embajada de Ecuador en Londres y le fue concedido asilo político por el entonces presidente Rafael Correa.

Allí estuvo encerrado casi siete años por el contubernio del gobierno británico con el de Washington, hasta la cobarde y miserable traición del siguiente mandatario ecuatoriano, Lenin Moreno, en abril de 2019, quien lo entregó a la policía, a sabiendas de las consecuencias.

Un mes después, el Reino Unido lo condenó a 50 semanas de prisión por haber incumplido su fianza y lo hacinó en la cárcel Belmarsh de Londres.

Mientras, Suecia reabrió las investigaciones en su contra a las cuales ya había renunciado y la Casa Blanca aceleró su campaña y presiones para la extradición que todavía sigue en debate judicial en Gran Bretaña.

La importante gestión de López Obrador

Ante el inminente peligro de que esto último sucediera, y previendo las graves consecuencias para Assange ya con su salud muy quebrantada, surge la gestión del presidente López Obrador.

En esencia, está basada en dos criterios que considera importantes: el sentido humanitario que debe prevalecer en la justicia de los hombres, y la defensa de la libertad de expresión.

Como se conoce, ambos alegatos fueron desestimados por Trump y en estos momentos los están siendo por Biden.

Prevalece, en cambio, la idea de la venganza, tanto institucional como empresarial, y una falsa ética de cófrades, inocultable en lo personal entre Boris Johnson y Donald Trump, reconocidos como grandes amigos.

Evidentemente, el primer ministro británico no ha querido afectar su alianza con Estados Unidos y eso perjudica a Assange.

La defensa del fundador de WikiLeaks ha intentado desmontar la falacia en los delitos por los que es requerido en Estados Unidos- 17 en total-, que suman una condena de más 175 años de cárcel hasta pena capital entre ellos conspiración para acceder a información confidencial y clasificada, lo cual vinculan con espionaje.

Por supuesto, que el peligro de que algo malo le suceda a Assange se ha multiplicado con la insólita decisión tomada el 10 de diciembre por el tribunal británico de apelaciones encabezado por los magistrados Ian Duncan Burnett y Timothy Holroyde.

Ambos resolvieron permitir su extradición a Estados Unidos, en contra de la que adoptó en enero de 2021 su colega Vanessa Baraitser.

De ratificarse en el incierto proceso de apelación, la única garantía de integridad física y mental con la que cuenta Assange es un muy frágil y poco confiable compromiso de autoridades estadounidenses de garantías sobre su seguridad y tratamiento médico y psiquiátrico.

En este contexto, la carta de López Obrador a Trump, y hecha pública con la evidente intención de que Biden la asuma, adquiere una nueva actualidad y una mayor dimensión política y humana, debido a las grandes posibilidades de que se consume uno de los peores ataques a la libertad de expresión que se haya hecho jamás.