El texto final de la COP26, celebrada en Glasgow, resultó de dos semanas de negociaciones en las que representantes de casi 200 países debatieron muchos temas, pero construyeron pocos acuerdos para implementar el Acuerdo de París.

La regulación del artículo 6, que ordena las reglas para el mercado de carbono, fue el más importante resultado de esta COP. Sin embargo, cuestiones clave relacionadas con el financiamiento climático por parte de los países ricos dificultan la ejecución de una agenda planetaria que logre articular desarrollo económico con justicia ambiental.

El compromiso de 2009 de los países desarrollados de desembolsar 100.000 millones de dólares anuales para 2020 se pospuso para 2025. Esta falta de compromiso de los países ricos debilita las ambiciones de otras delegaciones de llegar a acuerdos y realizar las acciones necesarias. Sin el liderazgo de las economías más avanzadas y, en consecuencia, más contaminantes, las negociaciones multilaterales no tendrán éxito. Según una encuesta realizada por Global Carbon Project, desde 1850 los cinco mayores productores de gases de efecto invernadero dentro del bloque de países desarrollados fueron: los Estados Unidos (24,6%), Alemania (5,5%), Reino Unido (4,4%), Japón (3,9%) y Francia (2,3%), totalizando el 40,7% de la emisión de estos gases en los últimos 170 años. El bloque de países en desarrollo está liderado por China (13,9%), Rusia (6,8%), India (3,2%); en décimo lugar está Brasil (1%).

Además de la responsabilidad de financiar la transición energética hacia una economía baja en carbono, tanto dentro como fuera de sus fronteras nacionales, también corresponde a los países ricos cooperar con los países pobres y en desarrollo a través de la transferencia de tecnología y la asistencia técnica para cumplir las promesas aprobadas en las conferencias de la ONU.

Sin embargo, cuando analizamos las relaciones económicas y políticas entre los países centrales (ricos) y periféricos (en desarrollo y pobres), identificamos que existe una estructura de poder que reproduce la desigualdad de condiciones para que el planeta contenga su calentamiento hasta en 1 .5 °C para el año 2100, en comparación con las temperaturas registradas a mediados del siglo XVIII, en la época preindustrial.

Más allá del hecho de no proporcionar financiamiento climático adecuado, los gobiernos de los países ricos subsidian la expansión del negocio de grandes grupos económicos, con sede en los países del Norte, que se benefician de la mercantilización de la naturaleza. Aquí estamos hablando de corporaciones como la Nestlé suiza y la estadounidense Coca-Cola, con la apropiación del agua potable en muchos países, por ejemplo; o la anglo-australiana BHP Billiton, la minera corresponsable de los delitos ambientales en Mariana y Brumadinho; o también podríamos mencionar a las empresas del complejo industrial-militar de los Estados Unidos, que desplazan barcos, aviones y tanques quemando petróleo, además de bombardear territorios y dejar tras de sí restos y productos tóxicos. Son los proyectiles, vehículos y equipos vendidos por Lockheed Martin y Boeing, por ejemplo, con los que se realizan los ejercicios militares estadounidenses y sus más de 800 bases militares en todo el mundo —de la OTAN, la coalición Aukus, el grupo Quad y aliados—.

Por otra parte, como países periféricos, esta poderosa concentración y centralización del capital es una amenaza a la soberanía de nuestros territorios. Esto porque, sólo en América del Sur, se encuentran algunas de las grandes reservas de recursos naturales indispensables para la reproducción del sistema de acumulación capitalista.

Los datos recogidos por la profesora Mônica Bruckmann demuestran lo que está en juego en términos geopolíticos para nuestra región: tenemos el 94% de las reservas mundiales de litio, el 96% de niobio, el 36% de cobre, casi el 30% del agua dulce del planeta y siete de los diez países con mayor biodiversidad del mundo. Al priorizar la regulación del mercado de carbono, en lugar de asegurar el financiamiento global para el clima, los países ricos están trabajando hacia la mercantilización de la naturaleza. Al fin y al cabo, estamos hablando de un mercado creado a partir de uno de los servicios ambientales que brinda la naturaleza (capturar carbono de la atmósfera)

Las perspectivas posteriores a la COP26 para este mercado están sobrecalentadas, acelerando la especulación con el valor de la tierra en áreas con alto rendimiento para absorber carbono del aire. Los profesores Fairhead, Leach y Scoones, de la Universidad de Sussex, denominan a este proceso “green grabbing”, que consiste en la articulación entre el mercado financiero y el medio ambiente, produciendo el llamado “capitalismo verde”, convirtiendo agua, aire, clima , vegetación y suelo en mercancías.

En este escenario post-acuerdo COP26, la selva amazónica tiene una importancia geopolítica estratégica. Como podemos ver en el mapa a continuación, presente en ocho países y una provincia francesa, la Amazonía corresponde al 40% del territorio de América del Sur, transporta el 17% del agua dulce del mundo y representa un tercio de los bosques latifoliados del planeta. Es con estos datos en la mano que la geógrafa brasileña Bertha Becker afirmó que la “Amazonas es el corazón ecológico del planeta”.

Es evidente que la regulación del mercado de carbono aumenta los intereses de grandes grupos de inversionistas internacionales en las aguas, los bosques y la biodiversidad de la Amazonía y en todos los demás biomas en otras partes del mundo. Desde la perspectiva del "capitalismo verde", estamos observando el desarrollo de un mercado adicional para la reproducción del neoliberalismo, con la mercantilización de la naturaleza a través de la financiarización de los servicios ambientales proporcionados por ella.

En opinión del presidente de la COP26, Alek Sharma, el acuerdo alcanzado en Glasgow fue “una frágil victoria”, pues expresa un desajuste entre lo que sabemos que se debe hacer y lo que realmente se hace. Es importante comprender la complejidad y la radicalidad de la crisis para que podamos debatir y ejecutar el mejor conjunto de políticas globales, y no el más posible, para que no superemos los 1,5 °C.

Desde nuestro punto de vista, el financiamiento climático, la transición energética baja en carbono, la tolerancia cero a la deforestación, la transferencia de tecnología y la cooperación internacional son los cinco puntos esenciales de la agenda internacional de cualquier país serio y verdaderamente comprometido con el presente y el futuro de la Humanidad. Esta es la agenda ambiental internacional que debemos priorizar para garantizar la reproducción de la vida con calidad en nuestro planeta.

Aliado a la crisis ambiental, el actual gobierno brasileño socava el liderazgo internacional que nuestro país ya había tenido en materia ambiental. Incluso en agricultura podemos identificar nuestro retraso en relación a las discusiones de la COP26.

Para el profesor de la Licenciatura en Relaciones Internacionales de la UFABC, Olympio Barbanti, "el conjunto de acuerdos de Glasgow apunta a un necesario cambio estructural en la agricultura brasileña" cuando se trata de bosques, ciudades, uso del suelo, metano y agricultura, involucrando a las instituciones financieras para el desarrollo del capitalismo moderno en la agricultura, mientras que “el gobierno de Bolsonaro hace lo contrario, incentivando una ocupación de la Amazonía para la ganadería extensiva, con muy poca o ninguna tecnología”.

El Estado brasileño tiene un papel único en el cumplimiento de esta agenda. De los 9 países amazónicos, Brasil tiene el 60% de los 5,5 millones de kilómetros cuadrados de selva. Por lo tanto, es imprescindible el protagonismo de nuestro país en cualquier discusión o acuerdo relacionado con el medio ambiente y la Amazonía. En la primera década de este siglo mostramos al mundo que es posible combatir la deforestación, fortalecer los organismos públicos de inspección y control ambiental, al mismo tiempo que desarrollamos nuestra economía aumentando la productividad agrícola con distribución del ingreso.

Finalmente, citando nuevamente las ideas de Bertha Becker, tenemos que superar el paradigma de la "economía de frontera", basada en extraer valor de la selva cuando es deforestada, para transitar a una industria biotecnológica del siglo XXI, utilizando la tecnología para generar empleo, ingresos y rentas de la selva en pie, diseñando políticas públicas para el desarrollo económico, social y soberano del territorio y de los pueblos amazónicos.

Giovani del Prete es miembro del Levante Popular de la Juventud, Licenciado en Relaciones Internacionales y estudiante del Magíster en Economía Política Mundial, ambos de la UFABC. delprete.giovani@gmail.com.