La comunidad indígena Nahua de Tecoltemi, en el estado de Puebla acaba de lograr un triunfo histórico. Logró que la Suprema Corte de Justicia cancele las concesiones mineras en su territorio. Antes lo había logrado otra comunidad indígena, la de San Miguel del Progreso, en el estado de Guerrero. Estos triunfos marcan lo que debe ser una ruta a favor de los pueblos originarios contra el extractivismo y la depredación de sus territorios. Porque no han tenido el mismo resultado otras comunidades: es el caso del desalojo operado por la Guardia Nacional y diversas policías contra Altepelmecalli, Casa de los Pueblos que habían construido y operado las comunidades nahuas de la Cholulteca, también en Puebla, en el lugar donde operaba la empresa extractora y embotelladora de agua Bonafont, filial de la trasnacional Danone, apenas el 15 de febrero.

Tampoco ha tenido resultado la resistencia de la comunidad del ejido Huizopa, seccional de Dolores, municipio de Madera, en el norteño estado de Chihuahua. En 2006 llegó ahí la minera canadiense, Mine Finders a extraer oro y plata mediante una mina de tajo abierto, con una capacidad de 20 mil toneladas diarias. La dirigencia ejidal desde el principio denunció que la minera invadió más de 2 mil hectáreas del ejido a pesar de que sólo recibió licencia de uso de suelo por 500 hectáreas. También denunció que la minera pretendía conformar a los 248 ejidatarios con 39 millones de pesos, siendo que a sus accionistas les informaba que a lo largo de 16 años obtendría ingresos brutos por tres mil 100 millones de dólares. Así lo consignaron en un reportaje los corresponsales de La Jornada, Miroslava Breach (asesinada 9 años después) y Rubén Villalpando.

La empresa trató de sofocar la resistencia construyéndoles viviendas a las familias, pues la veta principal está justo debajo de la parte vieja del pueblo, pero la dirigencia ejidal no aceptó. Ésta demandaba además, medidas efectivas de control de la contaminación producida por la operación de la mina. Acudieron al Ejecutivo y al Legislativo de Chihuahua, a los medios de comunicación, a las organizaciones sociales.

Mine Finders respondió con una estrategia múltiple: contrató a cabilderas y cabilderos del PRI, logró el respaldo del gobierno de Felipe Calderón, sobornó o cooptó dependencias. Repartió 142 mil pesos a cada ejidatario. Dividió a la comunidad otorgando contratos de transporte, de comedor y servicios a algunas familias de esta, a cambio de que apoyaran las operaciones extractivas.

A las tácticas blandas siguieron las duras: fueron desaparecidos algunos dirigentes ejidales, se secuestraron otros y se amenazó a todos. El crimen organizado se dejó ver con más frecuencia en el poblado y no era precisamente la empresa la amedrentada por sus incursiones. A las voces que en la radio de Ciudad Madera hacían ver las consecuencias ambientales y sociales de la operación de la mina, como al Prof. Dante Valdez, se les negó por más de una década el acceso a los micrófonos. Se compró el silencio de los medios de comunicación.

Esto le permitió a Mine Finders continuar su labor extractiva y contaminante. En agosto del 2010 habitantes del Ejido Huizopa, denunciaron que los derrames de cianuro en tuberías y la fosa de separación de oro y plata de la compañía provocaba el envenenamiento de la cuenca del río Tutuaca y otras corrientes que alimentan el río Yaqui. (CNDH, UNAM: Estudio sobre la protección de ríos, lagos y acuíferos desde la perspectiva de los derechos humanos, 2018).

Los derrames de Cianuro de Sodio y otras sustancias altamente tóxicas suceden en promedio 10 veces por mes pues todas las geomembranas que se utilizan en las lagunas de lixiviación son permeables, sin contar las fugas en las tuberías y los derrames de sustancias tóxicas en su transportación, datos totalmente documentados ya durante décadas en la mesa de asuntos ambientales de la PGR y otras instancias.

En 2012 la empresa Mine Finders fue adquirida por otra minera canadiense, la Pan American Silver, que cuenta con minas en otros cuatro países de América Latina y además el proyecto La Colorada, en Zacatecas. Continuó con los planes de expansión de la mina en Dolores y abrió la explotación subterránea. A junio de 2021 reportó que había reservas probables de 650 mil onzas de oro, que al precio de mil 350 dólares la onza aseguraba un ingreso bruto de casi 900 millones de dólares, además de 20 mil 500 onzas de plata. Con la mira puesta en esta riqueza, pidió al ejido extender su contrato de usufructo, que venció en octubre de 2021, de 3 a 5 años más. Ese mes el ejido intentó celebrar su asamblea para discutir la extensión de dicho contrato. Sin embargo, la reunión no pudo realizarse por la presencia de gente armada extraña a la comunidad. Hasta ahora la Procuraduría Agraria no ha garantizado la reprogramación y celebración de una nueva asamblea sin injerencia externa al Ejido.

Es necesario que el Gobierno Federal, a través de la Procuraduría Agraria, acuda en auxilio de los núcleos ejidales amenazados por el poder corruptor o represor de las compañías mineras y sus aliados delincuenciales. Es, sobre todo, urgente que se promulgue una Nueva Ley Minera. y la apruebe la iniciativa de ley Agua Para Todos, Agua Para la Vida, para que, vencer al capitalismo por despojo con dos, tres, muchos Tecoltemis.