El 11 de marzo Gabriel Boric (36 años), asumió la presidencia ante el pueblo y los pueblos de Chile destacando así el carácter plurinacional del estado chileno. Su gabinete ministerial con mayoría de mujeres envió el mensaje de un gobierno feminista, abierto a la institucionalización de los derechos de las mujeres. El presidente de la esperanza insiste en que su proyecto es resueltamente socialdemócrata.  Lo cierto, es que el nuevo gobierno de Apruebo Dignidad rompió con el duopolio que compartió el poder los últimos treinta años. Y es que la aplastante victoria de Apruebo Dignidad el 19 de diciembre de 2021 contuvo el giro ultraderechista de Chile Vamos a favor de José Antonio Kast y posibilita el cambio de la Constitución (Ver nuestro análisis).

Destaquemos el juramento como Senadora independiente, por la emblemática víctima de la represión del saliente gobierno de Sebastián Piñera y primera mayoría nacional, Fabiola Campillai. Y es que el nuevo gobierno hereda un país con presos políticos del estallido y deudas de reparación para las víctimas. Mientras la Convención Constitucional redacta una nueva carta magna, a la que la derecha, los Amarillos y sus medios de comunicación le han declarado la guerra.

Boric hereda un país con tropas en la Araucanía y sin diálogo plurinacional. Con estado de emergencia y xenofobia en el Norte por una crisis migratoria generada por el gobierno saliente. Con instituciones estatales desprestigiadas por fraudes institucionales y una clase política deslegitimada. Además, recibe un país con desigualdades sociales y económicas agudizadas por la pandemia; con un agotamiento del modelo neoliberal extractivista, la sequía y con zonas de catástrofe.

En condiciones en que no cuenta con mayoría en el Congreso, creemos que el éxito del nuevo gobierno dependerá del apoyo y la participación popular, pero, sobre todo, del Apruebo de la Nueva Constitución. Una derrota en el plebiscito de salida dejaría Boric con el temido síndrome del "pato cojo".

Un Gobierno entre símbolos y pragmatismo

Al igual que otros gobiernos desde 1990, el presidente Gabriel Boric no cuenta con mayoría suficiente en el Congreso para realizar su programa. En condiciones normales, estaría confrontado a los mismos problemas que los anteriores gobiernos de la Concertación o Nueva Mayoría.

El nuevo presidente argumenta con la firmeza de sus convicciones y su gran capacidad de diálogo le ayudará. Valga señalar que no ha cometido errores aún. Su gabinete está compuesto mayoritariamente de mujeres. Por primera vez en la historia de Chile, el ministerio del interior está a cargo de una mujer, la médico-cirujana, Izquia Siches. Su gobierno tiene la fuerza simbólica de ser feminista, y abrir las perspectivas de avanzar al fin, en el reconocimiento institucional de los derechos de las mujeres.

Además, su equipo de gobierno encarna una resuelta ruptura generacional con la clase política de los últimos treinta años y abraza los desafíos propios del siglo 21 como el de enfrentar el cambio climático.

La predominancia de miembros de la Coalición Apruebo Dignidad y la ausencia de la Democracia Cristiana en el gobierno, confirman el cambio de ciclo político respecto de los gobiernos de la Concertación o de la Nueva Mayoría. Al mismo tiempo, la designación de cinco ministros socialistas en el gabinete envía señales de la posible formación de un bloque por el Socialismo democrático, por la socialdemocracia o el Estado Bienestar.

El gabinete cuenta también con varios independientes que otorgan un perfil pragmático al nuevo gobierno. En efecto, la designación de la independiente Antonia Urrejola en Relaciones Exteriores deja claro el distanciamiento del gobierno con las experiencias de Cuba o Venezuela y Nicaragua, evitando confrontación con la Casa Blanca. También, la designación como ministro de Hacienda a Mario Marcel, presidente saliente del Banco Central bajo Piñera, busca tranquilizar el establishment económico dando un mensaje de continuidad, estabilidad, previsibilidad.

Una primavera de apoyo popular y esperanza

La decisión de retirar las 139 querellas por Ley de Seguridad del Estado contra los detenidos políticos del estallido y la conformación de una mesa de reparación, para las víctimas, constituye otro mensaje simbólico importante. Esta vez hacia el pueblo movilizado. Aunque persiste el problema del indulto de los presos políticos del estallido, si establece un terreno de apertura. El reconocimiento del derecho de manifestarse públicamente en una sociedad democrática anuncia un cambio de ciclo de las relaciones entre el estado y la sociedad.

El nuevo gobierno contará con una primavera de apoyo popular y esperanza. Existe, además, un relativo consenso que, desde su elección, Gabriel Boric no ha cometido errores que pongan en jaque su indesmentible popularidad. Por el momento ha conseguido sortear el juicio de la opinión pública con una serie de gestos simbólicos. Ha contrarrestado así la odiosa campaña negativa en su contra en los medios de comunicación controlados por la derecha.

Una prueba de fuego será la capacidad de mantener unida Apruebo Dignidad, a pesar de evidentes desacuerdos en la alianza. Desacuerdos que han sido resueltos, hasta ahora, entregando fuerte poder de decisión al presidente. Pero existen dificultades, no sólo en el gobierno, también en el nuevo congreso, además de la Convención Constitucional.

Ya se ha señalado que el segundo programa de gobierno, adaptado para el balotaje presidencial del 19 de diciembre no es, en ningún caso, un ambicioso proyecto refundacional. Se abandonó la idea inicial de desneoliberalizar Chile, presente en declaraciones de Boric en julio pasado.

No es que estas propuestas hayan sido abandonadas por el sector. Lo cierto es que la resurrección de la idea que el neoliberalismo nació y morirá en Chile, depende de la propuesta de Nueva Constitución, máximo en julio, como lo establece la Ley 21,200.

El desafío del cambio constitucional

Las propuestas programáticas de Boric son modestas; insuficientes respecto de las demandas del estallido social. Es pragmático. Considera que, como los gobiernos de Bachelet o Lagos, no cuenta con las mayorías cualificadas necesarias en la Cámara de diputados y en el Senado para hacer cambios de leyes constitucionales y romper el cerrojo neoliberal de la actual constitución.

Sin embargo, la evidencia de que los cambios más importantes dependen de la nueva Constitución da tiempo a Boric y la coalición Apruebo Dignidad. El proyecto de la nueva Constitución se espera para julio y el plebiscito de salida posiblemente en septiembre u octubre.

El nuevo gobierno ha prometido respaldar, pero no entrometerse en el trabajo de la Convención Constitucional. A diferencia de los ataques que hizo el gobierno Piñera. El desafío es que después de julio, Boric facilite el triunfo del Apruebo del nuevo texto constitucional en el plebiscito de salida.

Algunos opinan que no debe ligar su gobierno al resultado del plebiscito de salida Ciertamente, la práctica tradicional de la realpolitik chilena, justifica temores de que esa sea su elección. La convención ya sufre el fuego cruzado de la derecha política, económica y de nuevos referentes como los Amarillos, de los Republicanos de Kast: Todos ellos están embarcados en la campaña por el Rechazo del plebiscito de salida. Lo consideran el problema principal del gobierno Boric, es lo que señala el ideólogo de derecha Carlos Peña.

Lo cierto es que si gana el Rechazo, sufrirá una crisis de legitimidad y su falta de mayoría en el Congreso le llevará a que, en el mejor de los casos, sea un mejor administrador del modelo neoliberal, que gobiernos de los últimos treinta años.

Otros opinamos al contrario que Boric debe jugarse por el Apruebo en el plebiscito de salida. Sólo así presidirá una verdadera transformación. Además, porque bajar la Constitución en leyes será la siguiente tarea clave del gobierno y el nuevo Congreso.

Desafíos del Gobierno de Gabriel Boric por Piñera y los "30 Años"

Es una perogrullada afirmar que los desafíos del gobierno de Gabriel Boric provienen coyunturalmente de la herencia envenenada del Gobierno Piñera y los últimos "30 años".

Piñera presidió, "Uno de los peores, sino el peor gobierno de la historia", según la vocera del gobierno entrante Camila Vallejo. Un legado en ruinas. Hay consenso sobre el magro balance de su mandato hasta en sectores de derecha. En un estilo que le caracteriza Sebastián Piñera destacó en una última cadena nacional obligatoria los logros de su primer gobierno. Dio consejos al nuevo gobierno y criticó sin ambages la Convención Constitucional que redacta la nueva Constitución.

Lo real es que los tiempos mejores, nunca llegaron. Su gobierno se terminó, para todos los fines prácticos en octubre de 2019. Si sobrevivió fue por una estrategia de intransigencia represiva inédita, propia de los años Pinochet, con violaciones sistemáticas de los DD.HH. Termina su mandato con fuerzas armadas, carabineros y la PDI sumidas en la corrupción, con la transformación en conflicto desatado en la macrozona sur y con un estado de emergencia en el norte. 

A pesar de dos acusaciones constitucionales, de una acusación ante la Corte Penal Internacional por violaciones de derechos humanos, de cuestionamientos sobre su probidad por revelaciones de los Pandora Papers y una altísima desaprobación en las encuestas, Piñera tiene como único logro real, el de haber sobrevivido gracias al apoyo indefectible del llamado partido del orden hasta terminar su gobierno en la impunidad y sin hacer ninguna concesión a las demandas del movimiento social.

Estado de emergencia en la Macrozona Sur

Es así como el cambio de mando se acompaña de un Estado de emergencia (ECCE) en la Macrozona Sur, por Grave Alteración al Orden Público que afecta las provincias de Biobío, Arauco, Cautín y Malleco. Que se ha extendido nueve veces desde el 12 de octubre de 2021, sin mayores resultados.

Lo cierto es que, en lugar de resolver el llamado conflicto histórico en la Araucanía, el gobierno de Sebastián Piñera lo agudizó. Ciper reveló las circunstancias inaceptables del asesinato impune, por el llamado Comando Jungla, del comunero mapuche Camilo Catrillanca el 14 de noviembre de 2018. Ello se inscribió en la exacerbación de la criminalización y serie de asesinatos de comuneros Mapuche en lucha por sus derechos ancestrales (ver nuestro análisis)

El 23 de febrero, Infogate daba a conocer la aprobación por el Senado de la extensión más allá del gobierno de Piñera del estado de emergencia. El orden público en la Región de la Araucanía y parte de la Región del Biobío está bajo control de las Fuerzas Armadas.

Tras el conflicto, está la negativa al diálogo y el apoyo acérrimo de Piñera al extractivismo forestal. Ciertamente, se trata de un conflicto histórico; que cuestiona los mitos de la chilenidad única. Un conflicto agudizado durante la dictadura de Pinochet y no resuelto desde 1990, a pesar de promesas.

La herencia del gobierno Piñera en la Araucanía, es un callejón sin salida. Aunque el gobierno entrante promete no renovar el estado de emergencia, la tarea de iniciar un dialogo en la región es un desafío mayor. Las fuerzas de derecha se oponen a cualquier diálogo que reconozca los derechos ancestrales de la nación Mapuche y el ejercicio del Convenio 169 de la OIT.

Estado de Emergencia en la Macrozona Norte

A esa situación de convulsión no resuelta, se agregó, desde el 15 de febrero una zona de emergencia en la macrozona Norte. En las provincias de Arica, Parinacota, Tamarugal y el Loa. Una legislación especial medida prorrogada hasta el 17 de marzo. Ello producto de una crisis migratoria sin precedentes, con brotes de xenofobia.  Interferencia y varios otros análisis, ligan el flujo masivo de migrantes a la irresponsable invitación de Piñera en Cúcuta en febrero de 2019.

Lo cierto es que no se enfrentó el flujo migratorio de acuerdo a normas internacionales que favorecen la integración, como lo exige el Pacto Mundial para la Migración de la ONU, del que el gobierno de Piñera se retiró en 2018. Es así como la restrictiva ley de migración terminó propiciando la migración clandestina, originando la actual crisis de acuerdo a observadores extranjeros como Deutsche Welle. A comienzos de febrero, Boric, afirmaba: "Chile tiene que recuperar el control de sus fronteras". No está claro el camino que seguirá.

Violaciones de derechos humanos y presos políticos del estallido

A ello se agregan las secuelas de las ampliamente documentadas violaciones de derechos humanos, producto de la intransigencia represiva del gobierno saliente. Piñera no vaciló en declarar la guerra contra su propio pueblo. Ante la movilización social iniciada el 19 de octubre y la masiva manifestación pacífica del 25 de octubre de 2019 Piñera, no bastando la represión por carabineros, Piñera sacó por primera vez desde 1990 al ejército para que reprimiera el pueblo movilizado. A poco más de dos años del estallido social reina la impunidad de los agentes del estado y del Gobierno Piñera en esas violaciones de derechos humanos (Ver nuestro análisis).

Producto de la represión y la ineficacia del parlamento, las centenares de personas cegadas por disparos con balines de carabineros no reciben adecuada reparación. Muchos presos políticos siguen detenidos esperando un indulto o sin debido proceso. Ello mientras reina la impunidad o el tratamiento preferencial de criminales y corruptos con uniforme o cuello y corbata de todo tipo.

Ante la postergación de la ley de indultos bajo el gobierno saliente, la primera acción del gobierno fue cumplir su promesa de retirar las 139 querellas por Ley de Seguridad del Estado, contra presos del estallido y prometió crear una mesa de reparaciones para las víctimas.

Como el Senado saliente no aprobó finalmente la ley de indulto como pedía Boric en enero. Por el momento  no le queda más posibilidad que la de presionar al nuevo Congreso para que lo haga. El problema es que en el nuevo Congreso, Boric no tiene mayoría suficiente.

Crisis en Carabineros y Fuerzas Armadas

Las violaciones de derechos humanos bajo el gobierno de Sebastián Piñera, apuntaron a la necesidad de una profunda refundación de Carabineros. Nada ocurrió. Esas nuevas violaciones de DDHH se agregaron a la deuda de justicia y de insuficiente reparación del Estado chileno con las víctimas de la dictadura militar y la justicia en la medida de lo posible.

El periódico mexicano La Jornada destacaba que el informe interno de las FF.AA. Reflexión sobre las actuaciones del Ejército en los últimos 50 años reconoce y condena las violaciones a los derechos humanos por parte de militares durante la dictadura de Augusto Pinochet. Un documento que no ha sido objeto de mayor difusión y debate en Chile. A pesar de avances, Werkén Rojo afirmaba que este informe omite de más de los mil casos de personas detenidas desaparecidas. (Ver el documento en Piensa Chile)

Hay consenso en que las fuerzas armadas y de orden están en crisis institucional. Medios como El Mostrador afirman que la imagen de Carabineros está empañada por los fraudes del llamado Pacogate. Ciper reporta que la Policía de Investigaciones (PDI) tampoco escapa a acusaciones de fraude. Resumen, entre otros, informan sobre recurrentes denuncias de malversación y fraude institucional en el ejército. Los escándalos involucran la más alta jerarquía. Tres de los cuatro comandantes en jefe del ejército, sucesores de Pinochet han sido procesados: Óscar Izurieta, Humberto Oviedo y Juan Miguel Fuente-Alba en diarioUchile. La información atraviesa fronteras porque El País informa que el último comandante en jefe del ejército, el general Ricardo Martínez renunció antes de terminar su mandato, al ser citado a comparecer por la jueza Romy Rutherford en una investigación de fraude.

La posibilidad de reforma de carabineros y de las fuerzas armadas dependerá de los cambios constitucionales y de su eventual bajada en la legislación según la diputada Carmen Hertz en declaraciones en diarioUchile.

La pandemia como revelador de desigualdades sociales

Como si esto fuera poco, se agregan las consecuencias de una pandemia de COVID-19 que aún no termina de acuerdo al Minsal. Ciertamente, la pandemia contribuyó a moderar el descontento social, a pesar de aguda caída del PIB. Pero también, sirvió de revelador de las enormes desigualdades sociales y económicas de la sociedad chilena.

Aunque el gobierno de Sebastián Piñera obtuvo rápidamente vacunas contra el virus Covid-19. La falta de apoyo a los sectores más vulnerables desveló las profundas desigualdades económicas y sociales del modelo neoliberal y extractivista según la Revista Science. Por un lado, con sorpresa algunos descubrieron la importancia desmedida del sector informal de la economía y sus secuelas en obligar a romper las consignas sanitarias para poder sobrevivir, en un país que se creía desarrollado de acuerdo a un estudio de la Cepal.

Se profundizaron las desigualdades sociales. Según datos oficiales del INE en agosto de 2021, el ingreso laboral promedio mensual era de $635.134. El problema es que el 69,4% de la población laboral recibió menos de esa cantidad. Ello revela profundas desigualdades sociales y económicas ampliamente documentadas, que aumentaron bajo el gobierno de Piñera. Baste señalar que de acuerdo a la BBC, Chile fue el país de América latina que en 2021 concentró el mayor nivel de patrimonio entre unos nueve ultrarricos en relación al tamaño de su economía, incluyendo al saliente presidente Sebastián Piñera, la familia Luksic, Ponce Lerou, entre otros.

Reformas sociales y económicas limitadas

Valga señalar que el Gobierno de Sebastián Piñera no respondió a ninguna de las reivindicaciones de las movilizaciones desde octubre de 2019. La única, el proceso de cambio constitucional, partió del Congreso. Por su parte, los tres retiros de las AFP las debilitaron pero no hubo cambios estructurales al sistema de pensiones.

A la herencia recibida por el nuevo gobierno, se agregan problemas endémicos de la sociedad chilena, que la mal llamada transición no consiguió resolver. Entre otros, las llamadas zonas de sacrificio que siguen reinando como consecuencia de la continuidad de un agotado modelo neoliberal extractivista. En efecto, ya hemos argumentado que en lugar de iniciarse una transición en 1990, en los hechos lo que ocurrió fue la instalación de un nuevo sistema político que ahora está en crisis, pero... aún no ha cambiado.

El programa del nuevo gobierno está orientado avanzar hacia un Estado de Bienestar, con medidas como la de terminar con las AFP, como mejorar el acceso al sistema de salud público, mejorar la calidad de la educación pública. Se propone imponer un impuesto a los superricos para financiar estas y otras medidas como el aumento del salario mínimo. Lo cierto es que ello chocará con la realidad de la falta de mayoría en el Congreso.

En esa medida, como señala el nuevo ministro de Hacienda, Mario Marcel, la propuesta de reforma tributaria, el plan de recuperación inclusivo del empleo con foco en las mujeres además de aumentar el sueldo mínimo a $500 mil dependen de otras reformas hay que promover reformas, depende de la capacidad de financiarla. En todo caso insiste en la necesidad de avanzar a un Estado Bienestar con derechos universales.