Gran acuerdo Santos – FARC
09/06/2013
- Opinión
Creemos conveniente manifestar nuestra complacencia por el logro del primer acuerdo en las conversaciones, que en la Habana - Cuba, adelantan desde hace algunos meses los delegados del Gobierno Nacional y los representantes de la organización insurreccional FARC.
Este acuerdo se torna importante en el largo camino que vienen recorriendo los negociadores por encontrarle una salida política y negociada al grave conflicto social y armado que padece la sociedad colombiana desde la mitad del siglo XX.
Su importancia radica en, que como lo decíamos en nuestro artículo anterior, el eje transversal de la problemática social colombiana se da sobre el tema de tierras.
Al negárseles a los campesinos pobres de Colombia la posibilidad de acceder a tierras cultivables y de buen nivel de productividad, se les confinó en las llamadas zonas marginales de la frontera agrícola donde fueron convertidos, por las implacables fuerzas del mercado, en cultivadores de productos ilícitos que, al decir de un estudio realizado por investigadora de la Universidad de los Andes Ana María Ibáñez, los lanzó a los brazos del narcotráfico.
El hecho que analistas del tema económico - agrario como Rudolf Hommes hayan manifestado su complacencia por el acuerdo, y se expresen con el mismo entusiasmo, es signo que lo pactado va por buen camino y que será el Gobierno del Presidente Santos, quien inicie el pago de la centenaria deuda que el Estado tiene con los campesinos sin tierras.
El aceptar que el Gobierno mejorará y aumentará el acceso de los sectores desprotegidos del campo a la tierra y a otros medios de producción son políticas salomónicas que ayudan a restablecer el urgente equilibrio entre la ciudad y el campo donde, y no es sorpresa para nadie, se concentra la mayor pobreza, hay menos oportunidades de vida y menor acceso a servicios, educación, salud, empleo y protección social.
Todavía falta mucho para que en el país se viva un verdadero proceso democratización de la propiedad; pero es importante, lo que se ha logrado y que significa puntos centrales en el proceso de justicia y equidad para las amplias mayorías campesinas que han soportado por años, políticas de despojo que llevaron al grado de hacernos merecedores de un deshonroso primer lugar como país que permite el despojo y una política discriminatoria en la tierra frente a las grandes concentraciones en manos de latifundistas y terratenientes de origen dudoso.
El Banco Nacional de Tierras, acordado entre los negociadores en La Habana debe organizarse desde ahora mismo. El Banco Agrario debe jugar un papel significativo en la concreción de esta política y desde allí avanzar con seguridad y sin temores hacia amplios y generosos programas rurales de desarrollo social con el fin que sea esta política del Gobierno la que permita consolidar la producción agrícola en el campo y logre para los campesinos, ingresos económicos que redunden en beneficio y mejoramiento en salud, educación y vivienda.
Por otro lado recibimos, en el Programa de Paz de la Universidad Pedagógica Nacional, el texto “100 Propuestas en la Habana” editado por la Fundación Semanario Voz, que recoge los puntos del “Desarrollo Rural y Agrario para la Democratización y la Paz con Justicia Social de Colombia” como son: Fondo de tierras y democratización de la propiedad, la tributación para la desconcentración y la democratización, la restitución integral de tierras para las victimas y catastro alternativo, la adjudicación gratuita de tierras a los campesinos que no la poseen, pobladores urbanos en condiciones de pobreza y en especial mujeres sin tierra, la restructuración y superación del minifundio, la promoción de propiedades basadas en formas asociativas comunales y de cooperación, la formación de asentamientos y reasentamientos campesinos, la protección de la propiedad y territorios campesinos, los territorios de comunidades indígenas, afrodescendientes, raizales y palanqueras y el reconocimiento de territorios inter – étnicos e inter – culturales.
Estos puntos serán la continuación de la lucha política que deberán adelantar los movimientos nacidos de estas negociaciones, con la sociedad colombiana, a través de los métodos políticos permitidos, lejos de la lucha armada y que posibilitarán, la construcción de una sociedad justa, equitativa, solidaria y en verdadero desarrollo sostenible, como corresponde al planteamiento de ser un Estado Social de Derecho y de Justicia, según reza la Constitución Política.
Ex – Embajador de Colombia
Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas Nº 35
Semana del 7 al 13 de junio de 2013
Corporación Viva la Ciudadanía
https://www.alainet.org/es/articulo/76666?language=en
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