El debate por la democratización del acceso y el derecho a la información que se viene impulsando en América Latina, tuvo un nuevo triunfo en Ecuador el 14 de junio cuando Asamblea Nacional aprobó la Ley Orgánica de Comunicación, que entre otros aspectos reserva 34% de las frecuencias de radio y de televisión para los medios comunitarios y ve a la comunicación social como un servicio público que deberá ser prestado con responsabilidad y calidad. 

 

Marcha dialogó con Osvaldo León, director de “América Latina en Movimiento” que edita la Agencia Latinoamericana de Información (ALAI), en su versión virtual alainet.org, con sede en Ecuador. Integrantes del Foro de la Comunicación quienes hace tres años, junto a otras redes de comunicación y organizaciones sociales e indígenas, formularon uno de los tres anteproyectos que fueron incluidos en la redacción final de la Ley Orgánica de Comunicación.

 

 

La Ley recoge de manera sustantiva planteamientos formulados por organizaciones sociales y colectivos de comunicación popular y comunitaria, gremios del periodismo y sectores académicos, en el anteproyecto de ley que presentó el Foro Ecuatoriano de la Comunicación. Vale precisar que este anteproyecto ingresó formalmente a la Asamblea Nacional, a la par del presentado por un parlamentario de la oposición y el de un parlamentario oficialista. De modo que es sobre la base de estas tres propuestas que la comisión designada inicia la redacción de la ley.

 

Las normativas de mayor calado para democratizar la comunicación que consagra la nueva Ley son las que fueron formuladas en el anteproyecto del Foro, comenzando por la que da paso a una reforma estructural del sistema mediático con la redistribución de las frecuencias de radio y televisión en tres tercios: 33% para medios privados, 33% para los públicos y 34% para los comunitarios.  En este punto, inicialmente, ni siquiera en el oficialismo había consenso, pero ahora incluso asambleístas de la derecha expresan su acuerdo.

 

Igualmente se puede acotar las normas relativas a la producción nacional y regional, al fortalecimiento de los medios comunitarios y al estímulo a la interculturalidad, a la salvaguardia de contenidos sexistas, xenofóbicos y racistas, entre otros puntos.

 

 

Como ha sucedido en los diversos países de Nuestra América, su argumento mayor radica en señalar que en materia de comunicación la mejor ley es la que no existe; esto es, que prime la ley de la selva.  Cuando los acontecimientos marcan otro derrotero, el slogan ya está fabricado: “Ley mordaza”. Y por cierto pronto a tener una resonancia mundial por la vigencia del “consenso mediático” que día a día afina su maquinaria de propaganda.

 

 

A los puntos ya mencionados: redistribución de frecuencias, producción nacional y regional, interculturalidad, cabe añadir la prohibición de monopolios, el impedimento para que sectores financieros y de otras ramas económicas tengan medios, los derechos de trabajadores y trabajadoras de la comunicación; pero lo más importante es que esta ley no se limita a los medios, sino que se presenta como ley de comunicación en un sentido amplio.

 

En cuanto a los puntos flacos, esta ley perdió de vista que la Constitución consagra al Ecuador como país plurinacional e intercultural; que Internet es una realidad y que el Estado debe garantizar de forma universal, por decir algo.

 

 

En el espectro radioeléctrico, hoy por hoy, alrededor del 85% de frecuencias está concesionada al sector privado, pero la cuestión es que una buena parte la asignación fue irregular, sobre todo como pago de favores políticos a parlamentarios cuando en la larga noche neoliberal cada voto se cotizaba para votar a favor de los proyectos privatizadores.

 

La ley establece que para la redistribución de frecuencias se sustentará en el informe de la Auditoria que operó por disposición de la Asamblea Constituyente, la cual señala que al menos un tercio de concesiones tiene vicios de irregularidad. En el fondo, con la nueva ley se termina la posibilidad de mantener monopolios y que de ahora en adelante el sector privado en comunicación no podrá tener inversiones de otros sectores económicos y viceversa.

 

 

Por supuesto, ya que la lucha por la democratización de la comunicación desde hace un par de décadas atrás ha logrado establecer cuando menos demandas comunes básicas.  Aunque se mantiene como tarea pendiente la definición de una agenda común para sostener el desarrollo de estos avances. Y una precisión, en Ecuador la ley no se limita al campo de los medios: es una ley de comunicación.

 

Lunes, 24 Junio 2013