Crece conciencia sobre peligros de los cultivos transgénicos
11/07/2013
- Opinión
Dos tercios de los municipios costarricenses han declarado sus territorios libres de OGM
En noviembre de 2012, la empresa D&PL Semillas Ltda, subsidiaria de la compañía Delta & Pine Land (Monsanto), presentó ante la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad (CTNBio) una solicitud para sembrar varias hectáreas de maíces transgénicos MON-88017, MON-603 y MON-89034.
Esa decisión desencadenó la protesta y la movilización de varias organizaciones y sectores de la sociedad costarricense.
Tras la decisión de la mayoría de los integrantes de la CTNBio de aprobar dicha solicitud, las organizaciones interpusieron un recurso ante la Sala Constitucional, planteando la inconstitucionalidad de tres artículos (117, 118 y 132) del Reglamento a la Ley de Protección Fitosanitaria.
Su admisión, en febrero pasado, de parte de la Sala suspendió de hecho todos aquellos trámites que estaban pendientes de resolver, entre ellos el permiso otorgado a Monsanto, hasta tanto los magistrados no escuchen las partes, adquieran más informaciones y emitan un fallo sobre el fondo del recurso.
Además, hace pocos días, la Procuradora General Ana Lorena Brenes Esquivel dio a conocer un informe, donde prácticamente recoge las mismas inquietudes de las organizaciones sociales.
De esa manera, se confirmaría la tesis de la inconstitucionalidad de la normativa legal y reglamentaria que regula el procedimiento para solicitar y otorgar los permisos de liberación de transgénicos, por “omitir una evaluación del impacto ambiental” y por “limitar el acceso a la información pública”, al considerar como confidencial la información técnica o científica brindada por quienes solicitan dichos permisos.
En la espera de que la Sala Constitucional resuelva el recurso, las organizaciones involucradas en esta lucha se han dedicado a profundizar el trabajo de concientización en los territorios.
“En estos meses nos hemos dedicado a trabajar en los municipios y hemos logrado que 59¹ de los 81 municipios que existen en Costa Rica se declararan libres de transgénicos, es decir el 72 por ciento de los gobiernos locales del país”, dijo a La Rel, Fabián Pacheco, representante del sector ecologista ante la CTNBio y master en Agrobiología Ambiental.
Pese a que las autoridades gubernamentales no reconozcan este resultado, por considerar que la potestad sobre el modelo de desarrollo agrícola la tiene el gobierno central y no los locales, Pacheco aseguró que este proceso permitió “visibilizar cada vez más el tema de los transgénicos y empoderar a la gente de esta discusión”, dijo.
Ante este avance y los resultados logrados, el ecologista informó que próximamente presentarán un proyecto de ley de moratoria a la siembra de transgénico, tal y cual existe en Perú.
“Lo que se ha logrado en los territorios nos da la suficiente legitimidad y respaldo, en palabras y votos, para presentar, ante la Asamblea Legislativa, un proyecto de esta magnitud. Es un paso más de esta larga lucha para declarar a Costa Rica como un país libre de transgénicos”, apuntó Pacheco.
Represión
El pasado 31 de mayo, fue asesinado por desconocidos el joven activista y ecologista Jairo Mora, reconocido defensor de las tortugas. Hace pocos días, el ambientalista y protector de flora y fauna, Alcides Parajeles, sufrió un grave atentado.
Pacheco advierte que no se trata de casos aislados y que el gobierno no sólo no está haciendo nada, sino que hizo un llamado a combatir a los ecologistas porque, según la presidenta Laura Chinchilla, "quieren convertir al país en un museo de historia natural".
“Nos estamos enfrentando a una etapa muy dura por el ecologismo en Costa Rica. Estos y muchos otros casos son parte de una ola de persecución de los sectores que privilegian el beneficio privado sobre el bienestar público.
Nos mantenemos alerta y llamamos a la comunidad internacional a estar vigilante, a acompañarnos y a denunciar las agresiones contra quienes defendemos la vida”, concluyó Pacheco.
Notas:
¹ Abangares, Acosta, Aguirre, Alajuela, Alvarado, Aserri, Atenas, Barva, Belén, Buenos Aires, Corredores, Coto Brus, Desamparados, Dota, El Guarco, Escuazú, Esparza, Flores, Garabito, Goicochea, Grecia, Guácimo, Guatuso, Heredia, Hojacha, La Cruz, La Unión, León Cortés, Liberia, Limón, Montes de Oca, Moravia, Naranjo, Nandayure, Nicoya, Oreamuno, Osa, Palmares, Paraíso, Pérez Zeledón, Poás, Puntarenas, Puriscal, San Isidro, San José, San Pablo (Hed), San Ramón, Santa Ana, Santa Bárbara, San Carlos, Santa Cruz, Santo Domingo, Talamanca, Terrazú, Tibás, Tilarán, Turrialba, Upala, Valverde Vega
Fuente: Rel-UITA
En noviembre de 2012, la empresa D&PL Semillas Ltda, subsidiaria de la compañía Delta & Pine Land (Monsanto), presentó ante la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad (CTNBio) una solicitud para sembrar varias hectáreas de maíces transgénicos MON-88017, MON-603 y MON-89034.
Esa decisión desencadenó la protesta y la movilización de varias organizaciones y sectores de la sociedad costarricense.
Tras la decisión de la mayoría de los integrantes de la CTNBio de aprobar dicha solicitud, las organizaciones interpusieron un recurso ante la Sala Constitucional, planteando la inconstitucionalidad de tres artículos (117, 118 y 132) del Reglamento a la Ley de Protección Fitosanitaria.
Su admisión, en febrero pasado, de parte de la Sala suspendió de hecho todos aquellos trámites que estaban pendientes de resolver, entre ellos el permiso otorgado a Monsanto, hasta tanto los magistrados no escuchen las partes, adquieran más informaciones y emitan un fallo sobre el fondo del recurso.
Además, hace pocos días, la Procuradora General Ana Lorena Brenes Esquivel dio a conocer un informe, donde prácticamente recoge las mismas inquietudes de las organizaciones sociales.
De esa manera, se confirmaría la tesis de la inconstitucionalidad de la normativa legal y reglamentaria que regula el procedimiento para solicitar y otorgar los permisos de liberación de transgénicos, por “omitir una evaluación del impacto ambiental” y por “limitar el acceso a la información pública”, al considerar como confidencial la información técnica o científica brindada por quienes solicitan dichos permisos.
En la espera de que la Sala Constitucional resuelva el recurso, las organizaciones involucradas en esta lucha se han dedicado a profundizar el trabajo de concientización en los territorios.
“En estos meses nos hemos dedicado a trabajar en los municipios y hemos logrado que 59¹ de los 81 municipios que existen en Costa Rica se declararan libres de transgénicos, es decir el 72 por ciento de los gobiernos locales del país”, dijo a La Rel, Fabián Pacheco, representante del sector ecologista ante la CTNBio y master en Agrobiología Ambiental.
Pese a que las autoridades gubernamentales no reconozcan este resultado, por considerar que la potestad sobre el modelo de desarrollo agrícola la tiene el gobierno central y no los locales, Pacheco aseguró que este proceso permitió “visibilizar cada vez más el tema de los transgénicos y empoderar a la gente de esta discusión”, dijo.
Ante este avance y los resultados logrados, el ecologista informó que próximamente presentarán un proyecto de ley de moratoria a la siembra de transgénico, tal y cual existe en Perú.
“Lo que se ha logrado en los territorios nos da la suficiente legitimidad y respaldo, en palabras y votos, para presentar, ante la Asamblea Legislativa, un proyecto de esta magnitud. Es un paso más de esta larga lucha para declarar a Costa Rica como un país libre de transgénicos”, apuntó Pacheco.
Represión
El pasado 31 de mayo, fue asesinado por desconocidos el joven activista y ecologista Jairo Mora, reconocido defensor de las tortugas. Hace pocos días, el ambientalista y protector de flora y fauna, Alcides Parajeles, sufrió un grave atentado.
Pacheco advierte que no se trata de casos aislados y que el gobierno no sólo no está haciendo nada, sino que hizo un llamado a combatir a los ecologistas porque, según la presidenta Laura Chinchilla, "quieren convertir al país en un museo de historia natural".
“Nos estamos enfrentando a una etapa muy dura por el ecologismo en Costa Rica. Estos y muchos otros casos son parte de una ola de persecución de los sectores que privilegian el beneficio privado sobre el bienestar público.
Nos mantenemos alerta y llamamos a la comunidad internacional a estar vigilante, a acompañarnos y a denunciar las agresiones contra quienes defendemos la vida”, concluyó Pacheco.
Notas:
¹ Abangares, Acosta, Aguirre, Alajuela, Alvarado, Aserri, Atenas, Barva, Belén, Buenos Aires, Corredores, Coto Brus, Desamparados, Dota, El Guarco, Escuazú, Esparza, Flores, Garabito, Goicochea, Grecia, Guácimo, Guatuso, Heredia, Hojacha, La Cruz, La Unión, León Cortés, Liberia, Limón, Montes de Oca, Moravia, Naranjo, Nandayure, Nicoya, Oreamuno, Osa, Palmares, Paraíso, Pérez Zeledón, Poás, Puntarenas, Puriscal, San Isidro, San José, San Pablo (Hed), San Ramón, Santa Ana, Santa Bárbara, San Carlos, Santa Cruz, Santo Domingo, Talamanca, Terrazú, Tibás, Tilarán, Turrialba, Upala, Valverde Vega
Fuente: Rel-UITA
https://www.alainet.org/es/articulo/77628
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