Sociedad civil europea se une al Gobierno de Bolivia

La lucha contra la impunidad de las transnacionales

Cristiano Morsolin

05/09/2013

Opinión

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El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, participó el jueves, en representación de Bolivia, en el 'Foro: Propuestas políticas de un nuevo régimen regulatorio para las empresas transnacionales y las inversiones. Hacia un Tratado Internacional de los Pueblos', que se realizó en la sede del Parlamento Europeo en Bruselas, Reino de Bélgica.

En la primera sesión, Quintana participó en la mesa que abordó la defensa del interés público y la justicia ante la intensificación de la ofensiva corporativa contra los derechos humanos, sociales y laborales.

Posteriormente, el Ministro de la Presidencia de Bolivia participó en la segunda sesión que desarrolló el tema: construyendo un tratado internacional de los pueblos sobre obligaciones vinculantes para las empresas transnacionales (ETNs) y una Corte Internacional para juzgar sus crímenes y poner fin a su impunidad.

Esa mesa debatió sobre propuestas concretas para una acción conjunta del Parlamento Europeo y la sociedad civil en el periodo 2013-2014 y profundizó el debate sobre la impunidad corporativa, además, introdujo elementos clave en la emergencia de alternativas para la defensa del interés público y el fin de la impunidad de las transnacionales, entre ellas, el Tratado Internacional de los Pueblos, la constitución de una Corte Mundial/Tribunal para las Empresas Transnacionales y el reconocimiento de las obligaciones extra-territoriales (ETOs) y un registro de los grupos de presión activos en el Parlamento Europeo.

La discusión que se realizó entre las 15:00 y 18.30 hora local, en la sede del Parlamento Europeo, fue presidida por la parlamentaria Gabi Zimmer, presidenta del Grupo de Izquierda Unitaria (GUE/NGL) del Parlamento Europeo y contó con la participación de europarlamentarios de diferentes grupos políticos, así como de actores clave de los movimientos sociales, sindicatos, comunidades afectadas, expertos a nivel jurídico y de los Derechos Humanos.

El foro fue convocado por el Grupo Parlamentario Europeo GUE/NGL, en coordinación con redes de la sociedad civil, tales como la Campaña para Desmantelar el Poder Corporativo y poner fin a la impunidad de las Empresas Transnacionales, la Red Birregional Enlazando Alternativas, TNI, ODG, Ecologistas en Acción, War on Want, OMAL-Paz con Dignidad, CADTM, CETIM, OIDHACO y la Red Seattle-to-Brussels (1).

Brid Brennan – Transnational Institute - Campaña para Desmantelar el Poder Corporativo y poner fin a la impunidad de las Empresas Transnacionales, había comentado al Observatorio SELVAS que “la impunidad de las Empresas Transnacionales (ETNs) en casos de violaciones de los derechos humanos, crímenes económicos y ambientales a nivel global, así como la necesidad de normas vinculantes que se apliquen a las operaciones de estas empresas, constituyen temas centrales en la agenda de los movimientos sociales y de las organizaciones de la sociedad civil a nivel internacional. Ello se evidenció, por ejemplo, en la Conferencia de la Sociedad Civil Viena+20, que tuvo lugar en Viena del 25 al 26 de junio de 2013. A pesar de que las corporaciones transnacionales han sido causantes de las crisis actuales, tanto a nivel global como europeo, siguen acumulando considerables beneficios, particularmente obtenidos a partir de una tendencia hacia una –todavía- mayor privatización y el desmantelamiento de los servicios públicos europeos y el recorte de derechos laborales. El papel de las transnacionales en crímenes económicos y ecológicos ha sido ampliamente documentado, y sin embargo, no han sido juzgadas por estos crímenes y los Gobiernos de la UE no incluyen medidas vinculantes durante el proceso de incorporación de los principios de Ruggie en la legislación nacional. Además, estas empresas siguen teniendo un papel influyente a la hora de desarrollar políticas injustas y antidemocráticas en la UE (por ejemplo, la Iniciativa de la UE sobre Materias Primas, “Economía Verde”, los nuevos acuerdos de comercio e inversión que resultan devastadores tanto para Europa como para el Sur Global). A la vez, están cooptando el espacio político de los gobiernos, tanto a nivel de las Naciones Unidas, la OMC como de la Unión Europea.

La Mesa Redonda pretende profundizar el debate sobre la impunidad corporativa, e introducir elementos clave en la emergencia de alternativas que defiendan el interés público y el fin de la impunidad de las transnacionales, tales como: un Tratado Internacional de los Pueblos, la constitución de una Corte Mundial/Tribunal para las Empresas Transnacionales y el reconocimiento de las obligaciones extra-territoriales (ETOs), un registro de los grupos de presión activos en el Parlamento Europeo, y otras. Por ello, debatiremos sobre propuestas concretas para una acción conjunta del Parlamento Europeo y la sociedad civil en el periodo 2013-2014”, concluye Brennan (2).

El derrumbe de Rana Plaza en Bangladesh, que mató a más de 1132 trabajadores y dejó a miles de heridos - la mayoría mujeres-, así como la masacre de 34 mineros en la mina de platino Lonmin Plcs en Marikana (Sudáfrica) son dos ejemplos recientes de cómo las operaciones de las empresas transnacionales dan lugar a la violación flagrante de los derechos humanos. Al respecto, Rehad Desai Presidente de la Campaña de Apoyo a Marikana (Sudáfrica) urge: “Necesitamos poner fin a la negligencia e impunidad de las empresas transnacionales. La masacre de Marikana demuestra de forma devastadora pero clara las relaciones mortíferas entre el poder corporativo y la represión, en nombre del incremento de beneficios para las transnacionales. Exigimos que el Estado garantice el derecho a la justicia de los trabajadores y los familiares de las víctimas, mediante compensaciones adecuadas, así como el acceso al sistema judicial”.

Estos ejemplos están lejos de ser casos aislados, como muestran otros ejemplos recientes de comunidades locales en México, El Salvador, Guatemala, Honduras, Colombia, Brasil, Filipinas e Indonesia, cuyos derechos fundamentales han sido violados por corporaciones transnacionales de forma sistemática y permanente. Esto se ve facilitado y protegido por una arquitectura de la impunidad construida sobre los tratados de libre comercio y de inversiones. Por otro lado, los códigos de conducta voluntarios recogidos en los Principios Rectores de la ONU, propuestos por las empresas transnacionales, no son eficaces para la rendición de cuentas por violaciones de los derechos humanos. El enfoque actual de la UE que se centra en la promoción de informes sociales y ambientales por las empresas transnacionales también es insuficiente y necesita ser reemplazado por la creación de normas de obligado cumplimiento

Gabi Zimmer, Presidenta del Grupo GUE/NGL, comenta al respecto que “En la actualidad, los gobiernos de la UE no están tomando ninguna responsabilidad en lo que respecta a la regulación de las operaciones de las empresas transnacionales en el extranjero. Necesitamos urgentemente un marco transnacional de normas obligatorias para que las empresas que tienen actividad en terceros países sean responsables” (3).

Bolivia rechaza el libre comercio con la UE si no hay “complementariedad”

El ministro de la Presidencia de Bolivia, Juan Ramón Quintana, recalcó el pasado 5 de septiembre que el país no va a firmar ningún tratado de libre comercio con la Unión Europea mientras no se ponga el acento en complementar las diferentes economías.

“No los firmamos (los tratados de libre comercio) con ningún país, ni con Estados Unidos ni con la UE mientras no logremos resolver, acordar, principios fundamentales de los tratados que, más que con el libre comercio, tengan que ver con economías de complementariedad”, indicó Quintana en una rueda de prensa en el Parlamento Europeo en Bruselas.

Quintana se encuentra en la capital belga invitado por eurodiputados de la Izquierda Unitaria en la Eurocámara, donde participó en una reunión de ese grupo parlamentario en la que se abordó el papel de las empresas trasnacionales.

Preguntado por el hecho de que Bolivia se haya desmarcado de la negociación del tratado de libre comercio con la UE que sus vecinos andinos Colombia y Perú han firmado y empezado a aplicar este año, el ministro boliviano dejó claro que su país no está interesado en un acuerdo de esas características.

“Las economías ligadas a la competitividad terminan liquidando las economías de los más débiles, asfixiando las escasas oportunidades industriales que existen”, declaró.

Así, aseguró que en Bolivia “no queremos repetir la situación de Colombia, Perú, Chile o México”, países que han suscrito acuerdos de libre comercio con el bloque europeo, y agregó: “Tenemos que aprender de estas lecciones que están ocurriendo en la región”.

Quintana se mostró más proclive a “complementar” su economía con países como Ecuador, Venezuela o Nicaragua, e insistió en “proteger a los más débiles para que no se conviertan en factores de malestar y conflicto social”.

“No podemos descuidar a los más débiles para proteger a los más fuertes”, apostilló, a la vez que expuso las políticas llevadas a cabo por el Gobierno del presidente Evo Morales a fin de nacionalizar los recursos naturales del país o para conceder oportunidades económicas a los más desfavorecidos.

Quintana también hizo alusión a la posición de su país sobre “la inminencia de la intervención contra el pueblo de Siria”. “Como Gobierno condenamos toda forma de uso unilateral, desproporcionado de parte de Estados Unidos y sus aliados contra los pueblos, gobiernos que deben decidir por sí mismos e internamente sus conflictos internos”, indicó. Dejó claro que Bolivia apela a la ONU como “organismo internacional que debiera hacer todos los esfuerzos para evitar una intervención de esta naturaleza”, y declaró que “existen mecanismos, recursos, posibilidades de superar esta problemática en el escenario internacional sin recurrir a la maquinaria armada”.

Por su parte, los europarlamentarios José Bove, destacado político y sindicalista francés del sector agrícola y activista de los movimientos antiglobalización, y Willy Meyer del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea-Izquierda Verde Nórdica, coincidieron con Quintana al señalar que la paz del mundo descansa en la Carta de las Naciones Unidas y el respeto al derecho internacional.

Igualmente se refirió al conflicto diplomático producido el 2 de julio, cuando el avión de Morales, procedente de Moscú, tuvo que aterrizar en el aeropuerto de Viena después de que Portugal, Francia e Italia le impidieran aterrizar o sobrevolar sus territorios, ante la sospecha de que la aeronave pudiera transportar al ex analista de la CIA Edward Snowden, buscado por Estados Unidos.

“Hemos recibido con afecto todo el apoyo otorgado al presidente Evo Morales durante el secuestro al que estuvo sometido”, señaló en la sede del Parlamento Europeo, y recriminó cualquier forma de “colonialismo” por parte de Washington en Europa en lo que respecta a ese asunto (4).

El rol regulador del Estado

“Tenemos que trabajar en nuevas reglas del juego. En las décadas anteriores, en nombre de la globalización y la atracción de capitales extranjeros en países que no disponen de ellos, se hizo de todo. Y se instaló una tiranía empresarial transnacional que terminó sometiendo los sistemas políticos de los Estados. En Bolivia, las empresas petroleras se hicieron dueñas del país y sus recursos naturales y la sociedad boliviana vivía cada vez más pobre. El 83% del excedente petrolero se transfería a las empresas transnacionales de hidrocarburos. Y el 17% se pagaba en impuestos y regalías. Eso ha sido prácticamente resuelto a través de la nacionalización y hoy día Bolivia recibe en promedio el 83% del excedente petrolero", explica Quintana defendiendo el poder regulador estatal a la agencia DW (5).

Así, a pocas semanas de la visita a Bolivia de Andris Piebalgs, comisario europeo de Desarrollo, y de que éste evaluara positivamente los avances que el país andino ha hecho en materia de lucha antidrogas, “estamos discutiendo el apoyo de la UE en cuanto a modernización institucional de la Justicia. Y en cuanto a lucha contra el narcotráfico, cooperamos en apoyo al desarrollo integral, para generar incentivos productivos que permitan que los sectores involucrados a la producción de coca excedentaria migren a la producción agrícola y se incorporen a la economía más formal”, informa el político boliviano.

Contrariamente a décadas de “proyectorado” en el país, –que no hicieron más que sustituir la autoridad estatal y crear una cultura de mendicidad, “la cooperación con la UE está dando buenos resultados porque el Estado ahora ha definido las prioridades de la cooperación en torno a un plan estatal de desarrollo”, informa el ministro. El objetivo principal de esta cooperación, recalca, es la reducción del 20% de la población en extrema pobreza.

Al respecto el Observatorio SELVAS ha elaborado el report “Bolivia lucha en contra del narcotráfico”, publicado por el Observatorio Drug Law Reform - TNI y Wola (6) y también el report “Bolivia: vanguardia de lucha anticolonial“, entrevistando al subjefe de la bancada nacional del MAS-IPSP en la Cámara de Diputados, Jorge Medina (7).

NOTAS

[1] http://ecuador.indymedia.org/es/2013/09/40799.shtml

[2] www.tni.org

3] www.guengl.eu

[4] http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2013/0904/noticias.php?id=105107

[5] http://www.dw.de/acuerdo-de-libre-comercio-con-ue-s%C3%B3lo-en-base-al-principio-de-complementariedad/a-17067332

[6] http://www.druglawreform.info/es/sala-de-prensa/ultimas-noticias/item/1136-bolivia-lucha-en-contra-del-narcotrafico

[7] http://alainet.org/active/65835&lang=es

Cristiano Morsolin, investigador italiano radicado en Latinoamérica desde 2001. Su labor se enfoca en las relaciones entre los procesos emancipatorios y la deuda social, con experiencias en Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia, Venezuela, Paraguay, Brasil. Co-fundador del Observatorio sobre Latinoamérica SELVAS, autor de varios libros y panelista internacional.