Paraguay

Agosto: la primera acción del gobierno de Cartes fue ajustar la política de seguridad

Base Is

23/10/2013

Opinión

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Intentará una renovación del manejo estatal con herramientas prestadas del neoliberalismo y el pragmatismo empresarial. Su primera acción fue pedir al Congreso, a través de una modificación de ley, que le ceda poderes para llevar a voluntad a las Fuerzas Armadas donde y cuando necesite.

Una estrategia de los sectores conservadores de la economía y la política de Paraguay viene siendo la de generar o como mínimo aprovechar acontecimientos para justificar decisiones drásticas. Sin masacre de Curuguaty no hubiese existido derrocamiento del gobierno de Lugo; sin asesinato de guardias civiles en la estancia Cororô hubiese sido “inaceptable” la modificación de la Ley de Seguridad.

Este plan ya cumplió su primer objetivo, el recuperar todos los espacios de toma de decisiones estatales que estaban en manos de una alternancia. Y ahora está en su etapa de arranque de un segundo momento, donde intentará consolidar un Estado empresarial que allane el terreno y guarde las espaldas al modelo extractivista y todo su amplio arco de intereses.

Se intenta marcar fuerte el escenario político con medidas de los 100 primeros días de este nuevo gobierno, pues un proyecto antipopular así sabe que no tiene mucho tiempo hasta que las fuerzas sociales manifiesten su descontento, como ya estamos viendo.

Esa estrategia hoy se expresa con una velocidad y nivel de planificación que vimos durante la modificación de la ley de seguridad, que se logró en una semana de gobierno. El 15 de agosto asumió Cartes, el 17 asesinaron a los guardias civiles, el 20 la modificación fue aprobada en Diputados y al otro día en Senadores. Dos días después era promulgado por el propio Cartes.

Agosto fue el mes donde, con la vuelta del gobierno colorado, las fuerzas políticas de la derecha suspiraron satisfechas porque pudieron terminar de dar vuelta el capítulo del golpe de Estado, que protagonizaron el año pasado para reorientar políticamente el país.

Sin embargo, en agosto les seguía pendiente el acomodar hacia un trámite final el proceso jurídico de Curuguaty, con el fiscal Jalil Rachid y la juez Janine Ríos al frente. Esto recién lo lograron en este mes de octubre, con bastante desgaste político.

Las “nuevas valentías”

Este proyecto , además, al parecer le da una sensación de impunidad a los sectores más beneficiados con él. Comentaba un agricultor del asentamiento Chino Cue-Alto Paraná que el día después del triunfo electoral de Cartes, en abril, parecía que se había roto un dique de contención y terratenientes sojeros de la zona usurparon 20 lotes de las familias campesinas, como diciendo: “Volvimos”.

Este mismo espíritu se proyecta en otros ámbitos, los terratenientes sienten que “no necesitan” respetar las leyes ambientales o cumplir con sus obligaciones laborales en sus empresas (caso de la huelga de choferes de la línea 30). O en ocasiones sienten que no van a ser molestados por el Estado si recurren a medidas extremas como encargar asesinatos para dirimir conflictos en torno a la tierra(como fue el caso del dirigente de Yvy Yaú, Lorenzo Areco, asesinado el 14 de agosto)

Expresión de este clima fue la creciente virulencia de sectores de poder hacia las instituciones defensoras de derechos humanos que cuestionaron la forma de liberar a las Fuerzas Armadas con la modificación de la Ley de Seguridad.

La situación se volvió delicada cuando el 23 de agosto varias patrulleras rodearon la oficina de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay(CODEHUPY), donde se realizaba una reunión sobre el tema. Y cuando el 1 de setiembre el diario ABC Color le regaló su editorial a varias de ellas, acusándolas de hipócritas y tratando de estigmatizarlas al asociarlas con la izquierda. Esto generó un clima de justificación de potenciales ataques a organismos defensores de derechos humanos.

Nuevos transgénicos

Durante el octavo mes del año tres nuevas variedades de soja transgénica fueron inscriptas en el Registro de Cultivares del Estado. Se trata de versiones de la soja Intacta de la empresa Monsanto, que en febrero pasado había sido aprobada comercialmente por el Ministerio de Agricultura y Ganadería.

Es el séptimo cultivo transgénico aprobado en menos de un año (de julio de 2012 a febrero de 2013), como parte de una ofensiva de los agronegocios de ponerse al día tras el “tiempo perdido” durante el gobierno de Lugo, que denegó varias aprobaciones por no reunir las empresas los requisitos elementales de bioseguridad.

Base de Investigaciones Sociales (Base IS)

FOTO: Serpaj Paraguay: http://www.serpajpy.org.py/?p=1835

https://www.alainet.org/es/articulo/80349?language=en