Colombia

De los enemigos de la paz y otros demonios

Diego Garzón

08/11/2013

Opinión

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Como histórico y trascendental se debe calificar el acuerdo sobre participación política al que llegaron las Farc y el Gobierno Nacional, que según el comunicado oficial conjunto versa de:

1. El estatuto para el ejercicio de la oposición política que se irá perfilando con el concurso de una Comisión integrada por los voceros de los partidos políticos.

2. Garantías para la movilización, la protesta y la convivencia pacífica en un contexto de democracia ampliada.

3. Medidas para garantizar y promover una cultura de reconciliación, convivencia, tolerancia y no estigmatización, entre ellas, la constitución de Consejos para la reconciliación y la convivencia tanto en el nivel nacional como en los territorios.

4. Promoción de veedurías y observatorios de transparencia.

5. Supervisión para el correcto funcionamiento de la planeación participativa en la formulación de los Planes de Desarrollo y el fortalecimiento de los Consejos Territoriales Planeación.

6. Medios para facilitar la constitución de partidos políticos y el tránsito de organizaciones y movimientos sociales, a partidos o movimiento políticos.

7. Consulta a una Misión de Expertos para hacer una revisión integral de la organización y el régimen electoral.

8. La creación de curules adicionales en la Cámara de Representantes para una Circunscripción Transitoria Especial de Paz en las zonas afectadas por el conflicto y el abandono, que se asignarán por voto popular, lo cual no significa concesión alguna.

9. Un sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política.

A lo anterior se suma la inclusión de un enfoque trasversal de género para asegurar la participación de la mujer y la manifestación conjunta, por primera vez, de “la dejación de las armas y la proscripción de la violencia como método de acción política” en el momento de la firma del acuerdo final para la paz.

A pesar de estos significativos avances, las voces más recalcitrantes del país no esperaron para dejar ver su mezquindad. Por un lado, el Procurador General de la Nación, trató de desdibujar la importancia de lo acordado y reiteró su disgusto con el proceso de paz, al mismo tiempo y, rebozando sus funciones, sale a defender la aparición del apellido y la foto del expresidente Uribe en la lista al Senado, muestra una actitud amenazante en contra del alcalde Gustavo Petro; no avanza en sanciones a las graves acciones y omisiones en temas medioambientales como en el municipio de Piedras Tolima, en donde se han generado irreparables daños al medio ambiente y los ciudadanos rechazaron la minería aurífera a través de una consulta popular, la lentitud en las investigaciones que ya cumplen dos años en contra de los concejales de Bogotá comprometidos con el carrusel de la contratación, tal como lo denunció la Concejal de la Nueva Alianza Verde Ángela Lozano, y la inoperancia en las investigaciones en contra de funcionarios presuntamente comprometidos en la ola de violencia en el puerto de Buenaventura, que en lo corrido del año ha provocado 186 homicidios, 32 desapariciones, 6 cuerpos desmembrados, el aumento del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes y del desplazamiento masivos forzosos, que según el Personero de Soacha ya reporta la llegada de más de 3.000 personas originarias de esa ciudad. Situación puesta de presente en la Comisión de Seguimiento a la Ley de Víctimas del Congreso de la República.

Por otro lado, como lo recuerda el Secretario General de la OEA José Miguel Insulza: el expresidente Uribe, que sostuvo reiteradamente en sus dos gobiernos, él no negociaba con despeje ni cese de hostilidades, hoy, cuando el actual gobierno avanza cumpliendo esas condiciones, no ha escatimado esfuerzo para minar la confianza en torno a la negociación política para el logro de la paz, incluso desde cuando la negociación con las Farc se hizo pública, el uribismo llegó a sostener que el Gobierno ya había negociado y firmado todo con la guerrilla a espaldas de la ciudadanía, argucia desmentida por las propias circunstancias.

Si bien es cierto, las condiciones para lograr una paz con justicia social, perdurable y duradera requiere reformas profundas, como por ejemplo, la descongestión y prontitud en la administración de justicia que aqueja, según los entendidos, un 92% de impunidad y una demora de seis (6) años en promedio para procesos ejecutivos; o aspectos tan sensibles como el abandono del campo y el sector agropecuario que provocó recientemente el levantamiento popular de los campesinos a lo largo y ancho del territorio nacional, indicando que también se requieren espacios de representación y participación política para que con nuestro concurso en los departamentos sean los campesinos los que terminen ocupando curules de la Cámara de Representantes o en el Senado de la República.

Sin embargo, es un compromiso ineludible de los amantes de la democracia que expresemos abiertamente nuestro anhelo de paz y rodeemos la salida negociada al conflicto armado con toda nuestra capacidad movilizadora y activista, pues será la legitimidad generalizada y mayoritaria la mejor garantía para fortalecer el proceso y finalizar de una vez por todas con el espiral de violencia, victimización y odio extendido por más de 60 años. Este será nuestro mayor desafío: convertimos en la generación de hombres y mujeres capaces de tejer la convivencia y la reconciliación entre los colombianos.

- Diego Garzón es Politólogo, Especialista en análisis de políticas públicas; Secretario – Comisión de seguimiento legal a la aplicación de la Ley de Víctimas del Congreso de la República

Semanario Virtual Caja de Herramientas, Edición N° 00376, HU Corporación Viva la Ciudadanía, Semana del 8 al 14de Noviembre de 2013

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