La actual administración de Enrique Peña Nieto que cumplirá un año el próximo 1 de diciembre, tiene grandes dificultades y un horizonte inseguro. Primero porque tiene problemas de credibilidad en una inmensa gama de la ciudadanía mexicana; porque el problema de la violencia no puede enfrentarse con reformas e instrumentos o medidas en lo inmediato y porque vivimos una profunda desigualdad social y económica.

 

Además de esos tres factores, el gobierno de Peña Nieto no tiene alternativas viables para responder cabalmente  a la insatisfacción de los grupos de poder como los empresarios, los antiguos políticos, la iglesia  y a los grupos económicos regionales, encima, tiene sobre sí la mirada internacional, cada día más exigente.

 

El caso del asesinato hace 15 años de la ciudadana holandesa Lester van Nicrop, ha planteado hace unos días una especie de examen por parte de la embajada de los Países Bajos. El embajador Dolf Hogewoning citó en su residencia a líderes de organizaciones no gubernamentales, funcionariado público y representantes de partidos políticos, para señalar que es necesario asesorar a México para enfrentar la violencia feminicida contra las mexicanas y sostuvo que el caso de Hester, que tiene 15 años, debe resolverse.

 

 Aunque el embajador de Holanda pintó al tema de colaboración y sostenida preocupación, ya que nos informó de paso que su país aporta económicamente al Observatorio Nacional del Feminicidio, realmente está hablando de que la preocupación de muchos gobiernos estriba en el grado de impunidad que existe en nuestro país; de la incapacidad en los procesos de investigación y la falla y corrupción policiacas. Menudo asunto. Si a ello agregamos las más de 176 recomendaciones que sobre la violación a los derechos de la población  han hecho a México los organismos internacionales de Derechos Humanos, y cómo se nos está juzgando en los foros de Naciones Unidas.

 

 Al tema del asesinato de mujeres y la incapacidad del Gobierno, habría que añadir las desapariciones de mujeres en México, que sumaron unas ocho mil durante el pasado sexenio. Y según el Centro de Investigación y Capacitación “Propuesta Cívica”, solamente este año en el Estado de México más de 145 mujeres han desaparecido, sobre todo en municipios orientales como Valle de Chalco, Chimalhuacán y Ecatepec.

 

En Chihuahua, según datos del gobierno de ese estado, en lo que va de 2013, han sido reportadas 126 desapariciones de mujeres y, de 2008 a 2013, 49 asesinatos han sido tipificados con la figura de “feminicidio”. Es decir, el tema es alarmante y lamentable.

 

 Hace seis años que se promulgó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia que define la violencia feminicida y reconoce legalmente la violencia contra las mujeres y aunque varias entidades han tipificado el feminicidio como delito, nada de todo esto significa algo para detener la desgracia.

 

Mirado así, a unos días del primer año de gobierno, las cosas no tienen futuro ni esperanza. Y los esfuerzos del grupo gobernante por cogobernar con la oposición, empiezan a diluirse en la medida en que la reforma energética crispa a los sectores liberales y nacionalistas; respecto de la Reforma Educativa, en los hechos está obstaculizada por una inmensa masa magisterial con razón o por ignorancia; también se ha levantado una gran oposición a las reformas fiscales  y hace agua  la estrategia de diálogo sin consenso que no convence a los extremos de la crítica social.

 

 En medio de todo ello, hay una enorme dificultad para poner en práctica la quinta línea de acción del Plan Nacional de Desarrollo, que es transversalizar la perspectiva de género en los tres órdenes de gobierno y en toda la administración pública.

 

Ello es así, porque la política del gobierno actual, se enfrenta a una herencia demoledora: durante el foxismo y el calderonismo se puso en práctica lo que yo llamo la tecnocracia de género, una suerte de hacer sin hacer, de intentar promover la comprensión de la desigualdad entre hombres y mujeres, sin realmente ir al fondo del problema. Una manera de obtener recursos internacionales sin verdaderamente intentar mejorar el conflicto entre los géneros.

 

Muchas acciones en el calderonismo se diseñaron en contra de los principios básicos que podrían haber animado esta política. Por eso hoy gobiernos como el de Holanda, pueden demandar a Peña Nieto que actúe frente a la violencia contra las mujeres, sabiendo que tampoco su grupo está realmente interesado en mejorar las relaciones entre hombres y mujeres. Menos tomarlo en serio como una línea de acción gubernamental realmente trascendente.

 

Con motivo del 25 de noviembre, en que millones de mujeres en todo el mundo se levantan contra la violencia de género y la impunidad, se lanzó, sin repercusiones mayores, la consulta nacional para enderezar la política pública que pudiera mitigar las violaciones sexuales, el hostigamiento y el homicidio contra las mujeres.  El programa nacional contra la violencia de género.

 

Hay una especie de letargo, de falta de sensibilidad, de oídos sordos y falta de credibilidad. La imposible aplicación de la alerta de género, la inexistencia de una comunicación acertada para explicar ahí que pasa exactamente, cómo es que la ley no se puede aplicar, cómo es que los gobiernos de los estados, esos que se han erguido como grandes cacicazgos y enclaves de la corrupción, ni leen ni conocen y menos van a aplicar la ley, nos van a explicar que hicieron con los recursos para la prevención y atención a la violencia de género.

 

El embrollo de este gobierno es muy grande. Cómo volver a la gobernabilidad, cómo hacer que los gobernadores rindan cuentas. Es el mismo caso de la reforma educativa, que instalada en la Constitución, no puede operar, si los gobernadores no dicen qué hicieron tantos años con el dinero que se les trasladó mediante la descentralización educativa, si no sabemos bien cuántos maestros hay y cuántas escuelas funcionan y cómo.

 

 Es lo mismo. Nadie sabe cómo funcionan los mecanismos de prevención de la violencia, las fiscalías de género, las personas que las operan, si vemos como hubo y hay una simulación en su capacitación, en su formación, en sus responsabilidades. No hay, que yo sepa y lo he buscado, una evaluación de estas acciones.

 

Probablemente la consulta para enderezar esa política, lanzada por el Instituto Nacional de las Mujeres, busca y sería interesante,  hacer esa evaluación fundamental, que va más allá de los diagnósticos continuados que hacen diversas instituciones, sobre el tamaño del fenómeno.

 

Pero qué pasa. Alguien tendría que demandar que se explique qué pasó. En democracia, como nos dicen y nos reiteran, tendrían que pedirse cuentas. Felipe Calderón tendría que decir por qué en lugar de disminuir aumentó la violencia contra las mujeres; qué hicieron las instituciones al respecto, cómo se gastó el dinero en las dependencias de Gobernación, de la Procuraduría General de la República, de las agencias especializadas en delitos sexuales, en los tribunales y entre las y los jueces.

 

Alguien tendría que evaluar si se aplicaron y cómo los recursos cuantiosos etiquetados en la Cámaras para la operación de los institutos y secretarías de la mujer en diversas entidades del país, donde crecieron y se multiplicaron las burocracias.

 

 Y es probable que ello esté en el horizonte de las propuestas y preocupaciones institucionales del gobierno federal. Pero lo cierto es que no parecen cercanas las respuestas y no parece haber una masa crítica ciudadana que lo exija, que vaya más allá de las inercias instituidas en los años de gobiernos panistas, esos años de grandes reformas y leyes para mitigar la desigualdad entre hombres y mujeres. Un asunto que debiera ser el eje de este próximo 25 de noviembre, para dejar de mentir, de desviar, de simular.

 

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