Según las declaraciones de un sargento del Ejército integrante de la “Operación Andrómeda”, como lo denunció la revista Semana, lleva al seguimiento ilegal de correos y conversaciones electrónicas de dirigentes de izquierda, ONG e integrantes de la comisión negociadora de paz Gobierno-FARC. Como lo reconoció inicialmente el presidente Santos y los medios de prensa el hecho es grave, evidencia que no se superan desde organismos de seguridad estatales este tipo de prácticas ilegales y arbitrarias y constituye un factor de desconfianza, inseguridad y riesgo para el propio avance del proceso de paz.

 

Al respecto es de recordar que en 2006 se produjo un incidente propiciado por las escuchas ilegales realizadas por la Policía Nacional que llevó a la salida de varios generales. En 2009 se hicieron públicas las informaciones sobre la acción sistemática y masiva se seguimiento ilegal contra magistrados, opositores políticos, periodistas críticos y ONG de Derechos Humanos, de forma que bajo la dirección de Presidencia de la República y con compromiso de jefes y estructuras del DAS, disuelto por tal situación, se configuró una de las más graves y extendidas violaciones a los Derechos Humanos en la historia reciente del país, sin que al momento se hayan conseguido las investigaciones y sanciones requeridas de todos los implicados a distintos niveles. En 2013, aunque se expidió una nueva ley de inteligencia y se creó una nueva Dirección Nacional de Inteligencia, a cargo de la Policía Nacional, el propio presidente Santos tuvo que demandar acciones legales de investigación ante la persistencia de denuncias de filtraciones e interceptaciones ilegales que seguirían afectando a periodistas y otro tipo de personas y sectores afectados. Además, dicha ley demandó correctivos aún no adoptados como la depuración de archivos y del propio personal de inteligencia, pero a la vez dejó nuevos boquetes ante esta problemática, como es la amplia discreción oficial para el seguimiento de señales en el espectro electromagnético, sin establecer el necesario control de los organismos judiciales y de control.

 

En tal contexto, la “Operación Andrómeda”, de la que se reconoce el montaje de por lo menos 30 sedes en distintas ciudades del país, con posterioridad a las denuncias referidas el mismo presidente Santos y el Ministerio de Defensa han puesto el acento en la legalidad de establecer tal tipo de centros de inteligencia secreta, blindada con parapetos o fachadas de supuestas actividades comerciales o de otro orden no militar. Sin embargo, lo real es que de forma reiterada se han proporcionado datos que indican que más allá de tal posibilidad de actuación legal, se estarían repitiendo prácticas irregulares e ilegales, en tanto sin autorización legal de un organismo de justicia competente, se estarían de nuevo vulnerando la comunicación y la intimidad, de nuevo tomando como blanco al tipo de sectores afectados referidos, pero ahora también contra los propios integrantes de la comisión negociadora de paz del Gobierno Nacional en La Habana.

 

En consecuencia, no puede desestimarse tal tipo de hecho pues de confirmarse por la debida investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación se confirmaría una acción que menoscaba, ataca y pone en riesgo las negociaciones de paz en curso. Hecho gravísimo para las posibilidades del proceso emprendido y que cuestiona la legitimidad de la actuación de los entes estatales al respecto y siembra necesariamente dudas, inseguridades y desconfianzas para la actuación de los propios negociadores de paz, vale decirlo, con repercusiones directas para todas las partes comprometidas en el curso de las conversaciones de paz.

 

Es evidente que la delegación gubernamental en la Mesa que debe ser rodeada de todas las garantías y el apoyo estatal y gubernamental para su gestión, se encuentra ante tal situación con verdaderos obstáculos para su actuación. Basta poner de presente con relación a este tipo de situación el que se hayan filtrado informaciones propias del secreto militar y del propio secreto de las conversaciones de paz, de las que sólo conocían agencias del estamento militar y de los organismos de protección y seguridad estatal. Es por ello que muchas voces han reclamado claridad y consecuencias en la investigación con respecto a informaciones de alta reserva oficial que irregularmente fueron proporcionadas al ex presidente Álvaro Uribe, quien las hizo públicas para atacar y poner en riesgo al propio proceso de conversaciones de paz. Es precisamente esto lo sucedido con hechos como la revelación del logro del acuerdo inicial de forma secreta entre el Gobierno y las FARC y con la publicación de las coordenadas de ubicación del operativo de traslado del comandante Pablo Catatumbo, de esta guerrilla, para integrarse a la mesa de negociación en La Habana.

 

Se dice ahora con razón que por supuesto que la inteligencia militar del Estado obra contra las guerrillas como una de las situaciones propias del conflicto bélico en curso, lo cual resulta cierto. Pero, no se aclara que adicionalmente y sin contradecir lo anterior, cuando el Gobierno Nacional se compromete a brindar garantías de seguridad a los negociadores de paz de la guerrilla, ellas deben cumplirse; lo que demanda suspender capturas, acciones militares e intervenciones indebidas frente al rol propio de sus gestiones de paz legitimadas, a instancias de los acuerdos convenidos y de actuaciones consensuadas en la Mesa de negociación y sus mecanismos. Este tipo de protección se refuerza con la demanda humanitaria contemplada en los Convenios de Ginebra, que son ley interna, con respecto a la debida protección para con las personas participantes en “las acciones de parlamento” – entiéndase diálogos-, en términos de las soluciones de paz y humanitarias. Por tanto, la delegación guerrillera en tal circunstancia debe recibir el marco de protección y garantías requeridas, pues atacar de cualquier forma a sus integrantes constituiría un delito de perfidia o traición a tal protección humanitaria, con responsabilidades penales claramente establecidas en el derecho interno e internacional.

 

Adicionalmente, menoscabar la seguridad de la Mesa y las gestiones de paz en curso, también constituye una forma menoscabar y, dado el caso, atacar las delegaciones de los países que contribuyen de distintas formas en el proceso de paz. Se afectaría su seguridad, su confianza, su integridad e incluso en casos como Cuba, país donde se desarrollan los eventos del diálogo, puede conllevar a violaciones a su territorio y su soberanía. Esta situación resultaría real, por ejemplo, de confirmarse la existencia de hechos como podrían ser la instalación de equipos y dispositivos de escuchas ilegales en su territorio o que afecten su territorio, o la infiltración de agentes con tales propósitos, o la propia captación ilegal de la información, conversaciones y actuaciones de sus delegados para contribuir en las gestiones de paz que el Estado colombiano y las partes en negociación les han encomendado.

 

En resumen, ahora que nos aprestamos a esperar la publicación por parte de la Mesa de negociación Gobierno-FARC, del tercer acuerdo temático, que consolidará y avanzará hacia el logro del acuerdo general de paz previsto y que se espera de forma pronta el inicio de la negociación Gobierno-ELN con un acuerdo inicial sobre agenda, mecanismos y propuestas de actuación, no puede desestimarse la problemática referida, por sus nefastas consecuencias posibles contra la legitimidad, credibilidad, confianza y seguridad de las partes en negociación y de las terceras partes que las acompañan esta importante e histórica actuación.