Unión Europea-Venezuela
Eurocámara, Venezuela y el mundo al revés
28/02/2014
- Opinión
Juicio parcial y sesgado destaca en resolución aprobada por el Parlamento Europeo sobre Venezuela
Con 463 votos a favor, 45 en contra y 37 abstenciones, la Eurocámara aprobó este jueves (27/2) una resolución sobre la situación en Venezuela, donde prevalece el ataque directo contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro y el juicio parcial y sesgado.
En la resolución 2014/2600 RSP, que fue presentada por los grupos PPE (Partido Popular Europeo), SyD (Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas), ALDE (Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa) y ECR (Conservadores y Reformistas Europeos), la Eurocámara interpretó a su antojo los hechos de violencia que se dieron a partir del 12 de febrero pasado, así como el contexto político, económico y social que vive el país, formulando graves acusaciones, sin ningún sustento, en contra de las autoridades venezolanas.
A continuación el texto completo de la resolución
P7_TA-PROV(2014)0176
Situación en Venezuela
Resolución del Parlamento Europeo, de 27 de febrero de 2014, sobre la situación en Venezuela (2014/2600(RSP))
El Parlamento Europeo,
– Vistas sus resoluciones anteriores sobre la situación en Venezuela, en particular su Resolución, de 24 de mayo de 2007, sobre el caso de la cadena Radio Caracas Televisión en Venezuela, de 23 de octubre de 2008 sobre las inhabilitaciones políticas en Venezuela, de 7 de mayo de 2009 sobre el caso de Manuel Rosales en Venezuela, de 11 de febrero de 2010 sobre Venezuela, de 8 de julio de 2010 sobre Venezuela, en particular el caso de María Lourdes Afiuni, y de 24 de mayo de 2012 sobre la posible retirada de Venezuela de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
– Vista la declaración del portavoz de Catherine Ashton, Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/AR), de 14 de febrero de 2014,
– Vista la declaración de Catherine Ashton, VP/AR, de 21 de febrero de 2014, sobre los desórdenes en Venezuela,
– Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del que Venezuela es parte,
– Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948,
– Visto el artículo 110, apartados 2 y 4, de su Reglamento,
A. Considerando la gravedad de la actual situación de Venezuela; que desde el 12 de febrero de 2014 se han registrado en toda Venezuela marchas pacíficas encabezadas por estudiantes que se han saldado con violencia mortal y ha habido, por lo menos, trece víctimas mortales, más de setenta heridos y cientos de detenidos; que las exigencias de los estudiantes tienen que ver con la incapacidad del Gobierno del Presidente Maduro de resolver los problemas de la elevada tasa de inflación, la delincuencia y la escasez de algunos productos de primera necesidad, así como con los niveles, cada vez más elevados, de corrupción y con la intimidación de los medios de comunicación y de la oposición democrática; que el Gobierno ha culpado de la escasez a los «saboteadores» y a los «empresarios corruptos hambrientos de ganancias»; que Venezuela es el país que cuenta con las reservas energéticas más importantes de América Latina;
B. Considerando que en los últimos días no ha disminuido el número de manifestaciones, sino que, en realidad, ha aumentado, lo que ha conducido a un aumento del número de muertos, heridos y detenidos como resultado de la represión del movimiento de protesta por parte de las autoridades estatales y de grupos armados ilegales;
C. Considerando que la tensión política y la polarización en Venezuela son cada vez más importantes; que las autoridades venezolanas, en lugar de contribuir al mantenimiento de la paz y de la calma, han amenazado con llevar a cabo una «revolución armada»;
D. Considerando los actos de represión ejercida, en particular, contra estudiantes, periodistas, dirigentes de la oposición y activistas pacíficos de la sociedad civil, que han sido perseguidos y privados de su libertad;
E. Considerando que grupos armados progubernamentales violentos y descontrolados han estado actuando en Venezuela con impunidad durante mucho tiempo; que la oposición ha acusado a estos grupos de incitar a la violencia durante las manifestaciones pacíficas, lo que ha provocado muertes y numerosos heridos; que el Gobierno de Venezuela aún no ha aclarado plenamente esos hechos;
F. Considerando que los medios de comunicación son objeto de censura e intimidación, que diferentes periodistas han sido golpeados o detenidos o que se ha destruido su material profesional;
G. Considerando que la libertad de expresión y el derecho a participar en manifestaciones pacíficas son elementos fundamentales de la democracia, y que la igualdad y la justicia para todos no pueden existir sin las libertades fundamentales y el respeto de los derechos de todos los ciudadanos; que la Constitución de Venezuela garantiza el derecho de reunión, de asociación y de manifestación ciudadana por medios pacíficos; que las autoridades estatales tienen el deber de salvaguardar los derechos fundamentales de los ciudadanos de Venezuela, de garantizar su seguridad y proteger sus vidas sin limitar dichos derechos;
H. Considerando que únicamente el respeto de los derechos y las libertades fundamentales, un diálogo constructivo y respetuoso y la tolerancia podrán ayudar a Venezuela a salir de esta grave crisis y, por ende, a superar futuras dificultades;
1. Condena todos los actos de violencia y la trágica pérdida de vidas humanas durante las manifestaciones pacíficas del 12 de febrero de 2014 y los días posteriores, y transmite su sincero pésame a los familiares de los fallecidos;
2. Expresa su inquebrantable solidaridad con el pueblo venezolano y su preocupación por la posibilidad de que las nuevas protestas puedan desembocar en más actos violentos que no harían más que ahondar la brecha entre las posiciones del Gobierno y la oposición y contribuirían a polarizar en mayor medida la delicada situación política que se registra en Venezuela; pide a los representantes de todos los partidos y estamentos de la sociedad venezolana que mantengan la calma tanto en lo que se refiere a sus declaraciones como a las acciones que emprendan;
3. Recuerda al Gobierno de Venezuela que la libertad de expresión y el derecho a participar en manifestaciones pacíficas son derechos fundamentales de la persona en toda democracia, tal y como reconoce la Constitución venezolana, y pide al Presidente Maduro que respete los tratados internacionales de los que Venezuela es parte, en particular la Carta Democrática Interamericana;
4. Recuerda al Gobierno de Venezuela su obligación de garantizar la seguridad de todos los ciudadanos del país, independientemente de sus opiniones o adscripciones políticas; expresa su profunda preocupación por la detención de estudiantes y de dirigentes de la oposición y reclama su liberación inmediata;
5. Recuerda que el respeto del principio de la separación de poderes es fundamental en un régimen democrático, y que el sistema judicial no puede ser utilizado por las autoridades como medio de persecución política y de represión de la oposición democrática; pide a las autoridades venezolanas que retiren las acusaciones infundadas y las órdenes de detención contra dirigentes de la oposición;
6. Pide a las autoridades venezolanas que desarmen y disuelvan inmediatamente a los grupos armados descontrolados progubernamentales, y que pongan fin a su impunidad; solicita aclaraciones sobre los fallecimientos que se han registrado, con el fin de exigir responsabilidades a los autores por sus actos;
7. Alienta a todas las partes y, en particular, a las autoridades venezolanas, a mantener un diálogo pacífico con todos los estamentos de la sociedad venezolana para definir los puntos de convergencia y permitir que los interlocutores políticos debatan los problemas de mayor gravedad que afronta el país;
8. Hace hincapié en que el respeto de la libertad de prensa, de información y de opinión, junto con el pluralismo político, son fundamentales para la democracia; lamenta la existencia de censura en los medios de comunicación e internet y de un acceso limitado a ciertos blogs y redes sociales; condena el acoso de que han sido víctimas varios periódicos y medios audiovisuales, como la cadena NTN24 y la cadena CNN en español, y considera que estas prácticas son contrarias a la Constitución venezolana y a los compromisos asumidos por la República Bolivariana de Venezuela;
9. Pide que se envíe a Venezuela cuanto antes una delegación ad hoc del Parlamento Europeo para evaluar la situación;
10. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al Gobierno y a la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, a la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana y al Secretario General de la Organización de los Estados Americanos.
Con 463 votos a favor, 45 en contra y 37 abstenciones, la Eurocámara aprobó este jueves (27/2) una resolución sobre la situación en Venezuela, donde prevalece el ataque directo contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro y el juicio parcial y sesgado.
En la resolución 2014/2600 RSP, que fue presentada por los grupos PPE (Partido Popular Europeo), SyD (Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas), ALDE (Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa) y ECR (Conservadores y Reformistas Europeos), la Eurocámara interpretó a su antojo los hechos de violencia que se dieron a partir del 12 de febrero pasado, así como el contexto político, económico y social que vive el país, formulando graves acusaciones, sin ningún sustento, en contra de las autoridades venezolanas.
A continuación el texto completo de la resolución
P7_TA-PROV(2014)0176
Situación en Venezuela
Resolución del Parlamento Europeo, de 27 de febrero de 2014, sobre la situación en Venezuela (2014/2600(RSP))
El Parlamento Europeo,
– Vistas sus resoluciones anteriores sobre la situación en Venezuela, en particular su Resolución, de 24 de mayo de 2007, sobre el caso de la cadena Radio Caracas Televisión en Venezuela, de 23 de octubre de 2008 sobre las inhabilitaciones políticas en Venezuela, de 7 de mayo de 2009 sobre el caso de Manuel Rosales en Venezuela, de 11 de febrero de 2010 sobre Venezuela, de 8 de julio de 2010 sobre Venezuela, en particular el caso de María Lourdes Afiuni, y de 24 de mayo de 2012 sobre la posible retirada de Venezuela de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
– Vista la declaración del portavoz de Catherine Ashton, Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/AR), de 14 de febrero de 2014,
– Vista la declaración de Catherine Ashton, VP/AR, de 21 de febrero de 2014, sobre los desórdenes en Venezuela,
– Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del que Venezuela es parte,
– Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948,
– Visto el artículo 110, apartados 2 y 4, de su Reglamento,
A. Considerando la gravedad de la actual situación de Venezuela; que desde el 12 de febrero de 2014 se han registrado en toda Venezuela marchas pacíficas encabezadas por estudiantes que se han saldado con violencia mortal y ha habido, por lo menos, trece víctimas mortales, más de setenta heridos y cientos de detenidos; que las exigencias de los estudiantes tienen que ver con la incapacidad del Gobierno del Presidente Maduro de resolver los problemas de la elevada tasa de inflación, la delincuencia y la escasez de algunos productos de primera necesidad, así como con los niveles, cada vez más elevados, de corrupción y con la intimidación de los medios de comunicación y de la oposición democrática; que el Gobierno ha culpado de la escasez a los «saboteadores» y a los «empresarios corruptos hambrientos de ganancias»; que Venezuela es el país que cuenta con las reservas energéticas más importantes de América Latina;
B. Considerando que en los últimos días no ha disminuido el número de manifestaciones, sino que, en realidad, ha aumentado, lo que ha conducido a un aumento del número de muertos, heridos y detenidos como resultado de la represión del movimiento de protesta por parte de las autoridades estatales y de grupos armados ilegales;
C. Considerando que la tensión política y la polarización en Venezuela son cada vez más importantes; que las autoridades venezolanas, en lugar de contribuir al mantenimiento de la paz y de la calma, han amenazado con llevar a cabo una «revolución armada»;
D. Considerando los actos de represión ejercida, en particular, contra estudiantes, periodistas, dirigentes de la oposición y activistas pacíficos de la sociedad civil, que han sido perseguidos y privados de su libertad;
E. Considerando que grupos armados progubernamentales violentos y descontrolados han estado actuando en Venezuela con impunidad durante mucho tiempo; que la oposición ha acusado a estos grupos de incitar a la violencia durante las manifestaciones pacíficas, lo que ha provocado muertes y numerosos heridos; que el Gobierno de Venezuela aún no ha aclarado plenamente esos hechos;
F. Considerando que los medios de comunicación son objeto de censura e intimidación, que diferentes periodistas han sido golpeados o detenidos o que se ha destruido su material profesional;
G. Considerando que la libertad de expresión y el derecho a participar en manifestaciones pacíficas son elementos fundamentales de la democracia, y que la igualdad y la justicia para todos no pueden existir sin las libertades fundamentales y el respeto de los derechos de todos los ciudadanos; que la Constitución de Venezuela garantiza el derecho de reunión, de asociación y de manifestación ciudadana por medios pacíficos; que las autoridades estatales tienen el deber de salvaguardar los derechos fundamentales de los ciudadanos de Venezuela, de garantizar su seguridad y proteger sus vidas sin limitar dichos derechos;
H. Considerando que únicamente el respeto de los derechos y las libertades fundamentales, un diálogo constructivo y respetuoso y la tolerancia podrán ayudar a Venezuela a salir de esta grave crisis y, por ende, a superar futuras dificultades;
1. Condena todos los actos de violencia y la trágica pérdida de vidas humanas durante las manifestaciones pacíficas del 12 de febrero de 2014 y los días posteriores, y transmite su sincero pésame a los familiares de los fallecidos;
2. Expresa su inquebrantable solidaridad con el pueblo venezolano y su preocupación por la posibilidad de que las nuevas protestas puedan desembocar en más actos violentos que no harían más que ahondar la brecha entre las posiciones del Gobierno y la oposición y contribuirían a polarizar en mayor medida la delicada situación política que se registra en Venezuela; pide a los representantes de todos los partidos y estamentos de la sociedad venezolana que mantengan la calma tanto en lo que se refiere a sus declaraciones como a las acciones que emprendan;
3. Recuerda al Gobierno de Venezuela que la libertad de expresión y el derecho a participar en manifestaciones pacíficas son derechos fundamentales de la persona en toda democracia, tal y como reconoce la Constitución venezolana, y pide al Presidente Maduro que respete los tratados internacionales de los que Venezuela es parte, en particular la Carta Democrática Interamericana;
4. Recuerda al Gobierno de Venezuela su obligación de garantizar la seguridad de todos los ciudadanos del país, independientemente de sus opiniones o adscripciones políticas; expresa su profunda preocupación por la detención de estudiantes y de dirigentes de la oposición y reclama su liberación inmediata;
5. Recuerda que el respeto del principio de la separación de poderes es fundamental en un régimen democrático, y que el sistema judicial no puede ser utilizado por las autoridades como medio de persecución política y de represión de la oposición democrática; pide a las autoridades venezolanas que retiren las acusaciones infundadas y las órdenes de detención contra dirigentes de la oposición;
6. Pide a las autoridades venezolanas que desarmen y disuelvan inmediatamente a los grupos armados descontrolados progubernamentales, y que pongan fin a su impunidad; solicita aclaraciones sobre los fallecimientos que se han registrado, con el fin de exigir responsabilidades a los autores por sus actos;
7. Alienta a todas las partes y, en particular, a las autoridades venezolanas, a mantener un diálogo pacífico con todos los estamentos de la sociedad venezolana para definir los puntos de convergencia y permitir que los interlocutores políticos debatan los problemas de mayor gravedad que afronta el país;
8. Hace hincapié en que el respeto de la libertad de prensa, de información y de opinión, junto con el pluralismo político, son fundamentales para la democracia; lamenta la existencia de censura en los medios de comunicación e internet y de un acceso limitado a ciertos blogs y redes sociales; condena el acoso de que han sido víctimas varios periódicos y medios audiovisuales, como la cadena NTN24 y la cadena CNN en español, y considera que estas prácticas son contrarias a la Constitución venezolana y a los compromisos asumidos por la República Bolivariana de Venezuela;
9. Pide que se envíe a Venezuela cuanto antes una delegación ad hoc del Parlamento Europeo para evaluar la situación;
10. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al Gobierno y a la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, a la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana y al Secretario General de la Organización de los Estados Americanos.
Fuente: LINyM
https://www.alainet.org/es/articulo/83568
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