Las causas profundas de la injusticia social en Internet

Norbert Bollow

28/05/2014

Opinión

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Artículo publicado en la Revista América Latina en Movimiento No. 494: Internet, power and democracy 10/06/2014

Internet no sólo es útil, sino que también está transformando nuestras sociedades radicalmente. En este sentido, algunas de las decisiones que se van a tomar en un futuro muy cercano tendrán un profundo impacto a largo plazo sobre el futuro de la humanidad. Percibo que estamos en el umbral de una suerte de momento de “definición constitucional” para el futuro de ésta. Vale decir, así como las estructuras políticas generales de un país son, en gran medida, determinadas por su constitución, algunos aspectos importantes para el futuro de la humanidad van a ser determinados a partir de varias decisiones sobre asuntos técnicos relacionados con Internet.

La vigilancia masiva, documentada en las revelaciones de Snowden, es un buen ejemplo de esto. Mientras existan en el mundo servicios de inteligencia que cuenten con financiamiento significativo y que menosprecien el derecho humano a la privacidad reconocido internacionalmente, es inevitable que la vigilancia masiva internacional continúe, en tanto siga siendo técnicamente factible. Pero, ¿por qué es factible? La razón es que quienes han estado tomando las decisiones técnicas pertinentes no han considerado como requisito prevenir la vigilancia masiva. Desde una perspectiva técnica, la protección adecuada de la privacidad de las comunicaciones (incluyendo cierto grado razonable de protección de los llamados metadatos, en particular la información sobre quién se comunica con quién) no es una tarea fácil. Pero tampoco es imposible. Sin duda, es una tarea más fácil que diseñar un avión que nos permita viajar de un continente a otro en menos de un día.

Desde la perspectiva de la economía política, la vigilancia masiva internacional es principalmente una cuestión de poder. Representa una enorme concentración de poder. Dado que entre los líderes políticos de casi todos los países habrá algunos que tengan un secreto vergonzoso en su vida, el poder de vigilancia masiva implica el poder de derribar casi cualquier gobierno democrático. O tal vez la agencia de inteligencia que posee este poder prefiera utilizarlo para el chantaje.

Es muy aterrador pensar lo que un Hitler 2.0 podría hacer con la capacidad de vigilancia que ahora sabemos que la NSA posee. De ahí que los sistemas de TICs que no estén adecuadamente diseñados para proteger la privacidad de las comunicaciones constituyen una forma de injusticia social. En realidad, socavar la democracia en países extranjeros es una de las peores formas de injusticia social a gran escala que puedo imaginar.

En el ámbito de las instituciones políticas, la concentración del poder es también un problema potencialmente grave. De hecho, la constitución de cada país democrático ha sido cuidadosamente diseñada para evitar concentraciones peligrosas de poder. Existe una estricta división de competencias entre las diferentes instituciones, y hay mecanismos de control y contrapesos. Del mismo modo, tenemos que insistir en que se debe limitar el poder que cualquier gobierno o empresa pueda ejercer en la Internet global. Por ejemplo, tanto Microsoft y Facebook como Google tienen un poder injustificable e inaceptable.

A propósito de la gobernanza

El sistema actual de lo que se suele llamar de manera grandilocuente "gobernanza de Internet", desafortunadamente carece de cualquier mecanismo para disolver eficazmente tales concentraciones de poder. Es más, ni siquiera es ampliamente reconocido como un problema. Tan es así que la próxima reunión "NetMundial"[1] pretende consagrar "la gobernanza de múltiples partes interesadas", como un principio fundamental de la gobernanza de Internet. En términos prácticos, esto vendría a ser un principio constitucional para Internet y, por ende, también para la sociedad de la información global.

La gobernanza de múltiples interesados es una ideología que implica la creencia de que los gobiernos y parlamentos democráticamente electos no deben ejercer ningún poder para tomar decisiones en relación con Internet, sino que todas las decisiones de gobernanza deben ser realizadas mediante un proceso de consenso multisectorial, en el que todas las partes interesadas, incluidos los representantes de los gobiernos, la sociedad civil y las empresas privadas, puedan participar plena y equitativamente.

No estoy en absoluto en contra del uso de procesos de consenso multisectoriales para la toma de decisiones, cada vez que sea posible llegar a un consenso. Mi objeción es contra la adopción de una especie de principio constitucional para que los procesos de consenso sean la única forma de toma de decisiones que legítimamente se puedan utilizar en lo que se refiere a Internet. De ser así, este principio conllevaría a que no se pueda tomar decisión alguna que solucione el problema de que algunas empresas son demasiado poderosas, porque estas empresas podrían simplemente oponerse y de esta manera evitar que tal decisión sea tomada.

Por supuesto, cuando no se puede tomar decisiones expresas ante conflictos entre intereses comerciales particulares y algún aspecto del interés público, la falta de un tal mecanismo constituye una decisión en sí misma. En ese tipo de situación, las empresas poderosas pueden simplemente hacer lo que quieren y salirse con la suya, dentro de los márgenes que les permite el mercado, en ausencia de cualquier posibilidad de regulación orientada al interés público.

En situaciones donde hay auténticos conflictos de interés (es decir, los conflictos de interés que persistan después de realizar intentos razonables para resolver el problema por medio de un proceso de consenso), la alternativa que propongo[2] es desarrollar propuestas diferenciadas, correspondientes a los diversos puntos de vista sobre el tema, y remitirlas a los parlamentos nacionales para que diriman entre esas opciones. A veces será una decisión difícil; en todo caso el conjunto de propuestas debería ser diseñado para minimizar los problemas de tener países que adopten diferentes opciones.

Iniciativas en curso

Cabe tener presente que ya existen procesos multisectoriales que pueden ser utilizados para resolver problemas reales (por ejemplo, en casos donde los procesos de normalización existentes perfectamente pueden proporcionar una solución), a la vez que prevenir la emergencia de nuevas concentraciones peligrosas de poder.

Un ejemplo muy interesante de ello es el trabajo del W3C -el Consorcio World Wide Web[3]- sobre "pagos en la Web”. Técnicamente esta iniciativa se basa en los avances en la criptografía, que permiten la implementación segura de pagos sin depender de un intermediario, como PayPal o Western Union. Es posible implementar la tecnología en cualquier lugar donde se puede utilizar un navegador web, desde televisores a través del PC hasta teléfonos móviles, y de hecho ya se lo está aplicando en el sistema operativo Firefox OS para teléfonos inteligentes[4].

Es importante destacar que el objetivo aquí es crear una norma técnica que puede ser implementada libremente por cualquier persona. En este sentido, el proyecto de “pagos en la web" va a ser más parecido al correo electrónico que a WhatsApp o Facebook o PayPal. Sin embargo, eso no es suficiente para asegurar que la tecnología contribuya positivamente a la justicia social y que evite aumentar la injusticia social. Si se aplica sin tener en cuenta la equidad, la no discriminación y la protección de los consumidores, una tecnología de "pagos en la web" fácilmente daría lugar a nuevas injusticias sociales. Quitar del camino el rol del intermediario del servicio de procesamiento de pagos es un paso positivo, pero hacen falta medidas complementarias para impedir que genere problemas.

Por varias razones es importante crear un servicio de procesamiento de pagos que no dependa de un intermediario. Dos de ellas tienen que ver con las tasas que cobran: además de que comporta un costo para el usuario, tienden a obstaculizar el pago de pequeños montos, los “micropagos”. También existe un riesgo de monopolización: si no está disponible una solución estandarizada de pagos en la Web, es probable que, por el efecto “el ganador se lleva todo”, típico de la economía en red, se concentre la mayor parte del mercado de procesamiento de pagos en manos de una sola empresa. Una tal posición dominante de mercado representaría una enorme concentración de poder, que fácilmente se prestaría a abusos.

Toda vez, cuando los pagos en la Web se realizan sin intermediario, surge otra dificultad, porque se anula el servicio de procesamiento de pagos como punto de regulación posible en beneficio de los consumidores. Por ejemplo, ya no se podrá asignar a este servicio una función de actuar como guardián para proteger a los consumidores contra comerciantes fraudulentos.

Debido a la naturaleza internacional de Internet, tampoco se puede confiar directamente en el sistema jurídico tradicional para asegurar que el consumidor pueda obtener un reembolso si un comerciante en línea actúa de manera fraudulenta. Una solución posible a este problema es la integración de un mecanismo de devolución al sistema de pagos en la Web. Este contemplaría que las tribunas del consumidor en el país de residencia puedan iniciar un reembolso; mientras que un requisito para ser comerciante en línea sería tener un aval bancario que garantice que tales reembolsos autorizados realmente se efectúen.

Por lo tanto, los temas aparentemente técnicos sobre los pagos en la Web son en realidad áreas donde es importante que las decisiones de diseño se hagan principalmente sobre la base de la protección del consumidor y otras cuestiones de justicia social. ¡Esto no se puede simplemente dejar a expertos técnicos! Es importante que una diversidad de organizaciones de la sociedad civil, con una variedad de perspectivas de distintos contextos culturales y económicos, participen en esta área. Abstenerse de participar en la etapa actual, cuando esta tecnología aún se está configurando, bien podría convertirse, dentro un par de años, en una las causas de injusticia social. (Traducción ALAI)

Norbert Bollow trabaja como consultor independiente en asuntos técnicos y en la solución de problemas empresariales. También ha participado activamente durante muchos años en el movimiento de Software Libre y de Código Abierto y en otras áreas de defensa de la justicia social relacionada con Internet. Co-coordinador de la Coalición Just Net.

[1] http://netmundial.br

[2] Sobre los elementos específicos de una propuesta concreta en este sentido, ver http://WisdomTaskForce.org

[3] http://w3c.org

[4] https://web-payments.org/

https://www.alainet.org/es/articulo/85915