Desde el mes de junio, antes de que el nuevo Senado se posesionara en pleno, Cepeda anunció este debate indicando que era “necesario que la opinión nacional, el Congreso y las autoridades competentes asuman esta situación”. La propuesta presentada por Cepeda fue aprobada en la Comisión Segunda del Senado con diez votos a favor y tres en contra, votación bastante diferente a la del pasado 25 de julio cuando en plenaria se hundió el debate con 53 votos en contra y tan solo 30 a favor.

 

Con evidente molestia y alzando el tono de su voz, Uribe se defendió de lo que él consideraba como “acusaciones mentirosas”. Su malestar llegó a tal punto que el presidente de la Comisión Segunda, Jimmy Chamorro, le permitió tomarse varios minutos luego de que la sesión se dio por terminada, poco usual para las intervenciones de los senadores. Uribe hizo una férrea defensa de su carrera política y manifestó sentirse agredido alegando en su extendida intervención que necesitaba “defender mi derecho a la honra”.

 

Uribe puntualizó que su mandato como gobernador de Antioquia estuvo guiado por la transparencia y negó categóricamente cualquier tipo de vínculo con el narcotráfico y el paramilitarismo. Igualmente, exaltó su desempeño en la gobernación de Antioquia y su labor como director de la Aerocivil. Su tórrida intervención continuó negando cualquier tipo de relación con los generales Santoyo y Buitrago, pese a que fueron sus jefes de seguridad cuando fue presidente; hoy día se encuentran presos por narcotráfico y en procesos penales por vínculos con el paramilitarismo.

 

Su intervención continuó haciendo defensa al proceso de paz que su gobierno adelantó con los grupos paramilitares. Su discurso hubiera continuado, de no ser porque el senador Cepeda lo interrumpió afirmando que la sesión “no es un consejo comunal”. Además, lo llamó a referirse a él como Honorable Senador.

 

A la plenaria de la Comisión Segunda del Senado acudió un importante número de parlamentarios uribistas de otras comisiones, quienes llegaron para dar apoyo a su máximo líder. Paloma Valencia, Alfredo Rangel y Jaime Amín se mostraron atónitos cuando Cepeda inició con la lectura de los cuestionamientos donde pone en entredicho la Ley de Víctimas que vincula a políticos con el paramilitarismo, y donde pide que se aclare la situación de Uribe con respecto a la acusación de testigos que lo vinculan con las Autodefensas Unidas de Colombia -AUC- y el narcotráfico. Según Cepeda, Uribe desde su cargo como director de la Aerocivil adelantó políticas de control interno que favorecieron a narcotraficantes.

 

Por su parte, la senadora Holguín calificó el debate a Uribe como “persecución”, a lo que Cepeda respondió: “No es por un tema personal, sino público”.

 

Una vez aprobado el debate, Uribe manifestó: “En la Corte Constitucional defendí las Convivir porque creo que los ciudadanos pueden colaborar con el Estado”. Luego continuó: “Nunca pedí que designaran a nadie en mi seguridad”, para referirse a los militares Santoyo y Buitrago.

 

Uribe acusó al Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y a Cepeda de tergiversar en su contra el testimonio de varios presos. Aludió a los viajes del entonces presidente del Colectivo, el actual representante a la Cámara por Bogotá Alirio Uribe, quien junto a Cepeda realizó los contactos en Estados Unidos para dialogar con paramilitares presos en cárceles de ese país. Varios de los delincuentes extraditados dieron testimonio de los vínculos de Uribe con el paramilitarismo. El expresidente aseveró que esas declaraciones fueron hechas porque hubo dinero de por medio.

 

La fecha para el debate ya está establecida, será el próximo 18 de septiembre, cuando todo el país estará a la expectativa de las pruebas presentadas por Cepeda y los argumentos para la defensa de Uribe.

 

En diálogo con Colombia Informa, el senador Alberto Castilla manifestó: “Yo creo que este debate desbordará a la Comisión Segunda, porque es un tema de interés nacional. Es un debate necesario en donde no se puede vetar la posibilidad de desarrollar control político al interior del Congreso de la República. Hay que facilitar, inclusive, que las minorías tengan la posibilidad de convocar a un debate de control político y no que la impongan mayorías para impedir que se debatan temas que son de interés general. Los funcionarios públicos debemos tener nuestra vida pública expuesta. Nuestros actos, nuestros comportamientos, nuestras acciones despiertan el interés nacional”.