La justicia ha sido uno de los temas más importantes de la actualidad haitiana en 1997, año marcado también por una lucha por el control del poder y manifestaciones contra las medidas neoliberales, adoptadas por los dirigentes "Lavalas" actualmente en el poder. A finales del año, diversas organizaciones populares realizaron manifestaciones para reclamar que el aparato judicial avance. Una organización denominada "Fundación 30 de septiembre" (fecha referente al golpe militar contra el Presidente Jean Bertrand Aristide en 1991) realiza en Puerto Príncipe marchas semanales permanentes en favor de la justicia. Son varias decenas las víctimas del golpe de Estado que, provenientes de diversas partes del país, vienen a manifestar en la "Plaza de la Paz", cerca del Palacio Nacional. Ellos/as reclaman que: las autoridades hagan algo para lavar la sangre de millares de víctimas de la barbarie, que se impuso durante los 3 años de dictadura militar. El movimiento se inicia en un contexto de saturación, con la celebración del sexto aniversario del golpe de Estado. La multitud lanza consignas hostiles a las autoridades. Mientras el propio Presidente Rene Preval reconoce que es tiempo de que la justicia florezca en Haití, con ocasión de su visita a depositar un ramo de flores a los pies de la estatua a las víctimas, ubicada frente al antiguo cuartel general del ejército. Por su parte, en medio de las manifestaciones, el Ministro de justicia Max Antoine declaró que el aparato judicial es ineficaz por causa de la corrupción que reina. En el "reino de la demagogia" Según un documento publicado en diciembre por la Plataforma de Organizaciones Haitianas de Derechos Humanos (POHDH), el campo de la impunidad se ha ampliado. Hoy día, hay que añadir a los "grands-mangeurs" (corruptos) Lavalas en el rango de los criminales, ladrones macoutes, militares y golpistas, señala la POHDH. Las reformas en el seno de las estructuras de la justicia haitiana anunciadas tardan mucho en concretizarse. En julio de 1997, en conmemoración de la masacre de decenas de campesinos en el noroeste del país en 1987, perpetrada por los grandes terratenientes y el antiguo ejército, los dirigentes campesinos denunciaron el inmovilismo del poder en materia de justicia. "Es el reino de la demagogia", exclamaron. La organización campesina "Tet Kole ti Peyizan Ayisyen" efectuó una manifestación frente al tribunal de Port-de-Paix (Puerto de la Paz), principal ciudad del departamento del noroeste, el cual debió ocuparse del expediente de la masacre. Sin embargo durante los 120 meses transcurridos, el asunto sigue pendiente. Los dirigentes campesinos no han cesado sus críticas contra la experiencia Lavalas, que según ellos, no ha hecho nada para acabar con la impunidad. Estiman que "las fuerzas de la sombra" (términos utilizados para designar a los duvalieristas y sus aliados) conservan todavía su hegemonía en Haití. Lo que explica, según los líderes campesinos, que las víctimas queden privadas de justicia, aún en los regímenes Lavalas que se han sucedido en el poder. Justicia para las mujeres En noviembre, paralelamente a la organización en Puerto Príncipe de un Tribunal Internacional contra la violencia hacia las mujeres, las miembras de una coalición de organizaciones feministas, provenientes de los barrios populares, manifestaron frente al tribunal de la Capital, para reclamar justicia para las centenares de mujeres víctimas de violaciones durante el golpe de Estado. Ellas depositaron formalmente una queja contra los principales autores, co-autores y cómplices del golpe de estado de septiembre de 1991, responsables de las violaciones y otros abusos a los que fueron sometidas. Las iniciativas tomadas por las autoridades no han generado confianza en el seno de la población, en cuanto a una perspectiva real de justicia. Actualmente, el expediente tiene al orden del día, el juicio de los presuntos culpables de la masacre de Roboteau, barrio popular de Gonaives (Artibonite), donde varias decenas de personas fueron masacradas por los militares y sus secuaces en abril de 1994. Todavía no se ha fijado ninguna fecha para ese juicio pendiente. Unas veinte personas, entre ellas un antiguo capitán del ejército, Castera Cenafils, están en la cárcel. Pero, según las organizaciones populares locales, los culpables siguen libres. En la opinión pública, se estima que la impunidad reinante favorece la inseguridad y el bandidaje, cuyos ciclos repetidos enlutan a las familias haitianas. En el transcurso del mes de marzo, en solo dos semanas se conocieron no menos de cuarenta muertos por bala, en presencia de las fuerzas de la ONU, cuyo mandato fue renovado en noviembre. Contra políticas neoliberales La lucha contra la impunidad se enmarca en un cuadro global de agitación social que resulta, entre otros, de las medidas económicas neoliberales adoptadas por las autoridades actuales. Diversos llamados a la huelga contra las políticas económicas de Rosny Smarth han sido lanzados con cierto éxito por los sectores populares; la huelga general del 16 de enero ganó particulares simpatías. Paralelamente, sectores profesionales, particularmente docentes, médicos, transportadores públicos, mantuvieron presiones continuas para exigir mejores condiciones de trabajo. En mayo, se registraron 3 semanas de huelgas y agitaciones en el medio escolar, mientras en el último trimestre de 1977, un buen número de ministerios y otras oficinas públicas fueron afectadas por paros suscitados por demandas salariales. En algunos casos se reclamaban aumentos de hasta del 300%. En el transcurso del último trimestre del año, la Plataforma Haitiana por un Desarrollo Alternativo, que agrupa varias organizaciones populares, lanzó una campaña contra el hambre, que realizó, entre otros, plantones frente al Palacio Nacional. La degradación social que se observa, aparece como un resultado de las medidas económicas, orientadas prioritariamente a satisfacer a las instituciones internacionales. En el marco de las reformas, el Consejo de Modernización de las Empresas Públicas, que fue creado en el transcurso del año por Preval, procedió a la venta de la mayoría de acciones de la minería y cemento de Haití. Los compradores son consorcios haitiano-extranjeros. Por otro lado, se adoptaron medidas para congelar la masa salarial en la administración pública y entró en vigencia la ley sobre el retiro voluntario o anticipado adoptada por el Parlamento. El énfasis colocado por la Presidencia sobre la reforma agraria (controversial) no tuvo eco más allá de ciertas regiones de Artibonite o de tierras que fueron distribuidas a algunas familias campesinas en el transcurso de este año. Persistió la crisis En 1997, las cifras económicas haitianas se presentan así: baja de la producción con un débil crecimiento (1%), devaluación de la gourde (12%) en un contexto de dolarización de la economía, aumento general de los precios (17%), déficit de la balanza comercial (más de 500 millones de dólares) y 116 millones de dólares de aumento de la deuda externa, que asciende a 1.030 millones de dólares. Un leve logro económico y la agitación social, se conjugan en una sociedad tomada por una crisis política multidimensional. El vacío gubernamental persiste, luego de 8 meses de la renuncia del Primer Ministro Rosny Smarth, mientras que la segunda vuelta del proceso electoral, que comenzó en abril, se mantiene en un impase. La vida política sigue dominada por una polémica inter-lavalas, que enfrenta a la Organización Política Lavalas -OPL- y a la Familia Lavalas, creada por el ex-presidente Aristide. Las negociaciones entre varios partidos y organizaciones del sector Lavalas, emprendidas en septiembre bajo la dirección de Preval, no han aportado ningún resultado. Como sucedió cuatro meses antes con el funcionario internacional Eric Pierre, la nominación del economista y comediante Herve Denis como Primer Ministro no logró obtener mayoría en la Cámara de Diputados en diciembre. La ratificación de la nominación de Denis continúa pendiente en la Cámara de Diputados, donde la OPL goza de una mayoría relativa (33 diputados sobre 79). La podredumbre de la situación política pone en riesgo, de una manera o de otra, la contienda electoral del 98, mientras que el movimiento Lavalas enfrenta una cierta dispersión. El Movimiento Nacional del Congreso de Papaye, una organización campesina dirigida por Chavannes Jean-Baptiste, se retiró solemnemente de Lavalas a mediados de diciembre, mientras que la OPL contempla seriamente la posibilidad de retirar esa palabra del nombre del partido. En relación a lo que llama los "carteles Lavalas", la POHDH apeló, al fin del año, a la construcción de un contra poder reivindicativo, inventivo, constructivo, democrático y popular. Ese proceso tiene sus riesgos, admite la POHDH, pero constituirá "probablemente la mejor vía para garantizar la defensa de los derechos fundamentales del pueblo y la ciudadanía".