El aborto y del embarazo no deseado han saltado al primer plano del debate público en México en los últimos meses. El tema fue lanzado inicialmente por el sector pro-vida de la derecha católica, vinculado al Partido Acción Nacional (PAN) y envalentado por la reciente elección a la Presidencia de la República de Vicente Fox. La oportunidad fue aprovechada a su vez por los sectores que apoyan la despenalización, para llevar a la escena pública sus puntos de vista, sobre un tema hasta hace poco tratado como tabú. El revuelo está teniendo repercusiones en la escena política y podría exacerbar las tensiones entre el estado laico, que mantiene una fuerte tradición anticlerical, y la Iglesia. Se estima que cada año se realizan 850 mil abortos en México, que resultan en la muerte de unas 1000 mujeres -y muchas más quedan lesionadas- por las condiciones inadecuadas de salubridad. En la mayoría de estados se admite el aborto únicamente por casos de violación. Dos hechos catalizaron el actual debate. El uno surgió cuando una víctima de violación de 13 años, llamada Paulina, fue impedida por políticos, abogados y médicos de obtener un aborto legal en Mexicali, en el estado de Baja California, plaza fuerte del PAN. Este caso, que tuvo una amplia cobertura en Televisa, se proyectó al ámbito nacional. El otro hecho fue la aprobación de una ley en el estado de Guanajuato, para imponer la pena de cárcel a las mujeres que aborten, incluso en casos de violación. El hecho desató una polémica que conllevó a que, a fines de agosto, el nuevo gobernador, Ramón Martín Huerta, allegado a Fox, pusiera el veto a la Ley, luego de haber encargado una encuesta cuyo resultado arrojó un 67,8% a favor de la rediscusión de la iniciativa. Los sectores por la despenalización de aborto, por su parte, tomaron la revancha en Morelos, al proponer una ampliación de los causales de aborto legal, siguiendo el ejemplo del Distrito Federal. El 30 de agosto los legisladores de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) de ese estado aprobaron una reforma al Código Penal que hace no punible el aborto en los casos de violación, cuando la vida de la madre peligre por malformaciones congénitas y genéticas, por accidente y por inseminación artificial involuntaria. La reforma también incluye un aumento de las penalidades en los casos de violación, delitos sexuales, corrupción de menores, peculado y ejercicio indebido de funciones, entre otros. Pero el gobernador interino de Morelos, Jorge Arturo García Rubí, anunció que podría ejercer su derecho al veto para invalidar la reforma, a pesar de que él mismo la había enviado a la legislatura. Ahora enfrenta presiones de ambos lados. El debate va para largo García no es el único político que encuentra embarazoso el tema. Sin duda muchos políticos preferirían que vuelva bajo el manto del silencio, entre ellos es el propio presidente electo, Fox, hasta hace poco gobernador de Guanajuato, quien había tratado de distanciarse de la imagen derechista del PAN. El responsable de la Mesa de Estudio para la Reforma del Estado, Porfirio Muñoz Ledo, también quiso escabullirse del problema, al anunciar que el aborto no sería incluido en el temario de discusiones. Sin explicar las razones, dijo que sería objeto de una discusión a parte. El proceso de la Mesa ha sido criticado por las organizaciones de mujeres que consideran que tienen poca representación. No obstante, ni el sector anti-aborto, ni el sector pro-despenalización, van a dejar fácilmente que muera el debate. Los grupos conservadores apuntan a ir endureciendo las leyes, y esperan incluso llegar a reformar la Constitución en el sentido de "defender la vida". Los diputados panistas de Guanajuato, por ejemplo, han anunciado que volverán a la carga con la reforma que penaliza el aborto con cárcel para las mujeres violadas, con el argumento de que el embarazo, en cualquier etapa, equivale a matar. Incluso de ha llegado a importar las agresiones contra las clínicas de aborto, que ya son comunes en Estados Unidos. El 17 de agosto, un grupo de estadounidenses y canadienses de organizaciones cristianas, encabezado por la vicepresidenta del Comité Nacional de Provida, realizó un plantón frente a una clínica de salud sexual y reproductiva en Mérida, Yucatán, impidiendo el paso a la clínica incluso con agresiones físicas. El Yucatán es el único estado de México que admite el aborto por razones económicas. En Bajo California, luego del caso de Paulina, a mediados de septiembre, el grupo parlamentario de PAN se apresuró a presentar una iniciativa para proveer asistencia educativa y alimentaria a las menores embarazadas víctimas de violación; pero se aplicaría únicamente cuando ellas garanticen llevar a término el embarazo y decidan conservar su patria potestad sobre el hijo/a. Despenalización Por su parte, los sectores opuestos a la penalización del aborto, que han esperado mucho tiempo para poder hablar del tema, argumentan que la penalización obliga a las mujeres a abortar en condiciones peligrosas y de insalubridad, constituyendo un grave problema de salud pública. Consideran que la legislación sobre el tema no se puede armar únicamente en función de consideraciones religiosas. Amalia García, presidenta nacional del PRD, sostiene que la Iglesia católica tiene el derecho a expresar su opinión respecto al aborto, pero que "es inaceptable que quiera imponer a toda la población su punto de vista". Considera que una mayoría de mujeres en México abortan por las condiciones extremas de pobreza, o por situaciones laborales. Al respecto criticó la práctica en las maquiladoras de despedir a las mujeres embarazadas: "creo sin temor a equivocarme que muchos patrones que están en contra del aborto han despedido a sus empleadas por embarazo". Para María Consuelo Mejía, presidenta en México de Católicas por el Derecho a Decidir, "en la discusión del aborto se cruzan consideraciones de diversa índole que deben tratarse con profundidad: éticas, morales, legales, religiosas, salud y de derechos". Estima que si bien la ciudadanía es cada vez más secular, tolerante y respetuosa de los derechos de las mujeres, "vivimos la paradoja de una sociedad con un proceso democratizador que reclama sus derechos, sujeta a las descalificaciones de la jerarquía católica a través de sus voceros". Considera que todas las opiniones son válidas, "pero lo que no se vale es la amenaza, la promoción de la violencia, la descalificación por esta defensa abstracta de la vida, que ni siquiera es congruente con la misma doctrina católica que en su momento se ha pronunciado a favor de la pena de muerte". Por ahora, estos sectores buscan ampliar los motivos legales para poder obtener un aborto. Pero su meta a más largo plazo es la despenalización total y la subsecuente regulación de la práctica. Ello implicaría también las medidas de prevención, como la educación sexual y el acceso a métodos anticonceptivos seguros, temas que también encuentran oposición en la Iglesia. Según parece, la opinión pública está mayoritariamente favorable a un ablandamiento de la legislación. Por ejemplo, una consulta realizado por el PRI a 49 mil mujeres en el Distrito Federal dio el resultado de que el 77% estuvo de acuerdo en la práctica del aborto bajo todas las causales, y solo el 9% estuvo en contra por cualquier motivo.