La pandemia acrecienta las incertidumbres que vivimos en los últimos años.  No obstante, también estimula la búsqueda de salidas con visiones distintas al sálvese-quien-pueda que ha predominado en las últimas décadas.  Nos motiva a reflexionar sobre qué sociedad tenemos y cual queremos…

Pone en evidencia, por ejemplo, la importancia de contar con servicios públicos robustos, particularmente en el campo de la salud; de asegurar la soberanía alimentaria y valorar el aporte crucial del campesinado; de tener comunidades organizadas y solidarias capaces de responder ante las emergencias; de apreciar los trabajos esenciales para sostener la vida, que muchas veces se desarrollan en condiciones precarias; de entender que nuestro único planeta es altamente interdependiente y requiere de soluciones globales.

La pandemia profundiza también la dependencia de las tecnologías digitales que, a la vez que ofrecen múltiples soluciones para lidiar con la cuarentena, han acentuado las brechas sociales existentes en nuestra región, dadas las carencias de acceso, conectividad y conocimientos que aquejan a gran parte de la población.  Más aún, ha acentuado la enorme concentración de poder y riqueza en manos de las empresas transnacionales que manejan las principales plataformas y servicios en internet, principalmente las “GAFAM” (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft).

Y es que en este siglo XXI, la digitalización se ha introducido como un nuevo elemento estructurante de la economía y la sociedad, que va mucho más allá de ser una cuestión sólo de tecnología o de comunicación. Ésta va permeando y transformando cada ámbito, desde las relaciones interpersonales hasta la macroeconomía y la geopolítica, pasando por la cultura y la esfera política.

Es más, el patrón de digitalización hoy predominante se sustenta en un proyecto de cambio de modelo de sociedad impulsado por un poderoso sector del capital empresarial y financiero, que lo ve como una oportunidad de salvar el capitalismo en crisis, cuando no de transitar hacia un mundo pos-capitalista regido por la inteligencia artificial en manos de una tecnocracia corporativa.  En este sentido va el proyecto del Great Reset (gran reinicio) promovido por el Foro Económico Mundial[1].

Entonces, mirando hacia el mundo pos-covid19, volver al statu quo anterior no parece ser una alternativa viable ni deseable.  Pero nos encontramos ante una dicotomía, donde se confronta la visión de un mundo más solidario e igualitario, basado en valores democráticos y comunitarios –donde potencialmente la tecnología y la inteligencia artificial (IA) pueden hacer aportes muy valiosos–, con aquella visión que concibe la pandemia como la oportunidad de imponer ese modelo autoritario y tecnocrático, a la vez que reducir el espacio para la protesta –y la propuesta– social.

Por lo mismo, los actores y movimientos sociales y políticos que apuestan por mayor justicia social, que luchan por derechos, mal pueden permitirse hacer caso omiso de estas tendencias, pues de lo contrario arriesgan a encontrarse con que se ha movido el terreno en el cual articulaban su accionar, y que las luchas fundamentales de hoy requieren otras estrategias para las cuales no están preparados.

Economía de datos

En la economía digital, los datos, convertidos por algoritmos en inteligencia artificial (IA), se convierten en el factor ordenador de la economía y en la principal fuente de poder y riqueza.  Lo que en la época feudal representaba la tierra y, posteriormente, el capital industrial y la propiedad intelectual, hoy son los datos y la IA.

Estos sistemas digitales inteligentes están revolucionando las fuerzas de producción.  En su núcleo se ubica un puñado de empresas globales que proveen las plataformas –donde se interconectan los actores en los más diversos ámbitos– y la llamada ‘nube’ (redes de servidores), donde se almacena y procesan los datos.  Esta característica, junto a un acceso casi ilimitado a esta información, es lo que otorga un papel decisivo a las empresas tecnológicas en la economía de datos.  Como ilustración: la competencia que hoy preocupa a las empresas productoras de automóviles no es la de las empresas de su rama, sino la de Tesla o Google que desarrollan autos “inteligentes”.  Y algo similar sucede en muchas otras ramas de la economía.

A ello se añade que, bajo el liderazgo de Google/Alphabet y Facebook, se ha establecido el modelo de ‘capitalismo de vigilancia’[2], que permite a estas empresas registrar y monetizar ámbitos de la vida personal que antes quedaban ajenos al mercado, como las emociones, los hábitos y gustos, y hasta los movimientos corporales y los pensamientos íntimos.  Mediante inteligencia artificial, estos datos recopilados son transformados en productos de predicción, que se venden en mercados de futuro del comportamiento.  Sus clientes reales no son los usuarios de sus plataformas, sino otras empresas o instituciones que anhelan tener mayor seguridad para sus inversiones o su planificación, sobre la base de predicciones lo más fiables posibles.  Y no sólo eso: descubrieron que se obtienen predicciones más certeras al incidir directamente en el comportamiento humano, con técnicas de manipulación para persuadir o presionar hacia conductas que den los resultados esperados (sea un ‘me gusta’, una compra, un voto).

De allí se puede entender que el uso de estas plataformas no sólo presenta una amenaza a la privacidad y la invasión de la intimidad, que de por sí son graves, sino también la pérdida progresiva de la libertad.  A ello se suma la potestad que estas plataformas han asumido, fuera de todo marco legal, para imponer la censura a su libre albedrío.  Todo lo cual conlleva a una clara erosión de la democracia y de los derechos.

Respuestas colectivas

El problema no es internet y las tecnologías digitales en sí; no cabe duda que éstas traen enormes ventajas, que rápidamente se nos vuelven imprescindibles.  El problema es cómo cambiar el modelo concentrado de la economía digital, que se ha impuesto en la última década y media.  A título individual (y a veces colectivo), podemos optar, donde sea posible, por usar plataformas y software libres, que ofrecen mayor seguridad y privacidad; es una salida válida e importante, si bien insuficiente.  También es urgente la presión colectiva para conseguir marcos legales y políticas públicas que garanticen derechos y pongan freno a los abusos.  Y para nuestra región, hay retos específicos de desarrollar una mayor soberanía tecnológica, debido a la poca capacidad autónoma y a la fuerte dependencia de las empresas transnacionales (principalmente estadounidenses).  No obstante, todo ello no basta si no avanzamos en la definición de un modelo alternativo a la monopolización corporativa de las tecnologías digitales y al ‘capitalismo de vigilancia’.  La propuesta de una “internet ciudadana” plantea, justamente, avanzar en este sentido, con reflexiones, análisis y exploración de modelos alternativos y estrategias para encaminarlos.

Algunos avances tímidos se han registrado en la región para legislar sobre el acceso a la tecnología, la protección de datos, los derechos en materia de privacidad y contra los abusos de vigilancia (privada o estatal).  Pero también hay retrocesos, como la prioridad a la propiedad intelectual, la censura o las políticas de reconocimiento facial para fines represivos.  Las medidas para obligar a las empresas digitales transnacionales a respetar las leyes nacionales y no evadir responsabilidades e impuestos enfrentan trabas por los tratados de libre comercio.  Y poco o nada se ha avanzado en el sentido de reglamentar la propiedad de los datos, que por defecto son apropiados y monetizados por la empresa que los recolecta, desconociendo la potestad sobre ellos de las personas y las comunidades que los proveen.

Una de las propuestas que apunta hacia un cambio de modelo, desarrollada entre otras por la Coalición Just Net[3], y asumida en el marco del proceso Internet Ciudadana, tiene que ver justamente con la propiedad de los datos: o sea, de quién es titular de los derechos económicos primarios sobre un conjunto dado de datos.  A falta de reglamentación al respecto, las empresas asumen, por defecto, ser dueñas de los datos que circulan por sus plataformas (con o sin la autorización de quienes los proveen), y ese recurso gratis es la base de su modelo de acumulación, que les genera enormes ganancias.

El debate sobre la propiedad o la potestad de los datos suele considerar tres alternativas.  La propiedad privada en manos de las empresas, que representa el statu quo actual. La propiedad pública (en manos del Estado o de un ente autónomo) es sin duda válida para los datos que recolectan las entidades públicas, por ejemplo, de impuestos, registro civil, para mejorar servicios básicos o de salud, etc.; no obstante, cuando contratan tecnología a empresas privadas no siempre se establece claramente esta potestad.  Es más, cuando se trata de temas de vigilancia y seguridad, se requiere de reglas y límites claros.  La propiedad individual (de quien genera los datos o a quien se refieren) debe contar con garantías absolutas de protección cuando se trata de datos personales íntimos (lo que actualmente está lejos de ser el caso).  Es más, esta protección no implica reconocerles un valor económico, ya que nadie debería verse presionado a vender su intimidad.

Pero cuando se trata de datos agregados y no personales, la propiedad individual es poco realista: primero porque los datos sólo adquieren valor económico en agregado; además, como individuos carecemos de poder para negociar con las empresas.  Por lo mismo, el planteamiento alternativo que se está desarrollando es que los datos sean considerados como bienes comunes, cuyos derechos patrimoniales (y por tanto también económicos) sean –por defecto– de la comunidad donde se generan y cuyo uso debe orientarse primordialmente en beneficio colectivo.

Según el caso, la comunidad podría ser una ciudad, un ente educativo, los usuarios de una red social digital, los trabajadores de una empresa o una plataforma respecto a los datos que ellos generan, etc.  Obviamente se requeriría desarrollar marcos para definir las comunidades, quienes las representan, cómo se identifican los datos, cómo autorizar—o negar— determinados usos, cómo se reparten los beneficios, y mucho más[4].  Pero el punto de partida es establecer el principio de la propiedad colectiva.

Avanza el debate

Para avanzar en los debates sobre estos temas en la región, en 2020, en el marco del proceso Internet Ciudadana, se convocó a las Jornadas Utopías o Distopías: Los pueblos de América Latina y el Caribe ante la era digital[5].  Cinco grupos de trabajo han venido reflexionando sobre nuestro futuro digital en los ámbitos de la comunicación, la educación, el trabajo, el campo y el agro y los derechos digitales colectivos, donde se ha hecho un diagnóstico de cada área y se han formulado propuestas, con miras a diseñar una agenda común.[6]

Pero las Jornadas son apenas un comienzo, pues hace falta abrir el debate mucho más ampliamente.  No es un tema sólo para especialistas de la tecnología o la comunicación; nos involucra a todas y todos en nuestros distintos ámbitos de trabajo y vida, y en nuestras luchas sociales.  Pues, si internet hoy es el lugar donde socializamos, nos informamos, nos organizamos, defendemos ideas y disputamos narrativas, ¿nos podemos permitir resignarnos a hacerlo en espacios donde las corporaciones transnacionales nos vigilan, imponen sus reglas y ejercen censura?

- Sally Burch es periodista británico-ecuatoriana, directora ejecutiva de ALAI, co-facilitadora del proceso Internet Ciudadana.