Una reflexión sobre la relación entre inversionistas y estado en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y su expansión al resto de América Latina Un documento preparado por la Comisión de Asuntos Sociales (CCCB- CECC)en vistas à la conferencia Humanizando la Economía Global Patrocinado por:
La Conferencia Canadiense de Obispos Católicos (CCCB-CÉCC),
El Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM),
La Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB)
Presentada en La Universidad Católica de América Washington, D.C.
Enero 28 al 30, 2002 Introducción Los acuerdos de libre comercio son una experiencia nueva y controvertida para Canadá. De las preocupaciones que resultan del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) una de gran importancia es la que resulta de la capacidad de las compañías privadas de poder demandar a los estados en el contexto de aparentes pérdidas de ganancias. Estas demandas o reclamaciones afectan, en primer lugar, la condición soberana de los estados, en segundo, la capacidad de proteger legalmente el medio ambiente y, por último, la participación democrática de pueblo en su futuro gobierno. Este contexto exige del Pueblo de Dios una reflexión a la luz de la fe y del pensamiento social católico. Este breve documento ha sido preparado por la Oficina de Asuntos Sociales de la Conferencia de Obispos Católicos de Canadá en vistas a la conferencia Humanizando la Economía Global, que se llevara a cabo en enero del 2002 en la ciudad de Washington, D.C. El objetivo de este documento era el de explicar, de forma breve, los mecanismos de relación entre el estado y los inversionistas según el contexto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, subrayando algunas controversias actuales relacionadas con el TLCAN en los tres países firmantes del acuerdo. El documento presenta elementos de reflexión a la luz de la tradición católica para promover respuestas al desafío de la globalización. Se incluyen también algunas referencias que permitan una reflexión y estudio posterior. Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA): Contexto ALCA representa el último intento en el proceso de liberalizar el comercio y la inversión. El acuerdo esta modelado en el TLCAN, firmado en 1994 por Canadá, los Estados Unidos y México. De hecho, ALCA es descrito como un TLCAN incrementado. Desde la firma de TLCAN tanto el comercio como la inversión se han incrementado en las tres naciones. También se ha visto un correspondiente periodo de crecimiento económico generalizado, sin embargo hoy en día se constata una preocupante recesión en Norteamérica. Quienes apoyan el TLCAN señalan indicadores económicos generales como prueba de los beneficios del tratado, pero bajo estas realidades se esconde un substrato de sombras. Los tres países presentan un distanciamiento creciente entre los ricos y pobres de sus sociedades, con un aumento en las dificultades e incertidumbres sobre el futuro para la mayoría de sus ciudadanos, mientras que un número cada vez menor de inversionistas, ejecutivos y profesionistas se vuelven cada vez más ricos. En 1994, líderes de 34 países comenzaron las negociaciones para el establecimiento de un Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA). Desdichadamente, estas negociaciones se han hecho a puerta cerrada, excluyendo tanto a la ciudadanía como a los grupos populares del análisis y debate de las propuestas en los diferentes foros comerciales. Un borrador del tratado fue discutido en abril del año 2001, poco antes de la reunión hemisférica de la Cumbre de Las Américas en la ciudad de Quebec. El objetivo que se tiene en mira es completar las negociaciones para el año 2005. Quienes observan con preocupación el proceso del ALCA, lo describen como el tratado comercio e inversión más arrollador de la historia. Serios indicios dejan ver en que forma lo comercial y la inversión podrían desligarse de cualquier forma de control ciudadano y de la autoridad de los gobiernos debidamente elegidos, dejando a las corporaciones transnacionales y a los tribunales comerciales operar de forma independiente y secreta. Capítulo 11 - Los Mecanismos de Relación entre el Estado y los Inversionistas Quienes negocian ALCA propone incorporar en este tratado el Capítulo 11 Del TLCAN. El borrador del ALCA fue publicado por el Comité de Negociaciones del Tratado del ALCA en julio del año 2001. El análisis realizado por grupos de investigación que participan en la Alianza Social Hemisférica sugieren que: "el borrado incluye, virtualmente al pie de la letra, la totalidad del texto de TLCAN en lo que se refiere a los mecanismos de relación entre el estado y los inversionistas, lo que permitiría a las corporaciones extranjeras gozar de derechos particulares en la utilización de instancias de arbitraje internacional a puerta cerrada y no sujetas a dar cuenta de sus acciones, en lugar de utilizar las cortes domésticas, disolviendo así leyes y reglamentos promulgados democráticamente en todas las Américas ­ como está ya sucediendo en Norteamérica". Los gobiernos, de forma tradicional, han interpretado su mandato como servidores del interés público regulando en parte las actividades de las corporaciones. Esto significaba que el papel del gobierno, por ejemplo, consistía en asegurar la protección del medio ambiente contra la degradación, y asegurar el justo trato de los trabajadores. Pero el mecanismo de relación entre inversionistas y el estado del Capítulo 11 del TLCAN está transformando esta relación histórica en su misma cabeza. El objetivo primario del Capitulo 11 ha sido el limitar la capacidad del gobierno de proteger el medio ambiente, la salud y otros valores públicos frente a los intereses comerciales. Estas medidas hacen cada vez más difícil para los gobiernos el desempeñar el mandato de protección de los derechos de los ciudadanos que los han elegido. Las corporaciones, sin perdida de tiempo, tomaron ventaja de las oportunidades que les abría el Capítulo 11. Cerca de 15 demandas legales ya han sido presentadas para atacar en el corazón mismo, la capacidad de los gobiernos de producir orientaciones políticas y de salvaguardar la soberanía nacional, en particular en lo que se refiere a la emisión de leyes para la protección del medio ambiente. La información sobre estos casos relacionados con el Capítulo 11 es muy incompleta, un directo resultado de las reglas del TLCAN que los cubren de un manto secreto, en completo contraste con la apertura al público de la jurisprudencia de las cortes domesticas. A pesar de esta información tan reducida, este documento incluye ejemplos sobre México, Estados Unidos y Canadá, en los que se hace la presentación de lo que sabemos acerca de algunas demandas actuales presentadas bajo estos mecanismos de relación entre el estado y los inversionistas. (ver los Textos adjuntos) El Capítulo 11 del TLCAN: El Mecanismo "Inversionista ­ Estado" Caso de Estudio Caso # 1
Ethyl Corporation contra Canadá
Reclamación: 2 de Octubre de 1997
Arreglo fuera de la corte: $13 millones de dólares americanos, 1998 Canadá prohibe la importación de un aditivo para la gasolina llamado MMT, producido por Ethyl Corporation con base en Virginia. El gobierno Canadiense tenía evidencia de que el MMT era nocivo tanto para la salud como para el medio ambiente. Los oficiales canadienses estaban confiados en ganar el caso, sin embargo a pesar de que el TLCAN supuestamente permite a los gobiernos promulgar leyes para la protección de medio ambiente, las deliberaciones del tribunal hacían ver con claridad que Canadá iba a perder el caso. En lugar de verse obligados a pagar una indemnización de $250 millones de dólares americanos, basados en la perdida de futuras ganancias reclamado por Ethyl, Canadá acepto un arreglo fuera de la corte bajo las siguientes condiciones: pagar a Ethyl $13 millones de dólares americanos, la remoción de la prohibición del MMT en la gasolina, una disculpa pública a Ethyl por implicar que su producto era nocivo. Los procesos fuero hechos de forma secreta, en acuerdo a lo estipulado en el capítulo de previsiones para las inversiones en el TLCAN y fueron criticados ampliamente en Canadá. Fue un duro despertar a los impactos de las previsiones de expropiación del TLCAN. Además, quedó como resultado una deterioro directo de la salud en Canadá y de la protección del medio ambiente. Caso # 2
S.D. Myers contra Canadá
Reclamación: 30 de octubre de 1998
Reclamo $20 millones de dólares americanos
Resultado: Pendiente En octubre de 1998, S.D. Myers Inc., empresa basada en los Estados Unidos, que se dedica al tratamiento de transformadores eléctricos conteniendo el tóxico PCB, hizo un reclamo de $30 millones de dólares americanos por perdidas supuestamente incurridas durante la prohibición entre los años 1995 y 1997 de la exportación de desechos de PCB desde Canadá. El gobierno canadiense mantiene que Canadá está obligado por convenciones internacionales que estipulan que los desechos de PCB deben ser destruidos de una manera que proteja el medio ambiente y que las normas de los Estados Unidos para desembarazarse de desechos de PCB no son tan altas como las canadienses. Los desechos fueron destruidos en un sitio canadiense en Alberta y la prohibición se revoca en 1997. El gobierno de los Estado Unidos, por su parte, también controla el movimiento transfronterizo de desechos de PCB. En noviembre del año 2000 el tribunal declaró que la prohibición contravenía, en efecto, al capítulo de inversiones del TLCAN en lo que se refiere al trato de nacionales y a las normas mínimas del trato de inversionistas extranjeros. El panel está ahora determinando si S.D. Myers sufrió daños. Canadá ha presentado una demanda de amparo ante la corte federal canadiense para protegerse de la determinación del tribunal, argumentando, entre otras razones, que la determinación está en conflicto con una política establecida en Canadá que requiere que el desembarazarse del PCB y de los desechos de PCB se tiene que hacer en Canadá cumpliendo con la Convención de Basilea que regula estrictamente el movimiento transfronterizo de desechos peligrosos y su disposición. Caso # 3
Methanex Corp. contra Estados Unidos
Reclamación: 3 de diciembre del 1999
Reclamo: $970 millones de dólares americanos. Esta compañía, con sede en Vancouver, esta demandando al gobierno americano por $970 millones de dólares americanos porque el Estado de California ordenó la terminación del producto químico MTBE, un aditivo para el gas basado en el metanol, para el año 2002. A mediado de los noventas, se introdujo el MTBE para incrementar la eficiencia en la combustión del gas y reducir la contaminación, pero existía la preocupación de que si había una fuga en los tanques subterráneos podría contaminar los mantos de agua. Usando las reglas del TLCAN, Methanex sostiene que el precio de sus acciones y su ganancia potencial han sido drásticamente afectados por la controversia, resultando en una expropiación de sus ganancias futuras, precios menores para el producto e incremento de costos. Reclama daños basados en la perdida de negocios futuros y compensación por la perdida de valor de sus acciones. Debido a las preocupaciones sobre la contaminación de las aguas, el gobernador de California habla del MTBE como "un gran riesgo" para el medio ambiente de su estado. En una carta dirigida a Robert Zoellick, representante comercial de los Estados Unidos, 14 miembros de la asamblea y senadores expresan sus inquietudes relativas al caso del MTBE: "Como legisladores del Estado de California consideramos un problema el que se nos indique por oficiales comerciales, lejanos a nuestro medio, y que no han sido democráticamente elegidos, qué tipo de paradigmas y normas tenemos que aplicar en la promulgación de leyes para la protección del medio ambiente y de la salud del pueblo en nuestro estado." La resolución de este caso va a ser importantísima en lo que se refiere Al Capítulo 11 del TLCAN. Si se decide a favor de Methanex, muchas otras compañías van a presentar demandas similares contra las leyes del medio ambiente que no les gustan. Esto colocaría a Canadá y a los Estados Unidos bajo una inmensa presión para cambiar el acuerdo del TLCAN. Caso # 4
Metalclad contra México
Reclamación: Octubre de 1997
Determinación: $16.7 millones de dólares americanos en agosto del 2,000 Esta reclamación contra el gobierno de México fue hecha por una compañía americana dedicada al tratamiento de desechos. Metalclad compró una compañía mexicana dedicada al tratamiento de desechos, la cual, con conocimiento de causa, había contravenido la ley de Guadalcazar, el lugar en el cual Metalclad proponía establecer su planta de tratamiento. El sitio había sido administrado pésimamente y las reservas locales de agua habían sido contaminadas. La municipalidad había negada una licencia de operación. El gobernador había considerado este sitio un peligro ambiental para las comunidades circunvecinas, y ordenó el cierre de dicha planta. Más tarde declara el sitio como parte de una zona ecológica de 600,000 acres. Metalclad reclama que el estado contravino el Capítulo 11 del TLCAN declarando su sitio de tratamiento de desechos una zona ecológica especial, causándole la perdida en su inversión y en las ganancias potenciales. La compañía pretendía conseguir una indemnización de $90 millones de dólares americanos por razón de expropiación, una cifra más grande que la ganancia anual combinada de cada familia del municipio en el que se encuentra la planta de Metalclad. En agosto del 2000, un tribunal determina que México ha contravenido a Las estipulaciones del capítulo sobre las inversiones y otorga a Metalclad la suma de $16.7 millones de dólares, cantidad que esta empresa había gastado en la inversión. El gobierno de México ha apelado dicha resolución ante la Suprema Corte de la Colombia Británica, ya que las averiguaciones de caso se han realizado en la Colombia Británica. La apelación aún está en proceso. Este caso presenta importantes cuestiones en lo que se refiere a la capacidad de los gobiernos de poder conservar la autoridad para implementar controles sobre el medio ambiente en el caso de inversionistas extranjero y el poder de los gobiernos locales. Fuentes Civilizing Globalization: Trade and Environment, Thirteen Years On, Michelle Swenarchuk, Canadian Centre for Policy Alternatives, Octubre 2001. NAFTA's Big Brother: The Free Trade Area of the Americas and the Threat Of NAFTA-style "Investor-State" Rules, Murray Dobbin, Council of Canadians, Marzo 2001. ALCA y el Futuro Muchas cosas están en juego en las negociaciones del ALCA. Los procesos legales que han resultado como consecuencia del Capítulo 11, nos hace ver lo que se viene encima a los gobiernos soberanos si el ALCA se firma en su estado actual. Quienes promueven los tratados de libre comercio los describen, con benignidad, como una forma simple y fácil de promover el intercambio de bienes entre los países. De hecho, los tratados se refieren no tanto al comercio sino más bien a las inversiones, permitiendo a las corporaciones el mover el capital a donde sea más ventajoso. Curiosamente, el capital puede cruzar sin problemas las fronteras, pero de forma interesante los mismo tratados, incluyendo el TLCAN, no permiten a los trabajadores moverse con una libertad semejante. El objetivo del ALCA es extender los alcances del TLCAN a 31 países más localizados en el hemisferio occidental, combinando, como se encuentra en el Capítulo 11, poderosas restricciones en la autonomía de las decisiones políticas con un proteccionismo sin precedentes de los derechos de propiedad de las corporaciones. El gobierno canadiense se encuentra sometido a una abundante presión pública a medida que los canadienses se van dando cuenta que el TLCAN, y en particular el Capítulo 11, erosiona el poder de todos los niveles de gobierno tanto en la provisión de servicios públicos como en su capacidad de actuar buscando el mejor beneficio de sus ciudadanos. El ministro de comercio canadiense había hecho la promesa de usar su influencia para que el Capítulo 11 fuera modificado, pero un grupo de corporaciones hizo pública una carta antes de la Cumbre de Quebec (abril 2001) en la que pedían que el Capítulo 11 no se modificara. El gobierno de Ottawa parece, ahora, dar marcha atrás a su intento, sugiriendo que desea más bien clarificar la intención de esta cláusula. Fue aparente el malestar mostrado por varios lideres de América Latina y el Caribe en la ciudad de Quebec, quienes pusieron en duda la afirmación de que un modelo neo-liberal de la economía sea la respuesta a los problemas de sus países. Estos lideres pedían, en cambio, que se dirijan fondos a los países económicamente pobres, permitiéndoles a éstos una gradual y planificada transición a la zona del libre comercio. Países caribeños y andinos empujaron por un trato legal preferencial al interior del ALCA. Aunque Canadá, los Estados Unidos y México son países sólidos e independientes, el Capítulo 11 del TLCAN a afectado, sin embargo, de forma negativa a sus poblaciones. Otros países firmantes del ALCA se encontrarían en una situación aún más vulnerable. Ya hoy en día, países económicamente pobres son forzados por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional a desregular sus economías, mientras luchan por mantener medidas que les ayuden a fortalecer sus industrias y programas sociales. Con una cláusula semejante al Capítulo 11 del TLCAN, el ALCA podrá ser utilizado como un instrumento para limitar tales iniciativas de los gobiernos en beneficio de sus ciudadanos. Tanto grupos de ciudadanos como organismos de la sociedad civil están promoviendo un camino alternativo para las reglas del comercio y de la inversión. Desde su punto de vista, consideran que las regulaciones comerciales deben asegurar que el respeto a los derechos humanos básicos, a los derechos de los trabajadores, al medio ambiente y los derechos de los pueblos indígenas, como han sido definidos por protocolos internacionales, tienen precedencia sobre los derechos de los inversionistas. Fuentes: Canadian Government Retreats on NAFTA Investor-State Concerns, Scott Sinclair, Canadian Centre for Policy Alternatives, Junio 2001. Análisis del Borrador del Capitulo de Inversiones del ALCA, Alianza Social Continental, Junio 2001, ver: www.asc-hsa.org NAFTA's Big Brother: The Free Trade Area of the Americas and the Threat of NAFTA-style "Investor-State" Rules, Murray Dobbin, Council of Canadians, Marzo 2001, ver: www.canadians.org The FTAA After Quebec: What Happened? What¹s Next?, Marc Lee, Canadian Centre for Policy Alternatives, Junio 2001, ver: www.policyalternatives.ca The Free Trade Area of the Americas and the Threat to Social Programs, Environmental Sustainability and Social Justice in Canada and the Americas, Maude Barlow, Council of Canadians, Enero 2001. Preliminary Analysis of Free Trade of the Americas Text, Hemispheric Social Alliance, Octubre 2001. Viviendo en el TLCAN Las estipulaciones del Tratado del Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) entraron en vigor en 1994. Ya que el ALCA va ser moldeado de una manera cercana a ese tratado, la revisión del TLCAN y sus efectos en los países miembros es una tarea importante. Un reporte producido en el año 2001 por analistas de los Estado Unidos, México y Canadá llega a la conclusión que: "Una evaluación del Tratado del Libre Comercio de América del Norte, en su séptimo aniversario, encuentra a lo largo del continente una tendencia a la disminución de las ganancias de los trabajadores, a la perdida de oportunidades de empleo, al incremento en la inseguridad y una desigualdad creciente." (NAFTA at Seven: Its Impact on Workers in All Three Nations, Robert E. Scott, Carlos Salas y Bruce Campbell, Economic Police Institute, Washington, D.C. Abril 2001.) Los autores reconocen que se han incrementado el comercio y las inversiones entre los tres países en los últimos siete años, y que ha habido un periodo de crecimiento económico. Pero también que los tres países han experimentado el incremento de la brecha entre ricos y pobres en sus sociedades. La falta de poder adquisitivo, tanto del salario como de otros ingresos, se ha incrementado en cada país para la mayoría de la gente. Al mismo tiempo, han ido desapareciendo programas sociales que protegían a los ciudadanos y al medio ambiente. En Canadá el 20 por ciento de las familias, situadas en lo alto de la escala económica, vio incrementar su parte de ingresos, antes de impuestos, y transferencias del 41.9 por ciento al 45.2 por ciento en 1998. El 20 por ciento de las familias situadas al fondo de la escala vio, por su parte, desminuir sus ingresos y transferencias del 3.8 por ciento al 3.1. El ingreso de los trabajadores asalariados mexicanos se deslizó en un 25 por ciento entre 1991 y 1998, mientras que el ingreso de trabajadores autónomos se desplomó en un 40 por ciento. Durante los noventas, el poder adquisitivo del salario mínimo en México disminuyó de casi un 50 por ciento. En la manufactura los salarios disminuyeron de un 21 por ciento entre 1993 y 1999. El TLCAN eliminó un número estimado de 760,000 oportunidades de empleo en los Estados Unidos entre 1994 y el 2000, y el déficit comercial entre los Estados Unidos y sus vecinos del norte y sur se incrementó substancialmente. Los autores del reporte advierten que los efectos negativos del TLCAN amenazan ser consagrados en el ALCA. "La experiencia [con el TLCAN] sugiere que un tratado comercial de gran amplitud no es viable si no da igual o más prioridad a los trabajadores y al desarrollo social como la que da a la protección de los inversionistas y financieros." Estos mismos analistas aconsejan que: "En lugar de tratar de extender un tratado lleno de fallas a todas las Américas, los lideres de todas las naciones norteamericanas deberían sentarse de nuevo a diseñar un modelo de integración económica que trabaje en beneficio del mundo laboral del continente." Los Obispos de Canadá y el Debate Comercial Los obispos católicos canadienses tienen una fuerte tradición de vigilancia sobre las problemáticas sociales y económicas y de levantar la voz cuando la necesidad lo exige. Como obispos son conscientes de la responsabilidad de la Iglesia de la promoción del bien común a la luz de los valores evangélicos. Durante el debate sobre el tratado de libre cambio entre los Estados Unidos y Canadá, La Conferencia de Obispos Católicos Canadiense no tomó partido, pero puso una serie de preguntas en busca de claridad en su carta de mayo de 1987, Free Trade: At What Cost? [Libre Cambio: ¿A qué precio?] También se desarrolló un instrumento de trabajo que ayudara a los canadienses a clarificar su decisión sobre las problemáticas envueltas. En 1998 las naciones afluentes pertenecientes a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) se encontraban en medio de la negociación de lo que sería el Tratado Multilateral de Inversión (TMI), un tratado internacional sobre la inversión, que eventualmente protegería a las corporaciones transnacionales para poder invertir de una forma casi completamente libre. Las negociaciones ocurrieron en secreto, pero una fuga de información permitió el darse cuenta de su existencia generando la alarma en el ámbito internacional. En 1998 la Comisión de Asuntos Sociales de la Conferencia de Obispos Católicos de Canadá envió una carta al ministro de comercio canadiense en la que expresaba su "gran preocupación" con el cándido apoyo del gobierno canadiense al TMI.[i] La comisión describe este tratado como "una estrategia de desarrollo basado en la liberación comercial, la desregulación y la privatización económica." Los obispos, miembros de la comisión, temían que el propuesto tratado fortaleciera, aún más, a las largas firmas transnacionales "a costa de la debilitación de otros actores en los niveles local, regional y provincial." Refiriéndose a la encíclica Populorum Progressio del Papa Pablo VI, los obispos recordaban al ministro que: "todos los derechos, incluyendo el derecho a la propiedad y al libre comercio, deben estar subordinados al bien común." La carta expresa la preocupación de la comisión con la falta de consultación ante un acuerdo de posibles graves consecuencias, urgiendo al gobierno de Canadá el organizar "un proceso consultivo a largo plazo" con relación a las negociaciones. Finalmente, la carta preguntaba el por qué un acuerdo que va, eventualmente, a ser extensivo a casi todos los países del mundo es negociado sólo por 29 de las naciones más ricas. Ese mismo año, la Comisión de Asuntos Sociales aparece ante una Iniciativa Ciudadana de Indagación sobre el TMI. Ya para entonces la Comisión había hecho un llamado a hacer una pausa en el avance de las negociaciones. En su presentación en la indagación, la Comisión reitera la preocupación de la Iglesia de que los sistemas económicos deben estar al servicio del bien común. [ii] En la intervención se expresaba el miedo de que el TMI y otras iniciativas comerciales llegaran a minar el principio de la subsidiaridad, removiendo la capacidad de decisión de los poderes locales y nacionales. "La remoción del poder de decisión de oficiales elegidos a ejecutivos y, todavía un paso más, a los accionistas, no es una mejora de la democracia, y no es, para hablar claro, subsidiaridad." La comisión vuelve a insistir su preocupación con el hecho de que un grupo de países ricos esté negociando un tratado que intentan imponer en países pobres. "No es de ninguna manera aceptable que algunos lideres crean que pueden y aún deban negociar un acuerdo y después ofrecerlo (y de hecho imponerlo) a los países en desarrollo." Las negociaciones del TMI se derrumbaron en octubre de 1998, pero sus principios básicos siguen influenciando por todas partes, de una forma notable a través de la Organización Mundial del Comercio pero también en una variedad de tratados bilaterales y continentales, incluyendo el propuesto ALCA. ¿El Bien Común o la Exclusión? En febrero del 2001, la Comisión de Asuntos Sociales de la Conferencia de Obispos Católicos de Canadá envió una carta abierta a los legisladores canadienses, urgiendo a los parlamentarios a "trabajar por el bien común y en vistas a la terminación de la exclusión económica."[iii] Los obispos hacían notar que la brecha entre las familias más ricas y las familias más pobres de Canadá se ensanchaba dramáticamente, incluso Durante años de crecimiento económico. La carta de la Comisión subrayaba de forma particular la constante pobreza entre mujeres y niños, una pobreza incrementada "cuando se están reduciendo los presupuestos de los programas sociales y de la salud y los puestos de trabajo se tambalean." También describe de que forma la "desbocada búsqueda" de ganancia industrial incrementa la destrucción ecológica, refiriéndose además al continuo endeudamiento de las naciones pobres. " Seguramente, en un mundo que se globaliza más y más," dice la comisión, "el bien común debe también volverse global." La Cumbre de las Américas Se inició a hablar en serio sobre el ALCA desde 1998 y se continúa hasta el día de hoy. En abril del año 2001 se encuentran en la ciudad de Quebec presidentes y primeros ministros de las Américas en un complejo protegido por la policía y una alambrada metálica. Se estima entre 50,000 y 60,000 el numero de personas reunidas para protestar contra el contenido del ALCA y la forma oculta del proceder de las negociaciones. El 4 de abril de 2001, el arzobispo de la ciudad de Quebec, y primado de Canadá, da una conferencia de prensa y presenta un enunciado intitulado That None Be Excluded [Que nadie sea excluido], aprobado por el Consejo Permanente de la Conferencia de Obispos Católicos de Canadá y preparada en conjunto con la arquidiócesis.[iv] En su análisis de la liberación del comercio y la inversión, la Conferencia de Obispos Católicos de Canadá ha sido afortunada en poder extraer del rico depósito de la enseñanza social católica, incluyendo la exhortación apostólica Ecclesia in America, publicada en 1999. En Ecclessia in America, el Santo Padre menciona que bajo ciertas circunstancias la globalización puede tener consecuencias positivas. Pero añade la siguiente observación: "Sin embargo, si la globalización se rige por las meras leyes del mercado aplicadas según las conveniencias de los poderosos, lleva a consecuencias negativas. Tales son, por ejemplo, la atribución de un valor absoluto a la economía, el desempleo, la disminución y el deterioro de ciertos servicios públicos, la destrucción del ambiente y de la naturaleza, el aumento de las diferencias entre ricos y pobres, y la competencia injusta que coloca a las naciones pobres en una situación de inferioridad cada vez más acentuada."[v] En ese mismo espíritu el Consejo Permanente dice en su enunciado en la ciudad de Quebec: "Es evidente que la producción de mayor riqueza no lleva por sí misma a una distribución más equitativa de tal riqueza, y que la Œn ueva economía) produce mayor desigualdad de una manera aún más veloz que antes." También menciona que los gobiernos han recibido el mandato de sus ciudadanos para promover el bien común, por lo que no deben abandonar su poder de intervención. Si esto pasara, los gobiernos se "volverían impotentes ante las fuerzas económicas capaces de incrementar producción y ganancia pero incapaces de garantizar de los beneficios resultantes." El Consejo Permanente repite lo que ya antes se ha dicho, que la Cumbre de las Américas mejoraría si se hiciera con mayor transparencia. Se da grande importancia a la Cumbre "paralela" organizada por la Alianza Social Hemisférica. "Los ciudadanos del continente necesitan ser capaces de contribuir más a estos debates tan cruciales que determinan nuestro futuro común." El enunciado urge a los líderes enfrentar el impacto social y ecológico de un mercado abierto, enfatizar los derechos humanos y las estructuras democráticas, y promover un desarrollo que respete la dignidad de individuos y comunidades. Una Presencia Constante Por más de 500 años la Iglesia ha permanecido como una presencia constante en la vida de los pueblos de las Américas. Comercio e inversión no son realidades nuevas para nuestras naciones. De hecho, el mundo experimenta en el siglo XV y en siglos posteriores una forma de globalización. Con el paso de los siglos han cambiado las teorías económicas y las tecnologías, pero para la Iglesia la pregunta es la misma - ¿De qué forma puede la economía ayudar al pueblo a vivir en dignidad y plenitud, libre de la penuria y la miseria? Si, en efecto, la globalización es en cierta forma inevitable, entonces es claro que la Iglesia tiene una misión esencial en humanizar sus objetivos y fines. Con el desarrollo del ALCA, La iglesia debe de prestar aún más reflexión ética a estas temas tan criticas. Fuentes (ver: www.cccb.ca) [i] Carta del Reverendísimo Francois Thibodeau al Honorable Sergio Marchi, Marzo 1998.
[ii] Brief Presented to the MAI Inquiry: A Citizens¹ Search for Alternatives, Comisión de Asuntos Sociales de la Conferencia de Obispos Católicos de Canadá. 13 de noviembre de 1998.
[iii] The Common Good or Exclusion: A Choice for Canadians, Carta Abierta a los Miembros del parlamento de la Comisión de Asuntos Sociales de la Conferencia de Obispos Católicos de Canadá, 2 de febrero de 2001.
[iv] That None Be Excluded, Enunciado del Consejo Permanente del Conferencia de Obispos Católicos de Canadá con ocasión de la Cumbre de las Américas, Ciudad de Quebec, 4 de abril de 2001.
[v] Ecclesia in America, 1999, sección 20. Copias de este documento también están disponibles en inglés y francés al contactar la:
Oficina de Asuntos Sociales,
Conferencia Episcopal Canadiense.
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extensión 231 /Fax: (613) 241-5087/Correo e: