El acuerdo firmado por Estados Unidos y Costa Rica para el establecimiento de la Academia Intenacional para el Cumplimiento de la Ley -una escuela en suelo costarricense comandada por el Departamento de Estado norteamericano para América Latina- espera la aprobación de la Asamblea Legislativa mientras crecen las objeciones por parte de los ciudadanos y las organizaciones civiles. El debate originado hace ya más de un año por el establecimiento de una Academia para el Cumplimiento de la Ley (International Law Enforcement Academy – ILEA) como acuerdo entre los gobiernos de Estados Unidos y Costa Rica se está tornando cada vez más acalorado y público para bien de los ciudadanos y organizaciones costarricenses quienes nunca fueron consultados en este proyecto. En junio de 2002 ambos gobiernos firmaron un acuerdo mediante el cual se establecería en Costa Rica una escuela para "apoyar el fortalecimiento de la justicia criminal en América Latina" orientada a formar "directores policiales de nivel medio, fiscales, jueces y otros funcionarios encargados de la aplicación de la justicia criminal". Dicho acuerdo fue firmado por John J. Danilovich, Embajador de los Estados Unidos, y Rogelio Ramos Martínez, Ministro de Gobernación y Policía y Seguridad Pública de Costa Rica (extrañamente no por el Ministro de Justicia, ya que hablamos de cumplimiento de la ley) "en presencia de y ante el testigo de honor" Don Abel Pacheco, Presidente del país sede de la academia. La iniciativa de la ILEA no es nueva, ya que en abril de 1995 se inauguró una academia similar en Budapest, Hungría, "para dar capacitación en el cumplimiento de la ley a oficiales de Europa central y oriental y los Nuevos Estados Independientes (NIS), incluyendo a Rusia" según fuentes oficiales estadounidenses, y a partir de allí se establecieron otras en Bangkok, Botswana y la última en el año 2001 en Roswell, Nuevo México (Estados Unidos). Dos años después de la instalación de la primera Academia para el Cumplimiento de la Ley, el 8 de mayo de 1997 en la Cumbre de San José, el entonces Presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, y los líderes de Centroamérica y República Dominicana allí presentes acordaron establecer una ILEA Sur en América Latina, para lo cual se tuvieron en cuenta Panamá, El Salvador y Costa Rica. Los motivos por los cuales se eligió Costa Rica según el Embajador norteamericano en el país son en primer lugar "porque Costa Rica mostró interés", en segunda instancia gracias a que "ha sido un país modelo en América Latina en términos de desarrollo democrático, papel de la ley, respeto por los derechos humanos y procesos judiciales", y por último porque "es sede de otras prestigiosas instituciones académicas regionales como INCAE (Instituto Centroamericano de Administración de Empresas), CATIE (Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza), EARTH (Escuela de Agricultura de la Región Tropical Húmeda) y la UPAZ (Universidad para la Paz)". Sin embargo, los costarricenses se preguntan si el establecimiento en su suelo de una academia contra el crimen internacional dirigida por los Estados Unidos aumentará su buena reputación en materia de democracia o, muy por el contrario, le significará un alto costo a su tradicional imagen neutral y pacifista. Un debate justificado Ya no es pan comido para el gobierno estadounidense hacer creer a la sociedad latinoamericana (ni siquiera a los costarricenses que casi siempre jugaron en el mismo bando) que ellos son los buenos de la película y que vienen a salvarnos de nuestras miserias y subdesarrollos típicos de los países "bananeros" y tercermundistas. Lamentablemente, a causa de guerras, invasiones, golpes de Estado, secuestros, torturas, represión e innumerables mortificaciones a nuestros pueblos, hemos ido perdiendo la ingenuidad en materia de "buenos y malos". Es difícil creer que el acuerdo sobre el establecimiento de la ILEA en Costa Rica proponga dentro de sus objetivos el "énfasis en el rol de la ley, los derechos humanos, los procesos democráticos" cuando la dirección y los programas de la academia estarán comandados por los Estados Unidos, sin ninguna injerencia en lo académico por parte de Costa Rica, siendo que la potencia del norte no ha adherido a numerosos tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos. En una carta dirigida a la Asamblea Legislativa de su país, la Comisión Costarricense de Derechos Humanos menciona que Estados Unidos no ha adherido "al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, a ninguno de los Protocolos del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, a la Comisión contra el Apartheid, a la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad, a la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, a la Convención sobre la supresión del tráfico de personas y la explotación de la prostitución de terceros, a la Convención sobre los derechos de los trabajadores migrantes y sus familias, a la Convención de 6 Hawa de 1997 que prohíbe las minas antipersonal y se niega a respetar el Protocolo de Kyoto sobre la reducción de la contaminación de la atmósfera. Tampoco votó por la creación de una Corte Penal Internacional y de más de 170 Convenios de la Organización Internacional del Trabajo, sólo adhirieron a 12". ¿De qué derechos humanos o procesos democráticos puede hablar un país de tradición guerrerista que ha formado durante la Guerra Fría a más de 60 mil latinoamericanos (entre ellos presidentes, ministros de las fuerzas armadas y directores de policía) en la tristemente famosa Escuela de las Américas, de la cual se han dado a conocer manuales de tortura y secuestro contra insurgentes, como el que fue hallado en Paraguay y lleva el título: "Cómo mantener vivos a los torturados"? Y si esto no fuera tan evidente, ¿por qué necesitaría el Embajador norteamericano en Costa Rica publicar un documento llamado "La verdad sobre la Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley" sosteniendo que quienes se oponen al establecimiento de esta academia tienen una "aversión crónica contra los Estados Unidos"? ¿Quién podría tenerle una aversión crónica a un país respetuoso de los derechos humanos, la paz y la justicia? Siempre hay, por supuesto, oficiales latinoamericanos admiradores de los policías al mejor estilo Hollywood que ven en las películas héroes rudos e invencibles con corazón justo y patriota, y añoran que esos sean los que vengan a la ILEA a enseñarles cómo combatir el crimen y el terrorismo. Así lo debe creer el Jefe de Investigaciones Criminales de la OIJ (Organismo de Investigación Judicial), Carlos Alpízar Alfaro, al considerar un "honor al país" la instalación de la Academia para el Cumplimiento de la Ley en Costa Rica y resaltar la importancia de "la experiencia de policías de renombre como el FBI" en la "instrucción tan necesaria y esencial para construir una policía moderna y desarrollada". Pero a la vez existen ciudadanos, organizaciones civiles y políticos costarricenses concientes de la magnitud de un proyecto que de película no tiene nada (excepto el presupuesto) y sí mucho de realidad conocida y previsible (aunque no abierta y explícita). Debido a esto, el acuerdo firmado por los gobiernos de Estados Unidos y Costa Rica en el 2002 espera aún los votos favorables de la Asamblea Legislativa costarricense que continúa encontrando numerosas objeciones al establecimiento de la ILEA en el país. Los argumentos en contra no hace falta inventarlos Muchas son las objeciones que han surgido en los diferentes sectores de la sociedad costarricense y del resto de América Latina; casi tantas como artículos lleva el acuerdo. Una de las principales oposiciones se debe a que el Director de Programa y los Directores Adjuntos de la Academia (ambos cargos destinados a funcionarios estadounidenses) gozarán de "privilegios e inmunidades equivalentes a los otorgados a los agentes diplomáticos" pero se aclara que "no se aplicará a ningún individuo de nacionalidad costarricense". De igual manera, el segundo párrafo del artículo 11 redondea: "Costa Rica otorgará a los instructores, asesores, consultores y demás miembros del personal de la Academia que no sean costarricenses, privilegios e inmunidades equivalentes a los acordados para miembros del personal técnico y administrativo de una misión diplomática". Según afirma el "Manifiesto ciudadano contra la instalación en Costa Rica de la Academia para el Cumplimiento de la Ley", estos privilegios ni siquiera los reciben los funcionarios de la UNESCO, la Unión Europea o la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Muchos diputados creen por su parte que el país centroamericano no se encuentra en condiciones de cargar al presupuesto nacional 80 millones de colones anuales (200 mil dólares) para cubrir "los costos de mantenimiento, operación y seguridad de las instalaciones" de la academia que deberán correr por cuenta de Costa Rica. Además, el hecho de que Costa Rica no tenga injerencia en los programas de enseñanza y estos queden completamente en manos de los Estados Unidos y su Departamento de Estado despierta temores y desconfianzas. Como afirma Gustavo Cabrera Vega del SERPAJ – AL: "Si Estados Unidos no reconoce las convenciones de Derechos Humanos universales, ¿con cuál autoridad va a entrenar y capacitar para combatir el crimen internacional?". Ciudadanos y organizaciones sociales se preguntan cuál ley es la que se pretende cumplir en la Academia para el Cumplimiento de la Ley. ¿La ley de guerra y muerte de los Estados Unidos? ¿La ley de la selva? ¿La ley del pez grande que se come al más chico? Y si son las leyes de nuestros países latinoamericanos las que desean hacer cumplir, ¿por qué no dejan a las naciones soberanas e independientes aplicar su propia ley? Por supuesto que los Estados Unidos cuentan con una gran infraestructura, tecnología y presupuesto destinados a enfrentar el crimen y el terrorismo nacional e internacional, y seguramente eso los impulse a querer adiestrar a otros en cómo hacerlo pero evidentemente no se detienen a mirar cuánto en realidad han logrado disminuir el crimen en su propio país (¿o quizás el crimen no es lo que verdaderamente importa?). Un plan continental a manera de rompecabezas Analizando más en contexto el establecimiento de la Academia para el Cumplimiento de la Ley, podemos observar cómo el adiestramiento de fuerzas policiales y judiciales forma parte de un plan que se articula con un incremento de la militarización y las diversas estrategias económicas a nivel continental. Hablamos de fuerzas policiales y/o militares y de sistemas de inteligencia preparados para la identificación, la contención y la represión de focos sociales de insurgencia que atenten contra la presunta estabilidad (que en realidad no existe) de nuestros países. Sin embargo, esto tampoco es aislado ya que camina de la mano con las estrategias económicas de miseria para nuestros pueblos empobrecidos con las políticas neoliberales y que sufrirán mayores consecuencias aún con los Tratados de Libre Comercio con los Estados Unidos, el Área de Libre Comercio de las Américas y el Plan Puebla – Panamá, los cuales permitirán el establecimiento de grandes empresas transnacionales que devastarán a los sectores productivos medianos y pequeños, se apoderarán de nuestros recursos humanos (en mano de obra barata) y naturales (con biopiratería, organismos genéticamente modificados, patentes y dominio de las tierras). Una Academia para el Cumplimiento de la Ley en Costa Rica no es más que un agregado al Plan Colombia, la Iniciativa Andina, el Instituto de Cooperación para la Seguridad Hemisférica (antes Escuela de las Américas), los miles de operativos y cooperaciones militares brindados por los Estados Unidos a los países de América Latina y el Caribe a manera de formación, ayuda económica o venta de armas, las bases militares existentes en gran parte de los países del continente, y las 275 instituciones y academias militares en suelo norteamericano. Esto no le resta importancia a la ILEA, por el contrario la posibilidad de enfrentar el establecimiento de la academia nos permite luchar una vez más por la paz con justicia y dignidad que nuestros pueblos aclaman y merecen. Ahora bien, ante la demora de la Asamblea Legislativa costarricense en aprobar el acuerdo sobre la Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley, la potencia del norte parece decidida a barajar otras opciones con lo que el agregado político de la embajada estadounidense, Peter Brennan, afirmó a los medios: "ya Washington dijo que si no se define en poco tiempo analizaría otros países, como República Dominicana o El Salvador". ¿Pasaría en ese caso a ser la instalación de la ILEA una lucha dominicana o salvadoreña, luego de un triunfo costarricense? Además de la importancia que tiene que cada nación pueda hacer prevalecer su soberanía, es relevante tener en cuenta que estas estrategias -tanto las militares como las económicas- se encuentran articuladas de manera tal que involucran a todos y cada uno de nuestros países de América Latina y el Caribe. Entenderlo así fomenta la participación de organizaciones civiles y redes sociales de todo el continente que ven el trabajo conjunto como un esfuerzo fundamental de la resistencia. La CADA (Campaña por la Desmilitarización de las Américas) constituida por diversas organizaciones sociales de América, se encuentra promoviendo, por ejemplo, dentro de la semana por la desmilitarización en América Latina la realización de una serie de manifestaciones y actividades en los países mesoamericanos para el 22 de noviembre de este año poniendo énfasis en la oposición a la implementación de la ILEA en Costa Rica. La articulación de acciones regionales, continentales y por qué no mundiales son las que nos permitirán hacer frente a las políticas económicas y las estrategias militares que pretenden continuar oprimiendo a nuestros pueblos e incrementar cada vez más esa opresión. Más información: www.pacificar.com/ilea