Históricamente, la política externa de Estados Unidos ha estado marcada por constantes intervenciones militares alrededor del mundo. Después de los ataques del 11 de septiembre de 2001, en Nueva York y Washington, la estrategia militar estadounidense entra en una nueva fase, signada por una política de "guerra sin límites". Diversos analistas debaten el significado de esa estrategia. Algunos creen que Estados Unidos utiliza sus últimos recursos, o mueve todas sus "fichas", para mantener su hegemonía política, económica, cultural y militar, ya que los ataques del 11 de septiembre demostraron su vulnerabilidad. Otros creen que estos eventos propiciaron condiciones favorables para el mantenimiento, e incluso la ampliación, del poder político, económico, cultural y militar que Estados Unidos ejerce en el mundo. Sin embargo, para organizaciones que defienden los derechos humanos, lo importante es entender los mecanismos utilizados en esta nueva fase del imperialismo. El actual gobierno de Estados Unidos establece su política externa a partir de la imagen del mundo como un "campo de batalla". Su estrategia frente a aquellos pueblos o países que considera como "enemigos" puede expresarse a través del combate directo (utilizando desde campañas de difamación hasta la intervención militar) o a través del control de recursos que garantizan el bienestar o la propia supervivencia de esos pueblos. Uno de los principales objetivos de esta política es el control de bienes estratégicos, que incluye recursos naturales, energéticos y biodiversidad, además de la implementación de un modelo económico que promueve la privatización de "servicios" básicos. Estos "servicios" son, en realidad, derechos fundamentales, como salud, educación, sanidad, etc. Según el escritor Eduardo Galeano, Estados Unidos siempre encuentra "causas nobles" para justificar la guerra. Nunca admite que "mata para saquear". Es evidente que el gobierno estadounidense difundió informaciones mentirosas sobre la existencia de armas de destrucción masiva para justificar su intervención en Irak, cuando el principal motivo para la guerra era el control de las reservas de petróleo del país. Además de eso, Irak cuenta con una de las más importantes fuentes de agua dulce del Oriente Medio, provenientes de los ríos Tigris y Éufrates. Recientemente, representantes del gobierno de Estados Unidos intensificaron sus críticas a Irán, especialmente en el sentido de propagar la imagen de que el programa nuclear de aquel país representa una amenaza para el mundo. Irán es hoy una de las principales potencias del Oriente Medio y posee grandes reservas de petróleo y gas natural. Estos serían los reales motivos para una posible intervención militar en ese país, además de la preocupación de Estados Unidos por los acuerdos de cooperación económica entre Irán, China y Rusia. América Latina en la mira En América Latina, la Campaña por la Desmilitarización de las Américas (CADA) ha realizado estudios sobre la presencia militar estadounidense. Esta presencia se concentra en regiones ricas en recursos naturales, como la región del Plan Puebla Panamá (sur de México, América Central y el Caribe), la región Amazónica y la Triple Frontera (entre Brasil, Paraguay y Argentina). La visita a Brasil del Secretario de Defensa de Estados Unidos, Donald Rumsfeld, en marzo de 2005, representó un ejemplo claro de esa política. Los principales tópicos en la agenda de Rumsfeld fueron el interés por el SIVAM (Sistema de Vigilancia de la Amazonia), el monitoreo de la Triple Frontera, la continuidad de la presencia militar brasileña en Haití y la preocupación por las relaciones de colaboración de Venezuela con otros países latinoamericanos. El SIVAM es un conjunto de radares y sensores con capacidad para monitorear 5,5 millones de kilómetros cuadrados en la Amazonia. Este proyecto, que se inició en el gobierno de Fernando Henrique Cardoso (FHC), costó 1.4 mil millones de dólares a las arcas brasileñas, y su ejecución fue entregada a la Raytheon, una de las principales empresas bélicas de Estados Unidos, después de una licitación fuertemente cuestionada. Con relación a la Triple Frontera, uno de los principales intereses de Estados Unidos es el control del acuífero Guaraní, que representa la mayor sábana freática de agua del planeta, con 1,2 millones de kilómetros cuadrados. Para justificar su presencia en la región, el gobierno estadounidense ha alegado la necesidad de combatir "células terroristas". Sin embargo, el ex-jefe del FBI en Brasil, Carlos Alberto Costa, desmiente esa tesis. "Investigamos exhaustivamente, nosotros, la CIA, los servicios secretos de los países, y no conseguimos probar la existencia de células terroristas allí", afirmó en entrevista con la revista Carta Capital. Como una forma de garantizar el control de la región, Estados Unidos propuso un acuerdo militar bilateral con Paraguay, iniciado en junio de 2005. El acuerdo prevé una serie de ejercicios militares, intercambio de informaciones militares y de "especialistas en asuntos civiles", seminarios estratégicos con miembros del Comando Sur (un sector del Pentágono que actúa en América Latina), programas de "inmersión cultural" en la Academia Militar de Estados Unidos, entre otros. Un grupo de 400 marines norteamericanos ya está en Paraguay. Estos oficiales cuentan con una serie de beneficios, como inmunidad diplomática y liberación aduanera, como describen los siguientes ítems de la Ley 2594, aprobada por el Congreso de la Nación Paraguaya: C: "El Gobierno de la República de Paraguay otorgará igualmente liberación aduanera sobre importación y/o exportación, así como exención de inspección e impuestos locales para los productos, propiedades y materiales para o en representación del personal del Gobierno de los Estados Unidos. (...) El Gobierno de los Estados Unidos y su personal podrán disponer libremente de sus bienes de propiedad en el Paraguay, siempre que la disposición de los mismos fuera de conformidad con la legislación paraguaya vigente en la materia". E: "(...) El Gobierno de la República de Paraguay asumirá absoluta responsabilidad por cualquier reclamo surgido por el uso de los proyectos construidos, total o parcialmente, durante el desarrollo del ejercicio". Organizaciones de derechos humanos han alertado sobre la posibilidad de que Estados Unidos pase a controlar la base de Mariscal Estigarribia, en el occidente de Paraguay. Esta base tiene capacidad para albergar hasta 16.000 soldados y posee una pista de aterrizaje de 3.800 metros, que utilizarían aviones militares, garantizando acceso rápido a los territorios de Bolivia, Brasil y Argentina. Estados Unidos intensificó las negociaciones para alcanzar un acuerdo militar con Paraguay, después de que el Congreso argentino había vetado un proyecto que permitiría entrenamientos militares liderados por el Comando Sur en su territorio. Estas operaciones, conocidas como Águilas III, deberían haberse iniciado en 2003. La estrategia de buscar países vecinos, después del rechazo de un proyecto, también aconteció con la implementación de la Academia para el Cumplimiento de la Ley (ILEA, por sus siglas en inglés). Esta "academia", en verdad, es una versión de la Escuela de Américas para policías latinoamericanos, y apunta también a influenciar los poderes legislativos y judiciales de los países de la región. Después de que la propuesta fue rechazada por Costa Rica, Estados Unidos inició negociaciones con el gobierno del Salvador, y la ILEA comenzó a implementarse hace poco en aquel país. Hay, sin embargo, un fuerte movimiento de rechazo por parte de organizaciones sociales que denuncian falta de transparencia en la negociación y demandan que el proyecto sea votado en el Congreso Nacional. La intervención militar estadounidense, en varias partes del mundo, ha generado un incremento de las violaciones de derechos humanos, la migración forzada de millones de personas, la destrucción del medio ambiente y la pérdida de la autodeterminación de los pueblos. En América Latina, un ejemplo reciente fue la intervención en Haití. A partir de un largo proceso de represión a los movimientos populares, se crearon las condiciones para la deposición del presidente Jean Bertrand Aristide, conducida por Estados Unidos y por Francia. Actualmente, esa intervención es legitimada por las "Fuerzas de Paz" de la ONU, comandadas por Brasil. La actuación de las Fuerzas Armadas brasileñas en Haití ha sido el blanco de serias denuncias de violaciones de derechos humanos. El rol del Banco Mundial Para mantener su hegemonía económica y militar, Estados Unidos invierten en un gran aparato tecnológico. Este aparato abarca desde sistemas de comunicación y espionaje, hasta "bombas inteligentes" (cómo aquellas que destruyeron escuelas, hospitales, museos, universidades y sitios arqueológicos en Irak), y mecanismos de control de la reproducción de la vida, como la biotecnología. Esa estrategia necesita también de agentes que promuevan una política económica articulada con la militar. Uno de ellos es el Banco Mundial (BM), que funciona como una especie de "cerebro", elaborando conceptos incorporados también por otras instituciones como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización Mundial del Comercio (OMC). El actual liderazgo del Banco Mundial hace aún más evidente la relación entre estrategias económicas y militares. El actual presidente del BM, Paúl Wolfowitz, fue subsecretario de Defensa de los Estados Unidos. El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (brazo del Banco Mundial para América Latina) es Luis Alberto Moreno, ex-embajador de Colombia en Washington y mentalizador del Plan Colombia. Además de eso, el Banco Mundial es responsable por la implementación de grandes proyectos de infraestructura para la apropiación de recursos naturales y funciona como el principal conductor de la "reconstrucción", en situaciones de desastres naturales o de "post-conflicto". En Afganistán, por ejemplo, el Banco Mundial promovió la privatización del sistema público de salud, como parte del proyecto de "reconstrucción" del país. En los países de Asia afectados por el Tsunami (olas gigantes), el Banco incentivó la entrada de grandes empresas de pesca y de turismo, expulsando definitivamente a las comunidades de pescadores que vivían en el litoral. La actual estrategia militar del gobierno estadounidense representa un gran desafío para las organizaciones de derechos humanos en todo el mundo. En ese sentido, es importante fortalecer las redes de movilización social y de solidaridad. Una articulación importante fue aquella que dio origen a las protestas simultáneas, a nivel internacional, contra la guerra en Irak, que movilizaron a más de 40 millones de personas en febrero de 2003. En América Latina, se creó la Campaña por la Desmilitarización en Américas (CADA), que busca articular organizaciones sociales, difundir denuncias e impulsar campañas de incidencia sobre los gobiernos. CADA tiene además como prioridad el apoyo a movimientos sociales en cada país, que luchan por su tierra, su cultura, su trabajo y su dignidad, en el sentido de construir una alternativa igualitaria y sustentable para la integración latinoamericana. (Traducción: ALAI) Maria Luisa Mendonça, periodista brasileña, es integrante de la Red Social de Justicia y Derechos Humanos.