A pesar de la insistencia de algunos países en salvar las negociaciones de la llamada Ronda de Doha, en la Organización Mundial de Comercio (OMC), no fue posible llegar a un acuerdo. El último intento se desarrolló el 24 de julio en Ginebra, cuando el propio director general de la OMC, Pascal Lamy, recomendó la suspensión de las negociaciones. El ministro del Comercio de la India, Kamal Nath, fue más enfático al declarar que la ronda de Doha “está entre la terapia intensiva y el cementerio”. Esta fase de las negociaciones se inició en 2001, en la ciudad de Doha, capital de Qatar, y debió ser concluida en 2004. Sin embargo, incluso antes de este periodo, la OMC ya sufría de una falta de legitimidad prácticamente crónica. Este tipo de encrucijada viene ocurriendo desde el fracaso de la Ronda del Milenio, marcada por grandes protestos en Seattle (EE UU), en noviembre de 1999. Después de Seattle, la OMC tuvo dificultades incluso hasta para encontrar un lugar ‘seguro' para sus reuniones, frente a las grandes movilizaciones de la sociedad. Por esta razón, la conferencia ministerial de 2001 se llevó a cabo en Qatar, un pequeño país del Golfo Pérsico, donde las protestas podían ser fácilmente reprimidas. En 2003, el resultado de la reunión ministerial de la OMC en Cancún, México, fue considerado un fracaso por sectores conservadores y un éxito por los movimientos sociales. El lema de las organizaciones que prepararon las protestas era “sacar la OMC de su camino”, lo que realmente ocurrió. En todas las situaciones de impasse en la OMC, se constatan los mismos motivos. Los países industrializados no aceptan reglas justas y los países periféricos resisten en puntos estratégicos de la negociación. Otro elemento fundamental es la visibilidad de los movimientos de oposición a la OMC, que además de las movilizaciones también producen estudios críticos sobre sus impactos. Desde el inicio de las negociaciones de la Ronda de Uruguay, en 1995, la OMC está funcionando como un poder legislativo global, con el objetivo de favorecer a las grandes empresas a través de la imposición de una serie de reglas para la apertura de mercados, en detrimento de derechos fundamentales como trabajo, salud, educación, protección al medio ambiente y soberanía alimentaria. Muchas políticas propuestas en el ámbito de la OMC han sido implementadas a través de acuerdos comerciales bilaterales o regionales y de medidas impuestas por instituciones financieras multilaterales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, el avance de la Ronda de Doha podía significar la perpetuación y profundización de políticas que dificultan cada vez más la capacidad de que los países opten por un modelo de desarrollo basado en los intereses nacionales y en la autodeterminación de los pueblos. A pesar del discurso sobre “desarrollo”, las políticas defendidas en el ámbito de la OMC se basan en la desregulación de sectores estratégicos que, a lo largo de la historia, garantizaron el bienestar de muchas sociedades. El fracaso de la Ronda de Doha debe servir para desmitificar algunas características de la OMC. Una de ellas es la propia idea de la OMC como institución que promueve el “libre comercio”. En verdad, el principal papel de la OMC es establecer mecanismos de control del mercado mundial, a través de la imposición de reglas restrictivas que pueden inviabilizar las políticas nacionales de desarrollo, sean agrícolas o industriales. Otro mito es el presunto carácter multilateral de la OMC. Luego de la reciente suspensión de las negociaciones, el director general de la OMC, Pascal Lamy, afirmó: “Perdimos una oportunidad muy importante de mostrar que el multilateralismo funciona". Sin embargo, en la práctica, pocos de los 149 países miembros de la OMC participan efectivamente de las negociaciones. La mayoría de los gobiernos no tiene condiciones de mantener representantes en Ginebra, donde está localizada la sede de la OMC. Además, existen otros mecanismos de exclusión, como la creación del grupo de países “más interesados” o G6, que realiza reuniones cerradas para intentar imponer sus posiciones. Participan en este grupo Estados Unidos, Unión Europea, Japón, Australia, Brasil e India. Bajo el lema del “libre comercio”, la OMC busca interferir en cuestiones mucho más amplias que las negociaciones comerciales. Sus acuerdos incluyen la imposición de leyes de patente o “propiedad intelectual” que, entre otras cosas, dificultan el acceso a los medicamentos de las poblaciones más empobrecidas, y favorecen el control de semillas y biotecnología por las grandes empresas. Los acuerdos sobre “servicios” defendidos en la OMC buscan privatizar derechos básicos como salud, educación y previsión social, además de promover el monopolio privado de sectores estratégicos como transporte, correos, agua, energía y telecomunicaciones. El debate en la OMC sobre la reducción de aranceles de productos no-agrícolas excluye un elemento importante. En realidad, para muchos países no- industrializados, los aranceles de importación significan fuentes importantes de recursos, pues operan como impuestos cobrados a las empresas extranjeras por los lucros obtenidos en estos mercados. Muchas veces, estos aranceles significan para estos países, el mayor ingreso para inversión en infraestructura y servicios esenciales. En relación a los países caracterizados como “emergentes”, o con alguna infraestructura industrial significativa, la propuesta de reducción de aranceles discutida en la OMC puede representar la inviabilidad de la continuidad de una estrategia de desarrollo de este sector. A pesar la difusión constante de diversos “mitos”, la OMC sigue enfrentando una grave crisis de credibilidad. Al final, sólo hay dos posibilidades de que los gobiernos lleguen a un acuerdo: (1) si los países “centrales”, como Estados Unidos y la Unión Europea renuncian a la protección de su industria, su agricultura y su economía; o (2) si los países “periféricos” aceptan las imposiciones de la OMC para abdicar de un modelo soberano de desarrollo. Nadie debe realmente creer que la primera opción va a ocurrir. En relación a la segunda posibilidad, esperamos que los gobiernos de nuestros países escuchen las manifestaciones de la sociedad. (Traducción ALAI) - Maria Luisa Mendonça es periodista e integrante de la Red Social de Justicia y Derechos Humanos.